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Como es inocultable que al agro colombiano (y no sólo al arroz) le irá horrible con el TLC, el gobierno ha salido con el cuento de que, en contraste, la industria ganará, teoría que también han expresado los presidentes de las dos principales organizaciones del sector. En especial, llama la atención que Juan Alfredo Pinto, el presidente de la Acopi, quien habla en nombre de los pequeños y medianos industriales, se haya atrevido a titular un artículo suyo con la siguiente frase: “La pyme, ganadora neta en el proceso de negociación del TLC” (El Tiempo, 28 de febrero de 2006). ¿Será verdad tanta belleza? ¿O es tan falsa la afirmación que hasta suena a ridícula?

De entrada, no deja de ser curioso que se diga que una industria extremadamente débil como la nacional pueda desafiar, y vencer, a la de la primera potencia industrial de la Tierra a la hora de defender el mercado interno colombiano, en donde vende más del 90 por ciento de sus productos, afirmación que es más cierta en el caso de las debilísimas pymes. También genera sospechas que digan que se va a vender en grande en Estados Unidos, derrotando a los productores de ese país y, además, a competidores como los chinos, los mismos que están desplazando a los empresarios colombianos en el propio territorio nacional. Y el análisis de detalle confirma estas advertencias.

Como el “libre comercio” en Colombia no va a empezar con el TLC, pues se remonta a 1990, lo primero es saber que las pérdidas industriales han sido mayores que las agrícolas, lo que es mucho decir. Entre 1993 y 1999, el PIB agropecuario creció muy poco, el 7,35 por ciento, pero el de la industria disminuyó 5,9 por ciento. Otro estudio, este de la Onudi y Mincomercio, muestra que en 1999 la industria se redujo en 25 por ciento, enorme caída que nunca sufrió el agro. Toda la razón le asistió a Carlos Arturo Ángel, presidente de la ANDI, cuando en los noventa habló de la “desindustrialización” del país, anticipándose a que en ese lapso la participación de la industria en el PIB cayó 5 por ciento, una pérdida descomunal. Y eso que estas cifras ocultan dos realidades que las empeoran: como en ellas cuenta la industria transnacional “la cual sufrió menos por su poder y porque la protegieron”, ocultan las mayores pérdidas de la nacional y velan también que entre las pymes hubo una auténtica masacre.

En lo que tiene que ver con la eliminación de los aranceles a las importaciones con el TLC, es indiscutible que le fue bastante más mal a la industria que al agro, pues ella se desgravará más rápido y reducirá su protección a cero, en todos sus sectores, en máximo diez años. Entonces, según estudio de Planeación Nacional (2003), perderán los fabricantes de maquinaria y equipo, madera, alimentos, hilados y fibras textiles, químicos, derivados del petróleo y el carbón, cauchos y plásticos y metálicos. De ahí que Camilo Llinás Angulo, Presidente de Acolfa (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes), señalara que “para nosotros el balance es negativo” y que, al preguntársele sobre exportaciones, agregara: “Primero vamos a ver quienes quedan” (El Colombiano, 4 de marzo de 2006).

El capítulo de propiedad intelectual en el TLC también golpea a la industria nacional porque tiene como uno de sus propósitos fortalecer el monopolio de las transnacionales y hacer más difíciles o imposibles los procesos de imitación, los cuales son requisito indispensable para poder innovar en ciencia y tecnología, donde reposa la única y verdadera posibilidad de salir del atraso y la pobreza.

Además, no puede Pinto demostrar que Colombia ganó en remanufacturados, si sus aranceles desaparecerán en máximo diez años, si “un usado más otro usado da como resultado un remanufacturado”, según explica Llinás, y si las importaciones de ropa y zapatos de segunda no quedaron prohibidas sino en licencia previa, categoría que significa que en cualquier momento pueden autorizarlas, como seguramente sucederá si los neoliberales se consolidan en el poder. Y tampoco acierta cuando presenta como gran cosa que las transnacionales podrán ser excluidas de las compras del Estado colombiano inferiores a trescientos millones de pesos, pues el tope es muy bajo si se trata de proteger a la industria nacional, y más si en este aspecto no se logró trato nacional para los productores colombianos en Estados Unidos.

Lo que llaman el “triunfo” de Colombia en el TLC se limita a haber conseguido lo que ya se tenía con el Atpdea, acuerdo que en general viene desde hace 15 años y que, a la vista está, no ha servido para aumentar de manera sustancial las exportaciones a Estados Unidos y mucho menos remontar la pobreza. ¿Cómo pueden presentar como gran cosa mantener el statu quo en exportaciones y abrir una enorme tronera en importaciones? ¿No se comprobó que el Atpdea es la carnada que oculta el garfio que se le clavará en la garganta a la nación?

El balance de cómo le va a ir a Colombia con el TLC no puede hacerse bien si no se distingue entre los intereses del capital nacional y el transnacional, según se deduce de la contradicción entre Afidro, vocera de las farmacéuticas extranjeras, y Asinfar, la agremiación del mismo sector que representa a los empresarios nacionales. Y que también se expresa en la posición de Acolfa y el silencio de las ensambladoras de automóviles, las cuales serán golpeadas por una reducción de los aranceles del 35 por ciento, pero que, como son transnacionales, se lucrarán importando sus vehículos al país. ¿Y cómo ganarán los trabajadores que perderán sus empleos?

La posición de la ANDI se explica con un silencio. ¿Por qué será que luego de tres solicitudes cordiales, todavía no logro que esa organización me responda y me demuestre que no son las transnacionales las que la controlan?

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Por orden de un Fiscal, el Inspector de Policía de Bello efectuó el viernes 8 de enero, por tercera vez, el desalojo de un predio de propiedad de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia. Entre los expulsados se encontraba Carmelo, hombre de 58 años, DISCAPACITADO, ya que es hemipléjico por efecto de una parálisis infantil, DESPLAZADO por la masacre cometida por paramilitares en las veredas La Tolda y La Chorrera del municipio de Barbosa (Antioquia), en octubre del año 2000, DAMNIFICADO por las crecientes de la quebrada La García en el Municipio de Bello, donde vive, si a eso se le puede llamar vida, en un rancho construido por su hermana en la zona de retiro de ese afluente. Para colmo de males es un DESEMPLEADO crónico, pues su edad y su discapacidad, no le permiten obtener ningún trabajo en medio de una oferta tan precaria.

Como si con esas no bastara, ahora le llega la quinta “D”, la de DELINCUENTE, pues el proceso que adelanta el citado Fiscal, además de ordenar el desalojo, persigue la individualización de los más de 200 invasores para elevarles cargos por los delitos de “Perturbación de la posesión pacífica” y “Daños al medio ambiente”.

¿Cuál es el origen de esta situación? Pues bien, en los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se concentra el 60% del total de la población del Departamento, y el 72% de la que vive en zonas urbanas. Existen unos 830.000 hogares, de los cuáles 375.000 tienen la condición de inquilinos o de “arrimados”, es decir, no poseen vivienda propia. También se registran cerca de 54.000 viviendas ubicadas en zona de alto riesgo y el 55% del total están catalogadas en estratos socioeconómicos 1 y 2.

El desempleo creciente que ubica a Colombia en el primer puesto en todo el continente americano y tercero en el planeta, es un 35% superior al vergonzoso promedio nacional en estos diez municipios. Esto desde luego, tiene un efecto inmediato y directo sobre la capacidad de pagar arriendo, y coloca a muchos compatriotas en evidente estado de necesidad. He ahí la causa de las invasiones que de manera recurrente se vienen presentando.

Conseguir vivienda en Colombia para la mayoría laboriosa y pobre siempre ha sido difícil. A principios de los años setenta del siglo pasado, cuando la construcción de vivienda se convirtió en uno de los principales negocios del capital financiero, con el advenimiento de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, y las figuras del UPAC o el UVR, el asunto se volvió dramático, y con la implementación de la política neoliberal, y su profundización en los dos consecutivos mandatos de Álvaro Uribe, ya ha llegado a la categoría de catastrófico.

Lo anterior se agrava mucho más, con el trato policial o de orden público otorgado por las autoridades a los ocupantes de predios con el propósito de resolver una situación tan desesperante y angustiosa.

Trato que desconoce flagrantemente dos situaciones contempladas en la Ley: la primera es que no existe delito cuando los hechos punibles se cometen bajo el denominado “estado de necesidad”, y no se han realizado con dolo, y la segunda, que hay disposiciones expresas sobre el tratamiento que se debe dar a la población víctima del desplazamiento forzado o de las catástrofes naturales, a las cuáles, antes de proceder a un desalojo, es imperativo ofrecerles soluciones alternativas. (Ver Art 51 de la C.P., Pacto Internacional DESC, Ley 74 de 1968, Sentencias de la Corte Constitucional SU-1250 de 2000, T-754 de 2006, T- 200 de 2009).

A los compatriotas como Carmelo, y a todos los hombres y mujeres tipo “D”, puede calificárseles con cualquiera de los adjetivos cuya primera letra sea la cuarta del alfabeto castellano, menos con el de DELINCUENTES. Tienen pleno derecho a exigir que sus reclamos sean atendidos por las autoridades locales, departamentales y por el gobierno nacional, como derechos y no como conductas punibles y éstas a su vez están en la obligación de hacerlo así.

También pueden y deben organizarse para emprender acciones de resistencia civil y de esta forma hacer valer sus prerrogativas, máxime en tiempos del uribismo, en los que se otorgan generosos subsidios y privilegios tributarios a las poderosas multinacionales, al puñado de usureros del capital financiero y a los amigotes de la cúpula presidencial. Para muestra, el botón de Agro Ingreso Seguro.

*Diputado Asamblea Departamental de Antioquia, Polo Democrático Alternativo.

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Juanita lloraba desconsolada y se aferraba a la falda de su mamá, la algarabía que escuchaba y que provenía de los gritos angustiados de sus familiares y vecinos solidarios, tratando de impedir la diligencia de desalojo que el juez y el piquete policial adelantaban, le generaba a la niña temores nunca antes conocidos que perturbaban inexorablemente su vida. Incrédula observaba impotente como los sacaban a la fuerza de la casa de su infancia.

Polanía, sin trabajo dejó de pagar las cuotas de la casa hace meses y finalmente se cumplió la amenaza del banco, ahora junto a su mujer y sus dos hijas tendrán que arrumarse en una pieza donde su hermana que fraternalmente los acogió. En todo el barrio se comenta que el Banco con el que habían tomado el crédito era propiedad de un tal Sarmiento el mismo al que le habían entregado 12.000 millones de pesos del Agro Ingreso Seguro, la plata de los impuestos que pagamos los colombianos al DTF – 2 puntos, es decir, como al 2% anual, plata que el presta a más del 20% con lo que cada año por el privilegio de manejar ese dinero se gana aproximadamente 2200 millones sin mover un dedo.

Disponer de un techo es una de las necesidades básicas de cualquier ser humano y los dramas por conseguirlo son miles a diario, en particular en Colombia desde la participación creciente del sector financiero en la financiación de los proyectos de vivienda a través del UPAC hoy UVR. Las historias que se conocen podrían ilustrar una extensa selección de tragedias.

Otro de tantos ejemplos que explica la proporción del negocio financiero es el de José Luis, tomó un crédito por 14 millones de pesos luego de hacer un aporte como cuota inicial de 8 millones, es decir adquirió una casa por 22 millones en abril de 1997. Cinco años después, en el 2002 sin ingresos estables se vio obligado a vender su bien por 32 millones pero la deuda ya estaba en 29 millones y había pagado al banco en cuotas mensuales el equivalente a 18 millones de pesos en intereses. En plata blanca la entidad financiera recibió, por el préstamo que hizo, ingresos de 33 millones en cinco años, mientras José Luis pagó 26 millones de pesos por habitar la vivienda en ese lapso de tiempo. Si hubiera tomado en arriendo la vivienda hubiera pagado la mitad, la valorización se la ganó el banco. Es claro que la vía del endeudamiento con las entidades financieras es costosa y de alto riesgo para quienes aspiran a tener vivienda propia.

Por otro lado, es frecuente observar en los medios rimbombantes anuncios que se refieren a la política de vivienda del gobierno como la solución definitiva a esta necesidad. Sin embargo la realidad es otra, la crisis habitacional en Colombia es de proporciones astronómicas, datos de la asociación bancaria calculaban en 2007 un déficit de 1.300.000 viviendas con un crecimiento del 2% anual.

Programas de entidades oficiales como el Fondo Nacional del Ahorro que manejan las cesantías de importantes sectores de trabajadores ofrecen crédito hasta de veinte millones de pesos para quienes tienen ingresos de salario mínimo. Jancy empleada de una organización de trabajadores, atraída por los anuncios de facilidades que el FNA daba para obtener vivienda consignó allí la totalidad de sus ahorros los cuales no puede mover en los próximos tres años. Se pregunta ahora que hacer, pues en el pueblo en donde vive no se consigue una casa decente por ese valor, su frustración es inimaginable.

La oferta de subsidios para vivienda es un completo fraude, los recursos regularmente se los apropian terceros que manejan los dineros con los que al final terminan entregando unos encierros inacabados de mala calidad y bien estrechos atendiendo el concepto oficial de vivienda de interés social de 26 M2.

Con estas políticas Juanita y su familia, los Polanía y Jancy, y en general muchos colombianos difícilmente podrán cumplir el sueño del famoso vallenato de Escalona de tener tan siquiera una casa en el aire.

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El déficit va en aumento. Subsidios exiguos y lotes mínimos. Costos financieros cada vez más onerosos. Subsidios asignados y subsidios reales. Las cifras reales sobre el incumplimiento. Conclusiones

Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la señora ministra, a los colegas del Senado y a los colombianos que nos escuchan. Después de oír la intervención del senador Bernardo Alejandro Guerra queda uno realmente impresionado por la forma como se trata a tantos de nuestros compatriotas que con esperanzas piensan que los planes oficiales de vivienda les van a resolver sus problemas o, por lo menos, van a ser tratados en ellos con respeto. Y lo que acabamos de ver es una especie de decálogo de las infamias que a diario se cometen.

En mi intervención me voy a eximir de profundizar en ese tipo de denuncias, que secundo, para hacer más bien un análisis sobre la política general de vivienda y en particular sobre la de esta administración. Intentaré al final demostrar cómo esta muy lejos, pero muy lejos, esta administración de cumplir con los números con los que se comprometió el doctor Uribe Vélez cuando era candidato y también con los que maneja el Plan de Desarrollo. Vamos a ver cómo, no obstante el paisajeo que se les da a las cifras, el presidente Uribe está bien lejos de cumplir con unas promesas electorales que, por lo demás, fueron bastante exiguas frente a la gravedad del drama de vivienda que padece el país.

El déficit va en aumento

Para entrar en materia, digamos que, según cifras oficiales, el déficit cuantitativo que padece Colombia, comparando el número de hogares con el número de viviendas, asciende a un millón y medio, equivalente a igual número de compatriotas que de una u otra manera tienen que vivir hacinados con otras familias. Y el déficit cualitativo, que delata problemas graves en las casas, deficiencias en servicios públicos, etc., asciende a unas ochocientas mil viviendas. Lo anterior solo en las áreas urbanas. Estamos hablando entonces de un déficit global de 2.333.000 viviendas, solo en las cabeceras urbanas, suma bien grande y que me lleva a anotar un fenómeno no menos grave. Cuando en 1985 publiqué un libro sobre el tema, el déficit daba por ahí un millón doscientas mil viviendas. En otras palabras, el déficit habitacional, lejos de disminuir con el paso de los años, se hace cada vez mayor, lo que prueba su carácter estructural. Repito la cifra del déficit actual: 2.333.000 familias, solo en las cabeceras. No hablamos de vivienda rural, porque las cifras para el campo son prácticamente inexistentes, aunque la situación de las zonas cafeteras, las mejor dotadas del país en materia de servicios públicos, brinda una idea del drama que se vive. Allí, apenas el 6% de las viviendas tiene alcantarillado. Imaginémonos cómo será en las zonas paneleras o maiceras o en el resto del agro.

Subrayo la gravedad del déficit, que, digámoslo con franqueza, no es una causa en sí mismo, sino un efecto de la pobreza nacional. Porque en estos días en que tanto se perora con que estamos en el país de las maravillas, vale la pena recordar con algunas cifras qué es lo que de verdad les está pasando a los colombianos. Las últimas estadísticas de la ONU revelan que en Colombia la pobreza asciende al 64%, es decir, uno de cada tres compatriotas vive en la pobreza. La indigencia llega al 17%, es decir, uno de cada seis colombianos está sumido en la indigencia. Y cuando miramos las cifras de lo rural nos tropezamos con hechos realmente escalofriantes. Pobreza, 84%, es decir, cuatro de cada cinco colombianos; indigencia, 31%, es decir, uno de cada tres compatriotas. Apenas natural que con cifras de pobreza e indigencia como las que estamos citando, el problema habitacional termine volviéndose insoluble y requiera de manera inexorable del respaldo del Estado.

Recordemos que la vivienda es el bien de uso más costoso al que aspira una familia y, en este sentido, es imposible que quienes padecen estas condiciones de pobreza e indigencia resuelvan por sí mismos, sin el respaldo del Estado, el acceso a una vivienda adecuada. De ahí que en todos los países del mundo capitalista, sin excepción, existan planes estatales de subsidios que apuntan, no digamos a resolver el problema, porque en ninguna parte se intenta resolverlo, pero sí por lo menos a morigerarlo. Lo primero que quiero entonces dejar sentado es que sin subsidios es absolutamente imposible en el capitalismo que legiones de ciudadanos puedan acceder a una vivienda adecuada en las indispensables condiciones de modernidad. Las políticas de subsidio del Estado resultan ser cruciales, porque de otra manera el problema no puede atenderse. Y hago una advertencia, y es que por muchos y buenos que sean los subsidios, hay colombianos tan pobres, que ni siquiera con subsidios logran tener acceso a una vivienda digna. Y lo mismo puede decirse de cientos de millones de habitantes del planeta.

Esta realidad universal parece más grave en el caso de Colombia que en el de otros países. Hay cifras que lo inducen a uno a pensarlo y que ameritan hacer un juicio de responsabilidad a quienes han gobernado el país en los últimos años. El número de hogares arrendatarios en algunos países, porcentualmente hablando, es el siguiente: Bolivia 15%, Brasil 14%, Chile 15%, Perú 8% y Colombia 30%, porcentaje que casi triplica el de los países latinoamericanos citados. Pero además, el problema se está agravando ahora que se habla tanto de hacer de Colombia un país de propietarios. En 1993 había 63% de propietarios en Colombia, y en 2003, diez años después, 54%, o sea, nueve por ciento menos, hecho más o menos natural, porque lo que ha ocurrido, y esta es probablemente la característica principal de la política neoliberal, es que está siendo desposeído de la propiedad un número cada vez mayor de colombianos. Si algo caracteriza este modelo económico es el de la concentración de la riqueza y, por ende, el de la concentración de la propiedad, lo que se ve reflejado de manera inexorable en las cifras de vivienda. No es gratuita la crisis que padeció el país mientras estuvo en vigencia el sistema UPAC, que desposeyó de la vivienda a un número importante de compatriotas.

Subsidios exiguos y lotes mínimos

Vistas así las cosas, si contrastamos los hechos con las promesas u ofertas del candidato Uribe Vélez o de lo que figura en el Plan de Desarrollo, nos tropezamos con un plan de vivienda bastante mediocre en lo que tiene que ver con la cantidad de subsidios ofrecidos frente a las necesidades reales. 400 mil subsidios prometió el presidente Uribe en los cuatro años, es decir, cien mil por año, monto que a mi juicio ni siquiera alcanza a cubrir el crecimiento vegetativo del déficit. Y con un agravante. El 55% de esos exiguos 400 mil subsidios lo asumen de sus propios recursos las cajas de subsidio familiar que, cabe recordar, administran plata de los trabajadores colombianos, como una forma de salario, legalmente hablando. Luego sobre este dinero no debiera sacar pecho el gobierno, y es más, ni lo debiera mencionar, porque sale del esfuerzo privado de unos trabajadores a quienes se les ha ido escamoteando el subsidio familiar, que era un tipo de salario, para dárselo a otros. Es la figura de quitarles el subsidio familiar a los muchos para darles un subsidio de vivienda a unos cuantos. Son los trabajadores colombianos quienes lo están pagando, aunque las medallas y los oropeles sí se los ganan el jefe del Estado y todos los jefes políticos que los rodean. Repito, es plata de los colombianos administrada de manera privada. Algo parecido podría decirse de la Caja de Vivienda Militar y el Fondo Nacional del Ahorro, también ahorros de los colombianos, plata de las cesantías de los colombianos. En resumen, en este plan de los 400 mil subsidios de que habló el candidato Uribe Vélez, el gobierno apenas responde por el 45%, repartido a su vez en dos: el 37% el gobierno nacional y el 8% el Banco Agrario, en lo relacionado con vivienda rural, suma absolutamente ridícula frente a la gravedad del déficit y la pobreza de esos compatriotas.

Si el número de subsidios adjudicados es bien malo, vamos a ver que lo que se realiza es todavía peor. Examinemos el otro asunto clave en este tema: ¿cuál es el monto del subsidio? Digamos que por definición es muy bajo, pero lo más grave es que viene bajando, como lo revelan las siguientes cifras: año 2000, 23 salarios mínimos; año 2002, 19 salarios mínimos en números redondos; y año 2004, 17,9 salarios mínimos. Luego en los últimos cuatro años, el monto del subsidio ha disminuido en 22,5%, lo que empeora cada vez más el respaldo del Estado a los compatriotas que lo necesitan. Con el agravante de que los costos de la vivienda no dejan de subir. Ya el senador Bernardo Alejandro Guerra nos mostró lo que sucede con el suelo urbano, algo inaudito. Los especuladores del suelo urbano hacen lo que se les da la gana con el precio del suelo y nadie, absolutamente nadie, ni este gobierno ni ningún otro, ha intentado siquiera ponerle coto. Es un hecho bien conocido. El Ministerio de Ambiente señala que el alto valor de la tierra se constituye en el principal factor que incide en la deficiente oferta de la vivienda de interés social. Obvio. Los precios tan altos de especulación del suelo hacen que se vuelva casi imposible conseguir lotes que sean útiles o prácticos para este tipo de vivienda de interés social. ¿Y cuál es la solución que le vienen dando? Las normas legales, lejos de controlar a los especuladores, que se sientan a engordar sus propiedades por cuenta del esfuerzo ciudadano, lo que vienen haciendo es reducir el área de los lotes. Vamos entonces en lotes de 35 metros cuadrados, y si uno piensa en los nueve metros que hay que dejar como mínimo de área libre para ventilación, estamos hablando de lotes de 26 metros cuadrados, área incluso pequeña para la alcoba de matrimonio de una vivienda de lujo, como lo saben muy bien los senadores. Y es allí donde tiene que hacinarse una familia entera. En el caso de Bogotá, se permiten lotes de 27 metros cuadrados, y al paso que vamos, habrá que llamar “ratoneras” las viviendas que allí se levanten. El fenómeno es tan grave que El Tiempo decía en agosto del año pasado: “Esto puede tener sentido desde un punto de vista estrictamente financiero o comercial, pero no es humano o social”. Realmente, comento yo, sí es humano, porque los seres humanos son capaces de cosas muy perversas. Pero la figura opera.

En la medida en que se reduce el subsidio, empeora la condición de la vida de la gente. Mas para los efectos del clientelismo, la reducción rinde cada vez más. Todos aquí sabemos que la política de vivienda es un pilar del clientelismo y que no es posible que a nadie le adjudiquen un subsidio de vivienda si no tiene un vínculo con algún jefe político y, además, si no hay un compromiso de pagarlo con votos. Desde este punto de vista, el monto del subsidio cada vez menor es muy efectivo, porque es supremamente rendidor. Un día, en un consejo comunitario en Montería, vi al presidente Uribe Vélez preguntándole a la señora ministra si no era posible reducir otro poquito el subsidio de vivienda para que fueran más los colombianos beneficiados y, digo yo, aumentara la carne de urna.

Costos financieros cada vez más onerosos

El otro problema que se atraviesa para hacer más difícil esta política guarda relación con los costos financieros, también un hecho bochornoso. La vivienda de interés social la ejecutaba el ICT. Cuando la avalancha neoliberal barre con el ICT, se crea el Inurbe. Ahora los gobiernos acaban el Inurbe y crean Fonvivienda. Pero el punto, senadores y colombianos, es que toda la política apunta a ir sacando al Estado de la responsabilidad de ofrecer viviendas dignas para ir transfiriéndola a la esfera de lo privado, a fin de hacer que cualquier centavo que el Estado dé en vivienda le pague un creciente peaje a algún tipo de negocio. El ICT tenía mil problemas, pero su concepción era democrática, porque hacía esfuerzos para utilizar los recursos de la manera más racional posible en el sentido de eliminar intermediarios. Por ejemplo, el ICT compraba la tierra en la que ejecutaba sus planes, lo que de alguna manera protegía a esos compatriotas que adquirían vivienda, por lo menos en parte, de la especulación del suelo urbano. El ICT manejaba tasas de interés distintas de las comerciales, también una manera de favorecer a los usuarios. Estaba sujeto a una serie de controles, no para eliminar del todo la ganancia, pero sí al menos para intentar ponerle controles. Ahora no. Ahora se supone que esto es como una especie de actividad privada. El Estado se limita a dar un subsidio y después que todo el mundo gane lo que pueda y que los pobres, supuestamente beneficiarios, se acomoden como puedan.

Si analizan ustedes la tasa de interés del crédito, encuentran que afecta demasiado, porque como son créditos a quince años, cualquier tasa por pequeña que sea se termina pagando muchas veces. Ya vimos, y aquí lo señaló el senador Bernardo Alejandro Guerra, que una vivienda se termina pagando cuantas veces se termine pagando el crédito. Esto no cambió con la eliminación del UPAC y el paso a la famosa UVR, que finalmente no es más que otro nombre para lo mismo que había.

En la vivienda de interés social, la tasa de interés del crédito es la UVR más once por ciento, una tasa bien costosa. En la vivienda corriente, la UVR más trece por ciento. ¿Cómo así que en la vivienda de interés social UVR más once y en la vivienda de los magnates UVR más trece, 13,2% para ser exacto? ¿Dos puntos de diferencia? Es decir, el respaldo financiero que el Estado les da a los pobres de Colombia, a esos que se vuelven carne de urna, ¿es un ridículo 2%? Increíble pero cierto, como tantas cosas que pasan en Colombia. Este costo se le atraviesa a la gente que necesita una vivienda digna. Se evidencia inclusive en el hecho dolorisísimo de que un número inmenso de colombianos ya ni siquiera logran conseguir esas alcancías que promueve el Estado con el nombre de casas.

Demos cifras para ilustrar cómo la política de vivienda es un desastre. En Estados Unidos, el crédito se otorga a 25 ó 30 años, con una tasa de interés real que oscila entre 3 y 5 por ciento. En Inglaterra, crédito entre 22 y 23 años, con tasa de interés real entre 4 y 6 por ciento. En España, crédito entre 18 y 20 años, con tasa de interés real entre 0 y 3 por ciento. En Colombia, crédito 10 y 12 años, un plazo muy corto, con tasa de interés real entre 8 y 13 por ciento, muy alta. En las condiciones de pobreza en que está sumida la nación y dado lo bajo del subsidio, lo costoso del suelo, el nivel de tasa de interés tan escandalosamente alto y los plazos tan cortos, solo “ratoneras” se le pueden terminar ofreciendo a la gente. Es un problema de la concepción del modelo. No funciona, no puede funcionar, y los hechos empiezan a mostrar que se crea una contradicción insoluble de tipo estructural que no permite atender bien a la gente.

Subsidios asignados y subsidios reales

Voy a pedir la atención de los senadores y colombianos sobre este asunto técnico que no es difícil de entender. Una cosa es que el Estado adjudique el subsidio y otra que el subsidio efectivamente le llegue a la gente. Es decir, que efectivamente se convierta en una vivienda y que alguien se pase a vivir a ella. Fácilmente un subsidio puede ser adjudicado, asignado, y no cumplir el fin para el que fue aprobado. En el caso del anterior gobierno, las cifras de la Contraloría General de la República señalan diferencias realmente escalofriantes entre los subsidios asignados y los movilizados, como los denomina en el estudio la Contraloría. Según el organismo de control, apenas se movilizan el 39% de los asignados, o en otras palabras, el 60% de los subsidios asignados nunca se convirtió en vivienda. No sé en qué entidad del Estado se quedó el resto, pero así fue como sucedió. Convertido en plata apenas se movilizó, se hizo realidad, el 30% del subsidio. El 70% se aprobó, pero jamás llegó a la gente. Este es uno de los dolores de cabeza de la política oficial de vivienda y vamos a ver cómo el gobierno está enredado en él.

¿Cuál es el lío? Volvemos al asunto estructural de la lógica de la privatización. Si el subsidio es muy bajo y la gente muy pobre y la tasa de interés muy alta y el plazo muy corto, la vivienda tiene por fuerza que ser muy mala. Puede suceder entonces que haya gente a la que le adjudiquen el subsidio y cuando va a ver lo que le van a entregar dice “no, yo mejor no me meto” y no se mete. Esa es una de las maneras en que el subsidio no se moviliza, no se convierte en realidad. O puede suceder que a alguien le asignen el subsidio, pero no logre conseguir el resto de la plata que le exigen ni llene las condiciones comerciales que le imponen. O puede suceder que los constructores no hagan suficientes planes de vivienda. O puede suceder que los bancos no presten la plata restante, un hecho bien común, porque llamar a un banquero a que le preste plata a un pobre de solemnidad es como sacarle al diablo una hostia. En algún periódico especializado decía hace poco algún constructor una frase que resume la contradicción y cómo se vuelve insoluble. Afirmaba que cuando el ciudadano va al Estado a que le adjudiquen el subsidio está obligado a demostrar que es pobre de solemnidad, porque si no es pobre, no tiene derecho al subsidio. Pero cuando ese mismo ciudadano va a una corporación de ahorro y vivienda a que le presten el resto de la plata a fin de completar la que necesita para comprar la casa, porque el subsidio no le alcanza, entonces la corporación le exige demostrar que es rico, que tiene capacidad para pagar la deuda que va a contraer, por lo demás a un plazo muy largo para los banqueros, lo que hace que el riesgo se les vuelva intolerable. Entonces hay una contradicción allí que es insoluble por la propia lógica en que está concebido el modelo.

¿Qué ha pasado con la política de vivienda de esta administración? Nosotros en la Comisión Quinta hemos citado varias veces a la ministra de Ambiente y Vivienda y la discusión siempre ha sido si van o no a cumplir. Desde el primer debate advertí que no creía que fueran a cumplir, porque las contradicciones son insolubles. Hace un año citamos a debate a la ministra Sandra Suárez en la Comisión Quinta y el editorial del diario La República, el presidente de Caracol y el editorial de El Tiempo señalaban que el cumplimiento de la política de vivienda era un desastre. Voy a leer sólo un aparte del editorial de El Tiempo. Dice: “Hasta mayo pasado (2004), la cantidad de subsidios aprobados sólo llegaba a 91.000 y apenas el 60%, es decir, 54.835 habían sido desembolsados”. Miren ustedes otra vez la contradicción. Aprobados 91 mil pero apenas el 60 por ciento desembolsados, como lo he venido explicando. Para el año pasado estábamos lejísimos del cumplimiento de las metas. El debate fue en noviembre, y en los tres años del gobierno debían ir unos 300 mil subsidios entregados, pero a mayo iban asignados unos 91 mil y solo 54 mil entregados, un desastre. Los de Camacol anotaban que si no daban plata, cómo diablos iban a cumplir los compromisos.

¿Cómo estamos hoy? La señora ministra, en el primer cuestionario que le envió al senador Bernardo Alejandro Guerra, afirmó: “La meta se está cumpliendo, se han financiado 272.190 viviendas”. Y cuando uno lee la respuesta al cuestionario y empieza a desglosar por sectores, porque hay distintos actores en el asunto, ahí están Fonvivienda, las cajas, el Banco Agrario, ve que se utilizan indistintamente las palabras financiados, asignados, desembolsados, entregados, hecho que de entrada me llamó mucho la atención, señora ministra, porque no es posible que los especialistas de su Ministerio nos respondan a los senadores con esos grados de imprecisión. Ya he explicado aquí que el problema de la palabra es grave, porque no es lo mismo asignar que desembolsar, y no es lo mismo cumplir el plan en el papel que cumplirlo en la realidad. Resulta bien molesto que en estos asuntos en los que se supone nos movemos en niveles de seriedad, nos den respuestas con ese grado de imprecisión.

Entonces me di a la tarea de escribirle nuevamente a la ministra y pedirle, por favor, dígame qué quiere decir esto. Y logramos obtener de ella la respuesta que nos ha debido dar desde el primer día. Según la respuesta, 272.190 es lo que dice la ministra que están cumpliendo. Cumpliendo más bien a medias, porque va el 78% del cuatrienio y esos 272 mil comprenden tan solo el 67% de los subsidios. Hay un desfase allí. ¿Pero qué es lo grave? Que cuando le pedimos al Ministerio que precise cuánto es lo desembolsado, porque finalmente el problema es saber cuánto es lo que se desembolsa y no cuánto lo que se adjudica en el papel, el desfase es bárbaro. Va supremamente mal el cumplimiento de la meta. Tan mal va que en septiembre 27 de 2005, el Superintendente de Subsidio, doctor César Augusto Córdoba, que es quien vigila el cumplimiento de las Cajas, escribió una circular externa, la 0020, que dice: “Con corte a junio del presente año la ejecución de estos recursos es de 32%, reflejando una baja ejecución y seguramente el incumplimiento de las metas programadas para el presente año”. En otras palabras, el problema está detectado por los organismos de control, por lo menos en este caso, y están hablando de un cumplimiento del 32% en el presente año.

Cuando nos mandan por fin los datos que son, entre asignados y desembolsados, nos empezamos a tropezar con cosas como estas. Voy a detallar un poco el asunto. Fonvivienda, desembolsados contra asignados, 50%. Cajas de Compensación, asignados contra desembolsados, 62%. Banco Agrario, 62%. Caja de Vivienda Militar, 66%. Fondo Nacional del Ahorro, 63%. En promedio, la diferencia entre lo asignado y lo efectivamente entregado está por la mitad o el 60%. Miré con mucho detalle las cifras, porque era mi deber, señora ministra, ante la deficiencia de la información que me pasan, y de pronto me tropiezo con los créditos de Findeter, ¡100% de cumplimiento! Puse entonces los ojos sobre los créditos Findeter, aunque realmente no tuve tiempo suficiente porque los datos me llegaron hace apenas dos días y habrá que mirarlos con más detenimiento, pero cuando los desgloso, miren con lo que me encuentro, señora ministra: según las normas, el promedio de los subsidios que están adjudicando es de más o menos siete millones. Y resulta que el promedio del subsidio de Findeter me da 19 millones setecientos mil pesos. Entonces aquí la cuestión es grave: o están adjudicando subsidios por el triple de lo legalmente permitido o se están inventando las cifras, o lo del Findeter no tiene que ver con estos planes de vivienda. No sé que es lo que esté pasando, pero pongo en duda la veracidad de las cifras que el Ministerio nos suministra. Lo primero que pongo en entredicho es si es verdad que va ciento por ciento adjudicado y ciento por ciento desembolsado por Findeter. Y lo pongo en duda por todo lo que he explicado y por lo que está sucediendo con los demás indicadores. Y con todo derecho cuestiono la cifra, porque alguien me tiene que explicar por qué allí el subsidio es el triple de lo legalmente aceptado. Entonces nos están aquí metiendo otras cosas que no se corresponden con la estadística: cuentos.

El segundo dato que me llamó la atención fue lo del Inurbe: grado de cumplimiento, desembolsados sobre asignados, 390%, casi cuatro veces el promedio de lo desembolsado sobre lo asignado ––ya dije que el promedio es 60%––, casi cuatro veces lo que han entregado sobre lo que asignaron. Todos estarán sorprendidos, pero el fenómeno tiene la siguiente explicación: el Inurbe se liquidó en marzo del 2003, si no estoy mal, y lo que sucede es que información sobre las asignaciones va entre agosto del 2002 y septiembre de 2005, correspondientes al gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, y los asignados son entonces 5.467. Pero lo ejecutado, desembolsado, son 21.350, lo que quiere decir que lo desembolsado incluye adjudicaciones del gobierno de Andrés Pastrana. Eso es lo que pienso yo, y espero que no haya cosas peores, sino que simplemente sea una imprecisión. Definirlo se vuelve importante, porque estamos haciendo un balance del cumplimiento del gobierno de Uribe Vélez y no acepto que me metan en el balance del cumplimiento 15.883 subsidios pertenecientes a la administración anterior. Vamos a ser justos con los análisis que hagamos. Esas son las dos grandes inconsistencias que he encontrado.

Las cifras reales sobre el incumplimiento

Según lo desembolsado, vamos entonces a mirar cuánto es el cumplimiento frente a lo prometido. Repito, no según lo adjudicado, que la ministra dice que son 272.000, no, según lo desembolsado. Habrá que ver en un debate posterior si cumplen y si son capaces de desembolsar todo lo que adjudiquen. Ese es otro asunto que habrá que mirar. Pero hoy, todas las instituciones, incluidos esos datos raros del Findeter e incluidos todos los subsidios de Pastrana, da que lo desembolsado son 188.323 subsidios, que es el 47% de la meta, y como llevamos el 78% del cuatrienio, están bastante mal en el cumplimiento. Si se estuvieran cumpliendo las metas, deberían ir 314.167 subsidios entregados. Les están faltando 126.000, o sea, van bastante mal, incluso aceptando todos los que nos informan. Si quitamos los del Inurbe de Pastrana, apenas van en el 43% de la meta. Si quitamos los del Findeter, apenas van en el 40% de la meta y deberían ir en el 78%. Y si quitamos los de Pastrana y Findeter, apenas van en el 36% de la meta, bastante por debajo de la mitad de lo que debían ir en este momento.

Seguramente aquí nos dirán que sí van a cumplir, y probablemente el debate haya que volverlo a hacer el año entrante, pero de momento no van cumpliendo, de momento el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez no está cumpliendo con sus ofertas electorales y con lo que planteó en el Plan de Desarrollo con respecto a los subsidios de vivienda, muy pocos para las necesidades nacionales, como ya lo dije desde el principio, y de muy bajo monto para las necesidades de los colombianos.

Conclusiones

Sobre asuntos de corrupción no me voy a detener. Creo que el decálogo que nos ha mostrado el senador Bernardo Alejandro Guerra nos deja a todos con los pelos erizados, porque lo que hemos visto es un mar de corrupción que realmente ofende. Y ofende más porque es contra unos compatriotas de una pobreza que duele. Así uno la vea de lejos, pero duele. Conclusión, ya dije también, bajas las metas, lo que también golpea a la gente y afecta la economía.

Aprovecho para definir una tesis que es importante. Una de las secuelas dolorosas que trae consigo el volumen tan mezquino de recursos involucrados en estas operaciones de subsidios, que se tienen que dar en el capitalismo o si no la gente no puede, es que la industria de la construcción no se estimula de la manera en que se debiera. Todos sabemos que la inversión en vivienda dinamiza la economía y genera empleo con cierta amplitud. Por razones de la economía, del negocio, de que el capital funcione, la plata invertida en los planes de vivienda popular es también democrática y contribuye al desarrollo del país. Y en este sentido, lo que se está haciendo es bien negativo, pues la industria de la construcción, una industria bien importante ––aun cuando no tanto como decía Misael Pastrana, que iba a sacar al país de la pobreza––, no se estimula de la manera en que se debiera.

Otra conclusión: se inflan las cifras. Intentaron inflar las cifras. Lo que pasa es que no pudieron, falló la astucia, porque es clarísimo, por los dos documentos que nos envían desde el Ministerio, que es bajísimo el cumplimiento, muy malo, están por la mitad de lo que debieran y a esta administración le falta menos de un año. Esperemos que el próximo gobierno, y esperemos que sea distinto al de Álvaro Uribe Vélez, no termine haciéndole el conejo al país con las cifras y quedándose con unos cuantos milagros ajenos, como se ha intentado en este caso.

Pero quiero retomar el punto central. Aquí el problema es del modelo económico. Decirles a los colombianos que se va a resolver el problema de la vivienda en este modelo económico es burlarse de la gente. El problema de la vivienda no se puede resolver en el capitalismo si la gente no tiene empleo ni buenos salarios ni capacidad de ahorro y si no le prestan plata en los bancos. Y el modelo neoliberal, ese del Fondo Monetario Internacional, se opone de manera radical al empleo y a los buenos salarios. Lo otro que hay que resaltar es la cicatería de los planes. Cómo contrasta lo exiguo del subsidio de vivienda con los 1,60 dólares el galón al que van a pagar el alcohol carburante, cuando a 1,25 los ingenios ganaban el 25%, cien millones de dólares de subsidio al año, en una operación que poco se mencionó en estos días. Cómo son de duros para unas cosas y de generosos para otras. Y está además la privatización. Pueden darle las vueltas que le quieran dar, señora ministra, pero el hecho de que los dueños del suelo urbano, los especuladores, puedan hacer de las suyas de manera indefinida se atraviesa de manera absoluta en la posibilidad de brindarles a los colombianos una vivienda digna. Y entregarle al capital financiero el control, la intermediación, la posibilidad de fijar la tasa de interés como le dé la gana, igualando o acercando la tasa de la vivienda de interés social con la tasa comercial, se opone también de manera absoluta a cualquier cosa que se parezca, no lo llamemos solución del problema, pero sí a una vivienda medianamente moderna como lo es en otros países del mundo, donde tampoco se resuelve, porque no tiene solución en el capitalismo, pero sí se atiende con algún grado de seriedad, de coherencia, de sentido común, bregando que los recursos del Estado sirvan más, rindan más, y que los pobres terminen sufriendo menos.

Réplica a la intervención de la ministra Sandra Suárez

Me permito aclarar primeramente un par de afirmaciones que quizá la señora ministra no me entendiera bien. Mi referencia al ICT tenía que ver con que esa institución, pese a todos los problemas que pudiera tener, atacó con seriedad y a mi juicio de manera acertada los dos cuellos de botella de este tipo de proyectos de vivienda popular, que eran el problema del suelo urbano y el de los costos de los créditos. Luego en ese sentido la táctica neoliberal es bastante más mediocre que la que había. Para no hablar del tipo de ciudad que producía el ICT, porque ahí sí, señora ministra, usted no sabe cuan bárbaro es lo que están haciendo en el sentido de las finanzas públicas ayudando a hacer ciudad.

Por otra parte, no le queda bien, señora ministra, sostener que es a los alcaldes a quienes corresponde resolver el problema de la tierra, porque el gobierno nacional tiene cómo legislar para todo el territorio de Colombia. Estamos frente a un Presidente que fue capaz de cambiar la Constitución para reelegirse él en persona, pero ahora resulta que ese presidente y ese uribismo no tienen poder para intervenir en el país y ver que se puede hacer con el suelo urbano. Realmente queda muy mal usted cuando hace esa afirmación. Aquí varios de sus amigos políticos subrayaron algo muy cierto: la especulación con el suelo urbano es un cuello de botella gravísimo para cualquier proyecto de vivienda popular.

Cuando hacía referencia a lo de las Cajas que estaban financiando el 45% del plan de vivienda, no dije que fuera ilegal. Aseveré que era inconveniente, porque me parece el colmo que se cojan las platas de los salarios de los pobres, como lo es el subsidio familiar, y se manejen como si fueran impuestos del Estado y se gire contra esa plata, cuyos dueños son los trabajadores colombianos y sobre la cual el gobierno no debiera disponer.

Y con respecto a las cifras, voy a insistir en lo siguiente. El gobierno no está cumpliendo. Si recogemos la cifra de 272 mil que da el Ministerio, van colgados en 42 mil. Esto si hacemos los cálculos por subsidios asignados, pero si los hacemos por subsidios efectivamente entregados, el descuadre es de 126 mil, porque deberían ir en 314 mil y van en 188. Esas son cifras que no permiten dudas y que nos dan pie para afirmar que el señor presidente de la República no está cumpliendo sus promesas.

Y con respecto a lo de la plata del Inurbe y de Findeter, la señora ministra hizo unos comentarios que, fuera de echar una cortina de humo, no tenían ningún sentido. El lío del Inurbe es bien sencillo. Veo tres posibilidades cuando dicen que hay asignados 5.400 subsidios y adjudicados 21.000. La primera, que en parte son subsidios del gobierno de Pastrana que este gobierno se apropia. La segunda, que las cifras son falsas, son mentiras. Y la tercera, señora ministra, es que estamos ante un nuevo caso de la multiplicación de los panes y de los peces, hecho que en el gobierno del Mesías a nadie le extraña que sea planteado por sus acólitos, pero yo, a estas alturas, me resisto a creer en milagros.

Y con respecto a la plata del Findeter, me ratifico en lo dicho: 27.581 subsidios asignados, 27.581 desembolsados, 543 mil millones de pesos en un caso y 543 mil millones de pesos en el otro. Si hago la división me da 19,69 millones de pesos por subsidio de vivienda de interés social, según la información que me están dando. Entonces aquí estamos ante otro caso en que uno puede hacer cualquier tipo de análisis. Puede ser que las cifras sean falsas, señora ministra, pero esas son las que ustedes nos pasan y la explicación que usted me da no me satisface. Luego me ratifico, señora presidenta, en absolutamente todo lo que dije.

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Qué se diría en un país civilizado de un negocio que puede desalojar a unas 15 mil personas que habitan en 2.705 viviendas, distribuidas en 30 veredas y en un centro poblado y que poseen vías de acceso y redes domiciliarias de electricidad, agua y gas. De un proyecto que también amenaza destruir dos colegios de bachillerato y 23 escuelas con 2.690 estudiantes, un hospital y un puesto de salud, dos cementerios, dos templos católicos, 14 iglesias de diversas congregaciones, 30 guarderías del ICBF y 10 hogares Fami. De unas obras que asimismo arriesgan eliminar una zona comercial con 120 locales, más de 200 tiendas veredales y dos conjuntos cerrados con 42 casas, en donde se desenvuelve una comunidad llena de vida, con múltiples relaciones sociales creadas durante más de 80 años, que posee tres clubes sociales y 32 asociaciones y en la que el 20 por ciento tiene títulos de propiedad y los restantes ocuparon los predios con la aquiescencia del Estado, que es su propietario. Y qué se diría si esto sucediera sin que los grandes poderes capaces de generar tal destrucción les aceptaran a los que pueden terminar desplazados organizarse para proteger sus derechos como grupo, porque los quieren obligar a defenderse familia por familia; y si, como si fuera poco, la policía hubiera golpeado al cura párroco de ese grupo social durante una de las movilizaciones que tuvieron que hacer para que les oyeran sus reclamos, peticiones que cuentan con el respaldo del alcalde y el concejo del municipio donde ocurre la agresión.

Es bien probable que en un país civilizado concluyeran que están ante un caso que debe denunciarse con el peor de los calificativos.

Pues bien, lo descrito está ocurriendo en Colombia, en el corregimiento de El Centro, municipio de Barrancabermeja; el territorio donde hace cien años empezó la producción de petróleo en el país, a partir de explotar unos manantiales a donde brotaba, solo, el hidrocarburo, y los que, violando las leyes, el General Rafael Reyes le cedió graciosamente a Roberto de Mares y este le vendió a la Tropical Oil Company (subsidiaria de la Standar de Rockefeller), de donde proviene la Exxon Mobil, tan conocida por el actual ministro de Minas. Y los que amenazan a la comunidad de El Centro son nada menos que Ecopetrol y la Oxy, la misma petrolera estadounidense a la que el gobierno que preside Álvaro Uribe le otorgó, contra el interés nacional, el supernegocio de la no reversión de los pozos de Caño Limón. ¿El pretexto para tamaño atropello? Que es probable que en ese territorio haya más petróleo y como para extraerlo sus habitantes y sus propiedades estorban, entonces tienen que someterse a lo que se les antoje al gobierno y a la trasnacional, empresa a la que nuevamente se le hizo la amabilidad de entregarle un negocio pulpo que bien habría podido desarrollar Ecopetrol, y aquella exige “que se cumpla el contrato”, ¡contrato leonino que se definió sin haberle pedido siquiera una opinión a la comunidad que puede ser desplazada!

¿Qué piden los habitantes de El Centro desde hace dos años, cuando se vinieron contra ellos? ¿Alguna desproporción? No. Simplemente, que el proyecto se desarrolle teniendo en cuenta que no se localiza en un baldío, que ellos tienen derechos allí y que no les pretendan imponer negociar a la brava y, familia por familia, nada menos que con el Estado colombiano y seguramente hasta con la Casa Blanca, sino que los reconozcan como una comunidad, con el derecho constitucional a organizarse y a defender sus puntos de vista e intereses en forma colectiva. Y que Ecopetrol y la Oxy cesen en sus presiones indebidas sobre las gentes sencillas que están siendo amenazadas y lesionadas por las obras propias de un negocio en marcha, cuyo impacto puede ser enorme porque podría requerir de la perforación de seiscientos a mil pozos.

He aquí otra de las razones por la cuales seguramente serán pocos los colombianos que lamenten la renuncia de Isaac Yanovich a la gerencia de Ecopetrol, dado que en él se encarnó de manera ejemplar la máxima neoliberal que reza que debe gobernarse siendo duro con los débiles y débil con los poderosos, práctica que además adelantó en función de privatizar el patrimonio público y en beneficio de los intereses extranjeros, a los que tuvo la desproporción de presentar como iguales a los nacionales. Y porque persiguió a los trabajadores de Ecopetrol con saña, como nadie lo había hecho, persecución que hizo con el objetivo inconfesable de preparar la privatización de la empresa, negocio que en el Senado, durante cuatro años, negó que el gobierno fuera a adelantar.

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1. Petróleo. (En defensa de la producción nacional de hidrocarburos)
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3. Proyectos de desplazamiento urbano.

Siguiendo políticas del BID –y “el gringo ahí”, como decía Jaime Garzón–, la ley 1151/07, del Plan de Desarrollo del actual gobierno, en su artículo 79, decidió impulsar “los macroproyectos de interés social nacional (…) con el fin de promover la disponibilidad de suelo para la ejecución de programas, proyectos u otras obras de utilidad pública o interés social”. ¿Habrá acto oficial en Colombia que no se cubra con el manto de lo “social”? ¿No dijeron que por lo “social” había que despojar a los campesinos de las tierras de Carimagua? Y el Documento Conpes 3583 de abril de 2009 sobre los macroproyectos señaló que la traba central para estos era la “escasez de suelo urbano”, razón por la que respaldó el de la tradicional comuna de San José, en Manizales, más otros en otras tres ciudades del país.

No por casualidad, todos los macroproyectos de interés social son planes de renovación urbana dirigidos a transformar por completo zonas del centro de las ciudades habitadas por sectores populares, de manera que una vez destruidas las edificaciones en que viven o trabajan estos, puedan hacerse grandes inversiones en negocios de urbanismo y construcción. Ni el Plan de Desarrollo ni el Documento Conpes se refieren a atender problemas de viviendas en zonas de riesgo. Que en Manizales se haya presentado el proyecto de San José tras este rostro amable se explica por lo conveniente que en este caso resulta tener una disculpa a la mano.

Para facilitar estos grandes negocios, el gobierno nacional también declara “de utilidad pública e interés social los inmuebles” necesarios para los macroproyectos, de forma que se faciliten las expropiaciones que beneficiarán los negocios en ciernes en esas zonas, incluido uno en Manizales al que llaman “parque tecnológico”, el nombre rimbombante del negocio corriente de algunos.

La intervención en Manizales será mayúscula. En una ciudad de 387 mil habitantes, se afectarán 233 manzanas y se derribarán 2.569 edificaciones empleadas como viviendas, comercios, servicios e industrias, lesionando la vida de muchos. La mayoría de esas edificaciones se emplazan en tierras planas u onduladas, lujo en esta ciudad que en parte explica por qué les tienen tantas ganas a esos terrenos.

Presumiendo la oposición de los muchos ciudadanos que serán lesionados para beneficiar a unos pocos, el Municipio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Urbano decidieron provocar el desplazamiento mediante una idea absurda que se presenta como progresista: botar 90 mil millones de pesos en la construcción de una vía de casi cuatro kilómetros y de tres carriles que no se necesita, la cual diseñaron serpenteando por el área que desean destruir y urbanizar y en la que no hay ninguna zona de riesgo. Para agravar el despilfarro, esta vía innecesaria, que quedará a apenas cinco cuadras de la Avenida del Centro, tendrá una glorieta con accesos elevados y dos puentes de sesenta metros de luz. Y todo el proyecto, para alegría de politiqueros, constructores, banqueros y comisionistas, exigirá que el municipio se endeude en otros 164.500 millones de pesos, deuda con sus intereses que se cubrirá con vigencias futuras extraordinarias, pues las ordinarias ya están comprometidas.

Con razón para el fin que persiguen, el Ministerio de Juan Lozano dijo que la vía –llamada Avenida Colón– es el “proyecto estructurante”, mientras que la Alcaldía la define como el “elemento detonador”, nombre que le cae como anillo al dedo porque su única razón de ser es la de detonar las edificaciones y proyectos de vida de los miles de manizaleños, propietarios o inquilinos, a los que les van a arrebatar su ubicación en el centro de Manizales, seguramente la única ventaja de la que disfrutan en la ciudad.

Como afirman que este proyecto lo disfrutarán los mismos que hoy habitan en la zona, debe saberse que la experiencia nacional e internacional de siglos –desde el incendio con el que Nerón renovó a Roma– demuestra que las renovaciones urbanas como esta exigen renovar, o desplazar, a los habitantes de las áreas afectadas. Y también demuestran que las zonas urbanas degradadas no desaparecen, sino que simplemente cambian de sitio en las ciudades. Que se atienda a los manizaleños que viven en zonas de riesgo, que se mejoren las condiciones urbanas y de habitabilidad de San José y que se promueva la construcción, sí. Pero no así. Que no se usen fines deseables para ocultar objetivos que no lo son.

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Relaciones con el mundo, sí, pero no así. Negocios internacionales, sí, pero no de mula y jinete. Todos los pueblos del mundo, no solo el de Colombia, se están empobreciendo con el libre comercio. En el desarrollo urbano se exacerban las desigualdades. Seis características de un país plutocrático. Las estrategias del presidente Uribe. Nuestras relaciones con Estados Unidos tienden a parecerse a las que tuvimos con España. El especulador inmobiliario obstaculiza la planificación urbana. También con criterio plutocrático, Uribe está reviviendo los proyectos de renovación urbana. En la comuna San José de Manizales van a ser desalojadas 2.700 familias. Lo de los servicios públicos es escalofriante. El país, desprotegido en sismorresistencia.

Les doy mis agradecimientos por permitirme estar hoy aquí con ustedes y por darme la posibilidad de hablar sobre la ciudad y las fronteras, el propósito de este evento. Y lo agradezco también de otra manera, porque, como se dijo, me he pasado buena parte de mi vida como profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y me complace muchísimo cuando me invitan a las universidades, porque finalmente lo que a veces digo es que soy un profesor extraviado en el Congreso. Y créanme, es muchísimo mejor estar aquí que allá. Le decía a Saúl Rugeles que estos trabajos de universidad y de profesor universitario son los únicos que se han inventado medianamente decentes.

La charla va a estar partida en dos. En la primera parte haré algunos planteamientos gruesos de cómo entiendo yo este asunto de la globalización, porque la idea es que hablemos del tema específico, pero en el contexto de la globalización o el libre comercio o el neoliberalismo, o en el contexto del Consenso de Washington, términos que al final quieren decir más o menos lo mismo. Voy a hacer entonces un planteamiento sobre qué pienso yo que terminará sucediendo en la economía de un país como Colombia. Y en segundo término, también en ese contexto, cómo pienso que se afectan el desarrollo urbano y la arquitectura, insistiendo en que lo que al final termina definiendo es la primera parte. La suerte de la ciudad que se va a construir o que se está construyendo en Colombia se ve muy afectada en buena medida por esa primera parte del análisis. No será por supuesto la versión oficial, sino la visión de una persona contradictora de las políticas que se vienen desarrollando.

Relaciones con el mundo, sí, pero no así

Para que no se preste a confusión, empiezo aclarando que quienes mantenemos una contradicción de fondo, antagónica, diría yo, con las políticas del libre comercio no debemos ser interpretadas como personas que nos oponemos a que Colombia se relacione con el mundo. No es esto lo que está en discusión. Es más, en cierto sentido hablar de globalización como un fenómeno reciente tiene una carga ideológica, porque, estrictamente hablando, la historia de la humanidad es la historia de la globalización, en el sentido estricto del término. Por el propio crecimiento demográfico, desde los primeros seres humanos, lo único que hemos hecho es globalizarnos cada vez más. Quienes piensan que empezó no sé cuando sufren entonces una confusión grande.

No nos oponemos a que Colombia se relacione con el mundo, esa no es la discusión. Estamos relacionándonos con el mundo desde hace quinientos años, por decir lo menos. Lo que estamos discutiendo, y es un debate clave, es cómo nos debemos relacionar. Una tribu que está en la mitad del Amazonas y que no ha abierto relaciones con nadie no tiene para qué discutir este tema. En cambio, quienes estamos en un mundo en que nos relacionamos de mil maneras y nos vamos a seguir relacionando estamos obligados a discutir a fondo sobre cómo creemos que nos debemos relacionar. Parto de una primera pregunta: ¿hay solo una manera de relacionarse? El mundo fue muy global en la época del colonialismo español y, en general, de los colonialismos europeos, y sin embargo, aquí nadie ha acusado ni a Bolívar ni a Santander de dinosaurios por haber afirmado que esa globalización no les gustaba. ¿Cuál fue el gran debate de la Independencia americana hace doscientos años? Fue decir que a los nativos de América no nos interesaba esa manera de relacionarnos con el mundo. Pero nadie planteó nunca en esos días que la relación se acabara. Es lo mismo que estamos discutiendo ahora, cómo relacionarnos con el mundo. ¿Hay una sola manera de relacionarnos con el mundo? ¿Hay un pensamiento único al cual todos debemos someternos y quien no se someta es enemigo del progreso, una persona que no entiende las realidades el mundo? Por supuesto que no.

Lo ilustro de una manera tal vez más sencilla o menos abstracta. Si a mí me dicen que hay que importar tractores o computadores, que no producimos y que necesitamos para el desarrollo, de inmediato respondo, dónde hay que firmar el sí. Pero si me dicen que hay que importar maíz, yo replico: eso me lo tienen que explicar más despacio. Lo resumo de esta manera, relaciones con el mundo, sí, negocios con el mundo, sí. Con Estados Unidos incluido, también debo aclararlo, porque dicen que al senador Robledo no le gustan los gringos y que por eso no le gustan los TLC con Estados Unidos. No. Con Estados Unidos también debemos relacionarnos y con Estados Unidos también se pueden firmar acuerdos económicos. ¿Pero cuáles? Volvemos al mismo punto. El TLC es una manera específica de relacionarse con el mundo, pero Brasil no se lo quiere firmar a los gringos, no se lo va a firmar, así alguien salga a argüir que Brasil está por aislarse. Japón no tiene TLC con Estados Unidos, como tampoco Europa. ¿Y entonces nadie en Europa quiere relaciones con Estados Unidos? No, lo que están diciendo los japoneses y los europeos y los brasileños es que nosotros sí queremos relacionarnos con Estados Unidos, pero de una manera que proteja los intereses de cada uno de los países. Lo resumo de otra manera: alianzas, negocios internacionales, sí, pero no de mula y jinete, y menos todavía si nosotros somos la mula. Así de simple. Recordemos a Stiglitz: es mejor no tener tratado que tener un mal tratado. Es mejor no hacer negocios que hacer un mal negocio.

Agrego que no es cierto que estos sean acuerdos diseñados en una lógica respetuosa de los intereses de las partes. No son acuerdos de beneficio recíproco, como lo deben ser los negocios internacionales y todos los negocios. Ni siquiera son decisiones soberanas o establecidas por nosotros mismos. En lo primero que yo escribí sobre estos temas por allá en los noventa cité a un ilustre bumangués, el doctor Abdón Espinosa Valderrama, una persona a la que nadie puede criticar por ser del Polo ni de izquierda, quien afirmaba: este tratado es una imposición del Banco Mundial y nos va a desbaratar la economía.

Ayer le decía al ministro de Agricultura, en un debate en la Comisión Quinta: ministro, es un absurdo importar leche cuando hay excedente. Me respondió: esos son los acuerdos de la OMC. Le dije, ministro, por qué el Estado no hace en el mercado interno compras masivas de arroz para evitar que los precios se caigan y almacena, como antes del 90. Y me responde lo mismo, eso tampoco lo permite la OMC. Estamos hablando de una manera de relacionarnos con el mundo que nos la imponen desde afuera ciertos poderes que no utilizan para ellos ese mismo tipo de lógicas, porque tienen intereses distintos a los nuestros.

Cuando a uno le dicen que hay que convertir el mundo en un solo mercado de envergadura global, ¿de qué se trata en últimas, qué es lo que nos están diciendo? Y ojo, este punto tiene una carga tan fuerte como una bomba atómica. Que quieren un mundo al servicio de los capitales de envergadura global. Es que hasta la última forma económica hecha en los confines de la Tierra que no se ponga al servicio del capitalismo de envergadura global, o sea, de monopolios y trasnacionales, será perseguida. Hasta a un páramo perdido de Colombia le llega la trasnacional al señor que hace kumis con un molinillo, le parquea un camión refrigerado, le vende un kumis empacado y le encima además un Pokemón, con lo que lo acaba de sacar de la competencia.

El sino trágico de los bocadillos veleños, lo puse como ejemplo en un libro, es o ser reemplazados por otro tipo de dulces, de Kraft o de cualquiera otra de las trasnacionales, o ser tomados por Kraft u otra trasnacional. La idea del bocadillo veleño como un negocio de pequeños o medianos empresarios no cabe en la globalización neoliberal.

¿Qué quiere esto decir? Que se están exacerbando las diferencias entre los países y entre los individuos dentro de cada país. El capitalismo es un sistema de desigualdades, no un sistema de solidaridades, y de lo que estamos hablando es de llevar el capitalismo monopolista hasta el último confín de la Tierra, lo que inexorablemente va a exacerbar cada vez más las diferencias entre los países. Hay países que empezamos a funcionar casi como colonias, cada vez más avasallados por las grandes potencias que terminan predominando y, particularmente, por Estados Unidos, sobre todo en el caso de América Latina, aunque en otras partes podrá ser Japón, o Francia, u otro de los grandes imperios. Pero además se van a exacerbar las desigualdades dentro de cada país. Ustedes miran la economía norteamericana y lo que ha sucedido es que se polarizan cada vez más la extrema pobreza y la extrema riqueza. El pueblo norteamericano también está sufriendo con el libre comercio, como los demás pueblos del mundo. Ganan en cada país ciertos sectores minoritarios de sus oligarquías económicas y pierden los demás. Las clases medias tienden a contraerse cada vez con mayores dificultades para funcionar y sobrevivir, uno de los fenómenos más recientes en el capitalismo. No son solo los sectores populares de Colombia los que se empobrecen. No, el empobrecimiento es global.

En el desarrollo urbano se exacerban las desigualdades

El capitalismo, y planteémoslo desde ya para el desarrollo de la ciudad, tiende a exacerbar la segregación. La ciudad es por definición un hecho cultural fuertemente segregado, de grandes desigualdades, y si el desarrollo urbano se les deja más suelto a las fuerzas del mercado, con mayor razón se segrega. Si la gente se empobrece, se segrega de manera casi inevitable. Si algunos concentran más riqueza que nadie, por supuesto que esto también segrega. En Colombia, y cada país hay que analizarlo por aparte, nos está yendo particularmente mal en esto de segregarnos y extremar las desigualdades. Colombia es hoy el país número siete en desigualdad social en el mundo. Apenas nos ganan, si a esto se puede llamar ganancia, seis. Supongo que si el doctor Uribe tiene éxito en reelegirse, vamos a quedar con medalla de oro en desigualdad social.

¿Cuál es la experiencia de Colombia? Porque hasta aquí van teorías que falta por ver si sean ciertas. En Colombia llevamos en este asunto desde 1990, casi veinte años, bastante tiempo para saber qué pasa con las teorías. En 1990 unos se pararon y dijeron: van a destruir el país, Abdón Espinosa entre ellos, no me cito a mí mismo, sino a Abdón Espinosa, menos sospechoso. Dijimos, van a destruir a Colombia. Bueno, han pasado veinte años, ¿qué ocurrió? En 1990 Colombia era ya un país sometido a la férula del FMI, al interés de las trasnacionales, pero digamos que ahí íbamos, más o menos. Creo que es facilísimo demostrar, no me voy a detener a dar números para no hacerme largo, que los problemas de desempleo y pobreza se han agravado en este periodo. El empleo y la calidad del empleo han sufrido un deterioro bárbaro. Colombia se está moviendo con tasas de desempleo mayores a las que teníamos antes de 1990 y estamos viviendo un deterioro espantoso de la calidad del empleo: del 13% de subempleo pasamos a casi 40%, es decir, una sociedad dedicada al rebusque. Y esto corre parejo para las ciudades. Si ustedes miran todo el primer piso de las ciudades colombianas, observarán que es un gran ventorrillo donde laboran trabajadores por cuenta propia, que no se sacan ni el mínimo, así los más entusiastas se llamen a sí mismos empresarios. Pienso que no lo son, aun cuando tengan, por supuesto, la honorabilidad de sentirse empresarios. Esta es la dura realidad a la que estamos asistiendo.

Estamos en una crisis casi permanente, que también habíamos anunciado. Se hace la apertura del 90, el libre comercio del 90 –repito, es básicamente lo mismo– y en el año 1999 la economía colombiana se colapsa. Empezamos a medio salir en el 2002. En el 2003 y años siguientes hay un crecimiento importante de la economía, pero ya hoy otra vez estamos hundiéndonos. El modelo económico que se está aplicando es entonces un modelo de tiempos relativamente cortos y buenos, no de maravilla, pero digamos que ahí, pero fuertemente concentrados en beneficio de unos pocos. Crece 7% la economía, ¿pero en beneficio de quiénes? Y con crisis. Hoy estamos en una crisis. Este año se está diciendo que vamos a crecer al cero por ciento, y eso si sumamos todo, porque si miramos la industria, estamos colapsando. O sea, una situación casi permanente de crisis y esta de ahora puede ser bastante complicada, porque coinciden la nuestra, que empezó en el 2007, y la crisis mundial. Vamos para tiempos difíciles.

Seis características de un país plutocrático

Digamos algunas características del país que se ha venido construyendo en estos últimos veinte años. El sector productivo está en quiebra, porque el país se ha desindustrializado. Un país que no era ningún dechado de desarrollo industrial ha perdido mucho, y lo poco que va quedando es, en general, la industria de los monopolios y las trasnacionales. El país, y esto es casi inconcebible, ha perdido producción rural en proporciones descomunales, Colombia era prácticamente autosuficiente en productos agrícolas al año de 1990. Y el año pasado, me lo certificó el Ministerio de Agricultura, hubo importaciones por 9,8 millones de toneladas de productos del agro. Inaudito. Hay seis millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola, con productores, con agua, que podríamos utilizar para el desarrollo del agro y estamos importando diez millones de toneladas de productos del agro. Si uno tiene un modelo económico que le golpea la industria y el agro, está en el peor de los mundos, porque todo lo demás vive de eso. Es allí donde se crea la riqueza. Los demás sectores, en cierto sentido, lo que hacen es moverla, especular con ella, tantas cosas que suceden, pero es allí donde está el fundamento de la economía.

Segunda característica, que afecta a la ciudad en materia gravísima, las privatizaciones. Este el otro paradigma del momento: todo debe ser privado. Nos dijeron que había que privatizar porque el monopolio del Estado y la corrupción del Estado son muy malos y vamos a perseguirlos. ¿Y qué hicieron? Que volvieron privados los monopolios públicos, y los privados son peores que los públicos, porque el monopolio público algún control puede tener. El monopolio privado tiende por definición a aprovecharse de la posición dominante para esquilmar al ciudadano y no hay control que valga. ¿Ustedes creen que doña Eva María Uribe controla a las empresas de servicios públicos en Colombia? Suena hasta chistoso creer que un funcionario con un sueldito va a controlar a Telefónica de España o a Telmex.

Desnacionalización de la economía nacional, otra característica. Prácticamente todas nuestras principales empresas han ido pasando una tras otra a manos del capital extranjero. Todavía nos quedan algunas, pero tienen los días contados. Los neoliberales nos arguyen que eso no importa, que viene siendo lo mismo, porque el que compra la hidroeléctrica no se la va a llevar para Estados Unidos empacada en una caja de cartón. Nos tratan como a mensos. Claro, no se llevan las electrificadoras, pero sí las ganancias, la riqueza que permite acumular y generar más desarrollo. ¿Qué es un país más desarrollado que otro? Uno que ha acumulado más riquezas en su propio territorio. Es así de simple. ¿Por qué Estados Unidos es más desarrollado que Colombia? Porque ha logrado acumular mayor riqueza convertida en puentes, carreteras, hospitales, aviones, fábricas, edificios. ¿Se puede hablar de soberanía nacional en un país cuyo capital pasa a manos del capital extranjero? ¿No es la autodeterminación el derecho de los colombianos a decidir nuestro destino? Pero aquí cómo, si todos los ricos del país son extranjeros. No pueden hacerle estos desafíos a la inteligencia. Ahí anda el doctor Uribe tratando de vender toda la Orinoquia, toda. Se trajo hasta a Bill Gates, y ahí salió la foto en el periódico, el doctor Uribe mostrándole a Gates la Orinoquia. El único periódico nacional, en cierto sentido, es del capital español. Entonces ya se reunieron todos los cacaos españoles en Madrid y dijeron que había que reelegir al presidente Uribe, obvio, porque además no hay privatización que no se haga a menos precio.

Especialización del país en productos mineros, cuarta característica. Este es uno de los asuntos más dramáticos y más gráficos para ilustrar cómo vamos hacia atrás. El país está en buena medida sobreviviendo por la minería, como en la Corona española. El que haya estudiado algo de economía sabe del alcance de lo que estoy diciendo. Pensar que un país se puede desarrollar si se especializa en la exportación de materias primas, agrícolas y mineras, las mismas de siempre, es ilusorio. Subimos las importaciones a diez millones de toneladas de alimentos y no hemos aumentado la exportación agraria en nada. Obvio, no hay a quién clavarle un banano más en el mundo. Los países ricos están hasta el cuello de bananos. El doctor Arias nos dice que vamos a progresar exportando uchuvas. Un neoliberal amigo mío me decía: eso, si a uno con la uchuva le enciman la Milanta, para la agriera. Esas son las genialidades del exministro de Agricultura, que dizque ahora se quiere ir para presidente de la República.

Impuestos bajos o inexistentes, otra característica. Nos aducen que no se les puede cobrar impuestos a las trasnacionales, porque entonces no vienen a salvarnos. La renta nominal en Colombia era del 38 y la bajaron al 33. Y si uno está en zona franca es del 15, como en la de los negocios de los hijos del presidente, pero si pesca otra gabela, se le baja al 9 por ciento. Es inaudito que en Colombia haya trasnacionales pagando impuesto de renta del 9 por ciento, cuando el IVA para la gente del común es del 16. ¿Creen ustedes que se puede desarrollar un país donde los grandes capitales, los ricos del mundo y las trasnacionales no pagan impuestos? Porque, ojo, los impuestos que ellos no pagan nos los cobran a los demás. El Estado no hace lo que debiera hacer y por esta vía tampoco hay desarrollo.

Mano de obra barata, bien barata, otra de las características del modelo que se viene implantando. Barata en salarios, en pensiones, en cesantías, en salud, en tiempos. Ay de aquel trabajador que a las ocho horas se atreva a apagar la máquina y se vaya. Hay que echarlo, porque le falta sentido de pertenencia con la empresa. Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Aquí nos repiten hasta el cansancio que el capital extranjero nos va a salvar y viajan a China, a Arabia y a todas partes a intentar atraerlo. Y ese capital extranjero no hace sino una sola pregunta: ¿y allá cuánto gano? Entonces, para que ese capital extranjero venga hay que ofrecerle todo, hay que venderle baratas las empresas del Estado, hay que regalarle las minas y el sector minero, no cobrarle impuestos, garantizarle que van a conseguir mano de obra barata, o si no, no viene, porque esto es una competencia feroz. Todos los pobres del mundo compitiendo a ver quién vende su país más barato. Y quien logre feriarlo más barato dizque es el ganador.

Las estrategias del presidente Uribe

Al final lo que se está montando es un régimen plutocrático, y quiero insistir en que esto es muy grave para el funcionamiento de la ciudad. La ciudad es, por definición, diría uno, casi que la obra más compleja de los seres humanos, porque juntar ocho o veinte millones de personas en un mismo sitio es un hecho complicadísimo. Plutocracia significa gobierno de los ricos. Manda no el que tenga el respaldo popular, sino el que tenga plata. Y la teoría es muy sencilla: los pobres serán felices si hacen felices a los ricos. Los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los gringos. Dediquémonos a hacerlos felices y cuando ellos sean bien felices, algo de felicidad caerá sobre nosotros. Esta es la plutocracia, el régimen bajo el que estamos. Veníamos conversando con el profesor Saúl Rugeles que parte del lío actual en los debates es que asuntos que se habían aclarado en el siglo XVIII ó XIX hay que volverlos a poner en el orden del día. Esas teorías plutocráticas ya han sido derrotadas teórica y prácticamente desde hace mucho rato. No es verdad que si los hacemos felices a ellos, después la felicidad caerá sobre nosotros. Eso ya se ensayó hace un siglo. Y al gobierno del presidente Uribe uno le tiene que reconocer que tiene un encanto, algún encanto debería tener, y es que uno le puede descifrar con claridad lo que piensa. Aquí hay otros que son más confusos.

Primera consigna del actual gobierno: confianza inversionista, que es todo lo que he estado explicando: salarios bajos, privatizaciones, gabelas al capital extranjero. El presidente Uribe sería más preciso si dijera “confianza para ciertos inversionistas”, porque a los de DMG, cero confianza inversionista. Esos se quebraron sin pena ni lágrimas. Y a los pequeños y medianos capitales, ninguna confianza inversionista. Me decía un empresario, senador, yo qué hago si el que se me pone al frente en una zona franca paga renta del 9 por ciento y yo del 33 y la empresa es la misma, cómo le compito. Ahí están dedicados los mayoristas de la gasolina, como lo denuncié estos días en un debate, a sacar del negocio a los distribuidores minoristas, a los dueños de las estaciones de servicio o bombas de gasolina, que llamábamos antes. ¿Cuál es la confianza inversionista para ellos? Entonces Uribe promete hacer de Colombia un país de propietarios, pero no nos dice de cuántos. Porque lo que sucede con el neoliberalismo es que la propiedad privada no crece, sino que decrece en número de propietarios. Cuando aquí en Bucaramanga se instalan Macro o Carrefour o cualquiera de estas marcas, mucha gente sonríe porque va a comprar diez pesos más barato. Pero pregúntense cuántos comerciantes se quebraron en el momento en que se instaló uno de estos hipermercados. ¿Y qué sucede con estas trasnacionales cuando alcanzan el monopolio y cuando quiebran a sus competidores, qué pasa con los precios? ¿Permanecerán bajos? ¿O, por el contrario, las trasnacionales se aprovecharán de la ausencia de competidores para quitarnos hasta las calzas de las muelas? Esa es la confianza inversionista.

Segunda propuesta del doctor Uribe: cohesión social. O en otros términos, embobar a los pobres para que todos ellos sonrían, así estén en la miseria. “Maluco también es bueno”, se dice en Manizales. En Colombia, de cuarenta millones de ciudadanos, hay 20 millones en la pobreza, 8 millones en la indigencia, 30 millones en el Sisben, todos pobres e incluso miserables. Y que dizque hay que sonreír y todos los pobres felices. A esto es a lo que llaman la cohesión social, una especie de lavado cerebral, de alienar a la gente para que viva pobre pero feliz. No hay educación, no hay empleo, no hay salud, no hay salarios, no hay nada, pero de todos modos, sonría. Hay que reconocerle al doctor Uribe que es un mago sin duda en eso, aun cuando las limosnitas que les dan a los pobres para que sean felices tampoco se las inventó él. Es una política del Banco Mundial. En todos los países existen familias en acción, lo que pasa es que se llaman diferente.

Y la seguridad democrática en qué consiste. Un aspecto es el de la lucha contra la guerrilla, pero hay otros, y es que en Colombia es más fácil crear una banda de asaltantes de bancos que un sindicato, no solo porque matan a los sindicalistas, sino porque el Ministerio de la desprotección social los persigue. Si los estudiantes protestan, sobran las tanquetas de la policía. A los indígenas que salen a protestar les echan bala. Todo esto hace parte de la seguridad democrática para montar este país que han venido montando. La cohesión social es: si no me creen en la zanahoria, les muestro el garrote.

Resumo lo que he dicho hasta aquí. El libre comercio condena a estos países a una desigualdad social brutal. El contraste entre la extrema riqueza y la extrema pobreza se agiganta, se exacerba. Pero en el libre comercio hay un asunto a mi juicio peor, y es que nos arrebata la potencialidad de crear riqueza. Porque uno puede ser pobre como persona o como país, pero si mantiene la potencialidad, de pronto algún día resuelve el problema. Pero si se la arrebatan, por ejemplo, en la medida en que avanza la privatización de la educación superior y media y de todos los tipos, ¿qué es lo que se está haciendo con los pobres? Quitarles la potencialidad de dejar de serlo. Si al país lo desindustrializan y le eliminan buena parte de su producción agropecuaria, lo dejan sin la posibilidad de un desarrollo científico y tecnológico. Lo que le están diciendo a Colombia es que tendrá que quedarse en el subdesarrollo para siempre, así tenga aguas, tierras, gente, territorio. No importa lo que tenga, jamás podrá salir del subdesarrollo.

Esto no es nuevo en la historia de los imperios. El imperio español perseguía con el ejército a todo aquel americano que intentara construir fábricas. Si alguien ponía en San Gil una fábrica de destornilladores o alicates, el alcalde llegaba y lo metía a la cárcel. Y la cosa era muy sencilla: señor de San Gil, si usted quiere un alicate, me lo trae de España. Porque el negocio de los españoles, además de robarnos el oro y las piedras preciosas, es vender los alicates. El libre comercio es igual: no nos permite fabricar nada. No hay una norma que diga explícitamente “prohíbase cultivar trigo y cebada en Colombia”, pero las condiciones que nos imponen son tales, que aquel que siembre trigo o cebada se quiebra, y ni se diga si se atreve a fabricar un celular o un televisor, porque ahí sí que se lo llevan para el manicomio. Eso es lo que hace la desprotección del mercado interno y de la economía nacional, quitarnos a los colombianos la potencialidad de crear riqueza. A quien quiera estudiarlo le recomiendo un libro de Federico Lizt, uno de los padres del capitalismo norteamericano, en los debates con Adam Smith, llamado Sistema nacional de economía política, donde detalla esto de la potencialidad.

Y en lo político, estamos ante un proceso que uno puede llamar de recolonización imperialista. Nuestras relaciones con Estados Unidos tienden a parecerse cada vez más a las que tuvimos con España. Lo de las bases no es casual. Las ponen para no dejarnos sembrar ni trigo ni cebada, a la manera de hoy. Es un aspecto fundamental de la política. No son inventos de la izquierda. Son realidades que están sucediendo.

Va a imponerse el urbanismo del capitalismo salvaje

Dentro de ese marco general, ¿qué va a terminar sucediendo cada vez más en las ciudades colombianas, qué tipo de urbanismo y de arquitectura es el que se está desarrollando? Comencemos por aclarar que la globalización y el libre comercio hacen parte del capitalismo, y en tal sentido, lo que está sucediendo en Colombia no es nuevo. Se empeora o adquiere ciertas facetas particulares, pero al final se remonta a la historia propia del desarrollo de un país como este, tradicionalmente con una lógica de desarrollo urbano muy de capitalismo salvaje. La intervención del Estado, pensaría que en toda la América Latina, no ha sido tan rigurosa o tan seria, no sé qué palabra usar, como en Estados Unidos o en Europa. Aquí el especulador inmobiliario del suelo urbano ha estado siempre obstaculizando la mejor planificación de las ciudades, y el fenómeno se ha agravado. Y no viene de ahora. Si uno mira cualquier cuadra del Bucaramanga o del Ibagué viejo, puede encontrar tres o cuatro normas distintas aplicadas en la misma calle, normas que en buena medida corresponden al vaivén de la especulación con el suelo urbano. Por ejemplo, en donde la idea de concebir la ciudad como un espacio relacionado con argumentos de tipo estético es una cosa relativamente nueva. Lo que nos vino con el libre comercio no es entonces absolutamente nuevo, porque seguimos en el marco de una economía capitalista.

Varias características de las que está sufriendo Colombia, como el fortalecimiento de los flujos migratorios hacia las ciudades, en parte por la ruina agraria, vienen desde antes, pero se han visto agravadas por el crimen y la violencia rural, un asunto tan complicado. Nuestras ciudades, muchas de ellas, están recibiendo una carga inmensa de colombianos, que genera un estrés sobre las ciudades muy complejo de manejar, como lo ha sido a lo largo de la historia del siglo XX, pero ahora agravado, insisto. Es una población rural que llega a las ciudades con bajísima capacitación, pero además a unas ciudades en crisis productiva, sin desarrollo industrial, hecho que complica aún más esta realidad. Lo que termina sucediendo es que crece la economía del rebusque, cada colombiano bregando a ver cómo se gana la vida. He dicho que Colombia es el país con más malabaristas del mundo, uno por cada semáforo, y el país con más estudiantes con posgrado. Aquí todo el mundo tiene posgrado, porque piensan que les falta un título para conseguir empleo. Este es un país lleno de deformaciones de todos los tipos. Pero quiero enfatizar en una, que para el desarrollo urbano cuenta mucho, porque hace muy difíciles las cosas e impacta mucho, y es que todo el primer piso, todo el zócalo urbano, es un ventorrillo.

Un segundo aspecto, tampoco estrictamente nuevo, es el de la especulación inmobiliaria. Colombia siempre ha sido un país de especuladores. Cuando me refiero a especulador de la tierra, señalo a esa persona que hace una ganancia, no por su trabajo, sino por el trabajo de la sociedad. Lo que él hace es aprovecharse de un monopolio para cobrarle una especie de peaje a la sociedad por el derecho de utilizar el suelo, no por la actividad de un industrial o de un agricultor, digamos, sino por una cosa distinta. Lo anterior agravado por un asunto, como me lo explicaba en estos días un empresario de esos emprendedores que compra y compra tierra, y yo le pregunté: por qué compra y compra tierra, y me contestó: porque nada da más que lo que da la tierra. Uno de los problemas graves de arrebatarnos la potencialidad de crear riqueza en la industria o en el agro o en otros sectores es que especular con el suelo empieza a volverse casi la única actividad rentable para la aplicación del capital. El hecho es de una gravedad inaudita. Colombia está teniendo una de las tierras rurales más caras del mundo. Así, ningún negocio agrícola da, salvo que sea de un mafioso, porque si la tierra vale 20 millones de pesos la hectárea, por decir algo, la vaca tendría que dar, en vez de leche, champaña de primera calidad para que fuera rentable, y esto se vuelve una especie de círculo vicioso que genera una mentalidad profundamente reaccionaria, la del especulador apoltronado viendo a ver cómo influye en las decisiones públicas para que lleguen y le hagan un puente a su finca o le pasen una carretera por no sé dónde, o le cambien una reglamentación para poder ganarse una plata. Y he visto que el gobierno de Uribe está reviviendo algo que se había quedado más o menos quieto en las ciudades: los grandes proyectos de renovación urbana. A esto hay que echarle ojo. Ahora se inventaron que en Colombia no hay suelo urbano, y como no lo hay, búsquense entonces a un pobre que sea dueño de un lotecito y llamen al DAS para ver cómo lo desalojan. En Manizales están por sacar a 2.700 personas. Su crimen, vivir a cinco cuadras de la Plaza de Bolívar, en la zona más plana de la ciudad, la comuna de San José, doctor Emilio Padilla, usted que la conoce. Y es una gavilla lo que le tienen montado a esa gente y todo a nombre del progreso y del amor y de lo mucho que quiere a los pobres este régimen plutocrático.

Con un desparpajo y un descaro tenaz se ha venido también profundizando la segregación urbana propia del capitalismo. Es un propósito deliberado por hacer ciudades llamadas por ellos con todo desparpajo ciudades para la globalización, para el mercado mundial. Una parte de Bucaramanga, de Manizales o de Bogotá debe parecerse a Miami y el resto, escondámoslo para que nadie lo vea. En Bogotá ya ver un pobre se volvió casi imposible. Si ustedes salen de Bucaramanga, aterrizan en El Dorado y cogen por la avenida treinta hacia el norte, los únicos pobres que verán son los meseros y las empleadas del servicio. Unas ciudades de tipo enclave colonial, pedacitos de la ciudad de lujo, ostentosos, en acero inoxidable al máximo, en Colombia y en todo el mundo. Todos los pisos enchapados, no sé en México cómo será, pero aquí no puede haber piso al que no le pongan un enchape. Un piso en concreto simple o en un mortero de cemento, ¡qué horror! Se enchapan hasta las vías por donde pasan los buses. Les ponen un enchape de baldosín, pasa un bus de 50 toneladas y destruye el baldosín, pero no importa, tiene que ser enchapado. Creo que ya están comprando por kilómetros los vidrios templados. Dicen, deme diez kilómetros de vidrio templado. Claro, para que Bogotá se parezca a Miami. Lo que se les olvida es que el ingreso per cápita aquí es de 4 mil dólares y allá es 40 ó 50 mil dólares. Se vive despilfarrando para generar una falsa apariencia de progreso y aquí la gente se termina comiéndose el cuento, particularmente en las facultades de arquitectura, lo digo con todo cariño. Ya no hay un proyecto de arborización de vivienda en Colombia que no sea con palmas, así no den sombra y donde haya 44 grados de temperatura, pero como la palma es la que trae el Autocad, entonces pongan la palma. Nos estamos gastando años enteros diseñando pisos para dar una falsa apariencia de progreso y si uno no es cuidadoso, se come el cuento de que Colombia está progresando y no nos damos cuenta de que ese progreso es todo importado. Aquí ya no producimos nada, ni los plátanos, creo. Y las zonas paupérrimas cada vez más escondidas. Quiero llamar la atención sobre lo que está sucediendo: tres de cada diez habitantes del campo, 33 de cada cien, están en la indigencia. Es gente que todas las noches se acuesta a dormir con dolor de estómago, no porque comió mucho, sino porque no comió nada. Las prostitutas de las zonas pobres de Colombia compran los anticonceptivos de a uno cada día, porque no les alcanza para comprar las 30 pepitas del mes. Y los barrios populares se nos llenaron de tiendas donde a uno le venden de a pastilla de chocolate, de a cucharada de aceite. Aquí hay gentes que a la hora del almuerzo hacen una vaca entre toda la familia, cada quien pone unas monedas y alguien sale a la tienda y compra un huevo, una taza de arroz, una cucharada de aceite y un pedacito de panela y con eso almuerza la familia. Pero eso sí, hay zonas de la ciudad, las llamadas zonas rosas, donde no se ve sino derroche. Tantas cosas buenas que tienen los mejicanos para enseñarnos y, preciso, escogemos lo de las zonas rosas.

Lo de los servicios públicos, parte de la política central, parte de la extorsión, es escalofriante. La gente está dejando de comer para pagar los servicios públicos. La participación en gastos de servicios públicos de las familias es del orden del 30%, altísima. Esas medidas que se están regulando en las ciudades colombianas es una manera del Estado de subsidiar a los pobres para que puedan pagar los servicios públicos. Pero hago otra pregunta de fondo: ¿cómo se planifica una ciudad cuyos servicios públicos son privados y están calculados para el negocio y hay todo un juego de especulación inmobiliaria? Aquí se ha llegado al punto de que las Curadurías Urbanas son privadas. La ciudad es un hecho terriblemente complejo para ponerlo a funcionar todo detrás de la lombriz de la ganancia. Siempre ha sido un lío, insisto, pero cómo puede planificarse así ningún desarrollo urbano.

Otra cosa que se está exacerbando es la producción de vivienda, relacionada con el negocio financiero de la producción de vivienda, de las corporaciones de ahorro y vivienda. Y hay algo que me llama la atención y creo que se le debería echar harto ojo, porque guarda estrecha relación con lo que he dicho de la potencialidad. En Colombia, en el año 1970, en el gobierno de Misael Pastrana, huyéndole a que las importaciones no permitían el desarrollo nacional, se inventaron la estrategia de la construcción, una estrategia fallida pero que tenía cierta racionalidad porque decía: generemos un nicho económico en el cual el capitalismo colombiano pueda desarrollarse en torno a un sector que no compite con las importaciones ni el contrabando. Por supuesto, no era capaz de desarrollar el país, pero tenía esa racionalidad. Hagamos hartos lavamanos, inodoros, tubos, los ladrillos son de aquí, la tierra también, hay fábricas de cemento, y ahí nos ganamos una plata y le generamos a esto cierta potencialidad de desarrollo. Hoy, uno de los fenómenos que viene presentándose, y aún no lo he estudiado en detalle, es cuánto están pesando los bienes importados en el negocio de la construcción. Es importante, porque tiene que ver con la potencialidad. Aquí nos llenamos de estructuras importadas de acero y de vidrios importados. Hoy gran parte de las instalaciones son importadas, más las cosas viejas importadas de antes. Cuando yo veo esos letreros de Tapetes Bokaras, Tapetes Saharas, persas, que valen no sé cuánto el metro cuadrado, siempre me he hecho la pregunta: ¿Colombia no podrá pasarse la vida sin Bokaras? Aquí hay un hecho económico que se nos olvida y es que cuando Colombia exporta es un milagro. Aquí lo que se exporta es hambre. Los campesinos cafeteros no exportan café. Lo que exportan es hambre. Si todos esos compatriotas se ganaran el salario mínimo, no podríamos exportar café. Nos están derrotando los campesinos vietnamitas, no porque sean más inteligentes o más trabajadores, sino porque si los nuestros tienen un pregrado en aguantar hambre, los de allá tienen un doctorado. Aquí cogemos esos dolarcitos de las exportaciones y nos los gastamos en whisky de algún color, para poderle subir el precio. Hay whisky de todos los colores, como el arco iris, cada uno más caro que el otro.

El último cambio tiene que ver con la concepción de la política estatal. Aquí sí hay una regresión mayúscula. Aquí tuvimos una entidad, los jóvenes ni deben acordarse, que se llamaba el ICT, Instituto de Crédito Territorial. Se creó por allá en los años treinta. Lo que se soñó, por lo menos en el discurso, era que el Estado produjera vivienda para pobres, pero con una racionalidad de país moderno. El Estado compraba lotes en grande, materiales de construcción en grande, hacía diseños masivos y se hacía vivienda en altura. Los barrios del ICT, en cierto sentido, modelaban el desarrollo en una forma digamos más o menos civilizada, con mil problemas, claro, pero digamos que civilizada, con el Estado interviniendo en cada parte del proceso para recortar ganancias privadas. Y era así como, un poco en la medida en que había menos ganancias privadas, se lo podía ofrecer a los pobres un tris mejor. Esto daría para una charla entera. Hoy otra vez se impone el capitalismo salvaje. ¿Qué es lo que viene propiciando el Estado? Que unos pocos ganen y especulen con la casa de los pobres. Financiación, las corporaciones de ahorro y vivienda; materiales de construcción, los monopolios; constructores, los monopolistas; servicios públicos, la empresa privada. O sea, todo el mundo cae sobre la casita del pobre. Entonces la casita del pobre lo único que puede es irse reduciendo como una especie de caja de bocadillos de caucho y ya no va en casi nada. Después, cuando el pobre logra habitar en ella, empieza un proceso de autoconstrucción complicadísimo, dolorosísimo, costosísimo, que deja al país desprotegido en la lógica de la sismorresistencia. Colombia es una bomba de tiempo. El día que en Colombia haya un terremoto que le pegue en grande a una ciudad, aquí va a haber la matanza del siglo. Invito a los arquitectos a ir a las zonas de autoconstrucción y a buscar los hierritos y verán cómo brillan por su ausencia. Todo eso es en lo que hoy estamos. Es la regresión, es echar hacia atrás. Cosas que estaban conocidas se terminan perdiendo.

Y hemos llegado hasta el absurdo. Hace quince días, el ministro de Vivienda me certificó que en Bogotá hay ochenta mil subsidios para vivienda sin reclamar. Porque si la persona quiere el subsidio, entonces le dicen, señor, tiene que demostrar primero que es bien pobre para poder darle el subsidio. El señor muestra que es bien pobre, cosa no muy difícil. Pero después, cuando va a la corporación de ahorro y vivienda, le dicen, aquí lo que tiene que demostrar es que es bien rico, porque aquí los pobres, ni para guachimanes. Ocurre así como lo digo, tanto que los analistas se inventaron una clasificación: ya se habla de los subsidios adjudicados y los movilizados. Se adjudican, así nadie acceda a ellos. Pero en la estadística sí salen y le sirven al gobierno para sacar pecho. Y los movilizados son del orden de la mitad de los otorgados. Es el absurdo total del sistema, y sin embargo, el gobierno no lo modifica ni interviene el mercado de la tierra. Siguen absolutamente en lo mismo, en cierto sentido porque están felices. Además de otros subterfugios que se han venido inventando, pasaron el número de subsidios de 400 mil a 800 mil del primero al segundo gobierno del presidente Uribe. ¡Cómo! Me puse a mirar, y resulta que se inventaron unos subsidios de 80 mil pesos de legalización de títulos al lado de los de seis y diez millones, sumando papayas con aguacates, como si nada. Y le pregunto al ministro Juan Lozano: y esto, ministro, qué es, y me responde: ¡ay! senador, no nos habíamos dado cuenta. La falta de seriedad y de rigor, total. Le decía en el debate a Juan Lozano: la lógica de ustedes es la de las gallinas que ofrecen poner diez huevos, ponen dos y cacarean cincuenta. La política de vivienda y el país todo son un desastre, y el desarrollo urbano es un desastre, repito, si uno es capaz de ver más allá de las cosas de relumbrón que nos están mostrando. Las ciudades colombianas siempre han tenido sitios donde las cosas son más o menos civilizadas, pero en eso no está habiendo un avance de fondo. No puede haberlo, porque en esta estructura no es posible.

Hago referencia por último a algo que ya dije en el debate de renovación urbana. Me decía el ministro, senador, es que con la renovación urbana resolvemos el problema social. No, tampoco es así. Ese fue un debate del siglo XIX. Si usted resuelve el problema económico y social, resuelve también el problema urbano, porque atender con seriedad el problema urbano es una tarea que exige grandes recursos, un problema supremamente difícil de resolver. La vivienda es el bien de consumo más costoso que exige una sociedad. Entonces se necesita una sociedad pujante, rica, desarrollándose en serio, acumulando riqueza, para que pueda generar todo lo necesario, incluidos subsidios inmensos para poder hacer una ciudad más o menos civilizada. Entonces decir que un país que se está hundiendo, el país de la miseria, el de la pobreza, el del subdesarrollo, el del atraso, es el que cuenta con la potencialidad de tener ciudad, no es posible. Va a haber unas islitas, unas lombricitas en el mapa donde los que tenemos algunos centavos dentro del bolsillo medio vivimos. Otros pedazos se ven medio bonitos, pero pregúntense ustedes cómo viven adentro, cómo está viviendo la clase media entre esos apartamentos que son microalcancías donde está prohibido estornudar. Bueno, y hay cada vez viviendas más pequeñas. Esto es parte del truco.

Termino señalando que el país a mi juicio está muy mal y que hay que hacer un esfuerzo de fondo para cambiarlo.

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2. En vivienda popular el Presidente uribe no está cumpliendo sus promesa electorales.
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Una de las diferencias notorias entre los planes de desarrollo del primero y el segundo gobierno de Álvaro Uribe fue el incremento del plan de vivienda popular, porque las soluciones deben pasar de 400 mil a 828 mil, aumento que el Presidente y sus ministros cobran políticamente sin cesar. Mas el análisis muestra el incumplimiento de los compromisos y que se está ante uno de los mayores fraudes estadísticos de que se tenga noticia. La historia empieza con lo ocurrido entre 2002 y 2006.

En ese lapso, y a pesar de las advertencias que le hicimos en el Senado, el gobierno estuvo lejos de cumplir lo que prometió. De las 400 mil soluciones, apenas llegó al 70% (cifra mucho menor si se descuentan las asignadas por el gobierno anterior), fracaso del que no se habla y que se acompaña con otras astucias, como sumar los créditos con los subsidios y los subsidios cancelados por el Estado con los pagados con la plata de los trabajadores. Así, el gobierno presenta como si fueran contribución suya los créditos comerciales del Fondo Nacional de Ahorro, préstamos que se financian con las cesantías de los servidores públicos. Y hay un caso peor: el 44 por ciento de los subsidios no lo pagó el Estado sino las Cajas de Compensación Familiar, las cuales, como se sabe, administran recursos que pertenecen a los trabajadores, de manera que el gobierno les impone a unos pobres subsidiar a otros pobres, pero, eso sí, cobrándose para sí el rédito político de una operación aberrante que se presenta como fruto de la generosidad oficial.

Al colmo de la astucia se llegó en el plan 2006-2010 del ministro Juan Lozano, cuando decidieron que para el fin de preparar el tercer gobierno de Álvaro Uribe valía el medio de inflar las cifras sin contemplaciones. El truco consistió en meter en el mismo saco de las 828 mil soluciones los créditos que rondan por los 24 millones de pesos cada uno, los subsidios de un poco más de siete millones de pesos por vivienda y 326.195 subsidios para saneamientos de títulos de edificaciones que ya existen y que son del orden de solo 100 mil pesos. ¡Apenas 100 mil pesos por familia! El clásico truco de vanagloriarse de las patinetas como si fueran automóviles o el que preparan en Familias en Acción para 2009, que aumentarán en 100%, pero con un 60% más de presupuesto.

Y cómo va de mal el cumplimiento de esa meta amañada, aun si se acepta que se sumen créditos con subsidios y se incluyan los de saneamiento de títulos. A esta fecha, cuando se debería ir en el 50 por ciento de lo prometido, apenas llevan el 27%, y las entidades con peor cumplimiento son las del gobierno que otorgan subsidios: Fonvivienda, incluidos los de 100 mil pesos, apenas va en el 15% de la meta, y el Banco Agrario, con solo el 7%. Ante millones de colombianos en condiciones ignominiosas de vivienda, la verdad es que el gobierno no busca solucionar los problemas estructurales del sector ni modifica el reparto cicatero de sus recursos; simplemente, se ingenia la manera de sacarles provecho político a las cifras.

En el debate en la Comisión Quinta (http://senadorrobledo.org/?q=node/384) también llamó la atención que el ministro de la Vivienda y el Desarrollo Urbano dijera que ignora el número de las viviendas rematadas o en proceso de serlo, porque esas familias fueron incapaces de pagar sus deudas hipotecarias, procesos que se remontan a la crisis del Upac. ¿No es inaudito que el ministro desconozca las cifras de un problema social tan grave? ¿Cómo creerle que se preocupa por esos compatriotas, a quienes los desalojan mediante crueles operaciones de policía que escandalizan a los demócratas? ¿No hace parte de un gobierno que lleva seis años sin hacer nada que valga la pena al respecto?

Coletilla: no cesa la andanada de Uribe y sus amigos contra la Corte Suprema de Justicia y el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Verdades a medias, mentiras completas, tergiversaciones, insultos, conspiraciones, todo vale para desacreditar y arrodillar a la Corte y a la Justicia. Y ni siquiera pueden alegar que el procedimiento es turbio pero que la causa es noble, porque al objetivo general de instaurar una tiranía se le suma destruir el proceso de la parapolítica, caso en el que la inmensa mayoría de los implicados hace parte de los barones electorales que eligieron al Presidente.

Coletilla dos: solo rechazo puede causar la idea de desplazar tropas colombianas a actuar bajo las órdenes del imperialismo norteamericano en Afganistán. Y tampoco se justifica enlodar el nombre de Colombia porque eso lo paga en dólares la Casa Blanca. ¿Habrá algún límite que no se atrevan a violar?

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1. El Drama de la vivienda en Colombia y la política del “sí se puede”, 1985, El Áncora Editores:
2. Vivienda. (El problema de la vivienda tiene causas conocidas)
3. Las cinco “D” de Carmelo o el drama de la vivienda en Colombia.

Creo que vamos tener que dejar claro, senadores de la Comisión Quinta, cuáles son los derechos del presidente de la Comisión. No lo habíamos tenido que hacer en seis años, pero estoy viendo que va a tocar establecerlo con claridad. Porque una cosa es que sea el presidente de la Comisión y otra cosa que pueda hacer lo que se le antoje.

Ustedes vieron lo que sucedió hace un momento. Yo hago una intervención, en los términos míos, cordial de todos modos, pero digo con franqueza algunas cosas. Al senador Manzur no le gusta y me cae sobre la intervención y con nombre propio me recrimina porque dije lo que pienso. Le pido una moción de réplica a la que según el reglamento tengo derecho, porque él se refiere a mí de manera directa, aun cuando yo no me había referido a él en mi intervención, y vean lo que pasa. Primero intenta no dármela y cuando después me la da y yo termino mi intervención, él vuelve y me cae encima y además me deja notificado que así va a ser en adelante. Pero resulta que aquí el reglamente establece que no hay réplica sobre réplica. Le voy a pedir entonces a la Comisión Quinta que citemos una reunión privada donde volvamos a examinar las reglas del juego y definamos cuáles han de ser las normas para el manejo de esta Comisión y como es que el senador Manzur las debe cumplir.

Lo segundo, una cuña breve. Se mantiene la marcha de los lecheros para el 19 de agosto próximo. Ojala toda la Comisión, que ha estado cerca de todo esto, salga con ellos. Se va hacer un desfile muy bonito por la Carrera Séptima, desde la Plaza de Toros hasta la Avenida Jiménez, frente al Ministerio de Agricultura, para insistir en que los decretos de la leche cruda son muy malos y deben derogarse. El problema no se arregla aplazándolo, sino derogando los decretos, como por unanimidad lo pedimos. Esperemos que los medios de comunicación digan algo sobre esta marcha con el mismo entusiasmo con el que han promovido otras en días pasados, aunque posiblemente sea un exceso de candidez de mi parte. Pero bueno, dejémoslo dicho.

En este debate voy a demostrar, primero, que la política de vivienda social del gobierno es muy mediocre frente a las necesidades del país, con unas metas cada vez más mediocres. En segundo término, voy a explicar cómo esas metas están lejísimos de cumplirse. En lo que tiene que ver con las metas, el fracaso es evidente, tanto en el primer cuatrienio del doctor Uribe como en lo que va corrido del segundo. Y tercero, y es lo más grave, señor ministro, voy demostrar con detalle que la política de vivienda de este gobierno contiene una dosis inmensa de manipulación y franco engaño a la ciudadanía. Hay un propósito deliberado de manipular las cifras para inflarlas metiéndoles a los colombianos el cuento de que esto es bastante mejor de lo que en realidad es. Aquí se trata en resumen del caso algo parecido a la gallina que ofrece poner diez huevos y a la hora de la verdad pone uno pero cacarea 50. Y no por una confusión, sino como una política deliberada del actual gobierno, cosa que además no me sorprende, porque este es un gobierno, hay que decirlo con franqueza, que se ha especializado en crear ficciones, en manipular la información, en el uso de verdades a medias y mentiras completas, presentando las cifras de determinada manera que convenga a unos cuantos intereses creados.

Cifras desastrosas

Cuando en 1985 publiqué el libro El drama de la vivienda en Colombia, el primer libro que escribí y publiqué en mi vida, el problema era ya extremadamente grave. Y lo más desastroso, colombianos, es que hoy es igual o peor de grave. Han pasado más de veinte años y seguimos básicamente igual. En ese sentido, el fracaso de estas políticas no la cabe solo a esta administración. Creo que con franqueza hay que adjudicárselo también a las demás. Demos una sola cifra que en cierto sentido muestre como un fenómeno que era muy grave ha empeorado. El déficit cuantitativo en esos días, tanto urbano como rural, era de 1.233.000 viviendas. Hoy es de 1.285.000 viviendas. Hay que contar el urbano y el rural, porque el ministro es el ministro de la Vivienda de todos los tipos, así el le pase un poco la pelota a la Caja Agraria para que haga unas casitas, o al Banco Agrario, pero su responsabilidad, ministro, es la de todo el país, aunque, bueno, el agro no tiene responsable, como también es responsable no solo de la vivienda de interés social, sino también de la vivienda comercial, o si no, la vivienda no tiene responsable en Colombia.

Las cifras son muy malas, pero más que de cifras, yo quiero hablar de sufrimientos. Aquí estamos hablando de un país lleno de gente hacinada, “respirando un aire rumiado”, como decía un manizaleño ilustre de principios del siglo XX, cinco o diez personas en una pequeña pieza, con una letrina o un baño para 20 ó 30 familias, pisos de tierra en las zonas rurales, carencias gravísimas de servicios públicos, sin transporte público o con uno demasiado caro como el de los transmilenios, que los pobres no pueden pagar, y con altos impuestos prediales, otro drama que se vive cada vez más en Colombia, porque las exacciones de las valorizaciones son un truco semántico que se inventaron para esquilmar a los colombianos pobres y proteger a monopolios y trasnacionales. Estamos hablando de un drama tremendamente doloroso, tremendamente doloroso, del cual se habla poco. En Colombia se habla bastante del secuestro, y está bien que se hable, ese también es un drama doloroso, pero este de la vivienda es numéricamente hablando, de proporciones infinitamente superiores y acosa a la gente día y noche.

La mitad del país es urbanización pirata

Y hay una manera de probar el rotundo fracaso de la política oficial. Es que la mitad de Colombia es urbanización pirata, o sea, gente que ocupa lotes sin servicios públicos y que a fuerza de buena voluntad y sacrificios logra hacerse a una casita. La gente ocupa lotes inicialmente sin servicios públicos, sin vías, sin transporte, sin nada y sufriendo, sufriendo, sufriendo, en el abandono casi absoluto del Estado, logra hacerse a una casa. Es la mitad de todo lo que se hace en Colombia. Ni la empresa privada con sus soluciones normales, llamémoslas así, las de las corporaciones de ahorro y vivienda, ni el Estado con las llamadas Viviendas de Interés Social (VIS), han sido capaces de atender los requerimientos de los colombianos para acceder a un techo medianamente decente.

La vivienda pirata presenta una característica, y lo explicaba en este libro que les mostré ahora. Es una vivienda muy costosa de producir. El cemento hay que llevarlo en taxi, todos los créditos son de usura, los despilfarros son inmensos. La sociedad obliga a los más pobres de los colombianos a producir la vivienda más cara que se pueda producir. Y con un agravante, ministro, y espero que a usted le interese: casi toda esa vivienda está por fuera de las normas de la sismorresistencia. Este es un problema ambiental gravísimo al que usted debiera ponerle ojo. Algo entiendo de sismorresistencia. Soy arquitecto y fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia toda la vida. Y si usted hace el ejercicio de pasar en carro por los barrios pobres de Colombia mirando las construcciones, verá que lo común es que no haya los hierros ni las columnas que debiera haber. El día en que haya un sismo grave, y ojalá no suceda en una ciudad como Bogotá o Medellín, no me quiero ni imaginar lo que va a ocurrir. Todo esto es parte del drama del que se está viviendo.

Le voy a anticipar otra denuncia. La vivienda VIS que se está entregando es de tan malas condiciones, según dicen los estudiosos de la Universidad El Minuto de Dios, que la gente, bregando a mejorarla, le termina destruyendo las estructuras sismorresistentes. Se trata de proyectos promovidos por el Estado y que se construyen sismorresistentes, pero la gente en la desesperación, por la pésima calidad de esos espacios, por los pésimos lotes que se ofrecen, termina destruyéndole sus condiciones de sismorresistencia. ¿Puede haber mayor irracionalidad y desbarajuste que ese? Diría que en el caso de la vivienda, como en el de los desplazados, uno puede hablar de un estado de cosas inconstitucional por todo lo que sucede allí por donde uno lo quiera mirar.

La pobreza es la que produce la mala vivienda

La vivienda no es la que produce la mala vivienda, es la pobreza. En Estados Unidos y en Europa también hay un problema de la vivienda, porque el capitalismo produce pobreza de manera inevitable, pero la pregunta que hay que hacerse es por qué aquí se produce mas pobreza, es decir, por qué en esos países la pobreza es del orden del 10 o del 15% y aquí es del 60%, por qué allá los desempleados no suelen pasar del 4 ó el 6% y aquí suben del 15 ó 20%.

Este es el drama del que estamos hablando y que es parte de la discusión del Polo, que, por supuesto, los amigos del gobierno no nos aceptan. Miren este dato, que es impresionante: en 1900, el per cápita de Estados Unidos era cinco veces el per cápita colombiano, y hoy es 21 veces. Es decir, el país va hacia atrás, colombianos, cada vez estamos peor, así haya cachivaches, y televisores de plasma y equipos de sonido, que generan una apariencia de prosperidad, pero allá en los entresijos de la vida del país cada vez estamos peor. Miren lo que dice Rodolfo Llinás Ángulo, neurofísico, probablemente el científico colombiano más importante hoy, quien trabaja en Estados Unidos, mencionando el caso de la educación: “El nivel de educación en Colombia es más bajo de lo que debería ser. Oigo con frecuencia –dice Llinás– estamos mejorando paulatinamente y eso no es verdad, no estamos mejorando paulatinamente, nos estamos quedando atrás comparativamente”. Este es el drama del país, este es el debate que tenemos con los defensores del gobierno y de la globalización neoliberal, este es el debate. Los gringos nos llevaban cinco veces en 1900 y hoy nos llevan 21, ese es el debate. Dice Llinás: “Nos estamos quedando atrás comparativamente”, cada vez estamos peor.

Y en esta lógica, los de abajo no pueden darse entonces la vivienda que quisieran y a los de arriba, lo voy a demostrar, les importa un pepino. Bueno, ya lo mencionó aquí el senador que me antecedió en el uso de la palabra y que es afecto al gobierno: la peor política de vivienda de América Latina es la de Colombia. Es lo que acaba de demostrarnos aquí, en los cuadros, el senador Reyes. Aquí no solo padecemos los problemas propios de la América Latina, tan parecidos a los nuestros, sino que sufrimos unos gobiernos indolentes como este, que no hacen lo que debieran hacer en beneficio de la ciudadanía ni atienden las necesidades de los pobres. Y repito que el problema no se lo inventó el doctor Uribe. Él es igualito a los demás, al doctor Pastrana y a sus antecesores, son cortados por la misma tijera, así eso perturbe a algunos de ustedes. Pero lo peor es que el neoliberalismo empeora las cosas, senador Manzur, y me toca hablar del neoliberalismo, qué hacemos, y de la globalización y del Fondo Monetario. Miren ustedes la crisis del UPAC. Un proyecto desastroso que se inventaron para cobrar intereses caros, hacer viviendas malas y esquilmar a los colombianos. Pero digamos que mal que bien, funcionó hasta la globalización. Solo cuando César Gaviria y su ministro Hommes cometen el desatino de disparar las tasas de interés, estalló la crisis. Crisis que a mi me impresiona, ministro, y que tal vez usted no sepa en qué consiste. Le pregunté en el cuestionario: dígame cuánta gente perdió la vivienda en la crisis del sistema UPAC y usted me contesta: yo no sé, eso lo sabe la Superintendencia Bancaria. Le repetí la pregunta a la Superintendencia Bancaria y me contesta que tampoco sabe. En una palabra, nadie sabe en Colombia cuántos colombianos perdieron la vivienda en la crisis del UPAC, ni nadie sabe cuántos colombianos siguen todavía padeciendo ese drama, ni nadie sabe cuánta gente más la va a perder. Es inconcebible, ministro, cómo gobiernan ustedes el país, si no saben qué está pasando ni qué ha pasado. Usted es el ministro de toda la vivienda y de todo el desarrollo urbano, doctor Lozano, y usted no puede salirme con el cuento de que no sabe. Porque si no lo sabe, su deber es averiguarlo. Usted no puede decirme: senador, vaya y pregunte en los bancos o en las corporaciones. No, ministro, ese no es mi trabajo. El trabajo mío es preguntarles a ustedes por las cifras oficiales y son ustedes los que tienen que ir a los bancos a investigar. No debería ni siquiera tener que preguntarle, porque es su obligación proporcionarle los datos a la Comisión Quinta. Y ahí sigue el lío y ya quedó comprobado que la UVR fue una especie de estafa para reemplazar con otro nombre el sistema UPAC y mantener el delito de anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses) que oculta el sistema UPAC. En este libro fui yo tal vez el primer colombiano que destapó ese lío del anatocismo y eso sigue en la UVR. Que haya una manera diferente de calcularlo, bueno, pero la filosofía es exactamente la misma.

Las políticas estatales de la globalización neoliberal, senador Manzur, también son malísimas. Ustedes reemplazaron instituciones como el ICT, que tenía mil problemas, es cierto, pero que había puesto en marcha un sistema de relativa modernidad, con planos organizados científicamente, compras en grande de materiales, inversiones importantes en tierras que en algo controlaban la especulación con el suelo y otras muchas ventajas. Era un sistema más o menos civilizado, con todos los problemas del mundo, y ustedes lo convirtieron en este horror que ahora padecemos, que es definitivamente el desmadre, como lo voy a explicar en un momento. Y lo grave es que este gobierno, a pesar de los debates que adelanté en esta Comisión y en la Plenaria en el 2004 y en el 2005, no ha corregido ni en un milímetro. Aquí se hacen los debates, se demuestran las fallas, y el gobierno sigue haciendo exactamente lo mismo que ya ha fracasado. Porque al final lo único que importa es la ganancia, senadores, otra vez el neoliberalismo. Que suene la registradora, como me decía un constructor el otro día, es lo único que importa, así la gente se muera de hambre, o se meta en inquilinatos, o en tugurios, o respire aire rumiado.

Subsidios asignados y subsidios movilizados

Cuando uno va hacer el balance de la política oficial tiene que distinguir entre los subsidios asignados y los subsidios efectivamente pagados o movilizados, porque son dos cosas distintas y se prestan para todo tipo de engaños. Normalmente, el gobierno le da a uno, o las viviendas o los subsidios proyectados, que es una cosa, o las viviendas o los subsidios asignados. Le han dicho al ciudadano, aquí tiene su derecho al subsidio, y suelen ocultar los subsidios efectivamente pagados o las viviendas efectivamente construidas, que son tres cosas completamente diferentes y que ustedes revuelven de manera que a mí realmente me molesta, doctor Lozano, porque siento que intentan engañarme. Ustedes no me pueden meter en el mismo párrafo los asignados, los movilizados, los ejecutados, los construidos, como si fuera todo la misma cosa, ni me pueden meter en el mismo saco subsidios con préstamos, ni me pueden revolver los subsidios de las cajas de compensación, pagados por los obreros, con los subsidios del Estado, porque son cosas muy diferentes.

Para que los colombianos entiendan la gravedad de lo que estoy denunciando, los subsidios efectivamente movilizados durante el gobierno de Andrés Pastrana, o sea, pagados, de acuerdo con la Contraloría, fueron apenas el 30% de los subsidios asignados. Es decir, el 70% de la plata nunca se ejecutó y a los colombianos no les llegó esa plata. Esto lo expliqué yo aquí hace varios años. ¿Cómo vamos en este gobierno? Ya lo informó el año pasado el director de Asocajas. Dijo que en el 2007, las Cajas habían dejado de entregar 54 mil millones de pesos de subsidios asignados, ojo, de un total de 342 mil millones. Estamos hablando de una suma inmensa que no se les entrega a los ciudadanos. Me responden ustedes en el cuestionario, y les abono la franqueza, que como consecuencia, hoy en día hay una gran cantidad de subsidios asignados por el gobierno nacional y por las Cajas que no han podido hacerse efectivos por no encontrar viviendas disponibles. Lo ratifica el Ministerio, y en esto tiene toda la razón: no encuentra viviendas disponibles. En Colombia hay gente que anda con un papelito en la mano en el cual se dice que tiene derecho a un subsidio o a un crédito y recorre el país y no encuentra una sola casa para comprar o para empezar a pagar, o porque no existe, o porque no hay quién la haga, y no hay quién la haga en parte porque la tierra es muy cara. Nadie quiere hacer proyectos de Vivienda de Interés Social. A los constructores tampoco les llama mucho la atención. Las tasas de interés de los créditos son altísimas. Los banqueros, cuando les llega un pobre con el papelito del subsidio, se echan la bendición y llaman al celador a ver si corre a sacar al tipo de la oficina, porque pedirle a un banquero que le preste plata a un pobre es como sacarle al diablo una hostia, es una frase que suelo repetir.

Uno de los problemas para la movilización de los subsidios, lo admite expresamente el doctor Lozano, es la falta de suelo en muchas ciudades. ¿Por qué? Porque en el país es cada vez más descarada la especulación con el suelo urbano, un drama realmente grave. No conseguí cifras de precios del suelo de vivienda popular, pero miren ustedes el de la vivienda de estrato alto. Un metro cuadrado de tierra en Bogotá, el metro cuadrado, la sola tierra, sin nada encima 1.181.000 pesos, Cali 1.450.000, Santa Marta 2.250.000, Cartagena 6.000.000 de pesos, y esto se volvió un problema insalvable para ofrecer vivienda VIS, porque no crean que los precios para los estratos bajos son bastante más baratos. En este libro expliqué cómo había ocasiones en que en las zonas populares el metro cuadrado podía ser más caro que en las zonas de capas medias o de capas altas.

Establece una norma que el lote mínimo en Colombia es de 35 metros cuadrados, pero todos sabemos que hay lotes de 16, de 18 metros. A la gente la meten cada vez más como en unos hormigueros, en unas microcajas de bocadillo que permiten elevar el precio del suelo y la especulación. Usted lo sabe, doctor Lozano, de hecho lo sabe mejor que yo, supongo. Y les pregunto a usted en el cuestionario qué hacemos con la tierra y miren lo que me responde el señor ministro: “En conclusión, son los municipios los que a través de sus planes de ordenamiento territorial deben definir las acciones de corto mediano y largo plazo, con fundamento en la Ley 388 de 1997”. Que frente a este drama me saquen como gran espada una ley del año 1997 es inaudito, pero además me repiten la dosis en las respuestas. Miren lo que me dice el Ministerio: “En relación a la pregunta relativa a si el gobierno cree que debe asumir una política de intervención en los costos del suelo, como la compra de suelo para ejercer un control de la valoración de los precios, en especial aquel de ser susceptible de destinarse para proyectos VIS, es necesario tener en cuenta que la Ley 388 de 1997 —otra vez la misma Ley— contempló instrumentos para gestionar el suelo necesario para desarrollar VIS”. Qué tiene que pasar para que ustedes se convenzan de que esa Ley no sirve para nada, para absolutamente nada, porque ahí esta el drama vivo. No sé para qué servirá esa Ley, pero para eso no sirve, esa es la triste realidad.

Lo otro que impide que se movilicen los subsidios son las tasas de interés. Esto clama al cielo, como se dice coloquialmente. Hoy, a mayo de 2008, la cifra que ustedes me dan sobre las tasas en pesos para la vivienda no VIS, que es finalmente como hay que contabilizarlas, porque la UVR no pasa de ser una ficción para ocultar esto de las tasas en pesos, son de 16.68% y para la VIS de 16.20%. Inaudito. Las tasas no VIS 16 .68%, y las VIS 16.20%. La diferencia es apenas de 0.48%, ni medio por ciento de diferencia. No me atrevería a afirmar que cada persona que compre una vivienda no VIS es un potentado, pero sí hay uno que otro potentado por ahí, con casas de 2 mil y 3 mil metros y miles y miles de millones de pesos. Casi las mismas tasas de interés para estos potentados y para la vivienda VIS. Cómo pueden ustedes intentar hacer vivienda popular con tasas de este corte si todos sabemos que una alta tasa de interés en un crédito de largo plazo es mortal. Eso lo sabe usted mejor que yo, y quiere supuestamente hacer vivienda en beneficio de la gente.

Vienen disminuyendo los aportes. Esto claro, se confunde por la inflación o por mil factores, pero les voy a dar este dato, en resumen: en el primer período del presidente Álvaro Uribe, los aportes del Estado para subsidios VIS fueron 51% menos que los aportes del gobierno de César Gaviria, que no eran ninguna maravilla, y 11% menos que los del gobierno de Ernesto Samper Pizano.

Miren además lo que viene sucediendo, también muy grave. En la medida en que sube el precio de la vivienda VIS, la vivienda de los pobres, los subsidios que ustedes ofrecen son cada vez menores: en pesos del 2002, o sea, en pesos reales, entre agosto y diciembre del 2002 ustedes dieron subsidios por 7.000.000 de pesos, voy a cerrar las cifras para facilitar, en el 2003 fueron de 6.454.000, en el 2004 de 6.138.000, en el 2005 de 3.700.000, en el 2006 subió un poco, en el 2007 volvió a caer a 3.752.000, o sea, ustedes cada vez dan menos plata, pero cacarean más.

Uribe no ha cumplido las metas

¿Cómo van los cumplimientos de las metas? Vamos a mirar 2002-2006, el primer gobierno de Uribe y vamos a mirar los 2 años de este nuevo cuatrienio a ver en qué va el cumplimiento de las metas: con respecto a las metas, hay que hacer una explicación de algún detalle que es importante. Ya se menciono aquí, no es lo mismo subsidios que créditos, y no es lo mismo lo que aportan los particulares que lo que aporta el Estado, aun cuando el gobierno muy habilidosamente junta todo. Aquí le suman a uno papayas con aguacates y con mamoncillos para cacarear 400 mil viviendas al año en el cuatrienio del 2002 al 2006. Para que la gente entienda, vamos a separar entonces cuáles son mamoncillos, cuales papayas, etcétera.

400 mil viviendas, de las cuales 120 mil corresponden al Inurbe y 55 mil, al Banco Agrario (menos de la mitad en total). Esa es la única plata que de verdad pone el Estado. Las cajas de compensación lo que ponen es la plata de los trabajadores, que el gobierno decidió expropiársela, ministro, así es. Es que el sistema de compensación familiar fue una especie de sobresueldo que se inventaron en Colombia para dárselo a los trabajadores y ustedes cogen esa plata de todos los trabajadores y se la dan como subsidio a unos cuantos, pero es plata de todos los trabajadores. Les pregunto a los senadores qué dirían si alguien pasara un proyecto de ley proponiendo que nos quitaran a cada uno un millón del sueldo mensual para dárselo a los colombianos pobres. Muy loable la causa, pero y por qué la van a pagar unos cuantos colombianos. Este caso de las cajas de compensación es exactamente eso. Ustedes cogen una plata que dan los patrones para todos los trabajadores, se la dan a unos cuantos y cacarean como si fuera plata del Estado. La plata del Banco Agrario sí es plata del Estado, hay que reconocerlo, y son subsidios. Hasta ahí llegan los subsidios. Lo de la Caja de la Vivienda Militar no son subsidios sino créditos y es plata que ponen los militares, o sea, tampoco el gobierno nacional puede decir que sea plata del Estado. La plata del Fondo Nacional del Ahorro son créditos financiados por unos colombianos que guardan sus cesantías allí y se las prestan a los demás colombianos.

¡Cómo fue el cumplimiento en total, sumados, ahí sí, peras con papayas y con aguacates? El cumplimiento de los efectivamente asignados tanto en créditos como en subsidios fue del 37.97%, o en otras palabras, cerca del 70% del plan no se cumplió de ninguna manera. El fracaso fue absoluto, ya lo expliqué aquí en la Comisión y en la Plenaria del Senado cuando estábamos en el primer gobierno de Álvaro Uribe. No iban a cumplir, dije, y bueno, ya se sabe que efectivamente no cumplieron el compromiso que hicieron, se quedaron lejísimos, y lo peor fue la parte del Estado.

Miremos ahora el caso del cumplimiento de las metas entre 2006 y 2010. La misma falla, cuentan mal, revuelven créditos con subsidios, fondos que son de los particulares y están depositados en entidades públicas con platas del Estado, etcétera, etcétera. Y ojo con este dato que es interesante, nos hablan de 828 mil. Esta es una de las cifras con las que más ha cacareado este gobierno, porque, claro, no es poca cosa pasar de 400 mil a 828 mil. A esto le han hecho un ruido durísimo. A mí desde el primer día la cifra me llamó la atención y me dije, bueno, realmente un aumento importante, a más del doble, vamos a mirarlo con detalle. Pero les recuerdo esto: el año que viene van a aumentar las Familias en Acción en un ciento por ciento, pero la plata solo va a aumentar 60%. Ese es el secreto. Más familias favorecidas y más clientela, pero con menos plata y, por supuesto, se cacarea duro: el gobierno dobló la meta, dice. Pienso que esto es indebido, ministro Lozano, que no es una manera de gobernar, que no es cogiendo los cien pesos del subsidio y dándolos de a 10 para poder cacarear las cifras como se gobierna bien.

¿En qué va el cumplimiento? Un desastre. El total del cumplimiento de créditos y de subsidios va en 27% y debería ir en 50% porque estamos a la mitad del gobierno. Y este es el mismo gobierno que en últimas viene desde el año 2002.

Lo del Fonvivienda es malísimo, malísimo, apenas cumplimiento con respecto a la meta, y estoy hablando de desembolsos, no de asignaciones, y espero, ministro, que no me vaya a hablar de asignaciones, porque asignaciones nadie sabe lo que es y si eso va a terminar o no va a terminar haciéndose. Estoy hablando de desembolsos: 14.85%, los desembolsos del Fonvivienda, pero debían ir en 50%. El balance, entonces, terriblemente malo. 6.95% lo del Banco Agrario, y deberían ir en 50%, en el gobierno del doctor Uribe y del doctor Arias, que dizque quieren mucho a los campesinos, y van apenas en el 7%. Pero cacarean y cacarean. El mismo truco viejo.

En este segundo período del doctor Uribe hay un truco nuevo que realmente me tiene impresionadísimo. ¿Cómo se explica pasar de 400 mil a 827 mil? Porque se inventaron un nuevo programa que se llama Habilitación Legal de Títulos, o sea, gente que posee la casa y no tiene aún el título legalizado. Senador Jaramillo, a mí me parece muy bien que les legalicen los títulos, pero, ministro, lo que me parece muy mal es que usted sume legalización de títulos con subsidios o con créditos. Porque la legalización de los títulos vale 108 mil pesos por título y el promedio del subsidio en Fonvivienda vale 8.300.000, en las cajas de compensación familiar vale 6.300.000, en el Banco Agrario vale 3.800.000 y los créditos son del orden de 16, 26, 24 millones de pesos. Entonces ustedes no pueden sumar todo como si fuera lo mismo, ministro. No les puedo aceptar ese engaño: subsidios del orden de 8 y 7 millones de pesos, con créditos de 15 y 20 millones de pesos y con subsidios de 108 mil pesos. ¡Eso qué es! Y estamos hablando de que son 326.000 subsidios de 108 mil pesos cada uno, o sea, que se da un salto de 400 mil a 800 mil en buena medida por cuenta de los subsidios de 108 mil pesos cada uno. Es un fraude estadístico aquí y en Cafarnaúm. Usted no puede sumar aviones con automóviles y con motocicletas sin explicarle a la gente de qué se trata y limitarse a decir alegremente que todos son vehículos, porque es un fraude estadístico, una trampa. ¿Y saben dónde suman o dónde esconden, para mayor astucia, estos subsidios de Habilitación Legal de Títulos? En los recursos de Fonvivienda, como ya lo explicó el senador Reyes, que eran absolutamente insignificantes. De los 470 mil subsidios de Fonvivienda, 326 mil corresponden a legalización de títulos de 108 mil pesos, lo que quiere decir que el incremento de los subsidios de Fonvivienda se presenta por la vía de los subsidios de 108 mil pesos, senador Reyes, un fraude estadístico, quiero repetirlo.

Son 144 mil los verdaderos subsidios de Fonvivienda entre 2006 y 2010, y 120 mil entre el 2002 y el 2006, o sea, que aumentaron apenas en 20 mil, y nos están metiendo el cuento que aumentaron casi en 300 mil, no sé si me escuchó, senador Reyes, porque creo que había salido en ese momento. Se lo repito. Aquí nos metieron entre los 470 mil subsidios de Fonvivienda 326 mil subsidios de legalización de títulos de a 108 mil pesos cada uno. Estoy entonces reclamando airado por qué me suman elefantes con leopardos, tigres con hormigas, con la idea de meterme el cuento de que todos son elefantes. Porque si me van a decir que son hormigas, vaya y venga, pero es que me lo arman es con el cuento de que todos son elefantes, doctor Lozano, una manera fraudulenta de hacer estadística en Colombia. Y aun así, el resultado es absolutamente mediocre. Con toda esta manipulación estadística deberían ir en Fonvivienda en el 50% y van apenas en el 14%. Les estoy hablando de los movilizados, de los efectivamente pagados, y no solo de los asignados, porque sabemos que muchos se quedan asignados y jamás se completa su trámite. Con otro agravante: parte de esos que aparecen ejecutados o desembolsados en Fonvivivienda vienen de vigencias anteriores, o sea que ni siquiera pertenecen a este cuatrienio.

Realmente tengo que lamentar este tipo de manipulaciones. Preferiría no tropezarme con estas cosas. Quisiera vivir en un país y tener un Congreso en donde los debates se hicieran con las cartas sobre la mesa. Cada quien puede interpretar las cifras como quiera, y aquí el ministro podrá decir que le parece que tuvo muchos líos o lo que sea, pero que nos las falseen sí es inaceptable, y quiero reiterarlo, nos meten en el mismo saco un subsidio de 108 mil pesos, con un subsidio de 8 millones, con uno de 6, con uno de 3, con un crédito de 26, con un crédito de 24, con un crédito de 12.

Lo que estamos viendo es que en este cuatrienio la política de vivienda es un desastre, y no se ven correctivos de ningún tipo. En tierra no hay correctivos y en crédito no hay correctivos. Pretenden arreglar las cosas en el papel, algo muy propio del doctor Uribe, hay que decirlo con toda franqueza, un gobierno que presenta como unas de sus características la de manipular la información, que ha sacado a dos directores del DANE porque no le sirvieron las cifras, y que cuando la OEA afirma que aumentaron los cultivos ilícitos en Colombia, la solución del presidente de la República es echar a la OEA y que traigan a otro para que vuelva a calcular. O el caso ese bochornoso que acabamos de presenciar y al que estamos asistiendo todavía de las insignias de la Cruz Roja, que debieran ser sagradas y que nadie debiera tocar, entre otras cosas, porque se pone en riesgo a los soldados de Colombia, porque se supone que un enfermero con un vestido de la Cruz Roja es neutral. Estas son normas más prácticas que lo que parece.

Vienen tiempos difíciles

Aquí seguramente el ministro, a quien voy conociendo, nos va a hablar mucho de unos Macroproyectos de Interés Social. Bueno, voy a ser amable, ministro, y no me voy a meter en ese debate. Le anticipo que eso va a ser un fiasco, pero bueno, le concedo el beneficio de la duda y el debate lo hacemos después cuando aparezcan construidos, porque quisiera que la discusión la hiciéramos no tanto sobre lo que se va a hacer, sino sobre lo que ya se ha hecho, porque si no, se vuelve un debate gaseoso, y el gobierno pintando pajaritos de oro.

Viene una crisis grave en el mundo y en Colombia. Era paja que la economía colombiana había crecido por la seguridad democrática. Pudo contar, no voy a decir que no, claro, pero la seguridad democrática no era lo determinante. Y tan no era lo determinante, que la economía va para abajo y no he oído que el doctor Uribe haya derogado la seguridad democrática, ¿o sí? Es entonces evidente que no era la condición suficiente.

Vienen tiempos difíciles y siempre que hay tiempos difíciles en la economía, vienen tiempos dificilísimos en vivienda. Ojalá no terminemos en una crisis como la de 1998-1999, pero me temo que podemos caer en ella. Se verán afectadas por los recortes presupuestales más o menos inevitables tanto la vivienda comercial, como la vivienda de interés social. Les doy un par de cifras: las ventas de vivienda, entre los primeros trimestres del 2007 y 2008, cayeron 23%, de año a año. Eso es mucho. Ojalá no se consolide esa tendencia, pero es lo que se está marcado.

Las VIS, entre marzo del 2007 y marzo del 2008, cayeron de 28 mil a 22 mil, también malo. Ustedes perdieron los tiempos de las vacas gordas, señores del gobierno, no lo hicieron bien, y no me los quiero ni imaginar improvisando en los tiempos de las vacas flacas. ¡Cómo ira a ser este desorden! Los metros aprobados entre los marzos de 2007 y 2008 cayeron en 40% en general y las VIS aportaron como el 80% de la caída. Como es natural, seguramente va a caer más rápido y probablemente más duro la VIS que la no VIS, pero falta por ver, porque vienen tiempos supremamente complicados.

La cartera vencida ya se está abultando. Afortunadamente, todavía está baja, eso es verdad. Subió mucho en la crisis de 1999 y mucha gente perdió la vivienda o se vio a punto de perderla. Muchos lograron en buena medida pasar la crisis, y aceptemos que la cartera bajó, pero ahí está subiendo otra vez, 5.37 contra 5.72, no muy grande, repito, pero está marcando tendencia. Sería un milagro que se dañe la economía y que no crezca la cartera embromada, emproblemada, en las corporaciones de ahorro y vivienda.

El negocito de la segunda vivienda

Se me olvidaba mencionar algo: soy de los que están muy impresionados con el negocito ese de la segunda vivienda que van a montar en algunos sitios de la Costa Norte. Es una vivienda para gringos, básicamente, para inversionistas extranjeros, o si no, por qué tantas gabelas, en contraste con lo cicatera que es esta política oficial en vivienda. Los subsidios a la segunda vivienda es un plan para que gringos o extranjeros compren vivienda en Colombia. Ojalá a los colombianos nos dieran si quiera el 10% de las gabelas que les otorgan a los místeres. Aquí debe de haber más de uno bregando a nacionalizarse por fuera, porque en Colombia es mejor ser extranjero que colombiano.

No se consideran importaciones la maquinaria y el equipo para la infraestructura, como tampoco los materiales y los elementos de construcción. Fácilmente nos van a traer las casas hechas en Miami de una vez en madera y nos las montan aquí en 24 horas, con el menaje para la primera dotación de vivienda, las vajillas, todas esas cosas, vehículo, avioneta o avión y lancha, todo por cuenta de la generosidad del doctor Uribe y para generar confianza inversionista. A los inversionistas y desarrolladores de renta y complementarios por esos ingresos, ¡nada! Contratos de estabilidad jurídica a 20 años, que les garantizan que no les subirán los impuestos. A los colombianos sí no los van a subir, pero a estos místeres no, porque ellos son los místeres. A los compradores no les van a cobrar por esos negocios ni renta presuntiva ni declaración de renta, ni impuesto al patrimonio, ni ganancia ocasional. Entonces uno dice, bueno, pero si a unos inversionistas extranjeros se les brindan todas las gabelas del mundo, a los criollos, incluidos los cartageneros, que son tan pobres, ¿qué les estarán ofreciendo? Que van a ser meseros en esas urbanizaciones, me imagino.

Quiero llamar la atención sobre otro asunto. Si yo tengo una casa cerca de Cartagena, una casa de cien metros, a cien millones, por poner un número cualquiera, se me desvaloriza en la misma proporción de las exenciones que les dieron a esos inversionistas. Esta es parte de la discusión. Es decir, cuando los precios de los carros nuevos bajan, nos bajan a todos los precios de los carros viejos. Aquí pasa lo mismo. Si yo hago un apartamento de unas especificaciones determinadas con una plata baja, porque me llenaron de exenciones, todos los apartamentos iguales a ese se desvalorizan en la misma proporción y a los arriendos les pasa lo mismo. Sería interesante discutirlo. Es que aquí llenan de garantías a los inversionistas de las zonas francas y no nos dicen qué le pasa al industrial que está al lado y que no cuenta con esas mismas gabelas. Al tipo que hace baterías, por poner un ejemplo, con unos costos de producción determinados por la estructura tributaria del país, ¿qué le sucede cuando al lado se pone otro a hacer lo mismo, pero con menores gravámenes? Y otra pregunta, ¿cuánta plata se va a lavar, cuántos van a ser los fraudes? ¿Tiene el Estado como controlar que esos de la segunda vivienda de verdad sean místeres de segunda vivienda o aquí lo que va haber es una triangulación de dineros que salen de Colombia, le llegan al bolsillo a cualquiera en el exterior y después nos los presentan como de segunda vivienda de algún inversionista extranjero?

Si no cambian las políticas, no van a cambiar los problemas. Si la gente se sigue muriendo de hambre, si sigue empobrecida, si sigue el desempleo, aquí no va haber buena vivienda nunca, porque la gente no tiene con que pagarla y porque el Estado tampoco tiene con que financiarla. Y si además el Estado se despreocupa y desinteresa, como sucede en Colombia, las cosas seguirán iguales.

No se propone nada serio, ministro, para cambiar el orden de cosas. Ese lío de la movilización de los subsidios y de los créditos va a seguir ahí. Ustedes no proponen nada que valga la pena para cambiar esa circunstancia. Viene además la caída de la economía, que a mí me preocupa bastante, ojalá me equivoque, pero soy de los que piensan que la situación se va a poner muy difícil.

Por último, enfatizo otra vez mi rechazo a que nos pinten diez huevos, hagan un huevo y cacareen 50. Nos ofrecen pajaritos de oro, después no cumplen y hace mucho menos de lo que dicen, pero, eso sí, cacarean y cacarean y cacarean, ministro, definitivamente una mala manera de gobernar a Colombia.

Réplica a las intervenciones del ministro

Me ratifico en todo lo que dije en mi intervención. Nada de lo que oí decir después me lleva a cambiar ni uno solo de los puntos de vista que expresé.

Aprovecho para llamar al gobierno a que resuelva el paro de los camioneros, que se ha venido alargando y cada vez está más complicado. Allí hay un número grande de compatriotas que están perdiendo sus camiones, el patrimonio de toda su vida, su fuente de trabajo. El gobierno contrajo con ellos unos compromisos y aprobó unas normas que deben cumplirse, porque o si no, va a seguir haciendo carrera la idea de que cuando se trata de unos, entonces las leyes son inmodificables y se aplican a rajatabla, pase lo que pase; pero cuando se trata de los pobres, entonces las leyes se vuelven flexibles.

A mí no me satisfacen sus explicaciones, señor ministro. Trata usted un poco como de echarles la culpa a cosas que están por fuera de su control en muchas de las críticas que se le hacen a la política de vivienda. Puede que en lo inmediato tenga razón y que falte el sello de no sé quién, pero es que este gobierno lleva seis años en lo mismo. Aquí estoy es haciéndole un juicio a la política de este gobierno. Son seis años y nada se modifica. Nos alegan que las normas de 1997 podrían servir si se aplicaran. El punto es que no han servido, ministro. Frente al problema gravísimo de la tierra, para qué seguir entonces diciendo que con las normas de 1997 es suficiente. El doctor Uribe lleva seis años, y no las hace cumplir o no es verdad que sean suficientes. Si hay que hacer modificaciones en la administración municipal, es la misma coalición de gobierno la que está mandando en los municipios y en los departamentos en Colombia, los mismos uribistas. No puede ser que se parcele el poder del Estado para que nadie responda. Señor Alcalde tal cosa, no, yo no puedo porque el Ministro. Ministro tal cosa, no, yo no puedo porque el gobernador. Pero todos son uribistas, todos son de los mismos partidos políticos del Presidente de la República. Uno sí esperaría entonces que obraran en consecuencia y resolvieran los problemas. Es lo mismo que pasa con los compatriotas que acabamos de ver aquí (se refiere a tres dirigentes de organizaciones de vivienda que hicieron conmovedoras explicaciones de cómo los están expulsando, con la policía, de sus viviendas). Creo que todos estamos conmovidos ante el hecho de que a unos colombianos les están quitando sus casas. Llevan años suplicando, planteando, diciendo. Ellos aseguran que los bancos los atropellan, que les violan las normas, etcétera, etcétera, y el problema no se resuelve y el hecho cierto es que seguimos viendo en la televisión cómo los desalojan a la brava y cómo la policía arremete contra ancianos y niños y el problema no se resuelve. Ministro, tomen las medidas para resolverlo.

De todo eso que usted expresó aquí no le cojo sino una frase, en cierto sentido la única que le comparto de verdad: están perdiendo las casas no por culpa de ellos. Todos sabemos cómo a unos sí los rechazaron y a otros no con la crisis de 1999. Esta es una responsabilidad del gobierno, les digo con todo cariño a los que están en esta batalla y sufriendo como están sufriendo. Aquí el pleito principal es con el doctor Álvaro Uribe Vélez, que es quien tiene el poder suficiente para mover las cosas en Ministerios o en Superintendencias y para aprobar las nuevas leyes. Yo les quiero llamar la atención para que ustedes no se hagan ilusiones. Aquí en el Congreso legislan los que detentan la mayoría y esos son los uribistas. Y si el Presidente de la República no les dice que legislen, pues no legislan y menos en asuntos económicos, porque en asuntos económicos la Constitución colombiana establece que el Congreso solo pueden actuar con orden o autorización del gobierno nacional. Solo con la venia del presidente de la República puede el Congreso tramitar leyes que tengan que ver con asuntos de plata, como es este que estamos padeciendo.

O este problema lo arregla el Presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, o a ustedes les van a quitar a todos sus casas, salvo que la lucha social y civil lo impida. Pero legalmente el resorte lo tiene el presidente de la República, que es a quien hay que hacer la exigencia. En este sentido le llamo la atención al gobierno nacional para que resuelva el caso, porque la solución no puede ser la que estamos viendo aterrados todos los días en los medios de comunicación. Cómo van desgranando casas y apartamentos y sacando a la gente al hambre y a la pobreza.

Por último decir esto: me confirmo en la idea de que en cuanto a metas, la política de este gobierno es un fracaso rotundo. Son metas que el propio gobierno se puso, no nosotros. El gobierno dijo que en el pasado cuatrienio, 2002-2006, haría 400 mil soluciones, y entregó 248 mil.

O sea, un fracaso rotundo. Quedaron lejísimos de la meta, apenas en el 60%. Un fracaso rotundo, eso no tiene la menor discusión. Y en lo que va de este gobierno, en el segundo período del doctor Uribe, el fracaso también es evidente. Hablaron ustedes de 800 mil viviendas, y deberían ir en 414 mil, porque son 830 mil casi, pero apenas van en 223 mil. Deberían ir en la mitad, en 400 mil, y repito, son metas que se pone el gobierno y yo me limito a hacer el balance sobre ellas, porque no puede ser que saquen pecho sobre lo que se proponen y cuando no cumplen se queden calladitos. Si no pueden, entonces no se pongan metas tan altas para que no hagan demagogia. Sería lo menos que uno les pediría. Si ustedes hubieran dicho que en el primer período iban a ser 250.000, bueno, pues habrían cumplido, pero no puede ser que digan que van a haber 400 mil, no hagan después sino la mitad y saquen pecho de todos modos.

También me ratifico en la denuncia que hice y que me parece muy grave. Me parece inaceptable que en esas 800 mil soluciones metan más de 300 mil que son subsidios de 108 mil pesos. Y descubrí que, por ejemplo, los del Chocó son de 91.000 pesos. Esto es casi increíble. Me imagino que cuando hablen en grande van a poder titular por ahí a 30 mil pesos, y esto sí les va a salir políticamente muy bien, igualar subsidios de 8 y 7 millones de pesos, créditos de 15 millones con subsidios de 90 o de 100.000 pesos. Luego me ratifico en una idea que es mi resumen de este debate: el gobierno nos ofrece diez pollos, entrega uno y cacarea 50. Nos ofrece diez casas o apartamentos o subsidios o como se llamen, hace uno y cacarea 50. Cierto, es un estilo políticamente muy rentable, pero que tenemos que denunciar porque es una mala manera de gobernar un país, así el doctor Uribe ya vaya por allá en el 115% de respaldo en las encuestas. Con este sistema estadístico no me sorprende que esas cosas sucedan.

Información relacionada:

1. El Drama de la vivienda en Colombia y la política del “sí se puede”, 1985, El Áncora Editores:
2. Vivienda. (El problema de la vivienda tiene causas conocidas)
3. Las cinco “D” de Carmelo o el drama de la vivienda en Colombia.

El pretexto, la “utilidad pública” y el “interés social”

El enorme déficit de vivienda, dura expresión de la pobreza. La culpa de la pobreza es de los malos gobiernos. Los llamados macroproyectos de interés nacional se disfrazan bajo el membrete de la utilidad pública, el progreso y el interés social. Se va a arrasar una zona histórica de Manizales. 233 manzanas y 2.660 viviendas, un enorme costo social y económico. Un negocio de especulación inmobiliaria financiado en buena parte con fondos públicos. Con Uribe, la plutocracia anda al galope. 92 por ciento de la gente de San José en los estratos uno y dos.

Lo primero, expresar mi inconformidad por la ausencia del señor ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctor Carlos Costa Posada, citado a este debate. Me parece que la excusa que presenta es insuficiente. No creo que podamos aceptar una excusa que diga que por motivos ajenos a mi voluntad… No, debería explicar en qué consisten. El ministro está además obligado a entender en detalle estos asuntos, porque son de su Ministerio.

Mi debate va a versar principalmente sobre un proyecto de desarrollo urbano que se pretende adelantar en Manizales. Y hay en otras ciudades proyectos parecidos. En Barranquilla, en Medellín y creo que en Bucaramanga. Y en ese sentido, es un debate que resulta ser de interés nacional, pero me voy a concretar al caso de Manizales, una ciudad donde se van a derribar 2.660 viviendas y edificaciones, con un impacto social y económico supremamente grande.

El enorme déficit de vivienda, dura expresión de la pobreza

Antes de entrar en materia, permítaseme hacer un par de menciones importantes. Se me ha ido volviendo como obligatorio hacer este tipo de aclaraciones, porque hay colombianos que no entienden por qué yo discuto ciertas cosas y por qué insisto en que el país está muy mal. Muchos compatriotas que no conocen estadística o que no han salido al exterior pensarán que Colombia está muy bien. Voy a dar cifras comparativas para mostrar lo mal que está el país en el terreno de la vivienda. Por ejemplo, el déficit de vivienda en Colombia es porcentualmente diez veces más grande que el de Estados Unidos, veintiún veces peor que el canadiense y treinta y un veces peor que el de la Unión Europea. Entonces, cuando discuto aquí, estoy es analizando por qué funciona tan mal la economía y la sociedad colombianas y por qué aquí no podemos tener lo que tienen en otros sitios. Ese es el fondo del debate. Es decir, por qué el capitalismo colombiano es un capitalismo tan perverso, tan subdesarrollado, tan incapaz de atender problemas como lo hacen otros países, y no estoy afirmando que esos otros países sean el paraíso terrenal ni mucho menos, pero por lo menos las cosas no se ven tan mal como aquí. Repito, el déficit de vivienda en Colombia es treinta y un veces peor que el de la Unión Europea. Este es el punto de la discusión. Por qué el capitalismo de allá funciona con diez o quince por ciento de personas en la pobreza y el de aquí con sesenta o cincuenta o setenta por ciento. Por qué esos países, también capitalistas, se mueven con desempleos del cinco, del seis, del diez por ciento, y aquí podemos hablar del veinte o del treinta o del cincuenta por ciento, dependiendo de si incluimos el empleo informal. Es un punto crucial.

Este enorme déficit de vivienda es al final otra dura expresión de la pobreza. Nadie que perciba buenos ingresos lo padece, porque puede comprar o arrendar una vivienda adecuada a sus necesidades. Y entonces aquí volvemos a caer al mismo punto. La pobreza de Colombia es bochornosa, escandalosa. Las últimas cifras que acaba de dar el gobierno son terribles, aceptando que esas sean las cifras, lo que yo dudo mucho, porque este gobierno ha ganado justa fama de paisajear las estadísticas, como se dice, de maquillarlas mediante distintos mecanismos. Y sin embargo, el propio gobierno reconoce que en el 2008, después de tres años de crecimiento económico más o menos bueno, la mitad de la población está en la pobreza. Ya en este momento tenemos que estar peor y el año entrante, peor todavía. El modelo económico colombiano es tan perverso, tan poco apropiado a las necesidades nacionales, que los pobres no disminuyen de verdad ni siquiera cuando la economía crece. Es uno de los grandes escándalos nacionales. La desigualdad social es de las peores de América y del mundo, desigualdad en que hago énfasis, porque explica las dos cosas: una, la extrema pobreza, que en últimas explica la extrema riqueza, y, dos, por qué hay tanta gente de las capas altas que adora a este gobierno: porque les ha ido de maravilla, como a gatos de tienda, suelo decir, gordos y lustrosos. Pero al país le está yendo muy mal.

La culpa de la pobreza es de los malos gobiernos

¿Qué explicación le damos en Colombia a estas tragedias sociales? Pienso que no caben sino tres. Una, que vivamos en un país sin recursos, sin posibilidades, sin riquezas, o muy pequeño. Pero no, Colombia tiene más de un millón de kilómetros cuadrados, costas en los dos mares, aguas de sobra, tierras, todos los climas, o sea, es un país rico, un país maravilloso. Entonces aquí no quedan sino dos posibilidades. O el país funciona tan mal y hay tanta pobreza y tanta miseria y tanto sufrimiento porque los colombianos son vagos, perezosos y brutos y no les gusta trabajar y ese es el castigo a su negligencia. O el país ha estado mal gobernado, mal dirigido. La culpa la tiene la gente o la tienen los dirigentes. Es así de simple. Y cuando señalo a los dirigentes no lo hago como un asunto personal, sino de las políticas. Soy de los que piensan, por razones de principios y por razones de análisis históricos, que el pueblo colombiano es tan bueno como el mejor. Tenemos 45 millones de colombianos que como pueblo son tan buenos como los mejores de Estados Unidos o de Europa o de Japón o de cualquier parte. Contamos además con riquezas naturales de sobra.

No encuentro entonces aquí sino una sola responsabilidad. La culpa es de los dirigentes. Colombia ha estado mal dirigida, mal gobernada, no porque nuestros dirigentes sean brutos, sino porque aplican políticas que no impulsan el desarrollo nacional, pero que a ellos sí los favorecen. Parte del drama del país es que nuestros dirigentes lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Es gente a la que le va bien aun cuando al país le vaya mal. Y entonces les parecerá que las cosas así están bien y no intentan modificarlas, cosa que tampoco ha intentado hacer de ninguna manera el presidente Uribe. El régimen que se sigue montando en Colombia profundiza la desigualdad, empobrece a la gente y arruina a los pequeños y medianos empresarios. Y vamos a ver, señor presidente, cómo en este debate vuelve y se configura el caso. Este es un debate para mostrar cómo, detrás de los negocios de tres o cuatro en Manizales, se va a sacrificar a mucha gente. Por qué. Simplemente porque son pobres y habitan unas tierras a las que otros les llevan ganas. Cometen el crimen de ser pobres y de estar viviendo en unas tierras supuestamente demasiado buenas para ellos, y entonces hay que montar un proyecto de desalojo aquí y en otras ciudades, que apunta a sacrificar a muchos para beneficiar a unos cuantos.

Los llamados macroproyectos de interés nacional

¿Cuál es el origen del plan de renovación urbana de la Comuna San José en Manizales? El Plan Nacional de Desarrollo, o sea, la Ley 1151 de 2007, que en su artículo 79 impulsa los llamados macroproyectos de interés social nacional para “promover la disponibilidad de suelo”. Ojo a lo que dice la ley: promover la disponibilidad de suelo. Son proyectos que apuntan a conseguir suelo para la ejecución de programas, proyectos u otras obras de “utilidad pública” o de “interés social”. No nos confundamos con lo del interés social. No hay ley en Colombia que no busque como propósito el interés social, entre comillas. En la presentación de este, todo es interés social. Y sin embargo, lo cierto es que cada vez están peor las relaciones sociales. Es algo bien curioso. Todo lo que aprueba el gobierno dizque tiene como beneficiarios a los pobres y a las capas medias, y nunca habían estado peor los pobres y las capas medias. Luego eso es pura fraseología.

Repito: ¿cuál es el propósito del artículo 79? Promover la disponibilidad de suelo. En esto voy a hacer hincapié a lo largo de la charla, porque cuando miremos el mapa, encontraremos que parte de la zona afectada es una zona donde hay viviendas en riesgo, principalmente de deslizamiento. Y entonces en Manizales se viene presentando lo de San José como un proyecto para beneficiar a los afectados por el riesgo de deslizamiento. Y resulta que eso nada tiene que ver con lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo no habla de que estos proyectos sirvan para atender problemas de deslizamiento, sino, repito, para promover suelo. Señala el Conpes 3583 del 2009 que la dificultad para desarrollar estos macroproyectos es la escasez de suelo urbano. Tampoco menciona el problema de los deslizamientos. No, los macroproyectos son para enfrentar un problema al que ellos llaman “escasez de suelo urbano”. ¿Y para qué conseguir suelo urbano? Para hacer negocios de construcción.

Este es el primer hecho que quiero dejar en claro y que es bueno que los manizaleños entiendan. Que en esta zona existan unas viviendas en riesgo resulta ser una casualidad de la política. Y que lo están utilizando para embellecer el proyecto, queda bien claro, pero esa no es la razón de ser del proyecto. Y vamos a ver cómo la mayor parte de las viviendas que van a tumbar no son las que están en zona de riesgo, y allí no cabe entonces el argumento que han estado esgrimiendo. Ya lo mencioné pero quiero reiterarlo, proyectos similares a estos hay en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, y probablemente se estén estableciendo otros. El proyecto de Ciudad Victoria en Pereira es más o menos lo mismo. Cogieron a un sinnúmero de pobres que poblaban una zona central de la ciudad y los sacaron para montar un desarrollo de lujo a partir de unos hipermercados y obras de ese corte. La lógica no es nueva. Todos ellos obedecen en últimas a políticas de desarrollo urbano planteadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en últimas los financistas de los estudios y de este tipo de proyectos, y en parte los financistas de la política de subsidios de vivienda, que en últimas se terminan aplicando también aquí. Como decía Jaime Garzón: “y el gringo ahí”. Siempre está ahí, definiendo la política, trazando la orientación. Y eso sin las bases militares. Cómo irá a ser ahora con las bases. Cómo irá a ser la respirada en el pescuezo que les van a meter a todos los colombianos los gringos de las bases.

Una zona histórica de Manizales

En el mapa que está en la pared y que los senadores y quienes ven el debate por televisión pueden observar, espero ubicar a los que no son manizaleños o a quienes no conocen bien la ciudad para que se sepa de qué estamos hablando. En el área en colores es donde se va a desarrollar este proyecto de renovación urbana. Es lo que conocemos en Manizales como la Comuna de San José. Es un área histórica de la ciudad, desarrollada por allá desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Muy central. Aquí donde señalo es la Catedral y la Plaza de Bolívar, o sea, el puro centro de la ciudad. Muy cerca de la Plaza de Bolívar.

Toda la gente que vive aquí viene a pie a la Plaza de Bolívar y al área comercial de la ciudad. Manizales es una ciudad que tiene muy concentrada su economía en este sector. Esta que señalo es la plaza de mercado o galería, como llamamos en Manizales y en la zona del antiguo Caldas las plazas de mercado. Esta es la Universidad de Manizales y estos son barrios ya de ingresos superiores. Pero esta de San José es una zona muy popular. Esto que estoy marcando es como un borde urbano y por aquí corre una vía que quieren hacer. Ahora voy a hablar de ella, pero por el momento se la muestro a ustedes como un borde urbano. A este pedazo de aquí lo llaman la Ladera Norte. Es una zona bastante más popular. El mapa que estamos viendo, vale la pena advertirlo, es de cómo quieren los urbanistas que sea la zona hacia al futuro. No exactamente como es hoy. Hoy, en esta zona hay viviendas de estratos uno y dos, muy populares. Esta parte de aquí es la zona donde puede haber viviendas en riesgo. Lo mismo aquí, por la vieja entrada a Manizales desde Medellín, toda esta vía. Y esto sin duda es una zona de una topografía bastante fuerte, donde hay viviendas en riesgo. ¿Cuántas? Es otra discusión.

El área en colores, la de la renovación, es una zona que en las condiciones de Manizales se considera plana. Puede que no tan plana como la de otras ciudades, pero en Manizales, sí. Estas tierras son urbanísticamente muy deseadas, siempre lo han sido, porque conseguir en Manizales tierras planas y con servicios públicos no es cosa fácil. Dejemos entonces planteado el tema. Están afectando una zona con una ladera más o menos fuerte, aun cuando no tan fuerte en todas partes. Por ejemplo, esto es lo que llaman el plan de la Avanzada, una zona que tampoco es de tanta ladera y, en las condiciones de Manizales, bastante plana. Por aquí bajan y suben automóviles. Recordemos otra vez que Manizales es una ciudad de topografía muy fuerte. Pedazos con topografías tan fuertes hay muchos más, estos de aquí, por ejemplo, o estos de aquí. Tampoco piensen los que no conocen a Manizales que solo este es el sitio de las laderas. No, Manizales es una ciudad de montaña con todo lo que eso significa, como puede serlo Medellín u otras.

En esta área de aquí, la llamada Ladera Norte, el proyecto pretende derribar unos 961 predios, para reemplazarlos por estos que aparecen aquí de amarillo. Estos amarillos son los nuevos. Y en esta área de aquí pretende derribar 1.700. Esta raya que pasa por aquí es la Avenida del Centro. Fíjense ustedes que es una zona bien servida por una avenida. Aquí le acaban de hacer un intercambiador vial supremamente grande. Esta raya que rodea la zona lila es una vía que quieren hacer y sobre la que me voy a detener. Échenle ojo a esta vía, porque la idea es no volver a repetir el mapa. La van a llamar el par vial de la Avenida Colón, o Avenida Colón, que empata por aquí con esta zona de la ciudad y por aquí con esta otra zona. Desde ya advierto que la Avenida Colón no va a ninguna parte. Solo da una vuelta aquí y se devuelve o de pronto sale por aquí, pero es una vía que realmente tiene como propósito justificar la tumbada de todas estas casas, porque no encuentran cómo derruirlas sin justificación. Es uno de los grandes exabruptos del proyecto, una vía que vale 90 mil millones de pesos, simplemente para utilizarla como pretexto para tumbar unas casas y desalojar a un sinnúmero de pobres que les estorban en ese sitio, una vía que realmente no se necesita, la ciudad no la necesita. La zona perdió congestión. Era una zona relativamente congestionada de la ciudad, porque tiene aquí la galería y tenía aquí era la terminal de transporte, que ya quitaron, o sea, que ese factor de congestión vial desapareció. Los estudios que ha hecho el proyecto no toman en consideración los cambios viales y urbanos que ha habido en la zona.

Espero que con el mapa haya quedado claro de qué estamos hablando. Reitero entonces, es una zona central ocupada por sectores populares. El riesgo afecta a unas viviendas, pero no a todas. La parte principal del proyecto es obvio que carece de cualquier riesgo que no sea el normal de todas las ciudades de Colombia, donde puede haber sismos y este tipo de cosas. Y lo que están es buscando tierra barata y urbanizable para hacer un proyecto de especulación con suelo urbano. Lo que proyecta el municipio es comprar o conseguir tierras relativamente baratas para revenderlas más caras. Eso lo explica el ministro con todo cuidado. Insisto, son 2.661 predios, de los cuales por lo menos 2.000 no están en riesgo y no hay pretexto para tumbarlos, como quieren hacer. Todavía el proyecto está muy en borrador, no hay diseños de detalle. Pero esto son bloquecitos de apartamentos, viviendas de interés prioritario, en esta zona de aquí, las viviendas que promueve el gobierno, más baratas. Y en el resto, van a impulsar viviendas de interés social y cambios de usos de suelo. Van a tumbar, por ejemplo, un colegio que tiene la diócesis ahí, un buen colegio, y no entiendo por qué. Se están inventando un supuesto parque de desarrollo tecnológico, y bien curioso que se quiera poner allí. Hablaron de un comando de la policía, pero después dijeron que no. De un desarrollo de edificios de justicia, y después dijeron que no. En síntesis, buscando cosas que hacer allí que permitan justificar el derribamiento de todas estas edificaciones.

Enorme costo social y económico

Este es un proyecto que va a afectar negativamente a toda esta gente que vive allí y va a beneficiar a unos cuantos, en primer término, a los constructores de todas estas viviendas. Hablan de 5.500 apartamentos. Falta ver cuántos serán al final, pero habrá un número importante y los constructores se van a ganar un montón de plata. También los banqueros que financien las obras. Con el proyecto se hará política de lo lindo. Imagínense arriando electores a las urnas con todos estos contratos de obras públicas. Ahí fácilmente está elegida la mitad del concejo de Manizales, para no mencionar todas las placas de mármol que se destaparán cada vez que inauguren una obra. Las razones por las cuales hay sectores minoritarios interesados en el proyecto son muchas, no tengo la menor duda, y eso no está en discusión. Advierto además, que no me opongo a que haya desarrollos urbanos, lo advierto desde ya, ni a que se promuevan las empresas constructoras, ni a que se hagan negocios. Ese no es el punto. El punto es si es así como se deben hacer las cosas, si para que unos pocos se beneficien hay que sacrificar los intereses de tanta gente.

El otro punto que es bueno que se conozca, muy discutible también, es cómo se va a financiar todo el proyecto. Esto vale un montón de plata. La financiación oficial, dice el ministro, es del orden de 251 mil millones de pesos, sin contar los recursos privados que va a haber involucrados allí, sumas supremamente grandes, pero los solos recursos oficiales van a ser de 251 mil millones de pesos. La iniciativa es del gobierno nacional, ya lo expliqué, y el proyecto figura en el Plan Nacional de Desarrollo. De esos 251 mil millones de pesos, el gobierno nacional apenas pone 10 mil milloncitos. Es el esfuerzo del municipio de Manizales el que están involucrando en este asunto. Voy a dar las cifras en números redondos: 88 mil millones de regalías de Aguas de Manizales. Aguas de Manizales es una empresa municipal, digamos, aun cuando técnicamente puede que no lo sea, pero para facilitar las cosas, la presento como una empresa de acueducto del municipio. Entonces una parte bien grande de las utilidades o de las regalías, como se quieran llamar, que produce esa empresa, se va a gastar allí. Pero ojo, no olvidemos que como la mayoría de la gente que paga servicios públicos es gente pobre o de escasos recursos o de capas medias, estamos hablando de una fuente de financiación que proviene de los sectores populares, de las gentes del común, no de grandes empresarios ni de grandes monopolistas. Otras empresas de servicios públicos, sin especificar cuáles, van a poner 26.702 mil millones. Cabe aquí el análisis anterior. Es otra vez la gente del común, los manizaleños, los que están financiando la operación.

Vigencias futuras del municipio: 126.265 millones. A esto le cabe una observación: son vigencias futuras extraordinarias, porque ya las vigencias futuras ordinarias están comprometidas, porque se las gastaron en otra alcaldía. La actual alcaldía se inventa entonces algo llamado vigencias futuras extraordinarias. Solo este hecho ameritaría ya un debate. ¿Tiene sentido dejar al municipio endeudado y embarcado por todos los años que cubra este asunto de las vigencias futuras, que no es otra cosa que gastarse la plata que no tienen? ¿Cuáles serán las tasas de interés de los créditos que hay detrás? Esto da 241mil millones, y 10 mil milloncitos, repito, los pone el gobierno nacional, que hasta donde sabemos, se van a aplicar en parte o en todo en desarrollar unas viviendas en una zona distinta, adonde van a pasar a un cierto número de familias (de las de este caso). Porque desde ya digamos que aquí hay un lío complicado. El gobierno nos va a aducir que a las personas desalojadas las van a asentar ahí mismo. Yo creo que no y este el centro del debate. Y empiezan mal, claro, porque para poder tumbar lo que hay necesitan ubicar a la gente en alguna parte. Y desde ya están hablando de construir mil apartamentos en los extramuros de la ciudad, plan que le quita a la gente la única ventaja que tienen, y ojo con esto, porque es uno de mis alegatos principales. Es gente muy pobre mucha de ella, que no goza en Manizales sino de una ventaja frente al resto de la población, y es que están cerca del centro. Un número muy grande de la gente que vive en el sector trabaja allí mismo, en la zona de la galería, o como vendedores ambulantes, en fin. Y hay muchos negocios de talleres y buena actividad. Pienso que esa gente no se va a quedar allí. Esa es parte de la discusión principal. Y tan no se va a quedar allí que ya empezó a caminar un proyecto para desplazar a muchos de ellos, por lo menos mil apartamentos hacia una zona de la ciudad bien lejana del centro, según están diciendo, por el Barrio El Solferino, o sea, a una distancia bien grande, como lo saben los manizaleños, lo que les quita, repito, la principal ventaja que tienen en Manizales y es estar cerca del centro. Hoy no tienen que gastar buses para ir a trabajar, pueden ir a almorzar a la casa, cosas que para la gente de estratos uno y dos son de gran importancia.

Un negocio de especulación inmobiliaria

¿Cuál es el fondo del asunto? Este es uno de los puntos más discutidos. Lo que hay aquí es un proyecto especulación inmobiliaria que consiste en qué: sacar estas familias y reemplazarlas indefectiblemente a todas o a casi todas por gente de estratos económicos superiores. Comprar la tierra a un precio y revendérsela a los nuevos habitantes a un precio superior. Un proyecto de especulación inmobiliaria, así de simple. El Estado aparece poniendo todo el peso de su poder para comprar tierras baratas mediante la coacción, porque ahí nadie quiere vender ni quiere irse. Los van a obligar volcándoles el peso de la ley con el cuento del progreso, la utilidad pública y el interés común. Desalojan a casi todos los actuales moradores y después el municipio se posesiona y desarrolla proyectos en los que las tierras se venden más caras. Ese es todo el cuento. Y a mi juicio, quienes hoy las habitan no pueden volver porque no son capaces de pagar casas más caras, así de simple. Es además una práctica muy vieja, lleva siglos desarrollándose. Yo soy arquitecto, de esto estamos hablando en el mundo desde hace muchísimos años. Hay los libros que ustedes quieran al respecto.

Miren cómo lo explica el ministro. Me excusan que lea pero este es un punto crucial. El ministro lo admite con toda franqueza y yo saludo que se hable con franqueza. Dice: “El suelo de La Avanzada”, o sea este de aquí (de la Ladera Norte), donde se construirán unas viviendas que ellos llaman subsidiadas, se subsidiará “con otros terrenos que se destinarán a viviendas de estratos medios y de actividad comercial”. Fíjense ustedes, con otros terrenos se subsidiará la operación. “Asimismo las zonas recuperadas y renovadas podrían obtener estratos superiores”. Es una redacción bastante confusa pero queda claro de qué están hablando. Se trata de cambiar la estratificación de la zona para poder hacer esta operación. Miren otra más clásica y todavía más precisa. Dice: “El mayor valor del suelo obtenido de la operación urbana”, ¡el mayor valor del suelo obtenido de la operación urbana!, “en la unidad de ejecución estadística No. 1, par vial Avenida Colón”, o sea esta parte de aquí, “se destinará al apalancamiento de los equipamientos comunitarios y especialmente al desarrollo de la ejecución de la unidad urbanística Nº 2 avanzada proyecto de vivienda interés social Minambiente”, o sea, a construir esto aquí. Pero es en esencia un proyecto de especulación inmobiliaria en que se gastan la plata, y me imagino que el ministro dirá que la causa es noble y no sé qué, comprando tierras baratas para después revenderlas caras y financiar ciertas cosas. Y al revenderlas caras, sacan a la gente. Inevitable, porque casi nadie puede pagar ese mayor valor.

Dice también el Ministro que para alcanzar a cubrir el valor total del proyecto, “el municipio de Manizales deberá apalancar recursos, para lo cual se utilizarán los generados de la plusvalía de la zona mixta y el parque tecnológico, toda vez que los demás proyectos no producen utilidad”. La misma historia, sin entrar en muchos detalles. La plusvalía que se obtenga, la valorización, o sea, la especulación inmobiliaria que se haga en unas zonas del proyecto, financiará obras en otras zonas. Está perfectamente claro que se trata de coger estas tierras, comprarlas baratas y revenderlas caras, y con las utilidades emprender planes de construcción. Por qué tienen que ser estos miles de personas quienes paguen las cosas que se hacen es mi discusión de fondo. Quién los escogió a ellos, y por qué ellos y no otros. Además de ser pobres, cuál es el crimen, porque aquí hay un montón de gente con casas si ustedes quieren pequeñas, pero donde están vivienda tranquilamente, y hay negocios y otras actividades.

Uno de los peores aspectos del proyecto es lo que llaman la Avenida Colón. Me parece realmente dramático. Soy arquitecto y algo entiendo de estas cosas. Es una vía que no va a ninguna parte, como lo sabemos los manizaleños. Ahora, no es una vía de menor cuantía. Cubre 3.700 metros, casi cuatro kilómetros. De tres carriles en cada sentido. Y la ponen a serpentear por el sector con el propósito de poder tumbar todas estas casas. Porque, claro, uno de los líos más complicados que enfrentan los proyectos de renovación urbana es cómo quitarle la casa a la gente. Nadie se quiere ir. Las gentes viven ahí tranquilas. Tienen sus amigos, sus familiares, sus negocios, sus locales, muchas veces en las propias casas, alquilan piezas, manejan tiendas, y un buen día llega el municipio y con el cuento del progreso les dice, ustedes se me van de aquí. La gente, como es obvio, resiste. Resulta entonces muy fácil, y esto se ha hecho históricamente, trazar vías, sea que se necesiten o no, y utilizarlas para tumbar las casas en nombre del progreso, de manera que quien se oponga, queda como enemigo del progreso. Es el otro problema que presentan estos debates. Si uno pone en duda lo que están haciendo, lo discute o se opone, uno aparece como enemigo del progreso. Lo que pasa es que esa es la discusión, qué es progreso. En Bucaramanga, me informa aquí el senador Reyes, están haciendo algo parecido. ¿Tumbarle la casa a la gente es progreso? O progreso es atender esas necesidades que hay allí, las zonas de riesgo, mejorando el entorno, generando desarrollo, haciendo inversiones y tantas otras cosas, mediante proyectos más sensatos, más ajustados a la realidad, más respetuosos con la gente. A mí este proyecto, lo he dicho muchas veces, me recuerda que Nerón quemó a Roma para propiciar un proyecto de desarrollo, una renovación urbana. Es verdad. A los especuladores les parecía que estaba muy fea la ciudad y le metieron candela para conseguir tierras baratas. Esa es la historia del urbanismo mundial. Lo de Manizales no es lo mismo, pero se parece. Porque estamos hablando de un impacto bárbaro. Este número de predios en una ciudad relativamente pequeña como Manizales es de un impacto feroz.

La vía cuenta además con quinientos metros de empalmes, glorieta con accesos elevados, dos puentes con sesenta metros de luz y acceso a desnivel en la Avenida del Centro, y está a menos de dos cuadras de distancia de la Avenida del Centro, un sobreequipamente por completo innecesario, salvo que se actúe con la lógica de Pambelé, según la cual es mejor tener más que menos. Pero el problema es que nos gastamos en esa vía ¡90 mil millones de pesos!, que le hacen falta a Manizales, una ciudad llena de problemas. Entonces mi pregunta es, ¿se justifica tirar 90 mil millones de pesos en esa vía? No, invéntense otra cosa, sean más ingeniosos para propiciar negocios si eso es lo que quieren. No voten la plata, les quiero enfatizar, no voten la plata como lo están haciendo.

92 por ciento en los estratos uno y dos

¿Cuál es el nivel de pobreza, particularmente el de la zona norte? Un 24 por ciento de la población está desempleado. Hay 40 por ciento de trabajadores independientes, 28 por ciento en actividades informales. Entre el estrato uno y dos está el 92 por ciento de los habitantes de la zona, y en el tres, el ocho por ciento restante. No puedo creer que esa gente sea capaz de quedarse viviendo ahí después de hecho el proyecto. No me dan las cuentas. Hay un número grandísimo de inquilinos, que pagan arriendos relativamente bajos. ¿Se va a quedar ahí esa misma gente? No lo creo. La experiencia nos dice que los proyectos de renovación urbana, como este, que se han hecho en medio mundo, consisten en sacar gente pobre o menos rica, como ustedes la quieran llamar, para traer a otros de mayores ingresos. Y lo que está aquí planteado es justamente eso, ministro, porque ustedes van a inflar los precios del suelo para financiar operaciones. Y al inflarlos, sacan a la gente, que si está ahí es porque esa es una zona de alquileres relativamente bajos y de precios del suelo relativamente bajos, porque si no, vivirían en otras zonas. A mí no me echan el cuento, repito. La historia del urbanismo nos aclara que estos proyectos conducen a sacar a toda la gente, o a casi toda, porque dejarán a tres o cuatro para mostrarlos como pruebas de que sí se quedaron. Los van a usar como a la señora de los tintos que compró una acción de Ecopetrol, y la mostraron en todos los periódicos como la prueba de que a Ecopetrol la estaban comprando las señoras de los tintos. Y resulta que ahí estaba la prueba de que no era así. Es la excepción que confirma la norma. La propia lógica de la especulación del suelo impide entonces que la gente se quede.

Hay otro asunto interesante. Una parte muy grande de las viviendas son de bahareque. Bahareque son esas casas de estructura de guaduas y maderas y tierra. Que sean de bahareque significa varias cosas: primero, que afirmar, como lo hace el ministro, que están en riesgo de sismo no es verdad. Sería una discusión para hacer en detalle, porque si algo conozco es el tema del bahareque, y precisamente la gracia del bahareque es la sismorresistencia, viceministro. Esa es la gracia del bahareque. Por eso Manizales, zona sísmica, es de bahareque, porque si no lo hubiera sido, no se habría podido construir. Ahí llevan cien años esas casas. Dicen también ustedes, es que tienen riesgo de incendio, y es verdad que en el bahareque hay un riesgo mayor de incendio, pero todos los que conocemos a Estados Unidos sabemos que la casi totalidad de las casas gringas son de madera. Decir construcción de madera y deducir que hay un riesgo intolerable de incendio es también una manipulación. Repito, en Estados Unidos el grueso de las casas son de tabla. Y claro, hay un mayor riesgo de incendio que en una casa de concreto, pero eso no quiere decir que haya que derruirlas. Luego aquí surge toda una discusión sobre el riesgo.

Ustedes mismos informan, ministro, que lo que está en riesgo allí no es todo, solo el 67 por ciento. En esta área de aquí, en la Ladera Norte, lo reconocen ustedes mismos, el riesgo no es sobre el ciento por ciento sino sobre el 67 por ciento. Y sin embargo, la van a tumbar toda. Pero además, yo les discutiría el riesgo a los técnicos que a ustedes les hicieron el estudio. Y el riesgo de incendio lo pongo en duda, y el de sismo aún más, porque, repito, si alguna gracia tienen las construcciones de bahareque es su sismorresistencia. Todo el barrio de los Agustinos también es de bahareque, y hay montaña muy fuerte. Buena parte de la zona más céntrica es de bahareque, y ahí está en pie. Si algo ha durado en Manizales y en Caldas y en Pereira y en Armenia y en todas partes, es el bahareque. Entonces decir que hay que tumbarlo no resiste el análisis.

Paso a explicar otro de los puntos más dramáticos del proyecto. Cuando a una persona que habite una buena casa de bahareque, de un piso, de dos pisos, una casa grande donde él y su familia viven tranquilos, llegue a comprarle el municipio, así la pague con todos los avalúos, y suponiendo que no haya corrupción y le dé un trato respetuoso, aun así lo que le paga en últimas es el suelo. Porque en estas condiciones, la construcción de bahareque vale muy poco como edificio. Es la contradicción que encierra el bahareque. Como bien de uso es impecable. Puedo vivir sin problemas en una casa de bahareque si la cuido, como hay que cuidar todas las cosas. Pero a la hora de venderla, como ya no es el bahareque lo que prima, comercialmente el precio se va al piso. ¿Que es lo que pasa? Que yo vendo una casa de bahareque, senador Jaramillo, digamos de 200 metros cuadrados, y con lo que me den por ella no logro adquirir una casa de material de iguales proporciones. Ahí hay una contradicción insalvable.

La misma contradicción que cuando ustedes dicen que van a sacar a los pobres para llevarlos a apartamentos. Primero, apartamentos de 42 metros cuadrados en edificios se vuelven un problema social grave. Una casa de 42 metros es terrible para una familia, pero bueno, se le puede agregar una pieza, se le construye un poquito más. El fenómeno también está estudiado en la historia del urbanismo. Los malos desarrollos urbanos, como es el caso, generan conductas supremamente complejas en las relaciones entre la gente, problemas sociales casi que de imposible manejo. Está estudiado en Europa y en Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Meter a la gente en cajas de bocadillos de 42 metros trae una serie de secuelas, así aquí digan que es una maravilla.

Y ojo, son más caros 42 metros en altura que 40 metros en un piso o en dos pisos, por los costos de la estructura. Entonces seguimos sacando a los pobres, porque no creo que ahí se vayan a quedar. Así es como se presenta, pero no es así, no ha sido así en ninguna parte del mundo. Y los pobres, quiero enfatizar, terminan perdiendo el emplazamiento en el centro de la ciudad. Y cuando digo pobres, estoy diciendo desde pobres muy pobres hasta gente que no lo es tanto. Por ejemplo, al señor que hoy aquí tiene una tienda, que es de propiedad suya o alquilada, a ese lo desplazan, este es un proyecto de desplazamiento urbano. Y al señor que regenta un negocio de reparar bombas de espalda para fumigar cafetales. Esta es una zona de una vida económica riquísima, con todo tipo de actividades. Allí queda el colegio de la diócesis, un colegio bastante bueno, y estuvimos en un acto de protesta con el propio arzobispo de Manizales, Monseñor Fabio Betancur. A mí por qué me van a tumbar el colegio, cuál es el problema que causa mi colegio, se quejaba. Yo pregunto con toda franqueza, aquí está el alcalde de Manizales, ¿puede nuestra ciudad darse el lujo de andar tumbando colegios? ¡No! Cómo no se va a poder hacer ahí un desarrollo de respaldo a la economía y atender los problemas de las viviendas que estén en riesgo, y mejorar la zona, pero no sobre la base de este urbanismo de buldócer y de tierra arrasada. Aquí lo que van a hacer es echar un buldócer para tumbar no sé cuantas manzanas de construcciones, lo que urbanísticamente, arquitectónicamente, es un adefesio. ¡Un adefesio urbanístico, y en pleno siglo XXI! Es una propuesta como del siglo XIX, y puede sonar exagerado, pero me recuerda a Nerón quemando a Roma, un urbanismo que en ese siglo estaba perfecto, pero no hoy, en pleno año 2009 y en Manizales, una ciudad que se precia de ser civilizada y que sin duda lo es, y de gente buenísima. Yo por supuesto no puedo compartir ese tipo de lógicas.

Estoy a favor, señor viceministro, de que atendamos todos los problemas de riesgo que haya allí, pero no con discursitos ideológicos, porque las casas son de bahareque y están en riesgo, pura basura. Soy especialista en el tema del bahareque, y en Manizales hay especialistas por cantidades en el tema. Pregunten en la Universidad Nacional, en arquitectura o en ingeniería civil, si es verdad que hay que tumbar todas las casas de bahareque. Basura. Miremos cuáles son las que están en riesgo, y de qué tipo. Que eso que en ninguna casa el riesgo es mitigable, tampoco se lo creo, me da pena. Si algo se ha hecho en Manizales y en Caldas es mitigar riesgos. Salamina iba a desaparecer hace cincuenta años y ahí está sostenida por trabajos ingenieriles que se han hecho. Esta es una zona donde hay problemas de riesgo y de deslizamiento desde la década del diez del siglo XX, lo expliqué en un libro mío sobre la historia de Manizales. Entonces, analicemos con detalle si esta sí, si esta no, qué le hacemos a esta, qué le hacemos a esta otra, cuidando lo que tenemos. Protejamos lo que tenemos. Esto no pueden ser los negocios de cuatro constructores, los que iluminen el camino, ni los deseos de unos cuantos funcionarios interesados en inaugurar obras relucientes. Es un debate que se debiera hacer con todo rigor.

Que esta es una zona deprimida y con mucha gente pobre y con los problemas que hay en las plazas de mercado y las galerías en Colombia, sí. Pero eso tampoco es un crimen. Los que conocemos el mundo lo sabemos. Delante del parlamento suizo, en Berna, queda una venta ambulante, en todo el parque de enfrente. El mercado de los italianos en Boston es un mercado ambulante. El principal mercado de Barcelona queda sobre Las Ramblas. Entonces aquí nos inventamos el cuento de que donde haya una papaya hay que montarle como un consejo de guerra y perseguir al propietario, porque aquí somos muy modernos y muy desarrollados, y a ver cómo se esconde a los pobres y se los saca de todas partes. Este es un debate de fondo. La civilización no es perseguir pobres, la civilización no es arrasar plazas de mercado, la civilización no es ni siquiera sacar las terminales de transporte del centro de la ciudad. La gran estación de Nueva York queda en pleno Manhattan. Entonces aquí nos parece una genialidad echar diez kilómetros afuera una terminal de transporte que les servía muy bien a los manizaleños, solo para complicarle la vida a la gente y para hacer otro negocio de construcción.

Hay mucha tela qué cortar en Manizales sobre los desarrollos de los últimos años. Se inventaron otra genialidad, que Manizales va a tener, como sistema de transporte masivo, un cable aéreo. Inconcebible. Ojalá me equivoque, pero creo que vamos para un desastre con ese proyecto. Complicándole la vida a la gente, encareciéndole la vida, haciéndoles más largos los recorridos. Un progreso bastante mal entendido.

Mejoremos esta zona todo lo que podamos. Muchas iniciativas se pueden hacer ahí, intervenciones puntuales y demás. Que se quiere estimular el negocio de la construcción y otros negocios, muy bien, que se estimulen, no lo discuto. Yo soy arquitecto. Sé que es un sector económicamente importante, pero, hagámoslo bien, no así.

Hagamos cosas sí, pero no así. No de estas, que no resisten un análisis técnico cuidadoso, respetuoso, democrático, porque este es también un problema de la democracia, manizaleños y colombianos. La democracia no es solo echar un voto en una urna. Les voy a decir algo, señor alcalde y viceministro. Ustedes podrán hacer de San José una zona reluciente, porque estoy seguro de que in pectore se proponen sacar también la galería. Este proyecto empieza aquí y nadie sabe dónde termina. Y ustedes podrán volverlo de estrato cinco o seis, pero no se metan el cuento de que los pobres van a desaparecer de la ciudad. Esos pobres que ustedes van a expulsar de ahí se van para otro lado, porque qué más hacen. ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí en el parque Tercer Milenio? Llega el doctor Peñalosa y tumba no sé cuantas casas, ¿y qué pasó con los pobres, se acabaron? No, no se acabaron. Y qué pasó con esos ciudadanos que vivían en tan terribles condiciones de vida en lo que llamaban la Calle del Cartucho, ¿se acabaron? No, por ahí están, en otro sitio. Tampoco nos echen ese cuento, que también está claro por lo menos desde el siglo XIX.

El proyecto no toma una sola determinación para cambiarles de verdad las condiciones de vida a esas gentes. Determinaciones estructurales. ¿Este proyecto apunta a que esos compatriotas tengan empleo de verdad para que dejen de ser pobres y puedan vivir distinto? Por supuesto que no. El solo hecho de que la zona cambie de estrato saca a los pobres. O cómo hace un pobre, de estrato uno o dos, para pagar tarifas de estrato cuatro o cinco o seis o siquiera de tres, si ustedes además le están quitando los subsidios. Hasta eso los saca. También los saca el impuesto predial, en permanente aumento. Todo los saca. Y ustedes no intentan ni siquiera morigerar las cargas. Entonces mi llamado muy cordial al Ministerio y a la Alcaldía de Manizales es a que replanteen por completo ese proyecto, por completo. Obremos con sensatez, señores, analizando los detalles y no a punta de ideología.

Le cuento algo, señor viceministro. Hay gente en Manizales que está bregando a hacer esta operación tan bárbara desde hace por lo menos cuarenta años. Es una especie de obsesión con los de San José. Hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que sacarlos. Nadie hasta ahora se había atrevido. No me parece tampoco una curiosidad que se atrevan en el gobierno del doctor Uribe. En este gobierno se están atreviendo a lo que no se habían atrevido nunca antes. Aquí había ciertos valores como el del respeto, el de cierta lógica democrática, el de una cierta prudencia del qué dirá la gente. Ahora ¡todo vale! Con Uribe, la plutocracia anda al galope. El cuarto de hora hay que aprovecharlo. Pesquemos rápido, dirán, no sea que se nos vaya el doctor Uribe y se nos embolaten los negocios.

Repito, no me opongo a que se atiendan las zonas de riesgo, no me opongo a que se mejore urbanísticamente la zona todo lo que se pueda. No me opongo a que se estimule el negocio de la construcción o la actividad constructora. Pero no así, señor viceministro.

Réplica a las intervenciones del alcalde y el viceministro

Cuando en algún debate pasado afirmé que el gobierno ofrecía diez huevos, ponía uno y cacareaba 50, tenía que ver con la política de vivienda, viceministro. Todos sabemos que el gobierno está muy por debajo de las metas fijadas. También dije en esos días, ante el ministro Juan Lozano, que me parecía inaudito que 400 mil subsidios de cien mil pesos para legalización de títulos se les sumaran a otros subsidios de millones de pesos para juntar los 800 mil del plan de vivienda que se le presenta a la prensa. A mí ese tipo de trucos me molesta. Ahí es cuando digo que ofrecen diez, ponen uno y cacarean cien.

Cuando mencioné aquí diez mil millones de pesos de aportes hechos por el gobierno nacional para el proyecto de San José, lo hice siguiendo lo que usted me dijo, viceministro (Lee). Si usted me da un dato que no es y usted lo rectifica, no tengo inconveniente en aceptar su rectificación. Pero yo me limité a usar el dato que usted me dio.

Yo no he negado nunca que en San José y en muchos otros sitios de la ciudad haya problemas. Manizales es una ciudad llena de problemas. De entrada, ahí no está sino la mitad de las viviendas en riesgo de la ciudad, y usted lo sabe, alcalde. Con un agravante, y es que la gente sigue ocupando zonas de riesgo, porque es tal la miseria y tan evidente la falta de atención, que el problema no se logra siquiera contener. Se erradican unos barrios, pero vuelve y aparece el lío en otra parte, como creo que va a pasar también aquí. Buena parte de las familias a las que van a sacar de San José terminarán ocupando zonas de ladera en condiciones supremamente difíciles, porque no comparto la tesis de que con un plan de urbanismo se resuelven los problemas sociales de Manizales.

Lamento que las fotos presentadas por el alcalde solo hayan hecho referencia a esta zona de aquí (la Ladera Norte). Porque en estos otros sectores hay una gran cantidad de casas muy bien construidas y que no tienen problemas. Si las fotos las hubiera traído yo, habría demostrado lo contrario. Aquí hay dos zonas distintas (señala en el mapa). E incluso no es lo misma esta zona, a la que llamamos el Plan de la Avanzada, que esta de aquí. El análisis que estamos adelantando debería hacerse detalle por detalle y no del tipo de urbanismo del buldócer, en el que yo tumbo todo y después voy mirando. El urbanismo contemporáneo y civilizado exige estudiar con detenimiento qué se hace, una cosa en una esquina y otra en la siguiente, porque las necesidades son distintas.

Insisto en que el macroproyecto tiene origen en el Plan Nacional de Desarrollo, que no se propone atender problemas de riesgo sino generar suelo para negocios de construcción. No es verdad que en Manizales no haya suelo, viceministro. No es verdad que en el país no haya suelo. Lo que pasa es que lo tienen acaparado los especuladores y no lo sueltan. Por eso es tan absurdo que para conseguir suelo urbanizable en Manizales haya que arrasar 233 manzanas. No, hay cantidades de tierra en Manizales que se podrían urbanizar para proyectos de vivienda de interés social, pero que están en poder de los especuladores. ¿Cuál es el encanto de la Comuna San José? Que la Alcaldía va a coger a un número enorme de pequeños propietarios, les quita la tierra a precio de quema y hace con ella un proyecto de especulación vendiéndola más cara. ¿Por qué no le hace usted, alcalde, ese mismo plan a otros que tienen en la ciudad lotes de engorde y les compra la tierra bien barata para viviendas de interés social? ¿Por qué lanzarse sobre Pedro Pérez, dueño de esta casa de aquí, para quitársela a precio de quema y no sobre otra gente en otros barrios? Toda la propaganda del proyecto se va montando sobre cuentos y hacen como una camándula de cuentos, para sacar conclusiones falsas.

No es cierto que todas las casas de la Ladera Norte estén en riesgo. Usted me certifica, viceministro, tomando datos de la ciudad, que están en riesgo, no 1.660, como dijo el alcalde, sino 961, o sea, el 65 por ciento. Piensan tumbar 300 casas que no presentan riesgo ninguno, suponiendo que todas las demás sí haya que tumbarlas, que es otra discusión.

El otro hecho sobre el que insiste el alcalde es el eje de esta discusión. Cierto, la pobreza en el área es inmensa. Es una zona llena de pobres, pero donde hay también actividades económicas de capas medias y personas acomodadas. Hay negocios, servicios, talleres. Y muchos pobres. Aquí en la ladera norte, el 51 por ciento son de estrato uno y el 40 por ciento, de estrato dos, y este es el problema, alcalde. El plan que ustedes están montando no atiende esta realidad, esa es mi teoría. Si el municipio interviniera a los estratos cinco y seis probablemente no habría problema, porque es gente que vuelve y compra un buen apartamento. Pero no es lo que va a suceder aquí.

Dijo el viceministro, y ojo con el dato, que en Bogotá hay 80 mil subsidios de vivienda que nadie toma. Cómo será la pobreza de la gente que no hay quién tome esos 80 mil subsidios, en parte porque les venden muy cara la tierra, como va a ocurrir en San José, donde va a haber un proceso de especulación con el suelo urbano, y también porque la gente es tan pobre que no puede acceder a un préstamo bancario. O me a decir usted, alcalde, que a estas gentes de la Ladera Norte van a correr a prestarles plata las corporaciones de ahorro y vivienda.

En tono despectivo se afirmó aquí, y se lo oí decir al senador Sierra y al alcalde, que el 60 por ciento son inquilinos. Es una realidad y yo pregunto, ¿qué se va a hacer con los inquilinos? Porque son inquilinos ¿no importa? Precisamente porque son inquilinos es que hay un problema social que debe atenderse. Y no le puedo dejar pasar, señor alcalde, las veces en que usted hizo referencia a las casas humildes de estas personas llamándolas “ratoneras”. Le pido el favor de no utilizar más ese término. Es gente muy pobre que vive en condiciones tremendamente duras, pero calificarles de ratoneras sus hogares, tan respetables como la casa de dos mil o tres mil metros cuadrados, me parece absolutamente inaceptable, y menos dicho ante las cámaras de la televisión. Es el tipo de durezas por las que usted y yo tenemos un pleito, alcalde. Son problemas de las sensibilidades, a los que usted en algún momento le agregó una frase, que “aquí algunos tenían que sufrir por causa natural del proyecto”. Ahí está el punto, alcalde. Esa es la discusión que tenemos. A algunos les parece natural que la gente sufra cuando se acomete un macroproyecto y otros pensamos que las cosas se deberían manejar con sensatez.

Usted hace un discurso muy entonado, alcalde, para intentar demostrarnos que el propio proyecto va a resolver el problema social de estos miles de compatriotas. Le quiero contar algo que tal vez usted no sepa. El mundo lleva por lo menos dos o tres siglos soportando teorías descabelladas según las cuales el problema social se arregla a punta de urbanismo. Fueron los falansterios, que recuerdan a Robert Owen y a Charles Fourier. Esa es una teoría caduca. Pensar que los problemas sociales de desempleo, de pobreza, de malos salarios se van a resolver haciendo casas o edificios es una concepción del siglo XIX ya refutada por los hechos. Hoy casi nadie la defiende. Aquí hubo una versión moderna, del doctor Misael Pastrana, llamada las Cuatro Estrategias, la que nos trajo las upac. También nos echaron el mismo cuento, que la construcción, que la vivienda, que la renovación urbana, en un carrusel de euforias, y no faltó el alelado que saltó a decir que era la maravilla, ¿por qué se habían demorado tanto ustedes en resolvernos la pobreza? Lamento decirles, y por ahí empecé mi intervención, que no es así. Hay que atender los problemas sociales y económicos para que se arreglen. Usted, alcalde, se ufanó por ejemplo de unos call center que van a instalar ahí, y usted sabe muy bien que los habitantes de la Ladera Norte y en parte también los de este sector no funcionan en un call center. ¿Cómo me va a decir usted que personas de estratos uno y dos son las que van a trabajar en los call center? No es realista y no resiste análisis. Esos cuentos yo no me los como. A mí nadie me ha demostrado que esas gentes que van a sacar de ahí van a poder vivir en el mismo sitio y no encuentro nada en la concepción que apunte a eso, porque la política de ustedes no es regalarle a la gente la plusvalía, el mayor encarecimiento de los lotes, sino utilizarla para su propio beneficio. No encuentro hechos que me permitan deducir que ahí se va a quedar la gente, porque, entre otras cosas, alcalde, eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo.

Hice alguna referencia a la terminal de transporte y usted, alcalde, la cogió por donde no era. Afirmé que al sacar la terminal de transporte, la zona se descongestionó y eso le quitó necesidad a esta vía, la Avenida Colón. Ahora, que el transporte en Manizales se va abaratar, eso también lo quiero ver, porque ese mismo cuento nos lo echaron en Transmilenio, y las cifren nos dicen lo contrario. Parte del lío que tenemos con estos proyectos es que cuando llega la hora de tumbar las casas, pintan pajaritos de oro y todo es perfecto y nadie va a sufrir. Y cuando llega la hora de la cruda realidad, entonces, como lo dijo el señor alcalde, algunos tendrán que sufrir como consecuencia natural del proyecto. Y agregó, en tono algo desabrochado: es que esto es un negocio. Es que aquí nadie funciona por la bandera y por la patria, sino que la cosa es con billete, ¡con billete! Eso me preocupa todavía más, alcalde, y me permite asegurar que el proyecto no va a terminar bien. Ahora, que se van a ganar unos pesos con edificaciones de estrato cinco e incluso de estrato seis, de eso no me cabe la menor duda. Pero no es lo que estoy discutiendo.

Lo de la vía. No sé por qué insisten en discutirme el punto. Vamos a suponer, senador Sierra, en gracia de discusión, que de verdad la vía se necesita desde este punto hasta este otro. No lo creo, pero supongamos que sí. Por qué entonces no hacen una sola vía de dos calzadas, y no un par vial con tres carriles de lado y lado. No boten la platica. Esa misma vía que a ustedes les va a costar 90 mil millones de pesos se puede hacer con 30 mil. ¿Por qué hacen el adefesio? Porque tienen que justificar de alguna manera tumbar las casas, así sean de material, nuevas, sismorresistentes y sin ningún problema. Les sugiero una vía que no sea un par vial, es más, la empezaron a hacer una vez. Se llamaba la Avenida Colón. No les voy a negar que el proyecto en las fotos se ve bonito, pero aquí estamos discutiendo cosas distintas.

Insisto en mi punto de vista. Lo que va a haber es un desalojo bárbaro de una cantidad de pobres y capas medias, gente que va a sufrir más de lo que hoy ya sufre. Van a perder su localización en el centro de la ciudad, algo muy grave para una persona de estrato uno o dos. Y si se mueven para el barrio Los Agustinos (vecino de la zona afectada), va a haber un alza en los arriendos y otros problemas de rebote supremamente complicados. Veo además que vienen por la galería. Todos, hechos gravísimos que, en la lógica mercantilista de los constructores, no ameritan discusión. Entiendo que haya constructores en Manizales que no ven la hora de que les dejen el sector sin nada, plano y con un solo dueño, el municipio. ¡El sueño de un constructor! Pero eso socialmente hablando no es correcto.

Y estoy seguro de que numerosas familias van a buscar uno de los muchos recodos que hay en Manizales para montar sus casas en condiciones aún más difíciles, porque no encuentran otra solución. Les quiero insistir. Esta gente pobre a la que aquí nos mostraron en tono despectivo, durmiendo en el suelo, no es que lo haga por capricho. Es el establecimiento del que usted ha disfrutado tanto, señor alcalde, el que la tiene así. Y lo que ustedes están proponiendo no les resuelve el problema a esos compatriotas. No me lo han demostrado. La lógica con la que está concebido el proyecto no apunta a eso. Ya se ha vivido, y no solo en Ciudad Victoria, sino también aquí en Bogotá. El doctor Peñalosa sacó no sé cuantas personas para hacer el Parque del Tercer Milenio. Y el caso más dramático fue el de las personas que vivían en la drogadicción. Y yo les pregunto, ¿se acabaron esas personas? No, están en otros sitios. Ahora, los especuladores se van a ganar también ahí un billete largo, como se dice coloquialmente. Y van a tumbar otras muchas casas con el proyecto de Ciudad Salud, pero tampoco eso resuelve el problema. Ustedes están actuando con la lógica de mover plata. Ahí se mueve plata y se hacen negocios, pero al costo de un sufrimiento extremo para un número muy grande de colombianos a los que no deberían tratar de esa manera.

Busquemos que la economía de la ciudad funcione mejor, pero no a un costo tan bárbaro, con consecuencias que se van a sentir, de rebote, incluso en los estratos tres y cuatro.

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