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¿Hay una agenda oculta en Carimagua? Hambre en la caficultura colombiana. Si el Estado subsidia los agrocombustibles, que subsidie también el resto de productos agrícolas. El ministro de Agricultura sigue obcecado en arruinar a los cruderos. Se viene un problema de desabastecimiento de agua. La privatización no ha funcionado. Monopolios particulares, orden del FMI. Alzas reales hasta de 226% en las tarifas.

La política consiste en desmontar los subsidios y elevar las tarifas. Cobertura del servicio y ganancias extranjeras. En las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, la cobertura real del agua es de 30,5%. Por recorte de transferencias, se pierden 20,6 billones. Los Planes Departamentales del Agua en beneficio del monopolio. Plan contra La Guajira

Antes del entrar en el tema

Hace un par de días, el ministro de Agricultura anunció que ya no iba el anterior proyecto de Carimagua, sino uno nuevo. Al respecto, el doctor Rudolf Hommes, que no es del Polo y ni siquiera del Partido Liberal, sino que ha sido muy afecto al gobierno, escribió ayer en el periódico Portafolio, comentando el nuevo negocio de Carimagua: “Al parecer, las tierras de Carimagua no son tan malas como dijo hace un tiempo el ministro de Agricultura y los empresarios interesados siguen detrás de la misma presa (…) El primer paso será vigilar que detrás del cambio de opinión no haya una agenda oculta y que la tierra de Carimagua, que aparentemente ya no es ácida, ni improductiva, quede prioritaria y mayoritariamente en manos de pequeños campesinos y no de empresarios que se querían quedar con ella cuando la iban a dar por nada”.

Expliquemos un poco. Recordarán ustedes que uno de los aspectos controvertidos en este debate era que allí solo se podía cultivar palma, caucho y forestales. Ahora el ministro asegura que también puede haber otros productos: ganadería, cerdos, aves, caucho, palma, forestales, frutales, pastos, marañón, cítricos, mango, soya, maíz y arroz. Es bueno que el ministro reconozca que fueron falsas sus afirmaciones sobre la imposibilidad de trabajar esas tierras, así sea tarde y aun cuando no lo haga expresamente. También afirmó que solo cabían 80 familias campesinas. Ahora ya le caben 500, bueno, vamos progresando. Pero la preocupación sigue teniendo que ver con que el ministro dice que esos campesinos tendrán que estar allí asociados con algún inversionista nacional o extranjero. Habrá que analizarlo con detenimiento y esperamos que esté presente la Procuraduría, para ver cómo es que una tierra destinada específicamente a los desplazados tiene que enriquecer a un poderoso magnate nacional o extranjero. Que no resulte que el gran salto que quiera dar ahora el gobierno sea convertir a los jornaleros o peones del primer proyecto de Carimagua en siervos o aparceros obligados a rendir algún tipo de tributo a un inversionista. Es bueno que el país continúe pendiente de la evolución de esta historia. Y aprovecho para hacer ver cómo el ministro de Agricultura sigue sin rendir las excusar que debiera rendir cuando afirmó que en esas tierras no podía haber producción campesina.

Lo segundo es que alguien le debería contar al ministro de Agricultura, ya está en los medios de comunicación y yo se lo he planteado varias veces, que se están muriendo de hambre los cafeteros colombianos. Vean aquí la información reciente de Caracol: los cafeteros están teniendo que vender la arroba de café a 43 mil pesos y les vale a 48 mil pesos producirla, por causa de la reevaluación y de las pésimas políticas agrarias de este gobierno. Habrá que insistirle también en que sigue siendo carísima la comida en Colombia y que no está tomando ninguna medida que apunte a resolver el problema. Está carísimo el maíz, el arroz, el trigo, la papa y se están encareciendo el pollo y la carne de cerdo y el ministro no hace nada. Terminó convertido en algo parecido al “ministro de los agrocombustibles”, porque solo habla de eso. No me opongo a que ese tema se trate, pero debiera también pensar en la comida de los colombianos y ojalá el gobierno les concediera al resto de los agricultores una fracción siquiera de las gabelas y ventajas que les ofrece a los de los agrocombustibles. Ojalá hubiera una concepción democrática, y cada centavo que el Estado les regala a los de los agrocombustibles se los regalara también a los del maíz, a los de la papa y a otros tantos colombianos que debieran disfrutar de los mismos derechos.

Y senador Manzur, a pesar del debate en el que le probamos al ministro que era un disparate insistir en prohibir el comercio de leche cruda porque la medida va a llevar a la ruina a miles y miles de colombianos, sigue para adelante con la medida, como si nada, y me imagino que estará preparando a la policía para que a partir del mes de agosto arranque a perseguir a los pequeños y medianos comerciantes y a los pequeños y medianos ganaderos que están cometiendo el crimen de ganarse la vida honradamente en un país que no les ofrece garantías suficientes para hacerlo de otra manera. Dejo el punto como constancia.

Se viene un problema de desabastecimiento

Entremos ya al debate. Tal y como está planteado, tiene que ver con el agua como fuente de la vida y como una necesidad vital de los seres humanos. Examinaremos también los problemas de abastecimiento, la situación de los acueductos y toda la política de privatización de las aguas y de las empresas. Al final voy a pedir, señor presidente, que le demos la palabra al doctor Rafael Colmenares, director de Ecofondo, una de las principales asociaciones preocupadas por el medio ambiente. Junto con otras entidades, Ecofondo está promoviendo un referendo que busca declarar el agua como un derecho fundamental en la Constitución, una reforma constitucional que apunta a que haya derecho a un consumo mínimo vital que no pueda desaparecer bajo ninguna consideración por pobre que sea el colombiano y también a que no pueda haber ganancia, sino que todo lo del agua se trate como un bien público atendido por el Estado como una obligación, directamente o por conducto de organizaciones sin ánimo de lucro. Supongo que ya más de un dirigente de la economía estatal estará al borde del infarto al oír cosas como estas, porque yo sé que en la lógica del neoliberalismo declarar el agua como un bien público es como sacarle al Diablo una hostia, y mucho más hablar de dar gratis a los pobres un mínimo vital.

En el mundo hay problemas por escasez de agua. Alguna gente está hablando incluso de guerras por escasez de agua, dada la destrucción medioambiental, el calentamiento de la Tierra, etc. Afortunadamente, por nuestro régimen de lluvias, Colombia es uno de los países mejor dotados en el mundo. El agua con que contamos supera en seis veces el promedio mundial y en cuatro veces el promedio latinoamericano, hecho que nos tiene que alegrar mucho. Pero surgen dos elementos que no debemos perder de vista. Primero, buena parte de esa agua no está localizada en los mismos sitios donde reside la población. Se presenta un cierto desfase entre la necesidad del líquido y el lugar donde se encuentra. Y segundo, más grave aún, y es por eso que quiero resaltarlo, todos sabemos que viene habiendo un proceso supremamente grave de deterioro de los acuíferos nacionales, acompañado de un crecimiento de la población y de una enorme contaminación de las fuentes de agua. Podemos terminar entonces sufriendo problemas tan graves como los de países que carecen de agua. Ya hoy en día, en los años secos, cerca de 18 millones de colombianos empiezan a padecer problemas de agua, y estoy hablando del simple abastecimiento, porque más tarde haré referencia a la calidad. Y dice el IDEAM, que sabe bastante de estos asuntos, que entre 2015 y 2025 podrá haber problemas muy graves de escasez. Al final voy a mencionar que no se está haciendo nada que valga la pena para impedir esa amenaza.

Digamos también que en estos líos los que más sufren son los pobres, o porque no tienen agua, o porque les llega contaminada, o porque las lluvias no se nos vuelven reservas de agua, con los acuíferos tan deteriorados, sino avalanchas, inundaciones, derrumbes, todo tipo de dramas que también afectan más a los pobres que a los demás colombianos.

El agua no puede producirse, estrictamente hablando. Lo máximo que puede hacerse es cuidar los reservorios que naturalmente ofrece la naturaleza o producir unos nuevos. Uno podría desalinizar agua, porque el grueso es salada y el agua dulce es apenas el 2% del total, incluida la de los polos, es decir, la disponible es apenas el 1%. Lo que pasa es que el agua sí se desaliniza, pero a unos precios prohibitivos. La clave es entonces que la naturaleza funcione bien, que opere el llamado ciclo del agua –cae y se evapora y vuelve a caer–, de tal modo que la naturaleza, en la medida en que no haya sido destruida, pueda ir soltando paulatinamente el agua lluvia para que llegue a donde tenga que llegar. En esto ha habido una destrucción supremamente grande y voy a insistir en que recuperar las pérdidas resulta hoy supremamente costoso. Deforestar es relativamente fácil. Reforestar o cuidar, tremendamente difícil.

No menos cara resulta la distribución de las aguas, porque hay que construir embalses, canales, túneles, acueductos. Y evacuarla, sea servida o sea purificada, ni se diga, por los enormes costos de los alcantarillados y las plantas de tratamiento. Quiero llamar la atención sobre un punto en especial. El agua está ahí y nos la ofrece la naturaleza. En la medida en que la tratemos bien es relativamente fácil de manejar, pero si la seguimos maltratando, se nos empiezan a crear unos problemas financieros de proporciones incalculables. Insisto, es relativamente barato dañar los acuíferos y costosísimo reconstruirlos. Tan es así, que ningún privado se pone a hacerlo, porque el costo-beneficio no le da. Prefiere recargarle al Estado toda la responsabilidad. Y distribuirla, purificarla y sanearla también es bastante costoso, y aquí surge otro lío: si se tratara de whisky, no sería tan grave, porque solamente lo toman los ricos y no importa a qué precio. Pero como el agua es una necesidad vital, hay que dársela a los pobres e incluso a los paupérrimos, y aparece entonces una contradicción profunda entre los costos y la capacidad de pago de la gente.

La privatización no ha funcionado

Y tan cierta es la anterior premisa, que voy a mencionar un aspecto bien clave. El llamado negocio del agua, o sea, la privatización, se tropieza con un inmenso escollo: que el negocio no funciona solo. Es absolutamente imposible que haya negocio del agua sin inmensos subsidios del Estado y sin un respaldo descomunal del Estado. Las panadería, los taxis, las fábricas de empanadas, pueden funcionar solos en el capitalismo. No el negocio del agua y resulta un absurdo casi por definición proponer que se privatice y se vuelva negocio, porque se agrava la contradicción a la que acabo de hacer referencia, la que se da entre los altos costos de almacenarla, procesarla y distribuirla y la capacidad de pago de la gente. Miren ustedes una cifra que me parece impresionante. Según analistas del Banco Mundial, para ganar un dólar en telecomunicaciones hay que invertir tres. Para ganar un dólar en acueductos y alcantarillados hay que invertir doce (Klas Ringstkok, consejero del BM, Summa, Oct. 1996, The Economist). Imagínense entonces la dificultad de un inversionista en telecomunicaciones para alcanzar la misma tasa de ganancia en alcantarillados y acueductos. Los tiempos de trabajo son muy largos, el tiempo requerido para recuperar la inversión es también prolongado, las inversiones son inmensas. El caso de Bogotá, por ejemplo, es casi increíble, para no hablar del caso mexicano. La capital de la República está trayendo agua de la vertiente del Orinoco y los usuarios son pobres y paupérrimos, luego es un asunto que sin subsidios no opera. Sin subsidios la gente se queda sin agua, y se acabó el cuento.

Miren lo que dicen al respecto dos analistas, funcionarios del establecimiento, no la oposición, los señores Lobina y Hall: “El problema fundamental que enfrentan los operadores privados internacionales es que los pobres no son rentables, porque no tienen la capacidad de pagar por conexión ni van a consumir la cantidad de agua necesaria para cubrir los costos de provisión del servicio”. Insisto en que analicen la contradicción. Vale lo mismo, en términos generales, instalarle el agua a un pobre o a un rico y, sin embargo, el uno solo consume una fracción de lo que gasta el otro, luego el negocio empieza a deteriorarse. Lo mismo afirma J. F. Talbot, director Ejecutivo de Saur, la cuarta mayor compañía privada de agua en el mundo. En una presentación ante el Banco Mundial, Talbot le pide al directorio no hacerles a los grandes consorcios “demandas carentes de realismo” ni pedirles “conexiones para todos”. Agrega el dueño de la trasnacional que “la escala de lo que se necesita rebasa con mucho la capacidad financiera y de riesgo del sector privado”. En dos palabras, pedirle al sector privado que le ponga conexiones a todo el mundo es como sacarle al Diablo una hostia, porque el negocio así no puede funcionar. Agrega la información que Talbot “rechazó la posibilidad de recuperar la totalidad de los costos pues la idea de que ‘el agua paga el agua’ (…) ya no es realista en los países en desarrollo. Hasta Europa y los Estados Unidos subsidian los servicios públicos. Los usuarios no pueden pagar el volumen de inversión requerido ni las obras sociales correspondientes”. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos subsidian los servicios, y eso que allá el ingreso per cápita es de 40 mil dólares. ¡Cómo será aquí que estamos apenas en dos o tres mil dólares!

El propio Ministerio de Ambiente se ha visto precisado a reconocer que por debajo de los 2.500 usuarios por acueducto es prácticamente imposible operar de esta manera. Tenemos aquí entonces una privatización que es especial. Aquí no se privatizan los activos. Nadie los compraría, primero, porque en el caso de los alcantarillados, ni siquiera se sabe qué es lo que hay, y segundo, porque las inversiones serían tan cuantiosas que las tarifas tendrían que elevarse, hasta llegar a ser tan altas que imposibilitarían el negocio. Por eso la privatización en el agua asume la forma del operador. El Estado sigue manteniendo la red, financia todo el tendido y corre con los riesgos. ¿Ustedes se imaginan la destrucción del alcantarillado bogotano si ocurre un terremoto como el de China? ¿Cuánto costaría reponer las redes y cuál es el inversionista privado que va a correr con este riesgo? Por supuesto que ninguno. La privatización funciona sobre la base de que los grandes monopolios particulares se quedan con el lomo y la sociedad, con el hueso. Es una formula absolutamente inaceptable.

Son muchas las privatizaciones que han fracasado. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo ponen de manifiesto que las seis principales hechas en Argentina se vinieron por tierra, no solo porque no lograron mantener la dolarización de las tarifas, sino también porque la gente se rebeló. Que no resulte que mañana se nos venga en Colombia una devaluación del 30%, porque ahí vamos a ver qué va pasar con todos estos análisis de tarifas y de rentabilidad de los operadores privados. Probablemente reversen ese día la privatización y seamos nosotros los que acabemos pagando los platos rotos. En Bolivia se echó atrás por razones distintas, porque el pueblo boliviano con toda razón se rebeló antes que llegara una trasnacional a quitarles el agua y el derecho tomar agua.

Monopolios particulares, orden del FMI

¿Por qué entonces el despropósito consistente en volver el agua un negocio? Muy simple. Porque así lo ordena el Fondo Monetario Internacional. Siempre terminamos en el mismo sitio. No voy a leer la cita, porque lo he hecho aquí varias veces. La privatización es parte del Plan Colombia, de los acuerdos de “stand by” de este y de los anteriores gobiernos con las agencias internacionales de crédito, agencias que tienen propietarios, dueños. Esto aquí nos lo disfrazan con alegatos técnicos y se nos habla de eficiencia y de competitividad. Paja. Todo son frases huecas para ocultar que hay unos poderosísimos personajes que se enchapan en oro con la tragedia del prójimo y que privatizan hasta lo que resulta ser absurdo privatizar, como el agua. ¡Que tal! ¿Vamos a cuidar el agua, señor ministro del Ambiente de Colombia, sobre la base de que sean los mismos propietarios de las tierras los que no las usen para que se sostengan los acuíferos? ¿A alguien se le puede ocurrir una bobería de ese tamaño? Por supuesto que a nadie. Esa es entonces la contradicción de la que hay que hablar. En el caso de Colombia, digamos que la Constitución del 91, con tantos aspectos defensables, es al mismo tiempo la Constitución del neoliberalismo, y particularmente, la Constitución de la privatización. Eso hay que decirlo con toda franqueza. La Constitución convirtió en vulgar negocio los derechos del agua, la energía eléctrica, el alcantarillado, la educación y la salud, entregándolos a unos cuantos avivatos que aparecen diciendo que la sociedad no puede funcionar si no les pagamos a ellos un determinado peaje. Un negocio contra toda evidencia y que funciona no con una racionalidad que pueda generar algún grado de coincidencia entre las necesidades del negocio y las necesidades de la sociedad, sino que funciona contra la sociedad, como lo voy explicar a lo largo de la charla.

Nos dijeron que el monopolio estatal era muy malo. ¿Y qué lo reemplazó? El monopolio privado. Y todos sabemos que el monopolio privado es bastante más indeseable que el monopolio público. Incrementos escandalosos en las tarifas, esa es la eficiencia del operador, pero en qué queda la eficiencia si millares de compatriotas se quedan sin poder pagarlas. Además, problemas graves de cubrimiento, problemas graves de calidad, porque todo son costos y la contradicción de la que hemos venido hablando se vuelve a atravesar. Al final veremos cómo el gobierno está montando monopolios regionales.

Y hay que echar a los trabajadores de las empresas y destruirles los sindicatos y ponerles los salarios al mínimo. Ojalá aquí la delincuencia se persiguiera con la misma fuerza con la que se persigue a los trabajadores, para quienes construir un sindicato o pedir algún tipo de reivindicaciones salariales se ha convertido en sinónimo de actividad criminal. Esa la realidad, la triste realidad. ¡Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. ¡Lo que vemos es un régimen cada vez más plutocrático, unos monopolios cada vez más poderosos y un sistema infernal para acabar de empobrecer a los pobres de Colombia!

¿Ustedes se imaginan a estos funcionarios públicos nuestros, por encopetados que sean, desafiando los puntos de vista de las trasnacionales más poderosas del mundo? Pelea de toche con guayaba madura. No quiero ni imaginarme cómo serán esas conversaciones en privado, senado Serrano. Imagínese usted cuando entran en desacuerdo algún tecnócrata colombiano, de un sueldito por ahí de seis u ocho millones de pesos, con el dueño de un negocio que captura a millones de usuarios, ¿qué punto de vista será el que prevalece? Y eso suponiendo que sean funcionarios íntegros, todavía no adocenados al servicio de las trasnacionales. Y como si fuera poco, la plata que se ganan los monopolios extranjeros no la reinvierten aquí, sino que la despachan para afuera, y este es otro problema grave, porque si el país no reinvierte internamente el fruto de su esfuerzo y su sudor, sino que va a parar al exterior, crece con menos rapidez de la que necesitamos. Luego fíjense ustedes que este asunto de las privatizaciones es tremendamente complicado.

Por la contradicción que estoy planteando se explica por qué apenas van 128 municipios con operadores privados, seis de ellos extranjeros, que operan en 21 municipios. ¿De qué tamaño? No me dieron los datos, pero estoy seguro de que son los principales, porque se trata, como en los bancos, de descremar el negocio. Otros, dice el Ministerio, son “operados por pequeños y medianos grupos nacionales”, 24 de los cuales se están consolidando, pujando a ver cómo se vuelven grandecitos. Cuando estos pequeños grupos nacionales se vuelvan grandes dentro de unos diez años y adquieran la escala del monopolio, ese mismo día los comprarán las trasnacionales. Todo el negocio se termina montando para que las orientaciones del FMI se cumplan de manera satisfactoria.

Alzas reales hasta de 226% en las tarifas

Analicemos ahora cómo es lo del alza en las tarifas, probablemente el tema que más les interese a los ciudadanos. La Contraloría General de la República muestra incrementos entre el 38 y el 226%, reales, entre 1995 y 2000, descontada la inflación, o sea, el ciudadano comiendo menos, vistiéndose menos, curándose menos para poder pagar las tarifas. La misma fuente, 2002-2005: incrementos hasta de 36%, reales. El Ministerio me dio unas tablas bien grandes. Voy a leer algunas para poner como ejemplo. La fuente es el mismo Ministerio del Medio Ambiente.

Entre 1995 y 2007, acueducto consumo básico:

Bogotá, todos los estratos, ciento por ciento. Medellín: Estrato Uno, 2.171%; Estrato Dos, 835%; Estrato Tres, 221%. Barranquilla: Estrato Uno, 391%; Estrato Dos, 379%; Estrato Tres, 425%, reales. Bucaramanga: Estrato Uno, 1.218%; Estrato Dos, 821%; Tres, 527%, Cuatro, 340%.

Alcantarillados consumo básico:

Bogotá: Estrato Uno, 614%; Estrato Dos, 535%; Estrato Tres, 525%, Cuatro, 296, reales. Medellín: Estrato Uno, 2.870%; Estrato Dos, 1.697%; Estrato Tres, 810%; Cuatro, 418%. Barranquilla: Estrato Uno, 353%; Estrato Dos, 356%; Tres, 384%. Bucaramanga: Estrato Uno, 1.289%; Dos, 961%; Estrato Tres, 620%. Cartagena: Estrato Uno, 410; Dos, 379%; Estrato Tres, 370%.

¿Y esta es la eficiencia de la privatización? ¿Que la gente tenga que dejar de comer y de vestirse y de curarse y descansar por pagar las tarifas de servicios? ¿Es a eso a lo que ustedes llaman eficiencia, les pregunto a los tecnócratas que tanto alardean con la palabreja? Seguramente ahora me van a replicar: no, senador, es que el servicio más caro es el que no se presta. No, señores, me anticipo yo. Aquí estamos hablando es de que el Estado tiene obligación de prestar el servicio, porque digamos esto: aquí lo que hay es un desmonte de los subsidios que corre parejo con la disminución de los impuestos a monopolios y trasnacionales, y por eso es que no hay plata con qué pagarlos. Lo que está sucediendo en Colombia es que a quienes deben pagar impuestos no se los cobran como se los debieran cobrar, y como aparece un déficit, clávense a los de estratos 1, 2 y 3, es la orden, y de paso tírenles un carné del Sisben y métanlos en Familias en Acción para que algún politiquero los ponga a votar por el gobierno del doctor Uribe o del doctor Pastrana o de otro doctor. Ese es el punto. La Ley 142 dice de entrada que el Estado “podrá” subsidiar los servicios públicos. Pero “podrá” quiere decir también que “no podrá”, si se le antoja.

Mirando las cifras queda en evidencia que la política consiste en desmontar los subsidios, desmontar los subsidios y desmontar los subsidios y, paralelamente, subir tarifas, subir tarifas y subir tarifas, para que los pobres de Colombia, a quienes además les han subido el IVA en proporciones escandalosas, paguen para que algunos señoritos de unas cuantas trasnacionales y empresas nacionales se enchapen en oro con la desgracia del prójimo. Por ejemplo, entre 2001 y 2005, durante este gobierno, los subsidios bajaron de $800.000 a $500.000 millones. Y miren este dato que me calculó el doctor Aurelio Suárez y que comprueba lo que he venido afirmando: que están subiendo las tarifas contra la comida de la gente. No son cuentos. Entre 1993 y 2007, en el caso del consumo básico, que es hasta 20 metros cúbicos, la participación de ese gasto en el estrato 3 subió de 2,21 a 9% del ingreso. El solo acueducto, que antes representaba el 2,21% del ingreso en promedio de este estrato, ahora le representa el 9%. En el consumo complementario de más de 20 metros cúbicos, sube de 4,26 a 9,70%. Estadísticamente se puede entonces demostrar que la gente está teniendo que comer menos para pagar las alzas de tarifas. Se ha agigantado un fenómeno antes existente y es el número de los cortados. Parte del lío es que conseguir cifras resulta complicado. A buena parte de las preguntas que le hice al Ministerio, o a algunas, por lo menos, me respondieron los funcionarios encargados indicándome que se las preguntara a otro. Uno no entiende cómo el gobierno centraliza un sinnúmero de informaciones, menos estas que miden la desgracia de la gente, particularmente frente a las empresas de servicios públicos. Debiera haber una norma, senadores, que dijera que las preguntas que uno le hace a un Ministerio sean respondidas por ese Ministerio, así se las tenga que preguntar a los demás Ministerios. Porque aquí se le vuelve a uno un lío en los cuestionarios saber a quién diablos le hace la pregunta para poderle pegarle al que sabe la información que uno está pidiendo. Lo menos sería que la norma estableciera que si yo le pregunto al ministro de Ambiente, el verá dónde consigue la información, pero que me la entregue. No nos carguen a los senadores más líos de los que ya tenemos que atender.

Como no pueden pagar, entonces les cortan el servicio. Pero estamos hablando de un servicio imprescindible para la vida, tema sobre el que los ambientalistas y el propio Ministerio sacan pecho todo el tiempo: que el agua es imprescindible para la vida, que es la vida misma, somos agua, un montón de cosas, pero resulta que a los pobres les cortan el servicio y los dejan sin el derecho a la propia vida.

Cobertura del servicio e inversión extranjera

Nos dijeron también que esto de la privatización era para resolver del todo el problema de la calidad y el cubrimiento. Voy a darles solo dos cifras. La Contraloría General de la Nación hace un análisis interesante. Una cosa es que haya acueducto y otra distinta que haya agua, afirma, y que el hecho de que haya agua no quiere decir que sea potable, porque aquí se dan muchas cifras sobre cubrimiento porcentual de los acueductos. ¿Cuál es la cifra de Contraloría? Cobertura real, no nominal, o sea, servicio 24 horas con buena calidad, solo se logra en las grandes ciudades. En las capitales de departamento, la cobertura nominal es de 91,4%, pero la real es apenas de 66,4%. En las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, la cobertura nominal es de 92.8%, pero la real es apenas de un irrisorio 30.5%, malísima. Y si nos metemos en zonas rurales, esa sí es la hecatombe. Y el ministro de Agricultura les pide agua potable a los campesinos o si no les cierra los mataderos y les cierra los trapiches y les persigue las vacas, porque si no usan agua potable están cometiendo un crimen. Él no les pone el agua potable, pero sí los persigue. Resulta increíble, pero así es. Hay otro dato interesante, de Profamilia, 2005, la Defensoría del Pueblo, “Segundo informe sobre calidad del agua”, y la Encuesta de demografía y salud. En el 2000, 78% de los hogares en acueducto público y 7% en acueducto comunal. En muchas poblaciones, como Ibagué, a la gente le toca montar por su propia cuenta los acueductos y ahí se defienden como pueden en medio de inmensas dificultades. Para el 2005, los acueductos comunales subieron al 11% y dice con toda razón Profamilia que el fenómeno “estaría mostrando un retroceso en este servicio”. Esto que hacen esos compatriotas debe ser atendido cariñosa y solidariamente por el Estado. No es lo que debería suceder si el país funcionara bien.

Buena parte del alegato que nos hicieron con este asunto de la privatización fue que, claro, que era un lío, senador Robledo, pero que, eso sí, los inversionistas privados y la inversión privada nos iban a sacar adelante. Me tomé entonces el trabajo de revisar qué tan cierto es que son los místeres los que están poniendo la plata, y miren las cifras:

Inversión 2003-2006: tarifas, 40.5%. Fíjense, el 40 por ciento de la inversión la pagan los pobres con las tarifas. Aportes de la nación, 39.6% (transferencias). Otros aportes de la nación, 9,9%. Otras fuentes, 10%, incluidos los privados y buena parte es deuda, que también la pagan los pobres con las tarifas. ¿Entonces dónde están los inversionistas? ¿Cómo así que era tan imprescindible la privatización, porque eran ellos los que traían la plata? No, señores, la plata la sigue poniendo el Estado colombiano mediante distintos mecanismos y la siguen poniendo los pobres de Colombia, a quienes les han ido quitando los subsidios. Son ellos los que han venido pagando las importantes inversiones que hay que hacer. Por eso se me hace tan grave lo afirmado en el Conpes 3383 (Oct.-2005), en que el organismo dice que “las tarifas todavía pueden aportar más”. Aportar más ¿cómo? Torciéndoles el pescuezo a los pobres de Colombia. ¡Estos neoliberales colombianos son capaces de sacarle una gota de agua a una piedra! Mostré ahora los fuertes incrementos en las tarifas, pero el Conpes aduce que todavía están bajitos, que no les han sacado a los pobres hasta el último peso que les pueden sacar. Debe de ser que están bebiendo mucho, como suele argüirse en estos casos. Repito, al Conpes, al gobierno, a la directora de Planeación Nacional, les parece que las tarifas todavía no se han exprimido lo suficiente. Y digamos que el subsidio importante es el cruzado de los estratos 5 y 6 a los estratos 1, 2 y hasta 3, un subsidio retardatario, digámoslo también, porque asume que todos los de estrato 5 y 6 son unos magnates y no lo son. Si hay una falacia en la estratificación colombiana es insinuar que todos los de estrato 5 y 6 son “juliomarios santodomingos”, cuando resulta que ahí hay un poco de capas medias y hasta de pobres que por alguna equivocación compraron una casa donde no era y quedaron clavados hasta el alma. 20%, es altísimo como gravamen, antitécnico. Una persona tiene una casa más o menos ubicada en estrato 5, se queda sin puesto y de todas maneras mantiene el impuesto del 20%. Hay que señalar que este subsidio, que es el principal, no lo pagan los monopolios ni las trasnacionales, sino las capas medias de Colombia, que en general pertenecen a estratos 5 y 6.

Menos agua por recorte de transferencias

¿Cuáles son las políticas que vienen? Hay un conjunto ya definidas por el gobierno. La más grave, la reducción de las trasferencias para saneamiento básico. Esta fue parte de la discusión que tuvimos. El actual gobierno, en cumplimiento de imposiciones del FMI, consiguió recortar las trasferencias. Infortunadamente no alcancé a desagregarlas, pero entre 2008 y 2019, según el CID, de la Universidad Nacional, el recorte vale en salud y saneamiento básico la suma de 20,6 billones de pesos.

El otro punto es la agenda del Ministerio. En alguna parte leí que se pasó de la Agenda Verde a la Agenda Gris, que traducido al buen romance significa que el Ministerio de Ambiente se va a centrar en acueductos y saneamiento básico y le va a aflojar a lo que se llama la Agenda Verde. Uno puede entrar a discutirlo, y no le quito gravedad al problema del agua potable, pues el 80% de las enfermedades tiene que ver con la mala calidad del agua y con la falta de acceso a ella del grueso de la población. Pero no mantener un respaldo grande al cuidado medioambiental, al abastecimiento del agua como líquido, es absolutamente desastroso. Usted ahora hará las explicaciones del caso, pero creo que las inversiones que se están haciendo son absolutamente ridículas y que el país avanza hacia una crisis supremamente grave en lo que tiene que ver con las fuentes de agua. No estoy hablando de acueductos, y ni siquiera de calidad de agua, sino de agua en bruto, de H20. Colombia se precipita hacia una crisis de proporciones mayúsculas, primero, porque desde hace mucho rato se ocupan tierras que en países civilizados ni se tocan. Uno va a Estados Unidos y las tierras públicas son por lo general tierras de montaña y allí no hay prácticamente ninguna actividad de los seres humanos. En Colombia estamos en cambio montados en todas las cotas del territorio, deforestando, desbaratando los acuíferos, generando erosión, provocando avalanchas, contaminando cada fuente. Conseguir hoy por hoy una fuente de agua que no sea como una especie de ácido que lo mata a uno es una especie de milagro. Hay que irse a los confines del territorio, donde están localizados por pobres cada vez más colombianos, empujados hacia allí por la miseria, y otros por ricos, por avivatos, porque están ganando plata y se acabó el cuento. Pero lo cierto es que el impacto ambiental es enorme. Decía hace un momento que dañar y deforestar el territorio es bastante barato. Un tipo con un hacha y cien mil pesos es mucha la montaña que tumba en una semana. Pero vuelva y móntela para que vea el lío. Por iniciativa privada, realmente imposible. No es factible avanzar allí sin inmensos subsidios del Estado. Aun en actividades estrictamente de reforestación opera apenas un tiempo, porque el negocio es volver a tumbar lo que se haya sembrado.

De otra parte, los cuidados medioambientales son en cierto sentido necesidades que solo pueden resolverse a partir de productos per cápita muy altos. Los ingleses descontaminaron el Támesis a partir de la década del 60 del siglo pasado y lo mismo los franceses el Sena, pero resulta una política muy complicada, y más teniendo en cuenta que la política económica del país no conduce al desarrollo sino al subdesarrollo. Este es un país que no se está dotando de la potencia económica para poder gastar en medio ambiente lo que debiera. Es una limitación material y concreta existente incluso en las mejores voluntades. Y con el “libre comercio” que nos condena al subdesarrollo, ni se diga. Es absolutamente claro que el “libre comercio” nos especializa en la producción de materias primas agrícolas y mineras. Aquí hay un problema muy complejo estrechamente vinculado con el subdesarrollo nacional. El país no genera la riqueza suficiente para atender los problemas de ese crecimiento subdesarrollado. Está lleno de pobres, de monopolios, de trasnacionales, de todo tipo de abusos propios del tipo de capitalismo que padecemos en Colombia, un capitalismo que opera con el 60% de gente en la pobreza, a diferencia del gringo o el alemán, que funciona con el 10 o el 15% de la gente en la pobreza. Y frente a este problema, no se ve una sola política del Estado colombiano que apunte a resolverlo. Cada día hay más gente, cada día hay más afectación al medio ambiente, cada día hay más daño a los acuíferos nacionales, ¿y qué se está haciendo? Sabemos que se viene una crisis, cantada, a partir de 2015 o 2020, y si es cierto lo del calentamiento global, mucho peor. Una muestra es que están desapareciendo las nieves perpetuas de los nevados colombianos y no veo por ninguna parte una política seria en tal sentido.

Como si fuera poco, nos anuncian más privatizaciones. Por ahí tienen guardado, me imagino que esperando a que se apruebe el TLC, un proyecto para privatizar no los acueductos, sino el agua misma. Aquí han venido ya privatizando el agua. No les falta sino privatizar el aire y eso porque no han podido inventar una máquina que nos pongan en el pescuezo y nos cuente los resuellos. La represa del Quimbo va a destruir una vasta extensión de las mejores tierras agrícolas del departamento del Huila y al ministro de Agricultura le parecieron que no valían la pena, y una trasnacional española se va a quedar con esa agua. En general, toda la privatización de las hidroeléctricas se adelanta privatizando agua, pero además, van a privatizar las fuentes mismas y los ríos. Lo que pasa es que guardaron el proyecto ante las quejas de la gente. El TLC define el agua como cualquier otra mercancía. Para el TLC, para el “libre comercio” agua y bolígrafo son la misma cosa, agua y piedra, agua y par de zapatos, son la misma cosa, es inconcebible. En el “libre comercio” el agua es otra vulgar mercancía susceptible de ser privatizada, apropiada, exportada, botada, etcétera.

Los Planes Departamentales de Agua

Y vienen más privatizaciones. La política, que como todas nuestras cosas es del FMI y el Banco Mundial, son los Planes Departamentales de Agua. Suelo decir una frase que molesta pero que debo reiterar: el día en que quienes gobiernan el país tengan una idea propia sobre algo que de verdad valga la pena les va a dar un derrame cerebral. Porque todo es copiado. Voy a leer un informe del Banco Mundial que lo prueba: “Para lograr la consolidación requerida será necesario condicionar –ojo, porque además es a la brava–, las altas trasferencias del gobierno nacional a los municipios menores a garantizar la sostenibilidad de largo plazo de los servicios prestados, lo que en muchos casos –que es un eufemismo–, solo se lograría con prestadores de carácter regional”. Esto, en distintas palabras, son los Planes Departamentales de Agua. Precisa el mismo informe: “Es necesario que la CRAC –la que fija las tarifas– entregue una señal clara y coherente al sector obligando a los municipios menores y pequeños a realizar los ajustes tarifarios necesarios”. Los organismos multilaterales presionan y asedian para que todo el mundo suba las tarifas.

¿Cuál es la teoría de los Planes Departamentales de Agua, en la lógica de la privatización? La aclara el Conpes 3385 de 2005: se trata de generar economías de escala, juntando varios municipios, digamos cinco o diez, con un solo operador al frente, “para la conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado”. Y el Conpes echa una falacia, y me excusan los técnicos. Dice que es así como se van a generar economías de escala. No hay tiempo para discutirlo en serio, pero todos sabemos que la teoría de la economía de escala no opera bien en esa lógica, sino precisamente donde no la dejan operar, por ejemplo, un solo operador para las basuras que arrojan ocho millones de bogotanos. No, aquí lo parten en pedacitos y se tiran la teoría de la economía de escala, como lo advirtió hace rato Eduardo Sarmiento, porque había que repartir entre varios el negocito. Y ahora entonces sí nos van a montar lo de los Planes Departamentales con el cuento de la economía de escala, pero es obvio que si yo en Caldas tengo un solo operador para todos los municipios del occidente del departamento, la economía de escala no me opera en lo fundamental, que es la prestación del servicio propiamente dicho, las plantas de tratamiento, los acueductos, etc. Y eso que este ejemplo que pongo es malo, porque en esa zona podría terminar habiendo un solo acueducto. Pero en general lo que está sucediendo, y está dicho en los documentos de ustedes, es que la economía de escala si mucho operará en la administración. Bueno, para la ganancia sí opera plenamente, porque ahí el que gana suma la plata de todas partes, pero la teoría no les funciona correctamente En últimas, se trata entonces de utilizar el concepto de la economía de escala, un concepto valiosísimo que defiende que los monopolios naturales sean del Estado, tal como está en la literatura económica en todas partes, para una lógica perversa que no resiste análisis.

Como si fuera poco, las normas precisan que a departamento que no se someta a tal imposición se le podrán quitar las regalías o por lo menos congelárselas o no dejárselas gastar durante el tiempo que sea necesario. Veamos un ejemplo. Los van a montar en La Guajira y aquí vale la pena mirar otros detalles. En La Guajira los neoliberales privatizaron los acueductos con el cuento de que esa era la solución. Desde hace días hay tres grandes operadores, uno en Maicao, otro en Riohacha y otro en los municipios del sur. Bueno, el desastre. No han resuelto el problema. Ellos sí se habrán ganado su plata, pero lo de los municipios y todo lo de La Guajira es vergonzoso, clama al cielo. ¿Por qué? No tienen agua. Y ahora entonces van a dar otro paso en la privatización, montar la famosa economía de escala en La Guajira, y por variar con un crédito del Banco Mundial. Para de una vez decir cómo es y definir todos los detalles del asunto, préstamo del Banco Mundial: US$90 millones; regalías: US40 millones; Sistema General de Participación y operadores: US$16 millones; Nación: US$8 millones, un esfuerzo del sector público de la economía para montarle el negocio a unos privados. Pero me llama la atención un documento del Banco Mundial según el cual todos estos subproyectos tendrán rendimientos de 16% en Villanueva y 32% en Urumita y Uribia. ¿32% de rendimiento? No puede ser. ¿Ganancias de ese corte por servicios públicos para un poco de pobres? No puedo compartir ese criterio, porque lo menos que tienen que hacer es controlarles las ganancias a los particulares. ¿Ganancias de 32% por los pobres de Urumita y Uribia? Y esos de La Guajira sí que son paupérrimos. Pero además, tasa de retorno del proyecto en general del 19% en negocios de agua donde el Estado está haciendo todo el esfuerzo, negocios de burro amarrado porque el usuario no tiene para dónde irse, negocios de monopolio, de plutocracia. Por el crédito del Banco Mundial de 90 millones de dólares se van a pagar 137 millones de dólares, o sea, por solo intereses 47 millones, el 52% del crédito, claro, en un lapso relativamente largo, pero no deja de ser un montón en dólares, póngale una devaluación del 30 o del 40 y adónde se va eso. Hay que estar vigilantes y en tal sentido les formulo un llamado a todos los que nos interesamos por estos asuntos. Aquí no puede ser que el Banco Mundial llegue y ponga una plata y haga lo que se le da la gana con el proyecto y monte las tasas de retorno y las utilidades y los intereses que quiera y después que paguen los pobres de La Guajira, o los del Cesar o los del Magdalena.

Mencionemos por último lo del referendo del agua. Ya he dicho que el doctor Rafael Colmenares va a explicar el asunto. Se vienen recolectando firmas para un referendo y se ha avanzado mucho. Es un referendo para que los colombianos sean los que terminen decidiendo qué se hace con el agua. Si el agua es de verdad la fuente de la vida y es la vida y somos agua y tantas cosas bonitas que los funcionarios del Estado dicen en los discursos, bueno, volvámoslo norma constitucional. Se trata entonces de una reforma constitucional para definir el agua como bien común y público, pero con consecuencias prácticas. Que no sea tan solo la poesía sobre el agua, sino poder usar el agua como un derecho humano fundamental, punto que hoy no está en la Constitución, aun cuando hay fallos de las Cortes hablando de que por su relación con el derecho a la vida puede entenderse como derecho fundamental. En resumen, la idea es ponerlo en la Constitución, garantizándole además a cada vivienda un mínimo vital, de modo que si una persona se enferma y tiene todos los líos, no se muera por falta de agua. Y que el servicio lo presten o el Estado o comunidades organizadas con la condición de que sea sin ánimo de lucro.

Quiero terminar enfatizando una idea. En asuntos como el agua o los servicios públicos, y en la medida en que este régimen plutocrático avance, el lucro se gira contra la tarifa, y ya he mostrado en qué proporciones. Nadie realmente sabe cuánto nos van a exigir las trasnacionales de tasa de retorno de utilidad, pero podemos terminar en utilidades altísimas, nadie lo sabe. Entonces esas ganancias de las trasnacionales se van a girar contra la tarifa, es así de simple, porque alguien las tiene que pagar. Cuando la empresa es del Estado puede operar sin pérdidas y sin ganancias. El Estado puede operar un acueducto cobrando simplemente los costos de la operación, la ampliación de las redes, el mantenimiento y sin utilidad. Sería una operación razonable en los términos de funcionamiento del Estado, pero así ningún privado entra, porque el privado necesita ante todo que haya utilidad. Que no aparezca como fin el ánimo de lucro redunda en que la gente coma un poquito más, se vista un poquito más, se eduque un poquito más, se amplíe la cobertura un poco más.

Concluyamos diciendo que lo del agua está muy mal y que ojalá este referendo, que se preocupa por la suerte de los más pobres y exige que el Estado cumpla con sus funciones, avance satisfactoriamente.

Segunda intervención. Réplica al ministro de Ambiente

En general, de todo lo que fue mi primera intervención no retiro nada de lo dicho, porque nada de lo que oí por parte del ministro ni de nadie aquí me convence de argumentos distintos a los que di. Lamento que el tema de las tarifas se pase a las volandas, porque es el punto clave. Quisiera que la próxima vez que alguno de los partidarios de este modelo privatizador vaya a inaugurar un acueducto le recuerde a doña Pepita o don Pedro, a alguno de esos colombianos paupérrimos, que va a tener agua pura, pero que en adelante no va a poder tomar leche, va a tener que recortarle a la panela, no va a poder comprar las aspirinas para el dolor de espalda, en fin. Nadie discute que sea buena el agua pura y abundante. Lo que sí estamos discutiendo es cómo se financia. Entonces si a un pobre de Colombia le dan agua pura pero le quitan la comida o la salud o el vestuario o la educación, este, por supuesto, debiera ser tema de alguna preocupación. Y en ese sentido es lamentable que haya personas a quienes no les importen las grandes ganancias obtenidas por la empresa privada en el campo de los servicios públicos, porque esas grandes ganancias también se logran contra la comida, la salud y la educación de los colombianos. La gente pobre no puede escoger. Dije antes que es un problema menor que el whisky sea caro, porque usted puede no tomar whisky. Pero aquí estamos hablando de un bien esencial para la salud y para la higiene. ¿Ustedes saben que el promedio de consumo ha caído de 25 metros cúbicos/mes a menos de 20? Esto lo que quiere decir es que están disminuyendo las practicas de higiene de los colombianos. El alza de tarifas está atentando contra la salud de los colombianos obligándolos a tener menores prácticas higiénicas. Es absolutamente lamentable que aquí a algunos congresistas les dé lo mismo. No les vale la pena, y dicen es que el senador Robledo siempre sale con lo mismo. Y sí, siempre digo lo mismo porque el hambre es siempre la misma o incluso peor. Y las políticas oficiales no tienen ninguna consideración por la suerte de esos compatriotas.

Y realmente, senador Manzur, me sonó a despectivo cuando usted dijo que sería muy grave que por allá a algún colombiano le diera por reclamar agua gratis en el caso del referendo. Me sonó despectivo pero cada uno considerará. Ahora, yo sí pienso, y es uno de los sentidos del referendo, que debe haber un consumo mínimo vital al que los colombianos deben tener derecho, como tienen derecho a respirar. Que sea un punto que no pueda estar en discusión. O cuál es el cuento de que el agua es vital, que todos somos agua, en fin, qué se deriva de eso. Entonces el agua dizque es un bien especial, único, etc., y todos los ambientalistas y los ministros echan discursos de diez horas en el mundo entero hablando de las maravillas del agua, pero cuando uno pide que a los más pobres se la den gratis, un poquito, un consumo mínimo, entonces ¡que crimen! ¡Se va a desbaratar el mundo! ¡Se va a descuadernar la sociedad colombiana! En ese poquito también tienen que ganar las trasnacionales, el capital financiero, este es el debate en el que estamos.

Dice el ministro como gran cosa que en este tiro no se van a robar la plata, porque antes se la robaban toda. Espero que ese sea el propósito. Me parece muy grave que antes se la robaran toda, y aquí dejo constancia de que ojalá los abanderados de ahora hubieran luchado para que no se la robaran antes, porque también antes estaba mal robarla. Con franqueza tengo que decirle, ministro, que voy a esperar, porque en estos casos sí toca hacer como Santo Tomás. Aquí yo llevo un siglo, aunque no soy tan viejo, oyendo a los gobiernos diciendo que ahora sí no se van a robar la plata. Incluso hubo uno que se comprometió a poner el robo en sus justas proporciones y tampoco, ni siquiera lo puso en sus justas proporciones. Esperemos entonces qué es lo que va a pasar. Y con franqueza tengo que decirles, porque sentí a alguien ahora como ido, que no está bien que se le robe al Estado, me parece muy grave que alguien tenga en sus partidos gente que se robe la plata. Y también tengo que decir que por cada caco, por cada ratero, por cada pillo en el Estado, suele haber por lo menos un socio en la empresa privada. Estos delitos no funcionan en el Estado de yo con yo, es con los socios de la empresa privada. No voy a decir tampoco que cada empresario privado sea un ladrón, como no digo que cada funcionario del Estado sea un ladrón, pero sí que nadie se puede robar la plata en el Estado sin socios en la empresa privada. Entonces no me digan que la panacea contra el robo es que las cosas sean de los privados. Probablemente roben más que los públicos, solo que hay una especie como de acuerdo en la sociedad para enfatizar mucho lo que se roban en el Estado, pero para silenciar bastante lo que se roban en la empresa privada.

Dice el ministro que estas políticas no son del Banco Mundial, particularmente la que tiene que ver con los Planes Departamentales de Agua. Afortunadamente tengo, ministro, una Unidad de Trabajo Legislativo que funciona bastante, y tengo que decirle que no es cierto lo que usted dice. En el año 1998 y en el 2000 el Banco Mundial concedió dos créditos a Colombia, el uno es el 3336 y el otro 7077. Fueron los créditos que auspiciaron lo que se llaman los Planes de Modernización Empresarial, que como todos sabemos, están en el origen de los Planes Departamentales de Agua. Ambos créditos impusieron los Planes de Modernización Empresarial, porque el Banco Mundial no presta un centavo sin condicionamientos. Después de eso, en el 2004, hubo otro documento del Banco Mundial sobre infraestructura, que se convirtió en un documento Conpes, el 3385 del 2005, en el que se enfatiza la idea de que el proyecto se debe hacer con los privados. Dice: “Para la conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado”. Pero además, después de esto aparece otro Conpes, el 3463, que dice: “Los Planes Departamentales de Agua son la continuación de los Planes de Modernización Empresarial que definió el Banco Mundial desde el 98 y el 2000”. Lamento entonces, ministro, que diga usted que nada tiene que ver el Banco Mundial. Digamos que los colombianos que estamos informados sabemos bien que aquí no se cae ni una hojita, y la doctora Carolina me lo podría refrendar si quisiera, sin que el Banco Mundial y el FMI den la orden. Yo los invitaría a que otro día nos traigamos el crédito ese famoso de La Guajira, el que mencioné antes, y lo leamos entero, a ver si en ese crédito no se condiciona hasta cómo respiran los alcaldes, porque si no, el Banco Mundial no lo suelta. Así funciona el mundo, yo no tengo la culpa, así es. Los gringos, los monopolios, el imperialismo, senador Manzur, que es una palabra que tanta impresión suele causar en las filas de los sectores afectos al gobierno, no dan puntada sin dedal. Está claro desde los tiempos de la Colonia.

Me sorprende, ministro, que usted sostenga que estos no son planes de privatización ni será un modelo privatizador. Porque si alguna cosa caracteriza al doctor Álvaro Uribe Vélez y a su gobierno, se lo dijo el doctor Mauricio Jaramillo, que lo quiere tanto, es su naturaleza fuertemente neoliberal, furibundamente privatizador, tanto que privatizó lo que nadie se había atrevido a privatizar, a Ecopetrol, y también a Telecom, y fue el ponente y mantiene la Ley 100. Si el FMI da la orden, el doctor Uribe salta por el aro. Eso ha sido desde siempre, es más, nunca él ha intentado negarlo. Entonces no veo para qué intentamos negarlo aquí, porque usted queda supremamente mal. Pero le repito, además, el Conpes 3385 dice que los Planes Departamentales de Agua son para “la conformación de mercados más atractivos para la conformación del sector privado”. Así es. Usted dice que todo lo inspira la Ley 142. Bueno, esa sí que la he leído hartas veces, es la ley de la privatización de los servicios públicos domiciliarios, eso lo sabemos todos. La Constitución del 91 aprobó para que estas privatizaciones fueran posibles. Usted queda muy mal, ministro, cuando viene aquí, esto va a pasar por televisión seguramente el día de mañana, y dice que esto no es parte de la privatización. Entiendo que cuando uno dice aquí privatización, muchos salgan despavoridos, porque, claro, ya es tal el descrédito de la política que nadie quiere aparecer como privatizador, y entonces se inventan cosas, que la gestión no sé qué, que los operadores no sé que más, pero al final todos son proyectos de privatización, y además con la concepción dogmática de que es así como se van a arreglar los problemas de Colombia.

Insisto entonces en señalar que no quito una sola palabra de las frases que he pronunciado. El actual es un modelo profundamente retardatario. Insisto también en una denuncia a la que tampoco se refirieron ustedes: la destrucción de las fuentes de agua, de los reservorios de agua, de los acuíferos nacionales es descomunalmente grande. Nos estamos quedando sin agua y sobre eso no hay prácticamente ninguna política seria del gobierno nacional que apunte a que ese desastre que estamos viendo venir no nos ocurra. Aquí vamos a terminar a la vuelta de diez o quince años con gravísimos problemas de abastecimiento de agua, aun cuando Colombia siga siendo uno de los países donde más agua nos cae del cielo. Lo que pasa es que si no somos capaces de manejar bien el ciclo, vamos a terminar en una gravísima escasez.

Información relacionada:

1. Es la vida de la gente la que está en juego
2. Las privatizaciones son a menos precio y con alzas
3. Causas y consecuencias de las privatizaciones.

Intervención en la Plenaria del Senado

Quisiera expresar mi opinión ante las gravísimas y muy documentadas denuncias hechas por el senador Juan Manuel Corzo. Hay varias cosas, a mi juicio, que quedaron perfectamente claras. La primera, corroborada por la Contraloría General de la República, que la Superintendencia de Servicios Públicos está facultada para liquidar o administrar esa empresa en Cúcuta, pero no para sacarla en concesión. Lo ha dejado bien en claro aquí el Contralor General de la República.

Lo segundo es que la Presidencia de la República, a través de José Roberto Arango, interviene de manera indebida e intenta imponerles a la brava a los cucuteños una solución distinta de la que puede decidir la gente de Cúcuta, finalmente la dueña de la empresa. Cuando hablo de la gente de Cúcuta, estoy haciendo referencia a sus autoridades y voceros.

Lo tercero, el propósito de la Superintendencia a estas alturas es privatizar la empresa. Y privatizarla, en buen romance, significa montarle un buen negocio a alguien. Porque eso es lo que son en el fondo las privatizaciones. ¿O qué diablos son sino un negocio? Se trata de coger a un millón de usuarios cucuteños que hoy todavía pueden disfrutar de un servicio público y convertirlos en clientes.

Lo que está haciendo el gobierno nacional por encima de los intereses de los cucuteños no debe sorprendernos, senadores y colombianos. Porque la norma en el neoliberalismo es la ausencia de normas. Unos cuantos hacen lo que se les antoja, porque detentan el poder y, en este sentido, las leyes y normas de la República los tienen sin cuidado.

Digamos un par de cosas más sobre la Superintendencia de Servicios Públicos. Cuando arrancaron las privatizaciones y algunos alertamos en Colombia sobre lo terriblemente perniciosas que eran, los neoliberales nos tranquilizaron: no se preocupen, ciudadanos, que aquí va a haber una Superintendencia que proteja a los usuarios de los atropellos de los monopolios privados. Hoy, diez años después de la ley 142, ¿qué hace la Superintendencia de Servicios Públicos? Primero, interviene y administra mal las empresas. La experiencia nos muestra que las empresas tomadas por la Superservicios terminan peor de lo que estaban. Segundo, impulsa las privatizaciones. El trabajo que hace la Superintendencia se limita a crear las condiciones para que las privatización se dé. Y tercero, no defiende a los usuarios. Es lamentable asistir a una asamblea en algún barrio y oír a la ciudadanía con todo tipo de quejas que denuncian la frialdad, el despotismo, la negligencia con la que la Superintendencia atiende los reclamos de los usuarios, que todos sabemos están siendo brutalmente atropellados por los monopolios privados.

No pueden ustedes seguir engañando a la opinión, señora superintendente. Operador especializado o concesión, tal es la forma que asume hoy la privatización del agua. Los acueductos no se privatizan siguiendo el modelo impuesto en las hidroeléctricas, las termoeléctricas o las telecomunicaciones. Se explica lo anterior por la relación entre el capital variable y el capital constante, y por el hecho de que no se sabe muy bien qué es lo que hay enterrado. Ningún privado le compra un acueducto a nadie. ¿De qué se trata en últimas? De dejarle al Estado la responsabilidad de los riesgos y pérdidas y al operador privado o al concesionario, llámese como se llame, las utilidades, aun cuando no se dé formalmente la privatización. Usted lo debe saber bien, señora superintendente.

Le pido nuevamente que seamos serios y no manipulemos los hechos haciendo afirmaciones que no son ciertas. Porque en este caso lo que avanza es un proceso de privatización de las empresas de acueducto y alcantarillado. Privatización que en todo el mundo se hace de esta manera, en favor del concesionario o del operador especializado.

El senador Serrano tuvo la razón

Pasando a otro tema, que de todas maneras tiene que ver con el funcionamiento del gobierno, quiero abordar una última cuestión. Ayer el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol se vieron obligados a aceptar que lo que hay en el pozo de Gibraltar no es petróleo sino gas. Justo lo que el senador Hugo Serrano había advertido hace 20 meses, el tiempo que llevamos librando este debate en todas partes. Serrano diciendo: “En Gibraltar no hay petróleo sino gas” y el gobierno arguyendo que era un inmenso yacimiento de petróleo. Ayer por fin, el Ministerio de Minas y Ecopetrol aclararon que lo que hay es gas. Que haya gas por supuesto que es bueno. Pero si ustedes miran la prensa nacional de hoy encontrarán que la noticia la da el gobierno mañosamente, redactada para que los lectores que no sean cuidadosos sigan pensando que allí lo que hay es petróleo. Gas y petróleo son cosas muy distintas, porque los precios del petróleo son bastante mayores.

Quiero dejar expresa constancia de que en este debate de veinte meses, durante los cuales el senador Serrano Gómez ha sido maltratado por el gobierno nacional y por no pocos medios de comunicación, quien tuvo siempre la razón fue Serrano. Y que hoy, el gobierno no tiene el valor moral de concederle la razón, como tampoco algunos medios, que se siguen dejando manipular por esa información amañada salida del Ministerio y de la Empresa Colombiana de Petróleos.

Información relacionada:

1. Lo que oculta la privatización, 1997, ARS Ediciones:
2. La emboscada de la privatización.
3. Con la privatización han sido escandalosas las alzas en los servicios públicos.

Empiezo por agradecerle a la senadora Alexandra Moreno su invitación a participar en este importantísimo evento y aprovecho para felicitarla por este tipo de actividades, tan importante, que les permiten a las gentes sin silla en el Congreso, sean o no autoridades, expresar sus opiniones y ser escuchados por millares de colombianos en las distintas regiones. Saludo al alcalde de Manizales, a los trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Caldas y a los demás dirigentes sindicales.

Voy a partir en tres mi intervención, una primera parte para hacer un análisis general de las privatizaciones de las empresas públicas, que a mi juicio ameritan un debate de mucho fondo porque es la vida de la gente lo que en últimas están en juego. Una segunda para hacer una mención del caso de la CHEC y otra más breve del caso de Hidroprado, una represa que se privatizó en el Tolima y con la cual les pusieron conejo a los tolimenses, puesto que el presidente de la República les había prometido que esa plata se iba a invertir en las regiones pobres de ese departamento. Y una tercera para pedirle a la Contraloría que suspenda el proceso de privatización que debe adelantarse la próxima semana en la Empresa de Energía de Pereira, porque en ella hay asuntos por lo menos sospechosos o turbios.

Fue el FMI el que ordenó privatizar

La política de privatización de las empresas públicas no es un invento de los colombianos, y esto habrá que repetirlo hasta la saciedad, sino una determinación que tomaron las grandes agencias internacionales de crédito, el FMI y el Banco Mundial y que se la impusieron desde hace tiempos a los países prestatarios. A Colombia se la ordenaron en el documento Stand by firmado por el anterior gobierno con el FMI y en otro, también con el FMI, suscrito por el actual gobierno. Ambos ratifican que hay que privatizar las electrificadoras regionales y en general todas las empresas de servicios públicos. Lo mismo dice el Plan Colombia, pues, como suelo decir, los gringos no regalan nada. Aquí se mueven unos intereses foráneos muy poderosos vinculados a monopolios de servicios públicos en mercados de escala colosal, que terminan por constituir en todo el mundo unos negocios realmente descomunales. Nadie sabe cuántas son las ganancias que han hecho las trasnacionales en los últimos años cuando se han quedado con las empresas privatizadas. Luego, que venga desde allá no es sorprendente, como tampoco lo es que en el proceso estas empresas de servicios ni siquiera queden en manos de inversionistas nacionales sino de monopolios extranjeros, los únicos que terminan teniendo el músculo suficiente para quedarse con ellas.

Esta política se comenzó a aplicar desde los años 90 y los neoliberales se la vendieron al pueblo colombiano con el cuento de que como esas empresas eran monopolios del Estado y por lo mismo generaban ineficiencias, era mejor entonces entregarlas a la empresa privada. Dijeron además que las privatizaciones fomentaban la competencia dentro de los privados y que por tanto los usuarios iban a ganar muchísimo. Se sugirió incluso que habrían de bajar las tarifas de los servicios públicos. Todo este cuento chino fue como la gran carnada que se le puso al anzuelo de las privatizaciones. Señoras y señores, dijeron, cuenten con que ustedes van a ganar sumas importantes por el mejor manejo de las empresas.

¿Qué sucedió? Lo que advertimos algunos en su momento. Recuerdo que fue bastante lo que hablamos del tema en Manizales. Alcanzamos incluso a hacer un intento de referendo para rechazar la privatización de la telefónica, pero al final sucedió lo que tenía que suceder. Primero: que los monopolios públicos terminaron convertidos en los hechos, como aspecto fundamental, en monopolios privados. La tendencia es muy clara incluso en los casos en los que la monopolización no se ha dado del todo, pero hacia allá va. Y una vez afianzado, el monopolio privado utiliza el poder y se aprovecharse de esa circunstancia para subir las tarifas, una secuela apenas natural en una economía capitalista. No voy a dar las cifras, pero todos sabemos que las tarifas de los servicios públicos han subido en proporciones notorias. En aquellos sectores donde no ha sucedido aún este fenómeno, basta esperar un poco a que se concentre el monopolio después de un breve lapso de competencia para ver cómo nos van a quitar hasta las calzas de las muelas. Primer aspecto, resumiendo: alzas escandalosas en las tarifas de los servicios públicos.

Segundo, los sectores más pobres, o nunca se conectan a los servicios públicos, o corren un riesgo cada vez mayor de quedar desconectados. Cuando las empresas son públicas y no tienen que hacer ganancias, el servicio de energía, por ejemplo, puede llegar más fácil a las zonas rurales. Pero una vez la empresa se vuelve privada va a ser bien difícil, yo diría que imposible. Hay que mencionar también el número inmenso de desconectados que hay en Colombia en este momento. En la medida en que el agua o la luz dejaron de ser un derecho para convertirse en negocio, lo que sucedió es que hay millones de colombianos desconectados de uno o de otro o de varios servicios públicos, un hecho gravísimo pero que poco se menciona. Lejos de ampliarse la cobertura, lo que hay es un deterioro.

El tercer aspecto, no menos grave, guarda íntima relación con la democracia, y es la sistemática política de persecución a los sindicatos. Es algo realmente escandaloso la ofensiva contra el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones, a negociar pliegos y hacer huelga. Se supone que no puede haber democracia si no hay organización de los trabajadores y si no hay sindicalismo. Aquí no solo los matan por docenas o por centenas, sino que además les eliminan todo derecho. Sigo insistiendo en que es más fácil en Colombia armar una banda de secuestradores que construir un sindicato o que mantenerlo vivo. Y por supuesto, no desbaratan los sindicatos o los reducen al mínimo simplemente por el gusto de reducirlos, sino porque la destrucción del sindicalismo trae aparejado el envilecimiento del costo de la mano de obra.

Empresas del Estado se venden a menos precio y al capital foráneo

Las privatizaciones de los activos públicos se hacen a menos precio, vendiéndolos por menos de lo que se venderían si fueran activos privados, hecho más que evidente y demostrable hasta la saciedad. No olvido que en el caso de la telefónica de Manizales, el primer comprador que tuvo, una empresa privada del sector financiero, se ganó en 20 días 28 mil millones de pesos, porque la compró minusvalorada. Recordemos el escándalo de Invercolsa, otro caso en que se vende a menos precio el patrimonio nacional. Y hoy estamos viviendo uno escalofriante, la privatización de Ecopetrol. Hace seis meses las acciones se vendieron por un precio y hoy valen el doble: el ciento por ciento de utilidad en seis meses para los privados. ¿Por qué, qué han encontrado? No han encontrado realmente nada, ni un yacimiento nuevo. ¿Qué sucedió? Que como lo advertimos con el senador Hugo Serrano en la Comisión Quinta, las acciones se vendieron a menos precio y el petróleo, propiedad de Ecopetrol, se valoró a mucho menos de lo que se sabía que iba a costar, hechos perfectamente documentados como lo demostramos en el debate. O sea, defraudaron el patrimonio público en beneficio de un número en este caso relativamente importante de colombianos, pero esto no le quita la gravedad al asunto A esos colombianos los meten de ganchos ciegos, como se dice coloquialmente, para que embellezcan una operación que en otro país ameritaría una investigación de la Fiscalía, porque yo quiero preguntar qué norma le permite a un ministro o a un presidente de Ecopetrol vender unas acciones que en seis meses se valorizan al doble.

Otra característica de las privatizaciones es que quedan al final en manos de extranjeros, como viene sucediendo en Ecopetrol. Ya la tendencia está marcada. Y el problema no es per se, como algo negativo, que las compren los extranjeros, sino que son empresas del tamaño de Ecopetrol son muy poderosas como fuente de acumulación de riqueza interna en el país. Si las utilidades no se quedan en el país, sino que se van hacia el exterior, pues la riqueza se acumula allá y no aquí. Y lo que al final desarrolla los países es qué tanta riqueza se acumula internamente. Si los países europeos o Estados Unidos son más ricos que Colombia es porque han acumulado internamente más riqueza. Al final ese es todo el cuento. Y aquí perdemos las principales fuentes de acumulación de riqueza, que son las empresas de servicios públicos y se las terminamos además entregando en bloque al capital extranjero.

Frente a la privatización de las empresas regionales de Boyacá, Meta, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca, tuvo que protestar la Contraloría General de la Nación, porque el gobierno intentó venderlas a menos precio. Lo que pasa es que los cogieron con las manos en la masa y les saltó el Contralor y los paró, y vamos a ver en cuánto las van a sacar a vender ahora. Pero lo cierto es que los cogieron con las manos en la masa. ¡Tan avezados en sus negocios personales y se les olvida hacer negocios cuando se trata del interés de la nación o del interés público! Y ahora ha aparecido una exigencia escandalosa, propia también de estas privatizaciones. El ministro de Minas les ha dicho a los departamentos que si quieren quedarse con la mayoría accionaria, está bien, pero, eso sí, será el inversionista privado el que se quedará con la operación de la empresa, no importa que tenga menos del 51%. La pretensión es bochornosa. Cómo así que un inversionista privado, accionista minoritario, es el que controla la operación. Esto es absolutamente inaceptable. Claro, a los colombianos que no saben les parecerá que eso no importa, pero los que sí somos medio informados sabemos que quién opera adquiere el derecho a obtener utilidades superiores a las que le permite su presencia accionaria, porque de ahí se derivan una cantidad de negocios inmensos, ilegales muchos, aunque solo con los legales quien maneja la operación mejora su rentabilidad en proporciones notorias.

En el caso de la CHEC, debe ser preservado el interés regional

La política es clavarles a las regiones interesadas en comprar precios incluso superiores, como si fuera cualquier particular. En otras palabras, cuando se trata del interés público, ahí desaparece la consideración. Recuerdo que antes de llegar yo al Congreso y también recién llegado, discutimos mucho quién se iba a quedar con la CHEC, y nunca conseguimos abrirle el camino a una salida apenas obvia y era que si la nación iba a vender, favoreciera al poder regional, municipal y departamental, para que fuera la región la que se quedara con la mayoría y con el control de las empresas. El centralismo de los gobiernos nacionales suele hacer caso omiso de lo importante que es para las regiones que estos procesos no culminen entregando las empresas a un privado, sino dejando a la región con el control de las decisiones. Esto ha sido desconceptuado y ya vemos cómo andan diciendo que aun si los departamentos logran la mayoría accionaria, ni siquiera así se quedan con la operación, que es en buena medida la clave del asunto. En el caso de la CHEC, en Caldas, seguimos insistiendo en que la región debe quedarse, si ya no con la mayoría de las acciones –porque el gobierno nacional se la arrebató en su momento y se la vendió a EPM–, sí con una presencia importante y en condiciones preferenciales, también es obvio que debe reclamarse. Porque si el gobierno nacional se empecina en clavarse hasta el alma a los caldenses y manizaleños, tropezará con una gran oposición. Se supone que el gobierno nacional y los gobiernos regionales son amigos, que debe haber un trato con algún grado de consideración. No deja de ser curioso el parentesco del presidente Uribe, quien es al final el que define las políticas, con EPM y con los intereses de EPM. Yo he defendido a EMP como empresa pública, porque algún día van intentar por tercera vez privatizarla, pero también hay que decir que en este caso tienen que favorecerse los intereses de los caldenses frente a los intereses de EPM, porque lo cierto es que hay unos intereses particulares del departamento de Caldas en esta coyuntura.

Una de las carnadas que el gobierno le ha puesto al anzuelo de las privatizaciones es decir que las platas van a terminar en las regiones mediante inversiones en vías y otras obras. En este momento hay una situación escandalosa en el departamento del Tolima, porque los 80 mil millones de pesos de la venta de Hidroprado, que han debido ir a la región para financiar vías y otros muchos problemas, se los embolataron al departamento. Le pusieron conejo, como se dice coloquialmente. Todo parece indicarnos que no es solo a doña Yidis a quien le pone conejo este gobierno, sino también al departamento del Tolima. En este sentido, al gobernador Barreto le asiste razón cuando le reclama al presidente de la República que ya que hizo el estropicio de privatizar a Hidroprado, que por lo menos alguna cosa les toque a los tolimenses.

Está previsto para el próximo 21 de mayo que la Empresa de Energía de Pereira deba poner en venta sus acciones. Quiero llamar la atención en un asunto que estamos investigando en mi oficina y es que la EEP aparece participando en la compra de Enertolima. Es un negocio muy extraño que no tengo tiempo aquí de explicar y sobre el que simplemente llamo la atención a la opinión pública. Muy extraño porque se dice que la EEP debe meterse en ese negocio no aportando plata, sino solo su know how, y que en ese sentido no se hace responsable de ningún tipo de inversión. Pero cuando pasan los días, la EEP termina endeudada en 3.687 millones de pesos, sin que aparezca respaldando con su know how a la Empresa Electrificadora del Tolima. Y muy extraño, además, porque la plata no se la presta un banco, sino un particular, el señor Alberto Ríos Velilla, que a su vez termina siendo cercano al grupo Nule, el que al final se viene quedando con la Empresa.

Es un asunto por lo menos turbio. El propio Ministerio de Hacienda afirma que la transacción no puede ser definida como una operación de crédito público y ve con extrañeza que una empresa como la EEP termine recibiendo préstamos de particulares por sumas de este tamaño. Y es así como se organiza la privatización de Enertolima. Pero ¡oh, sorpresa! Resulta que ahora va a ser también privatizada la EEP y aparece Enertolima como uno de los tres posibles compradores. El llamado que les estoy haciendo a la Contraloría y a la Procuraduría es entonces a que por lo menos detengan el proceso, mientras vemos qué fue lo que pasó, porque ustedes habrán advertido, en el brevísimo resumen que he hecho, que es muy curioso lo que está sucediendo. Es muy curioso que a la EEP la terminen asociando, de una manera probablemente ilegal, para después aparecer en una operación que termina convirtiéndose en el negocio de quien quiere comprarla. Es una situación poco clara, como lo señala el propio Ministerio de Hacienda, y entonces urge que los órganos de control ordenen pararlo mientras se sabe con certeza qué es lo que está pasando. Les voy a enviar la petición con todo detalle a las autoridades.

Termino llamando la atención a quienes presencian este foro y a los aquí presentes para que entiendan que toda esta política no le conviene ni al interés nacional ni al regional y que en estos procesos se deben hacer esfuerzos por defender unificadamente los intereses nacionales y regionales.

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Quiero, antes de entrar en materia, registrar mi coincidencia con las expresiones hechas en estos días por el presidente Chávez, de Venezuela, en el sentido de que los secuestrados tienen que ser liberados sin ninguna condición y que la lucha armada ya no se justifica. Plantearía un matiz de diferencia: no se justifica ahora, ni se ha justificado en los últimos cuarenta años, como algunos hemos venido sosteniéndolo desde siempre. Ojalá esto contribuya a lograr que los colombianos que hoy se pudren en las selvas de Colombia regresen a la tranquilidad de sus casas.

Casos de Hidroprado y Chec

No voy a hacer referencia al caso de Hidroprado, porque lo ha planteado con toda claridad mi colega, el senador Mauricio Jaramillo, en una intervención que comparto en su totalidad y de la que resalto el hecho clarísimo de que la represa no se le quiso vender al departamento del Tolima sino que se decidió privatizarla en condiciones de absoluta anormalidad y al departamento le pusieron “conejo”, “conejo” que no sería el primero. Ya el senador Serrano acaba de señalar el caso de Ecogas, aquí hemos denunciado cómo el presidente de la República se comprometió con el sindicato de los trabajadores a no privatizar Ecopetrol y lo privatizó y la señora Yidis Medina, mentadísima en estos días, se empeña en demostrar ante los jueces que el propio presidente de la República también le puso “conejo”, por lo menos parcial, en una deuda que había contraído con ella.

No es nuevo el sesgo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas en contra de los intereses de las regiones. Es el mismo que hemos venido sufriendo en Caldas en el caso de la CHEC y que el doctor Óscar Iván Zuluaga conoce bien. El gobierno nacional nunca quiso facilitar las cosas para que su retiro del control de la CHEC beneficiara al departamento de Caldas, sino que se empeñó en que tenía que beneficiar a EPM, empresa que yo he respaldado siempre, pero es evidente en este caso que las cosas se hicieron en contra del interés regional de los caldenses.

Y ahora estamos, doctor Óscar Iván Zuluaga, en que el gobierno nacional se obstina en colocar nuevamente en manos de EPM la fracción que le queda en la CHEC, una fracción importante del orden del 27%, en vez de transferírsela o vendérsela en condiciones cordiales a los caldenses, cosa que les hace daño a los intereses del departamento de Caldas. Y es inaceptable también lo que se está diciendo: o se le entrega a EPM o no hay plata del gobierno nacional para atender los gravísimos problemas de vías que padece el departamento de Caldas, en ese estilo del presidente de la República de condicionar cualquier centavo que ofrece a las regiones a que se tenga que compartir toda idea suya, por disparatada que sea, un estilo que uno tiene que repudiar. Le insisto, doctor Óscar Iván Zuluaga, que para los intereses del departamento de Caldas, de donde usted y yo somos oriundos –aun cuando, como se dice, yo tengo doble nacionalidad, porque también soy tolimense–, lo mejor es que el gobierno nacional facilite que las acciones que aún tiene en la CHEC se queden o en el municipio de Manizales o en el departamento.

Rechazo a actitud fascistoide del ministro Arias

No puedo dejar pasar otro asunto que, así no sea de manera precisa del tema, sí pertenece a esta Comisión de asuntos agrarios. Están pasado cosas graves, senadores. Aquí tengo Portafolio, del 6 de junio pasado, donde dice: “El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias amenazó al director de Cega, Eduardo Uribe, con mandarlo a la cárcel” por un informe que él hizo sobre el Ministerio de Agricultura y el programa Agro Ingreso Seguro, AIS. El Cega, Centro de Estudios Agropecuarios, es una respetable institución de investigación adscrita a la Universidad de los Andes. Y esa entidad publica un informe que dice que el AIS no es un buen plan tal como se viene desarrollando y saca otra investigación según la cual los empresarios agropecuarios coinciden en que el sector agropecuario está muy mal. Y el ministro Arias, además de pegarle una vaciada al señor decano de Economía de los Andes, en un foro realizado en esa Universidad, salió de allí y le mandó una carta al doctor Uribe, director del Cega, amenazándolo con meterlo siete años a la cárcel por el informe. Inaudito. ¡Hasta dónde vamos a llegar, señor ministro de Hacienda! Voy a hacer una afirmación con todas las letras: es una actitud fascistoide del ministro de Agricultura que tenemos que repudiar. He estado en la academia toda la vida y si hay algo repudiable, que asquea, es ver al Estado presionando a los académicos para que sus investigaciones se ciñan a los términos que le convienen al gobierno. Es una desvergüenza. Estoy siendo muy duro en las palabras, pero es que no caben otras. De cuándo acá un ministro se atreve a amenazar con cárcel a un académico porque sacó una investigación cuyos cálculos no son del agrado del ministro de Agricultura. Es lo mismo que viene haciendo el gobierno con el DANE. Dice la misma información de Portafolio que ya casi tiene listo el doctor Arias cómo es que el DANE debe hacerle los cálculos a su Ministerio. ¡Eso qué es! Que el ministro de Agricultura le diga al DANE cómo calcular las cifras, qué es este horror. Debería ser delito, usted sabe lo que le voy a decir, doctor Óscar Iván Zuluaga, destruir las series estadísticas de un país para beneficiar a un ministro o a un gobierno. Es algo demasiado grave. Cómo pueden ustedes gobernar si no saben cuáles son las cifras, si cada ministro las pone en duda cuando se le da la gana y si echan a las patadas a dos directores del DANE porque las cifras no le gustan al doctor Álvaro Uribe Vélez. Les llamo la atención a la gente seria, incluidos los uribistas, pero que sean responsables en este tema de las estadísticas nacionales.

“Los planes del FMI, no una opción sino una obligación”

Entrando ya en materia, este es un debate sobre privatizaciones en el que voy a mencionar tres aspectos. Primero, un vistazo general a las privatizaciones; segundo, el caso concreto de la privatización de las electrificadoras regionales y cómo se intentaron vender a menos de su valor. Y tercero, voy a mirar con algún detenimiento el caso de la privatización de Enertolima y el papel de la Empresa de Energía de Pereira, EEP, un caso bien extraño, turbio o por lo menos no claro, que puede de servir de ejemplo para mostrar cómo es que se feria el patrimonio de la nación con maniobras abiertamente ilegales o por lo menos bien curiosas y que dan la idea de un favorecimiento a algún tipo de personajes.

El periódico El Tiempo, el 25 de septiembre de 1984, lejana la cita, titula: “Dice su director, planes del FMI no son una opción sino una obligación”. Es importante dejar en claro que cuando el gobierno de Colombia le firma al FMI un acuerdo es de obligatorio cumplimiento, bajo pena de sanciones por parte de esa institución.

El Plan Colombia: definido con el gobierno de Estados Unidos, otro asunto que se ha silenciado pero que a mí no se me olvida. El Plan Colombia incluyó el despeje de El Caguán. Los gringos no daban los pasos que dieron para ese Plan si no se despejaba El Caguán. Fue un hecho que se supo en una discusión que tuvieron el presidente Uribe y el ex presidente Pastrana. Pero lo que me interesa del Plan Colombia para el punto de las privatizaciones es un texto que dice: “Las empresas y la banca estatal serán privatizadas (…) ISA e Isagen, dos electrificadoras de orden nacional, y catorce distribuidores de energía regionales de menor tamaño ya están para la venta”. Otra imposición. Pero miren ustedes cómo amarran los gringos una cosa con otra. La Carta de Intención al FMI suscrita por el gobierno de Colombia el 20 de diciembre de 2001, ¿saben cómo se titula? “FMI acoge el Plan Colombia”. Estos norteamericanos de la Casa Blanca son desconfiados: no es solo que el doctor Pastrana me firme el Plan Colombia. Es que me lo amarre al FMI, no como una opción, dice su director, sino como una obligación. Y hay otro documento, de abril del 2005, en que el actual gobierno se compromete a “contratar “un banco de inversión para poder llevar varias empresas regionales de electricidad (la Empresa de Energía de Cundinamarca, la Electrificadora del Meta, la Empresa de Energía de Boyacá, la Electrificadora de Santander y la Central Eléctrica del Norte de Santander S. A.) al punto de venta en junio de 2006” (pp. 8). Primera idea, esto no es un invento de los colombianos, sino una imposición del capital trasnacional de Estados Unidos, que viola la soberanía nacional de Colombia.

Segunda idea, el Conpes 3241 (Agt.25.03), explicando por qué entraron en crisis las empresas regionales de energía, las que se van a privatizar, y es clave saber cómo es que van amarrando las cosas, dice: “La suscripción de contratos mal gestionados que se utilizaron para la financiación de proyectos, en algunos casos innecesarios, conllevaron a la inviabilidad financiera a entidades estatales como CHEC, EBSA, Electrolima y EDEQ”. Vamos a mirar con algún detenimiento el caso de Electrolima, en lo relacionado con un fallo de un Tribunal de Arbitramento en el que Electrolima perdió $67.000 millones en beneficio de la Sociedad Energética de Melgar, en un contrato de BOOT que produjo un escándalo en su momento. El fundamento de las crisis de estas empresas no es el que han querido explicar los amigos del neoliberalismo, sino que tiene que ver con contratos definitivamente mal hechos. En el caso de Caldas, que conocemos de cerca, los famosos PPA de Termodorada, por ejemplo, unos contratos leoninos a mi juicio, firmados por estúpidos o por corruptos, y como abrigo mis dudas de que alguien pueda tener capacidad para firmar un negocio importante siendo un estúpido, pues uno suele sacar una conclusión diferente.

Privatizaciones, siempre a menos precio

La otra discusión es lo de los precios de venta. Miren, senadores, lo que me encontré: Mauricio Cabrera, uno de los más reputados economistas colombianos, hablando de la privatización de Ecopetrol, y aquí toca darle una puntadita a la privatización de Ecopetrol, porque no se nos puede olvidar que la vendieron a menos precio, regalada, afirma: “Es lógico que los compradores privados van a exigir un precio muy bajo por las acciones de Ecopetrol. Inclusive inferior al que pagaron por ISA, el cual fue muy criticado en su momento” (Portafolio, Agt.08.06). Y al doctor Gutiérrez, gerente de ISA cuando su privatización y ahora, de Ecopetrol, nos lo tienen convertido en el gran prócer de Colombia. Y cuando uno escarba un poquito su genialidad y las razones para volverlo prócer, encuentra que ha vendido dos empresas a menos precio. Curioso país este en el que estamos viviendo los colombianos. A uno lo vuelven prócer si vende su empresa a menos precio, defraudando el interés nacional. Y Eduardo Sarmiento, otro economista reputadísimo de esos que no venden su conciencia, asevera sobre el mismo tema: “Como ha ocurrido en todas las privatizaciones en Colombia y en América Latina, adquirirán la empresa (Ecopetrol) por debajo de su valor real”. No fuimos nosotros solamente los que advertimos lo que iba a pasar. También gente de este calibre advirtió cómo se iba a defraudar el interés público. Eduardo Sarmiento da ejemplos de ventas a menos precio, y voy a leer a la carrera unos cuantos de los dichos por él o por otros para que nos hagamos una idea de cuál es el mar en el que navegamos.

Kilovatio de hidroeléctrica: se vendió al 50% de lo que costaba construirlo. Termocartagena: lo recibió Minhacienda en US$154 millones y lo vendió en US$15 millones. Los solos edificios y terrenos valían US$18 millones. Termotasajero: la Nación lo tasó en US$130 millones y lo vendió en US$28 millones. Telecom: vendida en US$271 millones y valía US$2.200 millones. Corelca: el ex ministro, no el senador, Armando Benedetti, advirtió que en un negocio con Enron –con esos pillos, ¡hágame el favor!, ahí están todos en la cárcel en Estados Unidos–, intentaron poner el gas de Ecopetrol a US$0,40 y valía a US$1,75 (ET, Agt.14.06). ISA: el propio Álvaro Uribe Vélez (Dinero, Feb.2001), lo he dicho veinte veces aquí, dijo que la iban a vender en 400 millones de dólares menos de lo que valía, y efectivamente, el doctor Gutiérrez la vendió. Y las acciones entre julio de 2001 y el 2 de septiembre de 2007 se valorizaron en 425,02%. No, no se valorizaron. Fue que se vendieron por menos de su valor real. Isagen: el caso de Isagen clama al cielo, como el de Ecopetrol. El 8 de agosto de 2007 venden las acciones y el 2 de septiembre de 2007 valían 69,9% más. ¡En menos de un mes! Vendida a menos precio también.

De eso es de lo que estamos hablando, de unas privatizaciones que se hacen sobre la base de vender a menos las empresas para beneficiar a unos gatos grandes y lustrosos, así de pronto metan a la señora de los tintos de Ecopetrol para que El Tiempo pueda titular de alguna manera acomodaticia. Esto por supuesto incluye alzas en las tarifas. Les voy a leer las cifras de los incrementos en las tarifas hechos con la privatización, que además de defraudar el patrimonio público, acarrea hambre. Privatización es hambre y alza en las tarifas para que los colombianos coman menos, se vistan menos y se eduquen menos.

Fuertes alzas en las tarifas y represión a los trabajadores

Voy a leer unos pocos casos para no hacerme largo. Entre junio de 1995 y octubre de 2007, incremento real, real, no nominal, en pesos de 1995, descontando inflación. Santander, en estrato 1, incrementos, 248%. Norte de Santander, en estrato 2, 233%. Boyacá, en estrato 3, 395%. Empresa de Energía de Pereira, que la están alistando también, en estrato 4, 118%. Meta, en estrato 5, 154%. Cundinamarca, en estrato 6, 198%. Hice como la escalera para no repetir mucho asunto, pero digamos, en Cundinamarca en estrato 1, 361%, en 2, 467%, en 3, ¡457 por ciento!

Y me dicen que la política de la privatización es muy buena, senador Hugo Serrano, tan buena que para desarrollarla tienen que reventar de hambre a los colombianos. Y todo, para que tres o cuatro ricachos, casi todos trasnacionales, se embolsillen unas utilidades fabulosas. Pero cuando yo digo que lo que están montando es una plutocracia, que es el gobierno de los monopolios y las trasnacionales, al doctor Arias se le despelucan los cabellos que aún le quedan. Yo simplemente estoy haciendo una afirmación con base científica.

Persecución a los trabajadores

Hay otro aspecto muy grave y repudiable en estas privatizaciones. Todas se montan sobre la base de perseguir implacablemente a los trabajadores. No hay privatización que no incluya la persecución de los trabajadores. Es que el país ha llegado a un nivel aterrador de desfachatez. Miren ustedes lo que me encontré en el Conpes 3224 (Agt.11.03), de este gobierno, sobre Enertolima: “Es una empresa que tiene una planta de personal eficiente y con prestaciones de ley, es decir, que no tiene beneficios convencionales”. La empresa es eficiente, dice el gobierno, porque sus trabajadores carecen de beneficios convencionales. Cualquiera diría que los beneficios convencionales, que les permiten a los trabajadores ganarse unos centavitos más de lo que se le dé la gana al patrón, son una actividad criminal, contraria al progreso de Colombia. Para el gobierno, quien logre obtener un beneficio convencional se vuelve sospechoso. Toda esta política privatizadora viene acompañada de destrucción de los sindicatos y, así sea coincidencia, de sindicalistas muertos y desaparecidos, de inestabilidad laboral absoluta, de pésimos salarios. Y en resumidas cuentas, doctor Óscar Iván Zuluaga, de menos democracia. No puede haber concepción democrática en un país que no respete a los sindicatos, no para que sean unas figuras decorativas, como un cuadro, sino para que ejerzan su derecho a firmar contrataciones colectivas y a conquistar beneficios convencionales que superen las cláusulas de ley, usted sabe esto. Cuando la OIT se refiere en términos negativos a este gobierno, lo hace porque ve que no hay libertades sindicales, aun cuando la verdad es que ha sido blandengue frente a este gobierno en lo que tiene que ver con sus relaciones con los trabajadores.

¿Es un crimen que un pobre gane un poquito más que el salario mínimo? ¿Es negativo para el país? ¿Es malo que el obrero Pedro Pérez, en Cúcuta o en Bucaramanga o en Ibagué, en vez de ganarse 400 mil se gane 500 u 800 mil pesos y le compre a la modista más camisas para su señora o al tendero un poco más de libras de chocolate o de café? ¿Es malo que ese trabajador pueda llevar a sus hijos de pronto a un matinal el domingo a que vean una película? ¿Es contrario al progreso de Colombia? ¡Qué tipo de capitalismo es este! Cualquiera que haya estudiado un poquito de economía sabe que el capitalismo no puede crecer sobre la absoluta hambre del pueblo. ¿Es malo que los ciudadanos norteamericanos o europeos ganen un poco más que los de Colombia? No. Lo que explica las fortalezas de esas economías es que su pueblo gana algo, y así gasta, y como gasta algo funciona mejor la economía porque hay más quien compre. ¿Es malo para los productores de panela, pregunto yo, que un trabajador de una empresa de energía compre tres atados más al mes? ¿Es malo para un panelero? ¿Es malo para un fabricante de camisas que un trabajador sindicalizado compre dos camisas más al año? Es un horror lo que está pasando en Colombia, viendo cómo una cúpula, allá en las nubes, vinculada al capital extranjero, todo lo tiene y todo lo puede en medio de un país que ya parece casi un país de parias, donde tomarse una aguapanela se empieza a convertir en un delito.

Contraloría advirtió que iba a haber detrimento patrimonial

¿Cómo valorizaron las electrificadoras? Dice la Contraloría General de la República que las de Norte de Santander, Santander, Meta, Cundinamarca y Boyacá, el Ministerio de Minas fueron valorizadas en 200 mil millones de pesos menos de lo que valían o del precio al que las valorizó la propia Contraloría. Pero con esta advertencia, que agrava todavía más el asunto, y es que la Contraloría General de la República le manda al gobierno un control de advertencia porque se van a vender las empresas a menos precio. Dice el doctor Turbay: “Continuar el proceso bajo esas condiciones implicaría el riesgo de menores ingresos para el Estado, lo que podría configurar detrimento patrimonial”. Y miren lo que agrega, especialmente grave –supongo que por eso es que no vino el ministro de Minas, le debió de haber dado pena darle la cara a esta Comisión. La Contraloría, dice el doctor Turbay, encontró “serias dificultades para obtener la información necesaria sobre los ejercicios de valoración adelantados por las bancas de inversión contratadas por ese Ministerio”. Está denunciando el contralor que le embolataron la información, nada menos, que la información “ha sido fragmentaria e insuficiente, debido a la reticencia a suministrarla, según consta en comunicación suscrita por el señor viceministro, en la que aduce el extravagante argumento de que la propiedad intelectual del estudio contratado y pagado por el Estado, por valor de $2 mil millones, es del contratista.” El Estado contrata un míster para que le haga la valoración y cuando el propio Estado, por conducto de uno de sus organismos de control, le dice al Ministerio que le deje ver el estudio, allá le dicen que no, porque se viola la propiedad intelectual. ¿Esto qué es? ¿En qué país estamos? Aquí yo he dicho muchas veces, en son de ironía, que para que el ministro de Agricultura me dé unas cifras, hay que someterlo a tortura. Comparen las respuestas que me dio el Ministerio de Hacienda y el de Minas para este debate. Les hicimos a los dos las mismas preguntas y el uno dice, esta pregunta se la contesta el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda dice, no, esa pregunta se la contesta el Ministerio de Minas. Y yo me quedo viendo un chispero, porque, además, buena parte de las respuestas me las entregaron ayer a última hora. Vamos a ver qué tenemos hacer, senadores de la Comisión. Pongámonos todos de acuerdo para que estos ministros respeten nuestro trabajo y nos respondan oportunamente y como debe ser.

El contralor le hace entonces al Ministerio el control de advertencia. ¿Y saben qué hizo el Ministerio? Nada. Siguió para adelante con la venta como si no estuviera pasando nada. Si hoy está suspendida fue porque acciones populares de los trabajadores ante los jueces lograron pararla, como se dice, a la brava, a pesar de que el contralor había dicho que no siguieran. Y el gobierno, como si nada. Aquí el gobierno hace lo que se le da la gana, porque aquí no valen ni Rama Judicial ni Legislativa. Aquí el que manda es el doctor Álvaro Uribe Vélez, y es dándole. Y si un senador de la República, el doctor Alexander López, ha sido dirigente sindical, eso ya se le vuelve cabeza de proceso y vemos al propio jefe de Estado diciéndole a un general de la policía en un consejo comunitario: oiga, general, métame a ese senador a la cárcel. ¡Eso qué es! Opina la Contraloría y les importa un pepino. Bueno, pero una vez los jueces de la República pararon esa venta a menos precio del patrimonio público, les tocó entonces moverse y en un conjunto de decretos de enero de este año ya valoraron las empresas en 210 mil millones de pesos más y ahora nos informan que todavía las están valorando. Vamos a mirar con lupa la nueva valoración. Ni crean que se las vamos a visar en los precios que a ustedes se les antoje.

El operador privado se quedará con el control

Les hago un llamado muy cariñoso a los santandereanos y a todos los que están en esto, porque ya el asunto está llegando al colmo. Santander y otros departamentos han dicho: nosotros queremos quedarnos con las empresas con tal de que no se las den a los privados, porque saben que esos privados hacen fiesta con ellas y ponen el servicio donde se les da la gana y suben las tarifas y contratan como quieren y hacen lo que se les viene a la cabeza. Entonces los departamentos están bregando a quedarse con el 51% de las acciones, lo mismo que intentó el Tolima con Hidroprado, o lo que quisimos hacer con CHEC en Caldas. Y miren ustedes las del ministro de Minas (LR, May.14.08): “El departamento que compre el 51% debe cederle el control de por vida al operador. Para esto, habrá un acuerdo de accionistas desde el principio que es inmodificable”. Vuelvo y hago la pregunta: ¿hasta dónde va a llegar esto? El Estado, a través de un departamento, compra la mayoría de las acciones para quedarse con el control y para operar, por supuesto. Y desde el Ministerio le dicen, no, usted puede tener las acciones que quiera pero operará y tendrá el control el privado. Con franqueza les pregunto, ministros: ¿ustedes a quién representan en este asunto? ¿A la nación colombiana, al Estado colombiano, o a los negociantes privados? Ustedes de cuándo acá se arrogan el derecho de otorgarles a la brava a unos negociantes más derechos y más representatividad que al Estado colombiano. Eso es lo que están haciendo ustedes, y a la brava: las empresas del Estado tienen que quedar bajo el control de los privados, sea como sea. Y me preguntarán por qué eso me preocupa tanto. Muy sencillo, porque todos sabemos que quien opera una empresa tiene todas las ventajas del mundo, inclusive, la de defraudar a sus socios. Eso lo sabe cualquiera. Me imagino que estarán pensando para refutarme que es que los del Estado son muy pillos y si operan, se roban las empresas. Yo les digo, bueno, si tienen pillos de esos en sus partidos, échenlos. Pero es medio absurdo lo que están haciendo. Les hago una sugerencia cariñosa a los uribistas: no escupan hacia arriba. Porque si la teoría es que hay que entregárselas a un privado porque los públicos roban, yo diría, cuáles públicos roban. Y con franqueza le diría a un senador de cualquier departamento que esté dispuesto a entregar a los particulares la operación de la empresa, senador, ¿por qué no tiene en sus filas quién la administre con honradez? Porque aquí precisamente lo que estamos tratando de hacer algunos es tener un gobierno de gente respetable a la que no haya que quitarle las cosas de la mano porque, si no, se las embolsillan.

Esto me lleva a otro punto. Ustedes le habrán oído la cantaleta al doctor Álvaro Uribe Vélez: confianza inversionista, confianza inversionista, confianza inversionista. Les pregunto: ¿es a esto a lo que ustedes llaman confianza inversionista? Coger la propiedad pública y entregársela a la brava a los privados, así sean minoría, ¿es a eso a lo que ustedes llaman confianza inversionista? Y que además la renta que paguen no sea del 33% sino del 9% y que haya zonas francas que le permitan al gobierno escoger a dedo a quién le conceden todo tipo de beneficios tributarios. No, eso no es confianza inversionista. O si lo es, se consigue de una manera absolutamente repudiable, porque se supone que los intereses del Estado deben estar por encima de los intereses de los particulares.

Hay algo muy oscuro en lo de Enertolima y la EEP

Veamos lo de Enertolima. Sobre la venta de Enertolima, algún amigo de Ibagué me mandó esta frase, que debiéramos grabar en piedra: “Primero llegaron por los puestos, después por los contratos y finalmente por las empresas”. No voy a leer todos los documentos, pero queda claro, en los de la Contraloría General de la República, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no intentó salvar la empresa para el interés público, sino que su intervención condujo fue a su privatización. La Superintendencia de Servicios Públicos no juega en el bando de los intereses del Estado colombiano, sino en el de los monopolios privados que están comprando esas empresas. Y eso es lo que nos dice la Contraloría que sucedió en el caso del departamento del Tolima.

Ya mencioné lo del famoso contrato de BOOT con la Sociedad Energética Melgar, SEM, en que el interés tolimense termina defraudado en $67.000 millones. ¿Cómo fue el negocio de Electrolima o Enertolima? La empresa fue comprada por un consorcio llamado Empresa de Energía del Combeima. Hubo un concurso entre tres empresas a ver quién se quedaba con la Electrificadora del Tolima y el consorcio ganador fue el constituido por Aseo Capital, con 25%, Enelar, con 40%, y Servicios Integrales del Valle, con 25%, las tres empresas de propiedad de Alberto Ríos Velilla. O sea, el comprador efectivo de Electrificadora del Tolima, dueño de muchas otras compañías –tiene negocios hasta en el Transmilenio de Santiago de Chile–, anda rondando también en la privatización de las empresas regionales. El 10% restante es de la Empresa de Energía de Pereira. Pues bien, el consorcio ganador derrotó en esa operación a otros que se interesaban, entre ellos, el Grupo Nule, cada vez más famoso en la vida del país, y a otro personaje bien conocido, William Vélez, no el congresista, sino un homónimo. La oferta fue por 251 mil millones de pesos, voy a redondear cifras.

Lo primero que llama la atención es que a los pocos días de cerrada la operación, los compradores le vendieron el 50% del negocio al Grupo Nule, al que acababan de derrotar en la licitación. Entonces uno se pregunta si había una manguala previa. ¿Sí hubo puja entre los oferentes o el negocio estaba cuadrado desde antes de una determinada manera? Lo otro que queda claro en las investigaciones es que los compradores de Enertolima, organizados en la Empresa Capitalizadora del Tolima, no solo venden la mitad, lo que los exime de una serie de compromisos tanto en aporte de capital como en crédito, sino que, además, a esas alturas, octubre de 2007, todo lo deben. De acuerdo con informaciones que tengo aquí, habían aportado como capital apenas 5 mil millones de pesos. Aparece Aseo Capital debiéndole a alguien casi 8 mil millones de pesos, porque aquí aparece un tercero que no se sabe muy quién es, y fácilmente puede ser el señor Alberto Ríos Velilla, por lo menos en el caso de EEP es el señor Alberto Ríos Velilla; Enelar, debiendo 12 mil; Servicios Integrales del Valle, 7,9 mil millones, y EEP debiendo 3.187 millones. De modo que quien se ganó la licitación no puso nada, básicamente la cédula, unos pesos, pero fíjense: lo primero que hace es vender la mitad. La otra mitad se la consigue con recursos de crédito.

Si el negocio se hace viable, es porque la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, les aporta un crédito de 153 mil millones de pesos. Alberto Ríos Velilla se compromete a poner recursos de crédito por 177 mil millones, pero de esos 177 mil, la FEN, o sea, el Estado colombiano, le pone 153 mil millones, en un crédito a diez años, con período de gracia a capital de tres años y tasas de intereses pagaderas a trimestre vencido de DFT más 5%. Quisiera ver a cuántos colombianos nos prestan a DTF más 5%. En mi oficina hicieron la cuenta: solo en los tres años de gracia a capital, los tres años en que no tienen que abonar a capital, si eso se compara con intereses comerciales, del orden de 23, de 25%, da que a estos señores les regala el Estado como subsidio 68.850 millones de pesos, un regalo en este caso compartido por mitad entre el Grupo Nule y Alberto Ríos Velilla. A la Empresa de Energía de Pereira le toca una fraccioncita.

Resumiendo, empresas compradas con la cédula en las que el Estado es el que termina poniendo una parte fundamental de la plata y la otra se la levantan con recursos de crédito fáciles de conseguir, porque si a uno le entregan una empresa de servicios públicos, obtener recursos en los bancos no tiene chiste. Me dicen además mis informantes que la Empresa de Energía del Tolima tenía 20 mil millones de pesos en caja. O sea, que cuando se compra la empresa, esta cifra se asume como parte del negocio, un hecho que también me parece por lo menos extraño. Es probable que los ministros me digan ahora, senador, todo fue legal. Realmente, no sé. Pero lo cierto es que no deja de ser un favoritismo expreso en beneficio de unos personajes para quitarle la propiedad al sector público. Quiero insistir en que estamos en la plutocracia. Todo para los monopolios nacionales o extranjeros y que el Estado pague los platos rotos.

Es turbio el negocio de la EEP en Enertolima

¿Cómo entra en el asunto la Empresa de Energía de Pereira? Les cuento que en este momento están bregando a privatizar a la Empresa de Energía de Pereira con el argumento de que está en problemas. Problemas que por supuesto no son nuevos. Ahora, lo primero que llama la atención es que una empresa en problemas, la Empresa de Energía de Pereira, termine metiéndose a comprar una parte de Electrolima. ¿Cómo? ¿A cuento de qué? Y vamos a ver que el negocio todavía es más curioso, más extraño y diría que hasta turbio, pienso incluso que se mueve en la ilegalidad, y me llama mucho la atención que el Ministerio de Hacienda reconozca que no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo.

¿Por qué había que meter a la Empresa de Energía de Pereira en el negocio de Enertolima? Porque las condiciones del concurso exigían acreditar experiencia, que se supone que no era solo poniendo plata, sino también conocimientos técnicos. Pero aquí tengo una certificación del secretario de la Empresa de Energía de Pereira donde dice que “la EEP no ha participado en la administración y operación de Enertolima”. O sea, si la incluyeron en el negocio con el cuento de que iba a transferir conocimientos, ella nunca lo hizo, porque tengo la certificación de que nunca estuvo en eso y supongo que ni tiene puesto en la mesa de la junta directiva porque detenta apenas el diez por ciento de las acciones.

¿Cómo empezó el negocio? Acta de junta directiva del 12 de octubre de 2004, el alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango Vélez, que va a estar durante todo el tiempo en este negocio. El gerente es Juan Carlos Valencia Montoya. Hago la advertencia de que el gerente solo está presente en esa primera reunión de junta directiva y que después van a venir otras reuniones importantes. ¿Cómo se presenta el negocio frente a la junta directiva de la Empresa de Energía de Pereira? Dice el gerente que el propone “que la empresa participe en el regateo entrando en la etapa de precalificación firmando la carta de intención (en el negocio de Enertolima) donde la Empresa de Energía (de Pereira) aportaría su good will, su experiencia y las empresas SEM Ltda (que no sé si sea la misma de Melgar)* y Servigenerales S.A. E.S.P. aportarían el presupuesto”. La Empresa de Energía de Pereira aportaría el good will –creo que la frase debió haber sido el know how–, su experiencia, y los otros ponen la plata. Son negocios que conocemos vulgarmente con el nombre del socio capitalista y el socio industrial. Una integrante de la junta, la doctora Sonia Vargas, les llama la atención y les dice, ojo con ese negocio, y pregunta si ahí van a arriesgar plata de la Empresa de Energía de Pereira. “El señor gerente responde que él se compromete a que la carta de intención quede redactada de tal manera que se asegure que no se vea afectado el presupuesto de la empresa”. Para mí queda claro entonces que en la Empresa de Energía de Pereira le dan el pase a Valencia para meterse en el negocio sobre la base de que no pone plata. Hasta aquí no le veo problema, porque si yo soy la Empresa de Energía de Pereira y me puedo ganar una plata simplemente aportando el conocimiento técnico de unos especialistas que vayan a Ibagué y ayuden a echarle cabeza a alguno que otro problema, pues está bien. No le encuentro mucho misterio. Pero es que, como vamos a verlo, el negocio evoluciona. La Empresa de Energía de Pereira, que solo iba a aportar el know how, pasa a convertirse en accionista y a conseguir plata prestada.

Y un hecho insólito, senadores y doctor Óscar Iván Zuluaga: la plata no se la presta la banca. Se la presta un particular, que resulta ser –el que adivine se gana una galletita– el doctor Alberto Ríos Velilla. Él es quien pone la plata para que la Empresa de Energía de Pereira entre como socia. Y Ríos Velilla aparece ahora como uno de los que están interesados en comprar la Empresa de Energía de Pereira, cerrando por completo la vuelta.

Después de esa primera reunión de junta directiva hay otras, ya con un gerente distinto al doctor Juan Carlos Valencia, ahora con la gerencia del doctor Jorge Ospina Marín y con la alcaldía del mismo doctor Juan Manuel Arango. A estas alturas queda claro que la Empresa de Energía de Pereira termina metiendo plata en el negocio, pero sin carta de intención, ni valoración, ni estudios serios que demuestren que para la Empresa de Energía de Pereira es bueno meterse de cabeza en el negocio. Nunca se revela que quien va a prestar la plata es el doctor Alberto Ríos Velilla, ni que una de sus empresas, socia también en el negocio de la privatización de Enertolima, es Enelar, la empresa de alumbrado público de Pereira, de la que es propietario Ríos Velilla. Él puede que viva aquí, no sé si sea bogotano, pero lo cierto es que tiene intereses en Pereira. Curiosamente, nunca se comunica en ningún acta que es el doctor Alberto Ríos Velilla el que va a prestar la plata. Y otra cosa no menos extraña: la figura que se le termina dando a la maniobra es que la Empresa de Energía de Pereira responde por la deuda pignorando las acciones y los dividendos, una manera de evadir que sea la banca la que termine prestando la plata. Por fuerza nos tenemos que preguntar por qué una empresa de energía de carácter público termina haciendo créditos con particulares. No sé que dirá la Contraloría General de la República, a la que yo invité aquí. Pero sí voy a escuchar con mucho cuidado lo que diga ahora al respecto el Ministerio de Hacienda.

A la Empresa de Energía de Pereira la meten inicialmente en el negocio diciéndole que entra con el 20%, pero al final la dejan con el 10%, porque el Grupo Nule compró la mitad y entonces de una vez la bajan al piso. Queda claro en todo el proceso que los compradores nunca tuvieron la plata, sino que terminaron consiguiéndola no sé exactamente cómo: en el caso de Pereira, ya lo vimos, con un particular. La junta directiva dice por ejemplo que la pignoración por la deuda “se haría a favor de las personas que los consorciados determinen”. Ni siquiera ellos saben quién es el que les va a prestar la plata, o lo saben y no lo dicen. Y les trasfieren la responsabilidad a sus socios. Esto es algo bien importante y que puede explicar todas estas vueltas: cuando el señor Alberto Ríos Velilla le presta la plata a la Empresa de Energía de Pereira, le dice que le tiene que pagar a intereses corrientes bancarios. Le dice además que la deuda se pagará con los dividendos y que será respaldada con la pignoración de las acciones. Esto de la pignoración es todo el tiempo la manera de evadir la primera decisión de la junta directiva, porque como no podían aparecer comprometidos los recursos de la Empresa de Energía de Pereira, entonces se inventan la ficción de que, en efecto, no aparecen vinculados los recursos de la Empresa de Energía de Pereira sino tan solo las acciones que están pignoradas en el negocio. Es un manejo que podría ser legal, pero que también resulta muy extraño. Porque aparece la empresa respondiendo con un pedacito. Se dice además que el negocio es “con opción de compra de estas por parte del acreedor”. Si el día de mañana la Empresa de Energía de Pereira decide vender sus acciones, ¿quién en últimas se va a quedar con ellas? Adivinen. Alberto Ríos Velilla. Prácticamente nadie va a estar interesado, por esta cláusula que queda establecida y que puede ayudar a esclarecer el punto.

Un truco leguleyo

Veamos cómo son los montos de la operación. Ríos Velilla le presta a la Empresa de Energía de Pereira 3.687 millones de pesos, 500 que son aporte de capital y 3.182 que debe asumir por “su participación en la Empresa Capitalizadora Tolima S.A. ESP”. A estas alturas, diciembre de 2007, la deuda va en 4.537 millones de pesos, es decir, en solo un año se ha encarecido en 850 millones. Esta deuda come unos 50 millones de pesos/mes. Los abogados que han estudiado el caso, porque aquí la pregunta que hay que hacerse es por qué si ese negocio era tan bueno, no se hizo de una manera transparente y por qué la Empresa de Energía de Pereira no acudió a un banco cualquiera, por ejemplo a aquel donde tenía depositados sus recursos, a decirles préstenme 3.687 millones de pesos para un negocio que voy a hacer, sino que recurrió a un particular. Y habría quedado con toda tranquilidad y toda libertad y sin discusión por hacer, salvo si el negocio era bueno, regular o malo. El problema que ellos enfrentaban era que si la plata se conseguía mediante un contrato bancario formal, había que cumplir con una serie de requisitos, que en este caso se evadieron porque le dieron el nombre de convenio. Aquí hay abogados para todo. Resulta entonces que el negocio de la Empresa de Energía de Pereira con Ríos Velilla no es un contrato sino un convenio. Ahora ustedes lo leen, aquí lo tengo, y no es otra cosa que la cláusula de un contrato en el que el uno se compromete a poner una plata y el otro a pagarla de cierta manera, etc. Cuál es el asunto, se preguntan los abogados. Que si esto hubiera sido no un convenio sino un contrato, miren lo que habría tenido que hacer la Empresa de Energía de Pereira. Primero, certificar la capacidad de pago de la deuda de acuerdo con la Ley 358 de 1997, la Ley 819 de 2003 y el decreto 610 de 2002, pero de la manera como lo hicieron se libraron de ese trámite. Segundo, había que haber hecho una evaluación de las alternativas sobre el ofrecimiento más favorable, según el Decreto 2681 de 1993: estudiar intereses, plazos, capacidad financiera, cumplimiento, una serie de aspectos que son los propios de este tipo de negocios y, por supuesto, habrían tenido que demostrar con seriedad en la junta directiva que se trataba de un buen negocio, lo que tampoco nunca se demostró. Esta era una operación clásica de crédito público, porque lo que hacen es endeudarse en casi cuatro mil millones de pesos. Una empresa de servicios públicos, hasta para comprar una alhaja cualquiera, debe someterse a la ley. Dice la Ley 80 de 2993, artículo 41, parágrafo 2: “Para efectos de la ley se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentra la contratación de empréstitos”. Obvio. Dice que los contratos de crédito público “son aplicables a las empresas de servicios públicos oficiales y mixtas” (Ley 533/99 y Ley 781/02). Esta es una empresa oficial de servicios. Ojo con esta otra cláusula: estos empréstitos no están autorizados con particulares, sino con entidades crediticias. Estos empréstitos requieren del concepto previo del Confis y del DNP (Ley 80/93, art. 41, parágrafo 2, inciso 5). Lo que no se hizo. Todo esto fue lo que evadieron con el famoso truco del convenio.

Dice la empresa Nexia Internacional, el 7 de octubre, la que hace la debida diligencia del proceso de privatización en que hoy está metida EPP, que estos negocios tienen a la empresa expuesta a riesgos: “La empresa está expuesta a un riesgo en la toma de la decisión consistente en la inversión realizada en la Capitalizadora del Tolima SA cuya operación se torna compleja en tanto que los recursos fueron aportados por la EEP en calidad de préstamo por una persona natural sin que sea clara la viabilidad de este tipo de negocios, aspecto que fue advertido por el Ministerio de Hacienda y Crédito público mediante comunicado emitido en el mes de junio de 2007”. Y usted me dice en sus respuestas, doctor Óscar Iván Zuluaga, que el Ministerio no tenía conocimiento. Dice Nexia “que no existen documentos que den claridad acerca de los términos de negociación toda vez que existe un pasivo a favor del señor Alberto Ríos Velilla por el valor comentado, del que se reconocen intereses a la tasa de interés corriente bancaria, sin que exista cobro de intereses por el préstamo hecho a la Capitalizadora del Tolima San Andrés”. Aquí hay un enredo. Según Nexia Internacional, parte del embrollo es que aparece EPP como prestándole a la empresa socia de este negocio. Dice que en “la cuenta por cobrar no se obtuvo evidencia de documento que respalde la operación”. Y que “en su comunicado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, advierte que este tipo de operaciones debe efectuarse con el sistema financiero y además que la entidad debe cerciorarse de la idoneidad de la persona con la cual se contrata con el fin de prevenir que dineros de origen ilícito sean utilizados para cualquier fin con la unidad respectiva. No evidenciamos el estudio recomendado por parte del Ministerio de hacienda”. Tengo aquí el concepto que Diana Porras, coordinadora del Grupo de Asuntos Legales, le rinde al doctor Néstor David González, subdirector de Administración y Servicio de la Deuda, los dos del Ministerio de Hacienda, en el que deja en claro que ahí hay un enredo que no se ha despejado.

La privatización de EEP cierra el círculo

En este momento están bregando a privatizar la Empresa de Energía de Pereira. El procedimiento acaba de ser suspendido por un juez de la República respondiendo a una acción que interpusieron algunos ciudadanos pereiranos. Resaltan varias cosas que son increíbles. A quienes están privatizando la empresa no se les ocurrió que había que tramitar ante el concejo municipal el cambio de naturaleza para convertirla en una empresa mixta, un trámite absolutamente elemental. Tampoco cumplieron una cláusula que está en la Constitución Nacional, según la cual primero deben ofrecerles las acciones a los trabajadores y a lo que llaman sector solidario. La Procuradora Judicial 38, de Pereira, insiste mucho en la gravedad que ella le concede a que estén apareciendo como posibles compradores de la Empresa de Energía de Pereira precisamente quienes son sus socios privados en el negocio de la Electrificadora del Tolima. Es algo que a mí también me ha llamado poderosamente la atención y a lo que no le encuentro explicación satisfactoria, si lo amarro con los antecedentes que estoy mencionando y que son por lo menos bastante curiosos. En aras de la brevedad, no voy a entrar a calificar en detalle este tipo de conductas, porque todo indica que aquí se está cerrando un círculo en beneficio de un determinado personaje, en este caso, el señor Alberto Ríos Velilla. Y no es suficientemente clara la razón por la cual la Empresa de Energía de Pereira aparece en el negocio de Enertolima ni la manera como se ejecuta. Ni encuentro tampoco claridad en por qué se mete a comprar el 10% de unas acciones. Los que entendemos un poco de estas cosas sabemos que es por lo menos una decisión discutible para una empresa que está en dificultades. Y mucho menos clara es la manera cómo se hace la operación. Al final terminan apareciendo sus socios, todos interesados en ser quienes se queden con el control de la empresa, unos socios que ya tienen el poder sobre la empresa de Alumbrado Público de Pereira.

Concluyo en el conjunto del debate diciendo que hay unas imposiciones que nos vienen de afuera en beneficio de monopolios privados. Hay serios problemas en las negociaciones de estas empresas. Traen acarreadas las alzas de tarifas y presuponen la persecución de los trabajadores; quiero enfatizar este aspecto. Y quisiera que a este asunto de Empresa de Energía de Pereira, señor contralor delegado presente hoy aquí, se le pegara una mirada con todo detenimiento hasta que se desentrañe qué fue lo que pasó. Y al Ministerio de Hacienda le pido que nos aclare si conceptúa que es legal que la Empresa de Energía de Pereira se esté endeudando con particulares de la manera como lo hizo, y si en este caso se cumplieron todas las formalidades prescritas por la ley.

Réplica del senador citante a la intervención del ministro de Hacienda y del viceministro de Minas y Energía

Voy a mencionar rápidamente varias cosas. El señor viceministro dice que las tarifas se fijan igual para las empresas públicas y para las privadas. Y con eso intenta refutar que el alza de las tarifas está vinculada a la privatización. Eso es así, ministro. Uno les pediría a los funcionarios que hiciéramos estos debates con seriedad, sin importar quién gane o quién pierda, para que por lo menos los colombianos entiendan de qué se trata. Ahora bien, usted sabe que el alza de tarifas se impulsa en Colombia para poder privatizar las empresas, porque con las anteriores tarifas no se podía, era imposible. Recuerdo la frase de un funcionario de la CHEC en Manizales diciendo que “era más fácil vender un gallinazo con una ala partida que privatizar a la CHEC con las tarifas que tenía” en ese momento, a mediados de la década del 90. Si las empresas públicas no tuvieran unas tarifas tan altas, no se podrían privatizar. Es así de simple.

Mientras que el Estado es capaz de operar una empresa de servicios públicos cubriendo con la tarifa los costos de producir el servicio y ampliar las redes y los costos financieros, y nada más, siempre el privado necesitará un tercer ítem, que es el de la utilidad. Y eso es precisamente lo que hace que las tarifas en las empresas privadas de servicios públicos siempre tengan que ser más costosas. La escala tarifaria en un país con empresas de servicios públicos estatales puede ser de un costo inferior al de un país con empresas de servicios públicos privatizados, sin que siquiera se estén quebrando ni nada de ese corte. Es un fenómeno perfectamente claro en la literatura y lo reconoce incluso la ley 142 cuando establece que la tarifa tiene que garantizar la ganancia del inversionista, es más, dice: las ganancias de tipo monopolístico.

Usted afirma, y en eso tampoco es serio usted, viceministro, que no importa quién opere las empresas. Así el Estado tenga el 51%, no importa que el operador sea el privado. Todos sabemos, e insisto en que uno aquí debe hacer labores de pedagogía, que el operador adquiere unas ventajas y un poder inmenso sobre el otro socio. No es como dice aquí algún senador, que el operador es como el chofer. Pues ojo, doctor Reyes, porque un chofer de esos lo pone a usted a cambiar la llanta, en el caso de que usted sea el gobernador de Santander. Seamos serios en el debate. Aquí hace un momento hablaron incluso de una prima por operar que hay que pagar y que es un reconocimiento a las ventajas. El operador tiene un poder inmenso para determinar con quién se contrata y dónde se consiguen los créditos. Lo voy a decir de una manera más brusca: el operador adquiere el derecho de robarle al socio, si se le da la gana. Es más, se lo voy a poner al revés, señor viceministro. Muéstreme un solo caso en el mundo en que un privado que detente el 51% de las acciones de una empresa le ceda al otro socio la operación, así el otro sea un privado. Muéstreme un solo caso.

El caso de la CHEC, ya lo mencionó aquí el senador Sierra, nos tocó a nosotros mirarlo de cerca. Vimos cómo estrangularon a esa empresa hasta forzar su venta. Le mantuvieron un contrato de PPA extremadamente leonino, impuesto por el gobierno nacional y en el que la CHEC perdía más de 30 mil millones de pesos anuales. No le aceptaron subir las tarifas hasta tanto no quedó lista su venta, en este caso, a EPM, la empresa escogida por el presidente de la República, un caso clásico en el que se estrangula la una empresa para privatizarla o traspasársela a un tercero. Y lo de Enertolima es la misma cosa. Ustedes la sanean pero con el propósito de entregársela a un privado, al cual le hacen un favor inmenso. Aquí hablé del regalo de un crédito subsidiado de la FEN a un privado, baratísimo. Vaya a ver cuántos privados consiguen créditos con esa tasa de interés en el mercado, bueno, por lo menos no los pequeños ni los medianos, digo yo, ni la gente del común. Aquí no faltará algún magnate dueño de un banco al que le presten plata a esa tasa, y no estoy hablando ni de Pedro Pérez ni de Juan Rodríguez, que están pagando tasas de interés del orden del 30%.

Me llama también la atención, viceministro, como a todo el mundo, que yo le señalo aquí que el competidor, el derrotado en la licitación, termina tres o cuatro días después con el 50%, no el 49%, de lo que había comprado el grupo de Ríos Velilla, y usted, actuando como juez de la República, dictamina que a eso no le ve ningún problema. Yo esperaba siquiera, viceministro, que le dijera a esta Comisión que hoy mismo le iba a pedir a la Fiscalía o a la Procuraduría que investigaran si había habido colusión, algo normal en las empresas privadas, que se pongan de acuerdo, como se pusieron de acuerdo en la privatización de Carbocol, para comprar por menos de su valor. No me extraña: La verdad es que a mí de este gobierno ya no me sorprende absolutamente nada. Espero que la Contraloría sí le eche ojo a este asunto tan turbio y no absuelva a priori lo que puede ser una colusión para comprar a menos precio aumentando la defraudación al Estado colombiano.

No mencioné una cosa que se me pasó, y que es bien importante. Esas empresas que hoy están siendo privatizadas produjeron en el 2006 utilidades por 178 mil millones de pesos, dirigidas por el sector público. Aquí ni siquiera pueden decir que lo que van a vender es el hueso. No. Van a vender el lomo, porque si no es el lomo ningún privado compra, repitámoslo con franqueza. Sigo esperando que algún neoliberal me diga que va a privatizar la escuela del barrio más pobre de Ciudad Bolívar, a ver cuándo va a poner concretar la venta. O la carretera de San Félix a Marulanda, doctor Óscar Iván Zuluaga, a ver cuándo es que va a aparecer un generoso privado a adquirirla y el gobierno nacional, a ponerla en venta.

Mi debate no era sobre la privatización de EPP en este momento. Sobre ese punto simplemente me limité a señalar lo que señalan los jueces, que me parece el colmo que no legalicen esa venta y la intenten hacer violando las normas de la República. Ya solo eso me parece muy grave. No estoy de acuerdo con ninguna de esas privatizaciones, y más si hay detalles mostrando que la empresa está operando en condiciones satisfactorias y que cuenta con buen mercado, como se ha señalado. Pero lo que sí voy a señalar es esto: bajémonos de los eufemismos, se trata de una privatización. Porque aquí le montan a uno un alegato si la palabra es capitalización. No. Van a privatizar la empresa, así se llama. Pero como a ustedes les da como pena aceptar que es una privatización, entonces se inventan cosas, se han inventado varios mecanismos. Es más, aquí también con acuerdo de accionistas, según el cual, quien compre el 49% operará. El mismo negocio leonino que está imponiendo el gobierno nacional, porque en este país el mal ejemplo cunde. Cualquier cosa que se haga mala en Bogotá la repiten en Pereira o en cualquiera otra parte. Y dicen que es bueno privatizar porque antes los políticos eran, o éramos, no me acuerdo como dijeron, irresponsables y que mejor entregarle el sector público a la empresa privada. Con franqueza les digo que están siendo ahora todavía más irresponsables. Porque estos son negocios dañinos para el interés público. Salimos de Guatemala a guatepior. Venden las empresas porque no fueron capaces de administrarlas bien, pero siguen gobernando y administrando mal, como lo estamos viendo.

Poner como ejemplo de lo bueno la privatización de la electricidad en la Costa Atlántica falla también de raíz. Ese es un ejemplo bien malo, porque allá las empresas privatizadas están ultrasubsidiadas por el Estado, tanto que tuvieron que sacar a los más pobres de ellas, aquí hemos hecho debates sobre el tema. Ahí está la privatización de Corelca caminando. Y a Corelca le van a dejar el hueso, las deudas, los problemas, y al nuevo socio o al nuevo inversionista privado le van a dejar todo el lomo del negocio. Ahora, las privatizaciones han sido malas en todos los gobiernos. El caso de la privatización de las electrificadoras de la Costa en el gobierno de Samper es un ejemplo malísimo, aquí hemos hecho varios debates demostrando lo mala que ha sido para los costeños, estoy diciendo, para las gentes del común.

Me llama la atención que nada menos el Cega sostenga que es pésima la forma como funciona AIS y me parece además muy grave que el ministro de Agricultura quiera meter a la cárcel al director del Cega por atreverse a afirmarlo y también grave que aquí se salga a defender AIS como si nada. Les pediría a quienes defiende Agro Ingreso Seguro que algún día nos trajeran una cifra, una siquiera, así sea por equivocación, porque es algo que se va haciendo ya molesto.

Aquí hay un senador que siempre dice que el problema es internacional. Ojalá dijera que también el crecimiento es internacional, porque esa es parte de la discusión. ¿Por qué ha crecido la economía del país, porque estamos en la seguridad democrática o porque le han llegado los influjos del crecimiento de la economía mundial? Creo que lo principal es lo segundo. Le voy a decir además a ese senador que no es cierto que los precios de la gasolina en Colombia estén determinados solo por los precios internacionales. Ya que no me creen a mí, créanle al doctor Óscar Iván Zuluaga, que acaba de decir que aquí tenemos impuestos a la gasolina del orden del 40%, mientras en Estados Unidos son del 12%. Les pediría que le crean al doctor Zuluaga aun cuando sea eso. Porque no se puede seguir aduciendo que en Colombia los precios de la gasolina son tan altos porque los precios internacionales del petróleo están por las nubes. Eso no es verdad. Ahora, cómo resolver este problema, doctor Name. Lo primero sería pedirle al doctor Óscar Iván Zuluaga que lo quisiera resolver, porque este es un Congreso medio eunuco que no tiene iniciativa en la fijación de impuestos ni en el gasto, pues no podemos cambiar la estructura tributaria. Si yo fuera el ministro Óscar Iván Zuluaga haría algo muy simple: súbanse los impuestos a los monopolios y a las trasnacionales para compensarles esas platas a las regiones y pónganse en cero el impuesto a la gasolina, un impuesto regresivo aquí y en cafarnaún. Pero claro, se necesita ponerle el cascabel al gato del FMI, cosa que no voy a recomendar, no sea que se me infarte un ministro en una de estas sesiones.

Lamentablemente, ministro Óscar Iván Zuluaga, declaro mi absoluta insatisfacción por la explicación que usted le ha dado a lo de ese crédito privado hecho a la empresa Electrificadora de Pereira, que a mí me parece por lo menos bastante sospechoso. ¿Por qué digo que es insatisfactoria la respuesta? Porque yo a usted en el cuestionario le pregunto cuál fue el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el préstamo hecho por el señor Alberto Ríos Velilla a la Empresa de Energía de Pereira. Y usted me contesta: “Este Ministerio no tiene conocimiento sobre el asunto al que se refiere su pregunta. Y por lo tanto, se abstiene de conceptuar sobre ello”. Pero resulta que tengo aquí un documento del Ministerio de Hacienda, y lo cité ahora, donde se asegura que el Ministerio sí trato el caso. Y no lo trató como usted dice, en el sentido de que esto es un problema de la Ley 142, que autoriza ese tipo de contrataciones. Yo ya veré si las autoriza o no. Lo que asegura el documento del Ministerio de Hacienda es que allí hay una cosa por lo menos bien discutible. Voy a leer lo que dice el Ministerio, y me perdonan que me alargue un poco, porque se trata de un caso de extrema gravedad. Y también esperé de usted, señor ministro, una respuesta diferente, prometiéndole a esta Comisión entrar a investigar. Refiriéndose a este caso de la relación entre Ríos Velilla y la Empresa de Energía de Pereira, dice la doctora Diana Porras, coordinadora del Grupo de Asuntos Legales, documento que me entrega la empresa en Pereira. Le preguntan: ¿cómo considera usted que un privado sea el que preste la plata y que no sea un contrato sino un convenio? Contesta: “Teniendo en cuenta que la actividad está regulada en desarrollo del principio constitucional previsto en el artículo 335 de la Constitución, el cual se transcribe a continuación: ‘Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito’, de conformidad con lo anterior las actividades de captación y colocación (o sea de prestar plata) de recursos solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado dado su interés público. Por tanto, dichas actividades gozan de una especial regulación por parte del Estado”. Aquí las normas no exceptúan a las empresas de servicios públicos ni a la Ley 142 ni a nadie. (Intenta interpelar el ministro). Estoy citando a los especialistas. ¿Usted no es abogado, doctor Zuluaga, o sí? Dice la abogada, doctora Porras, que debe ser de excelente nivel si la tienen allí: Segundo: “También se debe tener en cuenta que las entidades estatales (ojo a este punto, este es bravo, esto tiene que ver hasta con la DEA) al celebrar este tipo de contratos deben seguir todas las reglas relativas a prevenir que dineros de origen ilícito sean utilizados para cualquier fin por la respectiva entidad. Por tanto, la entidad pública debe cerciorarse de la idoneidad de la persona con la cual se contrata y cumplir con las normas legales al respecto”. ¿Se cumplieron las normas legales? No, lo dicen los que hicieron todo el análisis de privatización de esta empresa. Tercer punto: “Adicionalmente, la Empresa de Energía de Pereira debe fundamentar presupuestalmente si la compra de acciones corresponde a un gasto de inversión con el fin de dar cumplimiento al artículo segundo de la ley 358”.

Lo menos que le pido, doctor Óscar Iván Zuluaga, es que me sustente o me refute por escrito, pero que por lo menos ordene investigar. Porque esto aquí se nos volvió un enredo. Yo pido que se investigue y el doctor Maiguasca va exonerando a priori a las empresas de cualquier responsabilidad. No sé si el doctor sea economista, pero con toda seguridad no es juez de la República. Al doctor Óscar Iván Zuluaga le pongo otro caso y me dice que tampoco pasó nada, a contrapelo de los conceptos de la propia Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda.

Interpela el Ministro de Hacienda: Está desenfocado en eso, senador Robledo.

Robledo: Estará desenfocada su funcionaria, no yo, ministro. Estoy simplemente leyendo. No soy abogado.

Replica el ministro: Ahí no dice nada de lo que usted pregunta.

Robledo: Esa es la eterna historia de este gobierno. Se volvió imposible que nos entiendan las preguntas. Esto se ha vuelto de una complicación gravísima. Uno pregunta una cosa y entonces no entienden la pregunta. Como los computadores, que si les falta un punto no entienden nada, cosa bien curiosa.

En todo caso me sostengo en mi debate ratificando todas y cada una de las afirmaciones que he hecho en esta sesión.

Información relacionada:

1. Con las privatizaciones, la gente deja de comer para pagar las tarifas del agua.
2. Lo que impulsa superservicios es la privatización de la empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta.
3. Causas y consecuencias de las privatizaciones.

Cualquier análisis que se haga sobre la Chec debe partir de cinco verdades irrefutables: que esa empresa logró extender la redes de energía al 95 por ciento de los habitantes de la región, incluidos casi todos los de sus áreas rurales; que sus tarifas fueron relativamente bajas hasta hace pocos años; que funcionó por casi seis décadas sin graves problemas financieros; que es la más importante fuente de acumulación de riqueza industrial de la región y que, más digno de resaltarse aún, los logros anteriores se dieron porque pudo funcionar como un servicio y no como un negocio, en razón de su carácter estatal. Además de que es notorio que sus problemas son recientes y que ha servido bastante bien, falta a la verdad quien diga que la Chec hubiera podido cubrir la gran extensión que ha cubierto y cobrar las tarifas que cobró si hubiera sido un monopolio privado.

Los actuales problemas de la Chec y de sus usuarios empezaron en 1990, cuando Virgilio Barco decidió someter el país a la apertura. A los pocos días de esa decisión, el ex ministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama denunció que esa política obedecía a un chantaje del Banco Mundial y que le causaría graves perjuicios al país2 . Después, el director del Cider de la Universidad de los Andes explicó que la privatización tenía como propósito mejorar las tasas de ganancias de las transnacionales que comprarían las empresas estatales de los países atrasados3 . Y Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, afirmó: “la globalización es, en realidad, otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”4 .

La conspiración El primer paso en las políticas de privatización fue imponer grandes alzas en las tarifas de los servicios públicos, pues éstas debían dispararse para poder atraer al capital privado, el cual, como se sabe, sólo se interesa por las altas ganancias, aun a costa de someter al hambre y de dejar sin luz, agua y teléfono a quien sea, según lo ilustra lo ocurrido en Manizales. En esta ciudad, por sus costos, el consumo de agua disminuyó en 10 por ciento el año pasado, y resultaría más barato enviar las basuras por Servientrega. Además, Emtelsa, la antigua telefónica, ha subido las tarifas hasta el punto de obtener utilidades netas por 13.150 millones de pesos en el 2000, con un aumento en sus ganancias del 73 por ciento con respecto a 1999, a pesar de que las líneas devueltas por sus clientes son millares y que las llamadas disminuyeron en casi 39 millones de impulsos (La Patria, 8 de febrero del 2001).

Pero como el neoliberalismo no es una equivocación sino una conspiración, también decidieron poner en entredicho las finanzas de las empresas públicas para justificar su venta. El primer paso en ese sentido fue el Decreto 700 firmado por César Gaviria, que le montó al capital privado el negociado del PPA de las térmicas, esperpento que les impuso a las electrificadoras regionales pérdidas que pueden llegar a 450 mil millones de pesos anuales y que ya le ha costado a la Chec 58 mil millones. ¿Cuál es el secreto de esta ignominia? Que los contratos tienen una cláusula leonina en extremo que señala que a los monopolistas propietarios de esas empresas hay que pagarles no la energía que produzcan sino la que puedan producir, con lo que están desarrollando un capitalismo en el cual ciertos personajes hacen todas las ganancias calculadas en sus negocios aun cuando no haya quien les compre las mercancías que producen. Cómo contrasta este tratamiento de privilegio con el sufrido por decenas de miles de colombianos que han sido arruinados en la última década. Y que no vengan los gaviristas a decir que no sabían que esto podía pasar, porque Planeación Nacional usó cifras amañadas para engañar a los funcionarios que firmaron esos contratos en las regiones.

Después, y al amparo de la Constitución del 91, se expidieron las leyes 142 y 143, auténticos arietes en el propósito de garantizarle al capital privado ganancias fabulosas y de presionar la privatización de las empresas de servicios públicos. Por esas normas, la Chec ya ha perdido los 27 principales compradores de energía de la región con las llamadas “comercializadoras de maletín”, las cuales son empresas de papel que pueden especular con precios menores porque no tienen que cargar con el pésimo negocio que es llevar la energía a los pueblos y a las zonas rurales ni atender usuarios de los estratos uno, dos y tres. Esas normas son también las que le han trasladado a la Chec costos por 31 mil millones de pesos producto de las restricciones impuestas por las voladuras de torres, platas que debieron ser asumidas por el gobierno nacional. Y mediante la suma de los vacíos dejados en esas leyes y la actitud despótica de la alta burocracia oficial propia del neoliberalismo, el gobierno nacional se ha negado a pagarle a la Chec más de cien mil millones de pesos que le adeuda por subsidios desde el gobierno de Samper. Por último, las garantías a los monopolios privados generadores de energía llegan a tanto, que éstos pueden cobrarles a sus deudores con un método que parece extraído de las historias de mafiosos, y que consiste en quitarles la luz, durante 1, 2, 3 y cuatro horas diarias, a municipios y departamentos enteros, así sus usuarios hayan pagado puntualmente sus facturas, “restricción de suministro” con la que el gobierno nacional ya atentó contra San Pedro de los Milagros, Caucasia y el Chocó, motivando los conocidos y muy justos paros cívicos con que esos compatriotas derrotaron ese acto de barbarie neoliberal.

Y entonces ahora, cuando los gobiernos nacionales llevan años tomando las medidas que tienen en crisis a la Chec —mediante el PPA con Termodorada, las comercializadoras de maletín, las restricciones de suministro y el no pago de los subsidios adeudados, así como las deudas en dólares y la devaluación del peso, otra herencia de la apertura—, la administración Pastrana sale con la desfachatez de que todo el problema es la “ineficiencia” en la administración de la empresa y que su “solución” consiste en privatizarla. Esto, preciso en el momento en que para venderla habría que regalarla por ahí por el 5 o el 10 por ciento del valor de sus activos. Se configuraría así otra más entre las muchas ventas a menos precio de empresas estatales, enajenaciones que se han justificado con galimatías que ocultan que los compradores imponen tasas de descuento —ganancias— tan altas que hasta triplican a las normales en Estados Unidos. El asalto al patrimonio público se configura así: en los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos de Colombia se comprometen a vender las empresas a cualquier precio, y los monopolistas privados, conocedores de ese compromiso, pagan por ellas lo que se les da la gana, lo que no impide que los neoliberales criollos posen de estadistas y expresen su agradecimiento por tanta “ayuda”. Pero los exponentes del neoliberalismo en Caldas, haciéndose los ciegos ante la década de destrucción del aparato productivo y el brutal empobrecimiento del país que han generado la apertura y la privatización, siguen planteando sus baratijas ideológicas como si nada hubiera pasado y el país fuera el de 1990, cuando unos cuantos vivos, los colombianos que se lucrarían del viraje económico, lo metieron en la peor encrucijada de su historia. Y entonces insisten en cuatro necedades que si no fueran tan dañinas sonarían chistosas: que la privatización consiste en acabar con los monopolios estatales y establecer la libre competencia, que no importa quien sea el dueño de las empresas mientras sigan operando, que el nacionalismo es un concepto trasnochado y pernicioso y que los trabajadores del Estado son demasiados y ganan mucho. Juzguémoslas una a una.

Los pretextos Si algo se confirmó hasta la saciedad es que los monopolios públicos no fueron reemplazados por la libre competencia sino por los monopolios privados y que éstos, como también se sabía desde hace más de un siglo, se aprovechan de la falta de competidores para esquilmar a sus clientes sin contemplaciones, y más cuando se trata de servicios a los que resulta muy doloroso renunciar. Para nada es casual que los cuatro o cinco monopolistas de la generación de energía se aprovecharan de las voladuras de las torres para subir la tarifas entre 400 y 750 mil millones de pesos, suma distinta a los 40 mil millones que cuesta reparar los daños. A tanto llegó su descaro que este gobierno, neoliberal como el que más, debió intervenirles sus precios de venta. Pero que nadie se haga ilusiones. Ya el ministro de Minas, Ramiro Valencia Cossio, el encargado de hacer demagogia amarrando los gatos con longaniza, aclaró que de lo que se trata es de impedir que sigan cobrando penaltis a dos pasos y que, como si fuera gran cosa, en adelante deberán seguir pateándolos a doce, distancia a la que se sabe también entran en el 99 por ciento de los casos.

Además, es obvio que el extranjero que compre la Chec no se llevará los cables y transformadores de la región, pero sí exportará del país, nada más ni nada menos, que las utilidades que produzca la empresa, luego de someternos a las exacciones que se le antojen, y obteniendo la potestad de dejarnos sin energía eléctrica cuando le plazca. Y cualquiera sabe que la clave del desarrollo de las naciones es la acumulación de riqueza en el interior de sus países, porque ella es la que genera las nuevas fuentes de acumulación, el empleo y el progreso general, así como se conoce de las agresiones de las que son capaces los imperios.

De otro lado, que estos personajes que tanto puyan contra el nacionalismo, contra el patriotismo, contra el amor a Colombia, agradezcan que no nacieron y viven, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque si un gringo se refiriera así a esos valores sagrados en su patria sería sometido al ostracismo. Que nos muestren un solo país capitalista desarrollado en el que se le entregue a los extranjeros la definición de las políticas económicas fundamentales, las principales fuentes, la acumulación de capital y en el que no se le inculque a todos sus habitantes la defensa de la patria como su principal virtud.

Montarle un pleito al número de trabajadores y empleados que tiene la Chec, y a sus sueldos y salarios, para explicar los problemas de la empresa, no pasa de ser una mezquindad que apenas intenta ocultar la verdad de lo que ocurre. Si el país lleva diez años echando a millones a la calle y bajando salarios y cada vez está peor, en buena medida porque ya no hay ni quien compre lo que producen el agro y la industria nacionales. ¿Cuándo entenderán los dirigentes colombianos, los que no les dictan su pensamiento desde Washington, que los engañan cuando les aúpan el instinto de clase que los lleva a responsabilizar de los problemas del país a lo mucho que supuestamente ganan los de abajo? ¿Cuándo aceptarán que si bien el esclavismo y el feudalismo fueron viables en la pavorosa miseria de los trabajadores de ese entonces, así no resulta posible el desarrollo capitalista?

Y los que inocentemente creen que la privatización acabará con las corruptelas, perdieron el contacto con la realidad, les cargan ladrillo a intereses contrarios a los nacionales y son idiotas útiles de unos corruptos tan grandes como no se conocían. Al respecto, lo primero es señalar que cada pillo, cada caco, en el Estado tiene por lo menos un socio en la empresa privada, así éste ponga cara angelical y no haya medio de comunicación que lo desenmascare sin contemplaciones. Lo segundo es que la privatización ha llevado las raterías a sumas astronómicas, y no en pesos sino en dólares, según lo sabe cualquier persona medianamente informada. Y lo tercero es que los grandes centros de la corrupción mundial son precisamente los mismos centros del capital financiero internacional, ese capital al que los neoliberales colombianos le están entregando el país. En un libro de su autoría publicado recientemente, George Soros, el más conocido de los financistas del mundo, y famoso porque fue capaz de tumbarle dos mil millones de dólares en una semana al Banco de Inglaterra, contó cómo es que funcionan las cosas. “Los mercados financieros —dice— no son inmorales, son amorales. (En los negocios), la moralidad puede llegar a ser un estorbo. En un entorno sumamente competitivo, es probable que las personas hipotecadas por la preocupación por los demás obtengan peores resultados que las que están libres de todo escrúpulo moral. De este modo, los valores sociales experimentan lo que podría calificarse de proceso de selección natural adversa. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Este es uno de los aspectos más perturbadores del sistema capitalista global. La amoralidad de los mercados ha socavado la moralidad incluso en aquéllas áreas en las que la sociedad no puede funcionar sin ella”. Y a propósito, ¿no es el colmo el desfile de tantos ex altos burócratas colombianos hacia cargos en las agencias internacionales de crédito y las direcciones de las transnacionales que operan en el país? ¿Cuánta fue la comisión que cobró Fabio Villegas, el ex ministro de Gaviria que en nombre de la banca de inversión Rotshild firmó el negocio de privatizar las catorce electrificadoras regionales, incluida la Chec?

Un grave atentado La privatización de la Chec, entonces, es una medida inaceptable porque constituye un atentado en contra del progreso de Colombia y su soberanía nacional, porque aumentará todavía más las tarifas de la energía y la pobreza del pueblo, porque enviará al exterior las ganancias de una empresa que es la principal fuente de acumulación de riqueza industrial en la región, porque sacrificará todavía más a quienes con su trabajo la han construido y la mantienen funcionando y porque amenazará en materia muy grave la expansión del servicio a las zonas que no lo tienen y su mantenimiento en los pueblos y en las áreas rurales del departamento que lo poseen, aspecto este último que hay que resaltar porque habría que ser muy despistado para pensar que el capital privado va a llevar o a mantener la energía a donde resulta más costoso entregar las facturas que lo que se paga por ellas. De ahí que, cuando cada caldense decida con qué camiseta va a librar esta batalla, no quepan las consideraciones oportunistas, por muchas que sean las diferencias políticas que tengamos entre los que podemos unirnos en la defensa de la empresa y por muy tentador que pueda parecer pescarse unos votos disparando para donde no es o recibir las baratijas que el gobierno nacional pueda mandarles a los que actúen como quintacolumnistas. Y los reclamos en torno a los que hay que unirse son evidentes: el rechazo a la privatización de la Chec y a la venta, a quien sea, de las acciones que posee el gobierno nacional; el desmonte, por parte del Estado, del PPA de Termodorada, así como el pago de lo que adeuda por subsidios y el aporte de las sumas que sean necesarias para mantenerla funcionando adecuadamente. Deberán también capitalizarse los aportes regionales, respetarse los intereses de empleados y trabajadores y eliminarse las normas legales que golpean a la Chec. Es obvio que también estamos porque no sigan subiendo las tarifas y porque la empresa se administre de la mejor manera y en contra de que el gobierno nacional vaya a agredir a los caldenses provocando apagones generales en el departamento, amenaza ante la que no nos debemos amilanar pues es obvio que, a la hora de nona, no sería capaz de imponerla. Afortunadamente, ha sido tan exitosa la historia de la Chec hasta cuando el neoliberalismo clavó sus garras en ella, que los caldenses tenemos a flor de piel un arraigado sentimiento en su defensa; y han sido tantos los desastres de la apertura y la privatización, que ya los neoliberales han perdido mucho de su capacidad de engaño. Por otro lado, los estatutos y la composición accionaria de la empresa impiden que el gobierno nacional pueda proceder a su antojo, así posea una ventaja accionaria ínfima, salvo que quienes nos representan en su junta directiva cambien de bando5 . Y más importante todavía, existe y puede crecer un gran consenso tendiente a defender este patrimonio regional de las asechanzas a que está sometido, acuerdo que si se mantiene se constituirá en un dique de un millón de caldenses que podrá impedir que los privatizadores se salgan con la suya. Si cada dirigente político y social, si cada alcalde, diputado y concejal, si cada líder de gremio, de sindicato y de barrio, si, en fin, la casi totalidad de los habitantes del departamento expresamos nuestro repudio a la privatización de la Chec, no habrá en Colombia quien se atreva a insistir en ella, por muy poderosos que sean los que quieren metérsela en sus bolsillos. Lo que resta es seguir avanzando en el proceso de organizar la resistencia, porque ninguna lucha puede darse con éxito si no se cuenta con un centro de dirección que tenga claros los objetivos que se buscan y si no se orienta en detalle los pasos para lograrlos. Como lo planteamos ya públicamente, y como lo ratificamos hoy aquí en este importante evento, nuestra consiga es Unidad en defensa de la Chec.

1 Ponencia en el Foro sobre la Central Hidroeléctrica de Caldas —Chec—, convocado por la Asamblea Departamental de Caldas y el Concejo de Manizales, Teatro Los Fundadores, 28 de marzo de 2001.

2 . “La mal llamada apertura”, por Abdón Espinosa Valderrama, El Tiempo, 27 de febrero de 1990, p. 5A.

3 . Cuervo, Luis Mauricio, “Encuentro de usuarios y consumidores de servicios públicos domiciliarios en Colombia”, 25 de junio de 1999, Bogotá, multicopiado.

4 . Kissinger, Henry, Conferencia en Trinity College, Dublin, 12 de octubre de 1999. 5 Unas semanas después de presentada esta ponencia, el gobernador de Caldas y el alcalde de Manizales aceptaron modificar los estatutos de la empresa, de forma tal que, el gobierno nacional adquirió la mayoría legal para proceder a su antojo.

Información relacionada:

1. Lo que oculta la privatización, 1997, ARS Ediciones:
2. Lo que impulsa superservicios es la privatización de la empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta.
3. Con la privatización han sido escandalosas las alzas en los servicios públicos.

Esta colaboración con El Usuario, dados los muchos afanes electorales, es la ponencia que presenté en el Encuentro Regional de Eje Cafetero sobre Servicios Públicos, realizado en Pereira el 29 de abril de 2000, análisis que mantiene toda su vigencia y del que debe deducirse la necesidad de organizarse y movilizarse para derogar Ley 142.

Luego de un lustro de privatizar las empresas de servicios públicos de Colombia que sean o puedan ser rentables para el capital privado, la experiencia permite juzgar esa política.

Ella tiene origen en las necesidades del capital monopolista extranjero. En palabras de Luis Mauricio Cuervo, director del Cider de la Universidad de los Andes, “la globalización ha llevado a las naciones industrializadas de occidente, presionadas por la competencia japonesa y asiática, a abrir nuevas ramas de acumulación de capital: telecomunicaciones, energía y servicios urbanos agua, recolección y tratamientos de basuras especialmente… Esto (se refiere a los problemas fiscales internos de los países atrasados) y la caída de la tasa de ganancia en los países del norte mejoró las condiciones de rentabilidad para la inversión en nuestros países. De esta manera concluye- se creó el contexto económico y político para la intervención del capital, nativo y extranjero, en esta rama de la actividad”. En el caso de Colombia, por ejemplo, tanto el acta de compromiso signada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Plan Colombia acordado con el gobierno de Estados Unidos, están condicionados a que se privaticen ISA, Isagen y las electrificadoras regionales. Y las privatizaciones que se avecinan en acueducto y alcantarillado vienen presionadas por la contratación de nuevos créditos externos. Las más notables consecuencias de la venta de las empresas de servicios públicos al capital privado, y fundamentalmente al extranjero, han sido las siguientes:

Las políticas neoliberales en las que se sustentan las privatizaciones despojan a los servicios públicos del carácter de derechos ciudadanos inalienables que tenían antes, convirtiéndolos en vulgares mercancías que sólo deben estar a la orden del que pueda pagarlas al precio que determinen los empresarios que las ofrecen. Es esto lo que refleja el paso de servicios a negocios y de usuarios a clientes.

Las privatizaciones no acaban con los monopolios. Simplemente, sustituyen los monopolios públicos por los privados. Y éstos, naturalmente, se aprovechan de sus condiciones monopólicas para esquilmar a unos clientes que ni siquiera tienen la opción de comprarles a otros o de renunciar, sin graves sufrimientos, al servicio.

Existen serios estudios que inclusive demuestran que en el caso de los servicios públicos, sector en el que por definición aparecen economías de escala, la competencia no aumenta la eficiencia sino que la disminuye, aumentando los costos de producción de los servicios.

Alzas escandalosas en las tarifas, incrementos que se han dado antes y después de que se hacen las privatizaciones, pero que siempre tienen como causa principal que sin ellos no es posible ofrecerle al capital privado el único estímulo que lo moviliza: ganancias superiores o por lo menos iguales a las que consigue en otros sectores de la economía. Y esos incrementos tarifarios por encima de los índices de inflación nacional siguen siendo la política del gobierno. Por ejemplo, en 1999 la inflación fue de 9.23% y las tarifas se elevaron 23%, en tanto que para el año 2000 el gobierno tiene proyectada una inflación de 10%, con un alza de tarifas de 20%. En el caso de la telefonía, la disminución de los precios de la larga distancia internacional ha sido más que compensada por los incrementos en la larga distancia nacional y, sobre todo, la local, produciéndose un cambio perverso en el que los pobres terminaron pagando más por sus llamadas que los ricos. Lo mismo está ocurriendo con las tarifas de energía, en las que los usuarios no regulados (los grandes) pagan por kilovatio lo mismo que cancelan los del estrato uno.

El Estado puede prestar los servicios públicos a precios subsidiados o con unos que igualen su costo de prestación más el de la ampliación de las redes (sin incurrir en pérdidas), pero así no puede actuar la empresa privada que siempre tendrá que cobrar esos mismos costos más otra suma que le asegure utilidades y acumular riqueza en dinero contante y sonante que pueda trasladar a otros negocios. Es por esto que siempre serán más costosos los servicios privados que los públicos.

Los organismos de control creados por las leyes que impulsan las privatizaciones han demostrado su incapacidad para controlar los monopolios privados, si es que en verdad tienen ese propósito y no son simples instrumentos de la demagogia oficial.

Como dicen los neoliberales, quienes compran las empresas de servicios públicos no se llevan sus activos al extranjero. Pero sí se llevan las utilidades que producen, con lo que se hace más lenta la acumulación de la riqueza en el país y se complica todavía más sacar a Colombia de su gran atraso.

La Asociación de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines (Aciem) también ha denunciado que para la ejecución de sus obras las empresas privatizadas establecen sistemas de contratación sesgados en contra de la ingeniería nacional y en favor de los contratistas extranjeros, lo que también genera desempleo y entraba la formación de ahorro nacional.

Las privatizaciones implican despidos masivos y sistemas de contratación que reducen la estabilidad laboral, el derecho de organización y los salarios. Entonces, una parte considerable de las mayores utilidades de las empresas privatizadas no responde a aumentos de la productividad del trabajo sino al incremento de su explotación, lo que, además de antisocial, conspira en contra de la prosperidad del país y de su desarrollo tecnológico.

Las privatizaciones también conducen al desmejoramiento de los servicios o a su negación entre los sectores que no puedan pagar las tarifas que movilizan al sector privado. Esta realidad es especialmente preocupante en las zonas rurales, donde la pobreza es aún mayor que en las áreas urbanas, los altos costos de instalación de los servicios impide que generen utilidades y todavía millones de colombianos carecen de ellos.

Las empresas que se privatizan se venden a precios que no sólo no pagan el valor de los activos que se enajenan, sino que ni siquiera cubren los valores que indican las utilidades que producen. Han sido frecuentes las ventas por la mitad y hasta por un tercio de los costos de oportunidad. El truco para justificar estas estafas legalizadas en contra del patrimonio nacional consiste en que los inversionistas extranjeros exigen tasas de descuento (utilidades) para sus inversiones hasta por el triple de las que consiguen en sus lugares de origen, y el gobierno baja los precios de venta de las empresas hasta cuando les cuadren las cuentas.

Los dineros percibidos por el Estado a cambio de feriar el patrimonio nacional ni siquiera se han convertido en nuevas fuentes de acumulación de riqueza. Casi todos ellos han ido a pagar la deuda externa y atender el déficit fiscal.

Las privatizaciones también atentan en materia grave contra la soberanía nacional, porque le trasladan al capital extranjero el control de sectores estratégicos de la economía colombiana.

En consecuencia con estas realidades, este Encuentro se opone por razones de principios a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos que aún no lo han sido y se plantea en favor de la reversión general de las privatizaciones que ya se han dado.

Asimismo, reclama que cualquier política sobre servicios públicos se defina de manera soberana por la nación colombiana, sin ningún tipo de imposición por parte del capital extranjero, y atendiendo muy especialmente a las necesidades de los sectores populares.

Información relacionada:

1. Vivienda. (El problema de la vivienda tiene causas conocidas)
2. Servicios públicos (Los servicios públicos deben ser derechos y a precios módicos)
3. Con las privatizaciones, la gente deja de comer para pagar las tarifas del agua.

Alzas escandalosas en las tarifas. La gente come menos, se viste menos, atiende menos sus enfermedades, para poder pagar los servicios. El prepago en los servicios públicos, un sistema inicuo. Montaron la privatización con el cuento de que iban a bajar las tarifas. La solución es estatizar. Las fórmulas enredadas de la CREG. Los tributos que se obliga a pagar a los estratos 5 y 6. El capital extranjero viene por todo.

Alguien decía aquí hace un rato que algo debería quedar de este debate. Lo primero que quiero dejar claro es que las tarifas de los servicios públicos han sufrido incrementos escandalosos. La gente no está loca cuando protesta o se queja y alega. Luego sería el colmo que dejáramos pasar por alto esta realidad. Aquí hacen unos cortes de tiempo a conveniencia a ver cómo cuadran la curva para que desaparezca el alza, pero no, son las cifras las que definen el asunto. Y aun cuando ustedes no brindan las cifras como debieran y en Colombia es un lío conseguir cifras –suelo decirlo: casi hay que someter a tortura a los altos funcionarios para que las den a conocer, una de las prácticas más detestables de este gobierno–, algo logra saberse.

Alzas escandalosas

Les voy a aportar unas cifras para darles la idea de que sí han subido las tarifas de los servicios públicos y que los colombianos en sus casas no están locos cuando se quejan ni estamos tampoco locos los senadores cuando lo denunciamos. Voy a partir del año 1991. ¿Y por qué amplío el lapso? Pues porque aquí todo obedece a una política determinada que se estableció desde hace rato para producir un cambio estructural en los servicios públicos, cambio estructural que, aun cuando en esos días nos lo vendieron con el cuento de que iban a bajar las tarifas y que todo iba a ser felicidad, estaba armado para subirlas. Entonces nos toca analizar el asunto desde la Ley 142 de 1994, e incluso un poco antes.

Bogotá: de 1991 a marzo de 2009, para el estrato uno, incrementos del kilowatio de energía eléctrica del 48%; estrato dos, 25%; estrato tres, 76%, los anteriores aumentos en valores reales, porque si fueran nominales, serían para el estrato uno de 1.077 por ciento y para el estrato dos de 895%. ¿Qué quiere decir reales? Que se descuenta la inflación, y si suponemos que a la gente no le subió el salario en ese mismo porcentaje (como efectivamente no le subió), concluimos que la gente está comiendo menos, vistiéndose menos, curándose menos de sus enfermedades, recreándose menos, educándose menos, para poder pagar estas altas tarifas.

Veamos el caso del agua entre 1995 y 2007. Bogotá: para el estrato dos, 100% de incremento. Medellín: 835%, en valores reales; Barranquilla, 391; Bucaramanga. 1.218; Cartagena, 194. La población protesta con razón, porque está padeciendo incrementos descomunales. Y hay cifras que muestran que hoy el gasto en servicios públicos ocupa más que antes. En resumen, la gente come menos, se viste menos, se recrea menos, para poder pagar las tarifas de los servicios públicos. Tengo un dato aquí del Dane –en general yo solo uso cifras oficiales–, energía eléctrica: en 1993, la tarifa ocupaba 9,5% del total del ingreso, y ya era mucho, ¿no? Casi la décima parte. Bueno, en el 2003 el porcentaje llegó al 13,8, un incremento del 50%. Una barbaridad. Si a eso le sumamos acueducto, teléfono, gas, etcétera, estamos hablando de unos incrementos escandalosos en las tarifas.

El prepago, un sistema inicuo

Hay un hecho que me perturba especialmente, y son las soluciones que se ofrecen. No puedo estar de acuerdo con la solución de banquero del prepago para los servicios públicos. Me parece un sistema inicuo. Voy a decir con toda franqueza que a los gerentes de las empresas de servicios públicos les va a terminar cabiendo lo que se afirma sobre los banqueros: que puede que pierdan el alma, pero plata no pierden. Esto es horrible, ¿qué quiere decir el prepago en tarifas de servicios públicos? Que una persona va a tener luz en su casa (por ejemplo) apenas una parte del mes o una parte del día. O sea, que no va a tener pleno servicio de energía.

Suben y suben las tarifas, los ingresos de la gente no suben y en muchos casos disminuyen, y la solución al problema no es ver cómo se bajan las tarifas y cómo se aumentan los ingresos, sino es darle un trato tecnológico y hacer que los colombianos, o solo tengan dos horas de energía al día, o quince días al mes. Esto a mí parece desalmado, se lo digo a ustedes con franqueza. Es el tipo de cosas que irritan al país porque, por supuesto, a lo que apuntan es a resolver el problema, ¿de quién?, de las empresas. Claro, para las empresas es buenísimo. Ya no van a tener cartera y harán además operaciones de capital financiero vendiendo la energía prepago, como hacen los de la telefonía celular. En la práctica, en dos palabras, van a hacer más ejercicios financieros para aumentar sus utilidades. A mí el sistema me parece realmente vergonzoso. Y si lo hacen en Sudáfrica, no me sorprende, porque propiamente Sudáfrica no es un país que uno pueda poner como ejemplo para nada. Es uno de los países más horribles del mundo, socialmente hablando, aun cuando el territorio sea una belleza.

¿De dónde salió todo esto? Toda esta política tiene origen –yo lo he explicado varias veces, y habrá que seguir explicándolo siempre– en la privatización de las empresas de servicios públicos. Nos la montaron con el cuento de que se iba a acabar la corrupción, que ahora iban a bajar las tarifas, que todo iba a ser de maravilla. Y miren los incrementos en las tarifas. Y entonces nos dicen, “pues sí, pero hay energía”. Y yo pregunto: ¿para estos del prepago hay energía? Y pregunto también: ¿es sensata una política en que la gente come menos para pagar las tarifas de los servicios públicos, vive menos, porque no tiene con que comprar sus remedios y se muere más joven, porque no tiene con qué pagar las tarifas de los servicios públicos? Luego a mí no me vengan con el cuento sofístico de que los servicios públicos más caros son los que no se tienen. No, los más caros son los más caros. Los más caros son los que hay que pagar más caros. Y hay otras maneras de resolver el problema y aquí entro al detalle.

La solución es estatizar

Si una empresa de servicios públicos es del Estado, este puede manejarla de tres maneras diferentes. O utilizarla como lo hace el privado para hacer ganancias exorbitantes, porque es un monopolio clásico, e incluso el de la generación también es de tipo oligopolio. Entonces puede el Estado utilizar la empresa para disparar las tarifas y esquilmar a todo el mundo, como se hace actualmente en la era de las privatizaciones. En el otro extremo, podría el Estado conseguir recursos y vender la energía o el agua a menos del costo de producción y subsidiar abiertamente a los usuarios. Esa sería otra posibilidad. Se vende por menos de lo que cuesta y, mediante otros recursos, el Estado subsidia, y punto. Y hay una tercera opción, y es que el Estado cobre el costo del servicio más la ampliación de las redes, y no obtenga una utilidad, digamos, en el sentido de sacar plata de allí para otros sectores, como se hace en el negocio privado.

Aquí se optó por la privatización, o no, no se optó, porque aquí el gobierno no inventa nada. Los que impusieron la política fueron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los mismos que van a poner las bases militares gringas –y supongo que terminarán utilizando las bases también para cobrar las tarifas de energía y agua–. Y lo que tenemos es que los inversionistas privados y el capital financiero y todos los que entran en el negocio están haciendo ganancias a mi juicio exorbitantes. Y hay una inmensa corrupción, digámoslo también con franqueza, para garantizar esas utilidades, que no deberían existir, porque el agua y la luz deben prestarse no como un vulgar negocio, sino como un servicio público y como un derecho. Estamos hablando de agua, estamos hablando de energía eléctrica, a los que uno no puede renunciar sin sufrir unas carencias descomunales. Aquí con mucha facilidad se dice que la solución son las tarjetas prepago. Pero estudien el calibre de la carencia que se sufre con eso. Aquí alguien dijo: es que la gente prefiere dejar de comer antes que no pagarle a EPM, cosa que es cierta y me parece dramático. ¿Qué es lo que prueba? Que perder los servicios públicos genera una tortura sobre la gente. Y la gente prefiere dejar de comer, enfermarse, morirse más joven, con tal de tener la energía o tener el agua, tan absolutamente necesarias. Y el gobierno aprovecha eso en la lógica de la privatización, en contra de los ciudadanos.

Se da también una continua persecución contra los trabajadores, también hay que decirlo con franqueza. Cada paso que dan estas empresas es persiguiendo a los trabajadores, destruyendo los sindicatos, imponiendo sistemas de subcontratación, haciendo despidos masivos, negando los derechos. Se trata de una lógica de monopolios y oligopolios y son los únicos que tienen derecho a quedarse absolutamente con todo.

Las fórmulas enredadas de la CREG

El tema que voy a analizar ya se ha mencionado aquí, y sobre él quisiera que los senadores de la Comisión Quinta intentáramos hacer un acuerdo. Es intentar desentrañar cómo son las tarifas de las Comisiones de Regulación. Tienen toda la razón los senadores, son absolutamente raras. Estoy seguro de que si al ministro de Minas le pedimos que coja papel y lápiz y nos explique las fórmulas, no es capaz. (El ministro replica: yo soy capaz). No, estoy seguro de que no. Mire cómo le quedó de mal explicada la del alcohol carburante, ministro. Con la del alcohol carburante no pudo y con estas tampoco, estoy seguro, porque están calculadas para producir unos enredos descomunales. Esa es mi impresión, usted tendrá otra. En todo caso se calculan de una manera enredada para que el común de la gente no entienda. El doctor Martínez, que es de un nivel superior, sí entiende. Pero el común de la gente no.

Hay incluso otro hecho que a mí me parece muy grave. Aquí nos acaban de decir que las utilidades que se calculan con las fórmulas de las tarifas son del 9 y el 11 por ciento, después de impuestos. Yo lamento, pero eso no lo puedo creer. No lo puedo creer, como no lo pudo creer tampoco el senador Vélez, que es amigo del gobierno. Por la simple razón de que así no viene el capital extranjero. Usted no puede decirme a mí que si la tasa de ganancia de aquí es la misma de allá, se vienen los inversionistas. No. Si vienen a Colombia es porque ganan más aquí que allá. O usted nos está dando la información recortada y es una verdad a medias. ¿Sí pagan 33% de renta? Yo sí sé que no pagan 33 por ciento de renta, y ese es el tipo de trucos. Y es ahí donde esquilman a los colombianos, y es ahí donde los golpean. Porque las cuentas las hacen con unos costos nominales que no son ciertos. ¿Cómo así que 33% de renta? Díganme aquí qué monopolios, qué trasnacionales pagan 33% de renta. Denme un solo nombre. Pero no se haga el loco, doctor, no me haga caras, porque usted sabe cómo es eso. Y usted y la Comisión deberían calcular la tasa de ganancia de esas empresas asumiendo los costos reales de la renta. ¿Cómo así? Aquí tenemos rentas del 9% reales en las zonas francas por ejemplo, y ustedes hacen las cuentas como si fueran del 33%. Al país no lo pueden tratar así, porque esto lo paga la gente con sufrimientos: sin agua, con las tarifas prepago. Este es el tipo de cosas que son un horror en este país. La ficción matemática para justificar ganancias exorbitantes y atropellos inmensos a costa de los pobres y de la gente que está sufriendo. ¿A cómo se va la tasa de ganancia de una empresa que tiene tasa nominal de 10, 11 ó 12 por ciento, cuando la renta se baja del 33 al 9 por ciento? Si es que no le baja más, porque por solo dos conceptos le baja del 33 al 9. Es un punto crucial en esta discusión. Es que aquí con mucha alegría se habla de todos menos del sufrimiento de la gente. Y a la gente que se está muriendo de hambre y que no tiene luz la despachan con el cuento de que podría ser peor. Sí, todo puede ser peor, pero se supone que estamos intentando gobernar para que la situación mejore, no para que sea menos mala. Y hay que trabajar con seriedad estos temas.

Me parece el colmo, repito, que se falseen las cifras de esta manera para ocultar que se producen utilidades escandalosas, astronómicas, de mafioso, en contra de los intereses de la gente y de los colombianos. Y cuando es un empresario del montón, que no es un monopolio o una trasnacional, ese sí paga renta del 33%. ¡Y ay de que no la pague!

¡Y ese negocito financiero que montaron con los electrodomésticos dizque para ayudarle a la gente! Para ayudarle a la gente no, para enredarla. ¿Y cuál es la tasa de interés de esas operaciones financieras de esos televisores, de esos electrodomésticos que le embuten a la gente con las tarifas de los servicios públicos? Esa no la incluyen tampoco en la ganancia de la empresa.

Los tributos en los estratos 5 y 6

Hay otro asunto que hay que mirar, y es que parte del problema consiste en que el Estado no subsidia como debiera a los pobres de Colombia. Subsidia a los monopolios y a las trasnacionales, pero a los pobres de Colombia no. Aquí dieron las cifras. El subsidio del Estado es bien pequeño, y el subsidio grande, que tampoco es suficiente, lo pagan los estratos 5 y 6.

Entonces aquí voy hacer otro debate. Estrato 5 y 6, me dice a mí el gobierno, son 445 mil colombianos, y alguien dirá: los ricos de Colombia. Y yo replico, si esos son los ricos de Colombia, entonces por qué el impuesto de guerra no lo pagan sino 7 mil. Estos sí son los verdaderos ricos de Colombia. Les han metido el cuento a los colombianos de que los de estratos 5 y 6 son unos magnates, unos potentados, dignos de sufrir todo tipo de palera, la que les quieran meter. Y resulta que todos los que estamos más o menos informados sabemos que los estratos 5 y 6 están llenos de gente que a duras penas sobrevive. Son 445 mil, y les clavan un impuesto del 20 por ciento para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3. Eso es escandaloso, un gravamen confiscatorio. Cómo así que a un monopolio le bajan la renta del 33 al 9%, y al ciudadano Pedro Pérez, porque tiene un apartamento cualquiera, una casa cualquiera, que es de estrato 5, le clavan en las tarifas de servicios públicos, que es un bien esencial, necesarísimo, 20% de impuesto para que el gobierno haga demagogia con esos dineros subsidiando a unos cuantos pobres o haciéndoles un poco menos grave la vida.

Este es otro debate que está por hacerse. ¿Quién paga los impuestos, cómo es esto? ¿No dice la Constitución que los impuestos deben ser progresivos? Y yo pregunto, ¿cómo es progresiva una estructura tributaria que de entrada les impone el mismo 20 por ciento a todas estas 445 mil personas? ¿Por qué es progresivo, en qué consiste la progresividad? ¿Ahí no hay apartamentos de dos mil o tres mil millones de pesos y otros de cien millones de pesos? Claro que lo saben, todos lo sabemos. Y sin embargo, les cobran a todos el mismo 20%. ¿Y cómo compagina esto con que a la trasnacional, y estamos hablando ya ni de los ricos de Colombia sino de los ricos del mundo, se le baja la renta del 33 al 9 por ciento?

Entonces, no es que el país no tenga arreglo. Es que no se les da la gana de arreglarlo, porque es un país que para dos o tres gatos gordos funciona a las mil maravillas. Les digo con franqueza, si yo fuera dueño de una trasnacional, hace rato habría aterrizado en Colombia. Porque este sí es el negocio de la vida. Aquí consiguen lo que no consiguen allá, por eso es que vienen. Este es el problema de su teoría, doctor, cuando usted dice “que es la tasa de ganancia de allá y se vienen aquí”. No, nadie se va de un país a otro por la misma tasa de ganancia. Mejor dicho, nadie se va ni siquiera de Socorro a San Gil a ganarse lo mismo. El capital busca la ganancia, eso todos lo sabemos.

El capital extranjero viene por todo

Y por último, decir otra cosa más, que no es menos grave que todo lo mencionado anteriormente. Estas empresas de servicios públicos van a terminar en manos del capital extranjero. Ya son muchas las que están ahí, pero van a terminar todas. Es una especie de destino trágico. Y por eso, incluso a las que son del Estado u oficiales como EPM las han puesto a operar con ganancias de lógica monopólica de trasnacionales, para poder volverlas atractivas al inversionista privado y al capital extranjero. Tenemos casos como el de EPM que son dolorosísimos. EPM es una buena prueba de que no es verdad que todo lo estatal funcione mal, el gran alegato que nos hicieron hace veinte años. Que todo lo estatal funcionaba mal, y resulta que fue la empresa del siglo XX en Colombia. Pero miren lo que vienen haciendo con EPM. Entonces, le están imponiendo funcionar con la estructura tarifaria que le ordena la Ley 142. Ustedes los de las comisiones saben que es verdad. La Ley 142 ordena ganancias de monopolio para todas estas empresas. Dice la ley, ganancias de una actividad equiparable, o sea, ganancias de monopolio. ¡Lo ordena! A mí no se me olvida que aquí el anterior ministro de Minas, el doctor Mejía, cuando alguien dijo bajemos las tarifas de EPM, lo amenazó con echarle la ley encima, porque no se podía. Había que ponerla lo más alta que se pudiera.

Con eso se hace politiquería en Medellín. Este y el anterior alcalde hacen parquecitos y cosas que les quedan bonitas, no lo voy a negar. Pero la pregunta es: ¿eso no lo pagan los de los estratos 1 y 2, y 3, los que se están muriendo de hambre, a esos que les van a poner tarifas prepago? Las obras de ornato se terminan pagando con la energía que no consumen en cierto sentido los de la tarjeta prepago, o con lo poco que pagan.

Y volvamos sobre lo de la tarjeta prepago. Me lo explicaba un ama de casa en Manizales. Me decía, senador: aquí ahorramos en beneficio del alza de la tarifa. Mientras más ahorramos consumo, más pueden subirnos la tarifa. Mientras menos kilowatios gastamos, más caro nos pueden vender el kilowatio. Mientras menos metros cúbicos de agua usamos, más caro nos venden el metro cúbico. Es algo absolutamente perverso lo que están haciendo contra un poco de pobres que no tienen la información suficiente, porque si la tuvieran, senador Reyes, otro gallo cantaría. Estoy seguro de que nadie estaría por reelegir al doctor Álvaro Uribe. Porque esto es lo que tenemos, esta es la realidad. No se la inventó, pero es en lo que estamos.

El capital financiero está cogiendo las utilidades y las está exportando. El sudor y las lágrimas de nuestro pueblo y de las capas medias los coge el capital extranjero y los exporta a Alemania, Francia, Estados Unidos, a generar progreso allá y aquí nos quedamos con los sufrimientos y los problemas. Así, el país no es viable. Cómo es posible, y ustedes son economistas, que un país pierda sus principales fuentes de acumulación de capital. Un país donde en general ningún negocio funciona, porque la estructura económica no lo deja funcionar. Tenemos aquí las principales fuentes de acumulación de riqueza, ya está el mercado creado, todo está resuelto, no tienen voladero, no hay para dónde irse. Pero al capital extranjero le disparan las tarifas al infinito y además con esas utilidades y no le cobran impuestos, y eso se lo llevan para el extranjero y ni siquiera se les cobra una tasa por exportación de utilidades, como sí se les cobraba antes. El país así es cada vez más inviable.

A mí me preguntan, senador Robledo, usted por qué discute tanto. Bueno, porque tengo un problema y es que medio entiendo cómo funcionan las cosas y sé que el país está en un callejón sin salida, es inviable y lo están gobernando para que sea inviable. Y a la gente mientras tanto le tiran un carné del Sisben, un tamal, unas familias en acción para acostumbrarla a eso que llaman los filósofos la servidumbre voluntaria. A la gente es tanto lo que le lavan el cerebro, que termina aplaudiendo morirse del hambre. Estoy seguro de que las tarjetas prepago las van a repartir en medio de fiestas, hasta allá llega la alienación a la que someten a los colombianos. No demora en salir una foto de una señora con una tarjeta prepago diciendo estoy feliz, adoro al alcalde de Medellín.

¡Que país el que estamos construyendo!

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