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Debo hablar en este debate de salud por dos razones. La primera, porque es obvia la gravedad del problema que padecen el San Juan de Dios y el resto de los hospitales, pero además para denunciar un hecho que parece mentira pero es verdad. El Hospital de Caldas lleva catorce meses cerrado, no liquidado y reabierto, señor ministro, sino cerrado con candado.

Es muy grave el problema del Hospital San Juan de Dios, e igual de serio el del Lorencita Villegas de Santos, y gravísimo el cierre del Hospital de Cartagena y no menos complicado lo que pueda suceder con el Materno Infantil. Es la condición más o menos generalizada de la red pública hospitalaria. Hay decenas de instituciones hospitalarias en gravísimos problemas, al borde del cierre o convertidas en una especie de caricatura de lo que debieran ser, porque no cuentan con los recursos suficientes para atender debidamente las necesidades de salud de los colombianos. La situación de las clínicas del ISS es también lamentable, hecho perfectamente conocido. Hay una crisis profunda cuya expresión más dolorosa, mas no la única, es el San Juan de Dios. Es lo primero que quiero destacar. Y recabar en una denuncia cada vez esta más evidente para un mayor número de compatriotas: no es posible que haya buena salud en Colombia con Ley 100. En Colombia la gente ya no se muere ni de cáncer ni de infarto. La gente en Colombia se muere de Ley 100. Tanto que yo propuse en estos días que lo agregáramos como una causal de muerte en los certificados de defunción. Muerte ¿por qué? Por Ley 100. ¿De qué se murió su mamá? De Ley 100. ¿Su tío? También de Ley 100, y así sucesivamente. Esto es una ironía, por supuesto, pero contiene un fondo muy doloroso, porque estamos hablando de la vida y la muerte de la gente.

Lo que enseguida voy a denunciar es sorprendente. Investigando sobre estos temas, descubrí que toda esta operación de liquidación y en últimas de cierre de hospitales está financiada con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, un empréstito por 72 millones de dólares que tiene una contrapartida de 20 millones de dólares del gobierno nacional. Un crédito del BID, repito, un banco del gobierno de Estados Unidos. Y el análisis que se hace para sustentar ese crédito que apunta a liquidar la red pública hospitalaria es que la crisis de salud en Colombia se explica porque la red está sobredimensionada y porque los trabajadores del sector ganan mucho. Con un diagnóstico como ese, ¿qué puede uno decir? Un crédito que se da al Estado colombiano, no para fomentar la salud sino para clavarle el puntillazo, no para estimular que los colombianos tengan más acceso a la salud sino para complicarles el acceso, no para que contemos con un personal respaldado como debiera ser, sino por el contrario debilitado. Es el mundo al revés. Una política impuesta desde Washington. Ahora, a uno ya nada lo debe sorprender cuando hay un gobierno como el de Estados Unidos que con su propio pueblo está haciendo horrores, como lo que hemos visto en la tragedia de Nueva Orleans, que por supuesto lamentamos. Pero que la liquidación de la red pública hospitalaria nos la impongan desde allá a los colombianos es una realidad que debemos repudiar.

Quiero hacer hincapié en un asunto. En Colombia, toda la solución, entre comillas, a los problemas de la salud se viene haciendo por una vía que no podemos respaldar los demócratas, que es la de crear unas condiciones infames de trabajo, unas relaciones laborales fundamentadas en las labores a destajo, en las cooperativas de intermediarios que se aprovechan de las necesidades de la gente, en bajar los salarios y eliminar las prestaciones, en sobrecargar a médicos, enfermeras y demás trabajadores. Todo lo cual redunda en una disminución de la calidad de la salud. Luego estamos en la peor de las situaciones.

Con respecto al Hospital de Caldas, debo decir que fue cerrado después de varias reestructuraciones de esas que tanto le gustan al gobierno nacional. ¡El hospital sigue cerrado después de más de catorce meses! Un hospital que tenía el deber de atender las necesidades de salud de medio millón de caldenses, más habitantes de los departamentos vecinos, tolimenses, antioqueños, vallecaucanos, que contaban con él como su único hospital de cuarto nivel en la región. Catorce meses lleva cerrado el hospital sin que hasta el momento se plantee ninguna solución, un cierre que conduce a la muerte y al sufrimiento a muchos compatriotas sin otro recurso, porque la mitad de los habitantes de estas tierras, señor ministro, no están en ningún plan de aseguramiento. Son de esos que ustedes llaman “vinculados” y que disponen del hospital como su única posibilidad.

Cuando se anunció el cierre, abrimos el debate en Manizales con el uribismo de todas las vertientes. Advertimos que si el Hospital se cerraba le iba a hacer falta a la región, porque en Manizales las demás clínicas no están en capacidad de reemplazarlo de manera eficiente y correcta. En esos días se nos dijo que no iba a pasar nada. Y tan creyeron que no iba a pasar nada que las dos grandes coaliciones que en Caldas detentan el poder, los unos el departamental y los otros el municipal, los dos del uribismo, en acuerdo con el Ministerio de la “desprotección social”, cerraron el Hospital de Caldas. Nos opusimos hasta donde pudimos.

¿Qué es lo nuevo? Que el propio Comité Intergremial de Caldas, que afilia allí a todos los poderes económicos del establecimiento, la Andi, Fenalco, la Federación de Cafeteros, acaba de sacar una declaración protestando por la realidad que se padece y exigiendo que se reabra cuanto el Hospital de Caldas. Al punto que un editorial del periódico La Patria hace una afirmación a mi juicio muy clave, porque explica lo que está pasando. Dice La Patria: “Está demostrado, contrario a lo que se dijo en el momento del cierre, que no existe el supuesto exceso de oferta hospitalaria, sino un enorme déficit para atender conforme a sus derechos una considerable parte de la población necesitada de la atención de la salud afectada”. La prueba reina, si se quiere, de que en Caldas hay gente muriéndose porque está cerrado el Hospital de Caldas. Ya en eso parece haber un consenso y sin embargo el Hospital no se reabre.

Reabrirlo tiene que ser una decisión del uribismo, nadie más puede hacerlo. Los opuestos al uribismo fuimos derrotados y nadie nos puso cuidado ni surtieron los efectos que queríamos las luchas que libramos para que el Hospital no se cerrara o se reabriera. En el caso de la salud en Caldas y en Manizales estamos en manos, primero, del gobierno nacional, que a mi juicio tiene la primer responsabilidad con respecto a lo que ha ocurrido, y, segundo, en manos del gobernador, vocero de uno de los sectores del uribismo, y en manos del alcalde de Manizales, vocero de otro de los sectores.

Les formulo un llamado público a las fuerzas que están sosteniendo al jefe del Estado para que tomen cuanto antes las decisiones que haya que tomar. Para que con recursos a mi juicio principalmente del gobierno nacional, pero con la voluntad política de quienes cerraron el Hospital de Caldas, es decir, de la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales, se den los pasos necesarios para que el Hospital sea reabierto lo más pronto posible. Con toda cordialidad pero con toda firmeza les digo a los responsables de ese asunto: ¡es una física vergüenza, una vergüenza para los caldenses y los manizaleños, tener que pasearnos por el país explicando que el único hospital de cuarto nivel de la ciudad, el hospital insustituible, está cerrado de hace catorce meses y no se toman las medidas para reabrirlo!

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1. Caldas – Chinchiná, Auditorio de Sintrafec.
2. Caldas – Supía, Centro Cívico.
3. Caldas – Manizales, Encuentro con Universitarios de Manizales, Teatro 8 de Junio, sede central de la Universidad de Caldas.

Plenaria del Senado 9 de junio de 2005

Es evidente, señor ministro, que uno de los propósitos fundamentales de esta reforma a la Ley 100 es dejarle intacto el gran negocio al capital financiero. Aquí todo se puede desbaratar en salud, todo se puede perder, todo el mundo puede sacrificarlo todo, pero lo único que no se puede tocar es la ganancia de los intermediarios financieros, porque sería un sacrilegio en el modelo que padecemos. Y también es evidente que otro de los propósitos grandes de la ley es mejorarle su imagen hacia el común de las gentes, que están detestándola por razones obvias. Y en esto de mejorarle la imagen a la ley, la pieza fundamental, y usted ya lo mencionó, va a ser lo que llaman en el articulado la ampliación de la cobertura. Porque uno de los fracasos rotundos de la Ley 100 es que nunca alcanzó la cobertura universal que nos ofrecieron en 1993. Fue una especie de carnada clavada en la punta del anzuelo del capital financiero. Y como eso perturba mucho, veo que la decisión ahora es mejorar la cobertura, y para hacerlo, van a crear un nuevo Sisben, un tercer nivel de Sisben.

En lo que atañe al Plan Obligatorio de Salud, POS, que es finalmente lo que determina en buena medida la calidad de la salud que recibe la gente en cuanto a procedimientos, hospitalizaciones, curaciones, etc., vamos a quedar con tres niveles: el POS del sistema contributivo, bastante mediocre pero, bueno, digamos que es lo mejor que ofrece la ley cuando lo cumplen, porque es sabido que una de las prácticas normales de la Ley 100 es establecer el fraude, la trampa, la maña como norma de comportamiento natural en el negocio de la salud. Hay un segundo nivel de salud, el POS del sistema subsidiado, llamado en este caso Sisben 1 y 2, y que podríamos denominar sistema tradicional. Este, sumado al anterior, da unos niveles de cobertura. Y viene un tercer nivel de cobertura, que va a ser bautizado Sisben 3, una nueva forma de POS. En resumidas cuentas, el primero, mediocre incluso cuando lo cumplen, el segundo bastante peor y el tercero una especie de pantomima en la que las gentes del común, en su inocencia, creen que tienen derecho a alguna cosa.

La primer pregunta específica, señor ministro, es entonces ¿cuánto más malo, porcentualmente hablando, es el POS del Sisben frente al POS del sistema contributivo? Y ¿cuánto más mediocre es a su vez el POS del nuevo Sisben que quieren constituir con respecto a los dos POS anteriores? Pienso que es importante que esto se clarifique. Y lo tercero que quisiera que me explicara es lo siguiente, señor ministro: la ampliación de la cobertura que se proponen ustedes hacer implica sacarle más plata al sistema contributivo, transferir más recursos de los pagos que hacemos los afiliados para llevarlos al sistema subsidiado, un 1,2 por ciento. ¿En cuánto se va a deteriorar la calidad del POS del sistema contributivo por esta nueva transferencia de recursos del contributivo al subsidiado? Porque ese cuento de que vamos a hacer más con la misma plata tal vez suceda en las películas de Walt Disney, pero en la realidad no es posible. Le repito entonces mi pregunta: ¿en qué porcentaje se va a deteriorar con esta transferencia la calidad del sistema contributivo?

Lo anterior reviste importancia, señor ministro, por una consideración de orden político. Si algo estamos detestando los colombianos de la administración del doctor Uribe Vélez es su descomunal propensión a la actuación, a la ficción, a crear realidades que quizá terminen confundiendo a las gentes del común, pero no a quienes estamos al tanto. Y en esto de la ampliación de las coberturas se han ido volviendo especialistas. Uno mira el caso de los subsidios de vivienda, ¿y qué ocurrió? Los disminuyeron para aumentar la cobertura. Pero tanto los disminuyeron que reventaron el sistema, porque la plata es tan escasa que ya no alcanza ni para construir una caja de bocadillos. Con la ampliación de cursos en el Sena también está demostrado que se amplió la cobertura sobre la base de sacrificar la calidad y expedir títulos a granel. Abundan los casos en los que antes se expedía un título y ahora se expiden tres o cuatro, hecho que en la estadística se presenta como un gran logro. Y ahora me imagino que la mitad de la campaña del doctor Uribe Vélez y la mitad de sus sainetes sabatinos televisados se va a desarrollar en torno a la ampliación de la cobertura en salud. Ampliación de la cobertura y del Sisben que son uno de los instrumentos fundamentales para crear la carne de urna que requiere el clientelismo para poder ganar las elecciones. Entonces las dos preguntas específicas son, señor ministro, se las repito: ¿en cuánto empeora el nivel de calidad de la atención en la medida en la que el POS disminuye de nivel? ¿En cuánto desmejora la calidad de la atención en el sistema contributivo en la medida en que le van a sacar sumas cuantiosas de dinero?

Y una tercera pregunta, señor ministro, que pienso formalizar proponiendo un nuevo artículo en esta reforma a la Ley 100, un nuevo artículo que establezca como una nueva causa de defunción, en los certificados respectivos, la causa de muerte por Ley 100. Creo que sería bien importante que se lograra saber en Colombia cuántos colombianos se mueren porque definitivamente el avance de la ciencia médica nos es capaz de salvarlos de las garras de la Parca, y cuántos colombianos fallecen, no porque no haya recursos para salvarlos, sino porque los distintos POS que funcionan en el sistema no les dan el tratamiento que deben darles y que puede brindarles la ciencia moderna.

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Entre las calamidades que origina este sistema sobresalen las siguientes:

¨Alrededor de 25 millones de hombres, mujeres, niños y ancianos no tienen ningún derecho en salud, porque por su falta de empleo formal o su pobreza no pueden pagarse la afiliación al régimen contributivo de las EPS o porque el Estado no ofrece los cupos suficientes en el régimen subsidiado de las ARS, los dos sistemas en los que, según la demagogia que se empleó para aprobar la Ley 100 de 1993, en este momento debía estar inscrito cada habitante del país; ¨La conversión de los insuficientes carnés del Sisben en un enorme instrumento de extorsión clientelista por parte de los mismos politiqueros que sostienen un sistema que excluye a más de la mitad de los colombianos; ¨La existencia de dos planes de atención a los enfermos según el tipo de intermediario de los recursos al que estén afiliados (los llamados POS): el de las EPS, de reconocida mediocridad, y el de las ARS, más deficiente aún, los cuales, en realidad, en su aplicación son peores que lo que dicen las normas que los rigen; ¨El escandaloso cierre de varios de los más importantes hospitales públicos, como el San Juan de Dios en Bogotá, el de Cartagena y el de Caldas, así como la grave crisis del resto de la Red Pública Hospitalaria, la cual funciona en medio de innumerables carencias y ha sido sentenciada a desaparecer o a acabar de convertirse en una caricatura de lo que debiera ser, a pesar de que en esos hospitales debe atenderse más del cincuenta por ciento de los colombianos que no se encuentran afiliados a las empresas que se enriquecen intermediando la plata del sector; ¨El cada vez peor servicio que se les brinda a los pacientes en las clínicas del Instituto de Seguros Sociales (ISS), instituciones que podrían terminar por desaparecer; ¨El recrudecimiento de las enfermedades que como la tuberculosis y la fiebre amarilla llegaron a estar bajo control, reavivamiento que tiene como causas principales el empobrecimiento de los colombianos y la alarmante disminución de las medidas que previenen las enfermedades (incluidas las campañas de vacunación), a pesar de que la prevención es el fundamento de cualquier sistema de salud digno de ese nombre; ¨Y el establecimiento de la trampa como recurso de uso común de los intermediarios financieros (EPS y ARS) en las relaciones con sus afiliados y sus trabajadores, al igual que con las IPS públicas y privadas con las que, mediante acuerdos leoninos, contratan servicios hospitalarios y de laboratorio, entre otros.

También conspiran contra la salud de los colombianos las condiciones de trabajo que se vienen estableciendo en el sector, a partir de las retenciones de salarios y los despidos masivos en el ISS, las cajas y la red pública hospitalaria, así como la imposición en todas partes de un sistema de intermediarios con el que se oculta a los verdaderos patrones y se imponen los contratos a término fijo, el trabajo a destajo, la sobrecarga laboral, las bajas remuneraciones y la ausencia de prestaciones sociales, prácticas que les niegan a médicos, enfermeras y demás trabajadores del sector sus derechos laborales democráticos e incluso los presionan para que actúen en contra de los principios éticos que como profesionales de la salud juraron cumplir.

Las causas

Estas vergüenzas no ocurren porque sean insuficientes los dineros destinados a costear lo que podría ser la debida atención de la salud de los colombianos. No. Nunca en la historia del país había habido mayores recursos públicos y privados para atenderla. En efecto, tanto por las transferencias del presupuesto nacional, como por el incremento de los aportes de patrones y trabajadores “incluidas las cuotas moderadoras y los copagos que en la práctica les arrebatan los derechos de atención a muchos”, el gasto total en salud creció en términos reales en 39 por ciento entre 1994 y 2000 (Conpes 3204). Y la cobertura, que se usó de manera demagógica para embellecer en su momento la Ley 100, la norma que le dio origen al horror que se padece, es igual o menor ahora que antes de su vigencia, como lo muestran las cifras si se comparan sin astucias y no como suelen hacerlo quienes se benefician con lo que ocurre.

La explicación principal de por qué aumentaron los recursos y no mejoraron ni la cobertura ni la calidad del servicio carece de misterio. Antes de la Ley 100, cada centavo de origen público o privado que el país gastaba en salud (exceptuando la atención particular y la medicina prepagada) debía ir a médicos y otros especialistas, drogas y exámenes, hospitalizaciones y administración de los recursos. Pero con las normas neoliberales apareció un quinto costo que no existía: el privilegio que se le otorgó al capital financiero (EPS, ARS y ARP) para echarse al bolsillo, como utilidades y so pretexto de la administración de la plata, una suma enorme de dinero que se constituye en una especie de peaje que se le impone al sector y que de manera evidente hace falta para atender las necesidades nacionales en salud. Es tal el calibre del negocio creado, que se conoce el caso de una EPS que en diez años aumentó sus activos de 2.500 millones a 237 mil millones de pesos. Con razón, hace un lustro, los dirigentes de Fasecolda, la poderosa agremiación de las compañías de seguros, se relamían comentando que el negocio de la salud pasaría de representar el 2,5 al 39,2 por ciento en el total de sus ingresos.

La conversión del derecho a la salud de los colombianos en el negocio de unos cuantos que se lucran con el control monopolístico de lo que convirtieron en una vulgar mercancía que, como todas, tiene que venderse por más de lo que cuesta producirla, también explica el aparecimiento de otras dos situaciones indeseables. Por un lado, el sinfín de prácticas maliciosas con las que EPS, ARS y ARP, fieles a la máxima de que mientras menos gasten más ganan, aumentan sus utilidades a costa del bienestar y la vida de los colombianos y de la propia estabilidad de las IPS que no les pertenecen, y, por el otro, unas condiciones laborales inicuas para quienes trabajan en el sector, condiciones que también imposibilitan la buena calidad de la atención a los enfermos.

La gravísima crisis en que se debaten las clínicas del ISS también puede explicarse sin dificultades. Es obvio que el negocio de la salud que se decidió montarle al capital financiero solo era viable si se golpeaba al ISS, arrebatándole sus cotizantes y, ojalá, dejándole iguales o incrementándole sus costos, de manera que se quebrara, realidades que con todo descaro se fueron definiendo desde la propia dirección del Estado. Por ejemplo, y cuando ya se conocen hasta los nombres de algunos de los corruptos que facilitaron el desastre, durante tres años y medio se le prohibió al Seguro hacer afiliaciones, mientras que simultáneamente se orquestó en su contra una campaña de desprestigio que facilitó que los intermediarios de la salud le sonsacaran buena parte de sus afiliados. Y en el colmo de la mala fe, al mismo tiempo se impuso una selección adversa de los afiliados, es decir, se organizaron las cosas para que la casi totalidad de los pacientes que padecen enfermedades de alto costo quedaran a cargo del Instituto.

La red pública hospitalaria hizo crisis porque el Estado le ha transferido al negocio de las ARS que manejan el Sisben recursos que ha debido trasladarle a dicha red y porque no les ha pagado a sus hospitales todos los costos que tienen por atender a los llamados «vinculado», como califican a los millones de colombianos que no están vinculados ni al régimen contributivo ni al subsidiado. Sus problemas también se explican porque ha sido víctima de las maniobras de las EPS y ARS en su contra, tanto porque no le cancelan como debieran los servicios que le contratan, como porque le contratan cada vez menos en la medida en que éstas se dotan de su propia infraestructura, integrándose verticalmente, lo que también afecta negativamente a las IPS privadas que no son de propiedad del capital financiero. Son tales las ambiciones de integración vertical de estos monopolios, que ya hay EPS que anunciaron su interés en crear su propias facultades de medicina. Y también cuenta en la tragedia de los hospitales públicos la decisión oficial, que retrata de cuerpo entero al uribismo, de tener billones de pesos del Fosyga invertidos en TES y CDT.

En conclusión, puede demostrarse que mueren más colombianos por causa de la Ley 100, que por todas las violencias que nos martirizan.

¿Qué hacer?

Ante el innegable deterioro de las condiciones de salud impuestas por el sistema vigente, hoy se contraponen dos posiciones principales. La que defiende el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien fuera ponente en el Senado de la Ley 100 hace una década, y que por representar los intereses de los intermediarios considera que la crisis debe aprovecharse para retocar las normas actuales en el sentido de profundizar la privatización y aumentar la concentración del negocio en manos del capital financiero, muy de acuerdo con las aspiraciones de las trasnacionales que operan en el sector y con una política que pretenden convertir en inmodificable mediante el TLC con Estados Unidos, acuerdo en el que, además, se pactarían normas contrarias a la producción de buenos y más baratos medicamentos genéricos. Y la que con cada vez mayor claridad venimos expresando los sectores democráticos del país, y en especial los trabajadores de la salud, que propone un cambio de fondo que debiera empezar por consagrar en la Constitución que la salud es un derecho fundamental, tal y como lo ha planteado la Federación Médica Colombiana.

De este cambio de fondo debiera derivarse que no podrá haber parasitismo financiero obteniendo ganancias de los aportes públicos y privados que hoy manejan EPS, ARS y ARP. Esa transformación implicaría, además, la derogatoria de la Ley 100 y su sustitución por otra que, entre otras cosas, garantice un sistema nacional de salud de cubrimiento universal y alta calidad, la defensa del ISS, de la Red Pública Hospitalaria y de las demás instituciones públicas que requiere el buen funcionamiento del sector, y que sus trabajadores tengan condiciones dignas de vida y de trabajo.

¿Cómo hacerlo?

Pero no es posible ninguna transformación positiva en este aspecto si no se empieza por entender que ella no podrá ser el producto de la simple presentación de un excelente proyecto de ley o de acto legislativo por parte de los parlamentarios progresistas. Porque no hay ni la menor posibilidad de que las mayorías en el Congreso, que son, de lejos, bien uribistas, vayan a someterse con toda mansedumbre a decidir en contra de los intereses que representa su jefe, que, se sabe, son los del capital financiero que se lucra a reventar con el negocio del que disfruta. Una propuesta legislativa que no se respalde con una enorme movilización ciudadana, tan grande que sea capaz de derrotar a los neoliberales en este caso, podrá servir para «hacer política», pero no para modificar a fondo el sistema de salud, que es a lo que debe apuntarse.

Mi invitación cordial, entonces, apreciados médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud, es que ustedes, a través de sus organizaciones, nos convoquen a una gran unidad de todos los demócratas de Colombia (sindicatos, agremiaciones, academias, organizaciones de pacientes, sectores políticos democráticos, congresistas, etc.) para llegar a acuerdos en, por lo menos, dos aspectos fundamentales cuyos términos habría que especificar. Primero: que de lo que se trata es de lograr un cambio de fondo, estructural, en las normas que rigen la salud en el país. Y segundo: que para lograr esa transformación profunda trabajaremos con la paciencia y persistencia que sean del caso para crear la organización y la fuerza social necesarias para derrotar, mediante la lucha civilizada y democrática, pero mediante la lucha al fin y al cabo, a quienes también en este aspecto representan intereses contrarios al progreso de la Nación.

Ya hay suficiente experiencia para entender que la Ley 100 se aprobó para montarle un negocio a un puñado a costa de la salud y la vida de los colombianos. Y ya se sabe también que las buenas ideas que no se respaldan con la suficiente fuerza social y política no pueden convertirse en normas legales en ninguna sociedad.

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Cada vez más personas hablamos del Ministerio de la Desprotección Social y sostenemos que la ley 100 de salud mata más que todas las violencias que enlutan a Colombia. Y no es para menos. Porque muchos colombianos no fallecen porque sus enfermedades sean incurables, sino porque las normas de la ley 100 les niegan el acceso a los médicos, las medicinas y los exámenes y procedimientos que podrían salvarlos. También es irrefutable que el ministro supuestamente encargado de velar por la salud y los derechos laborales hace exactamente lo contrario de lo que anuncia el nombre de su cartera.

Luego de quince años de expedida la ley 100 de 1993, hasta los más ingenuos de sus iniciales defensores han concluido que ella no se diseñó para atender bien la salud de los colombianos sino para atender bien el negocio financiero que algunos hacen con la salud de los colombianos, que no es lo mismo. El problema empezó porque la Constitución del 91 le abrió paso a la privatización neoliberal, de manera que los derechos ciudadanos se convirtieron en vulgares negocios y los pacientes o usuarios en clientes, concepción que le permite a un puñado embolsillarse como ganancias sumas enormes que en este caso deberían destinarse a la salud y la vida de la nación. Hay estudios que indican que las grandes sumas que el Estado y las gentes gastan en salud, que crecieron en 40 por ciento en términos reales con la ley 100, alcanzan para darle salud de alta calidad a la totalidad de los habitantes del país.

La ruina del Seguro Social y de las cajas de previsión también tiene origen en la ley 100, y la explicación es obvia: sin destruir esas entidades, que recibían las cotizaciones de todos los trabajadores, ¿de dónde saldrían los dineros que enriquecerían a los negociantes de la salud? Y algo parecido ocurre con la red pública hospitalaria, reducida al mínimo para facilitar otros negocios con la salud. No es casual, entonces, que el senador Uribe Vélez fuera el ponente de la ley 100 y que el presidente Uribe Vélez sea el sepulturero del Seguro Social.

Las inicuas condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que recuerdan la salvaje explotación de los inicios del capitalismo y que tan negativamente afectan la calidad de la atención a los pacientes, también son inherentes a la ley 100, porque en ellas se originan las ganancias de los pocos que se aprovechan de la privatización. La salud de alta calidad se imposibilita por el maltrato laboral de los que deben garantizarla.

En consecuencia, solo habrá buena salud para todos el día en que la resistencia civil derogue la Ley 100 y establezca en la Constitución que no habrá intermediarios financieros propiciando la enfermedad y la muerte de los colombianos.

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