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Uno de los mayores aportes del capitalismo al progreso de la humanidad fue pasar la responsabilidad de educar del dominio de lo privado al de lo público, transfiriéndole al Estado el deber de garantizar la parte principal de la creación y transmisión del conocimiento. En parte por ello puede ocurrir que los hijos de los pobres no terminen siendo tan pobres como sus padres, razón suficiente para defender por democrático este cambio. Pero esta revolución tuvo otras razones, que son las que explican por qué fue definida por los dueños del poder, quienes entendieron que la misma educación que impulsaría la construcción económica general los enriquecería como nunca.

La educación pública y gratuita también es pilar del progreso, porque ella apunta a que sea universal, lo que facilita que todas las mejores inteligencias, incluidas las de los pobres y paupérrimos, le aporten al progreso de la sociedad. E imponerle al Estado su financiación también resuelve problema de la alta calidad que esta debe tener para cumplir en verdad con su fin, pues educar bien y en grande implica costos tan altos que es imposible costearlos de otra manera. La gran limitación de la educación privada, además de que impide la libertad de cátedra, es que deja en la ignorancia a quienes no pueden pagarla, que son legiones, y condena a casi todos los que la toman a una formación tan mediocre como relativamente bajas son las matrículas que pueden pagar. Si formar un estudiante en la universidad más reputada del mundo cuesta 319 millones de pesos al año, ¿qué decir de lo que ocurre en las universidades privadas colombianas, cuyas pensiones anuales van entre dos y 16 millones de pesos?

De ahí que sea tan reaccionaria la concepción de los neoliberales de debilitar la educación pública y retornar la responsabilidad de educar a lo que pueda la capacidad de pago privada. Claro que en favor de su política, que se sustenta en el desdén por el progreso de la nación, podrán alegar que si el desarrollo económico y social colombiano será de pacotilla, ¿para qué ha de ser de buena calidad la educación que se imparta?

Varias son las medidas tomadas en los últimos años en contra de la financiación de las universidades públicas. Hace unos años se intentó reducir en grande su presupuesto. Si la intentona fracasó fue porque los jueces determinaron que la Ley 30 de 1992 ordena mantener las transferencias en términos reales, cosa que de todas maneras no ha sucedido entre 2003 y 2006, cuando se acumuló un faltante de 170.246 millones de pesos. En el fallido referendo se le hizo un ataque mortal. Luego, este gobierno creó un mecanismo perverso para poner a disputarse entre sí las universidades -empobreciendo a unas- 168.576 millones de pesos, norma que acaba de caerse por ilegal. Y el uribismo también determinó que, con la misma plata, se aumenten en 400 mil los cupos, exigencia que solo puede cumplirse, como en efecto sucede, con el sacrificio de la calidad.

El último ataque lo hizo el minhacienda Carrasquilla, quien conminó a las universidades de Caldas, Chocó, Cauca, Córdoba y Nacional de Colombia a reducir los pagos a los pensionados y a quienes están por pensionarse, advirtiéndoles además que el gobierno solo girará lo que considere ajustado a sus cálculos. De cumplirse esta amenaza, que viola la Ley 100/93 y procede de hecho contra la autonomía universitaria y la presunción de legalidad de las resoluciones de los consejos superiores de las universidades, estos tendrán que escoger entre pagarles a los profesores o a los pensionados, lo que generará una crisis gravísima antes de terminar el 2005.

“La Nación-Ministerio de Hacienda” fue capaz de alegar ante el Tribunal Administrativo del Chocó que “no tiene la obligación legal de pagar las pensiones de las universidades del orden nacional” y que “en todo caso no es cierto que la nación sea responsable de la emisión de los bonos pensionales”, por lo que estos tendrían que pagarlos las universidades de los mismos recursos de la Ley 30 con los que cancelan sus gastos corrientes (ver www.aspuco.org). Que la aplicación de estos criterios las arruinaría se demuestra con un ejemplo: en la Universidad Nacional el litigio cuesta, según su cálculo actuarial y en pesos de 2005, tres y medio billones de pesos, suma que no podrá pagar de sus recursos de funcionamiento pero que sí puede quebrarla, parecido a como viene sucediendo con la Universidad del Atlántico, a la que ya la tienen en la ley de quiebras.

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En un país en el que poco se discute sobre la educación básica, media y superior, todavía menos se analiza la profesional y técnica, no formal, que es la que le corresponde impartir, por ejemplo, al Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), institución que fue un acierto crear en 1957. Y que se creó, en parte fundamental, con los aportes de los trabajadores, que renunciaron a una porción del subsidio familiar que ganaban con tal de tener una instrucción especial para ellos, gratuita y prestada por el Estado.

Y esa educación, de naturaleza diferente a la superior, lo que no la hace “más mala” sino distinta, porque cumple con otras funciones pero que también son fundamentales para la sociedad, debe tener entre sus pilares la práctica y la alta calidad. Sin ella se entraban el desarrollo industrial y agropecuario, el comercio y los servicios, y es de gran importancia personal para los millones que, casi siempre por pobres, no poseen título de bachilleres.

Como era obvio, de la arremetida neoliberal no se escapó el Sena, de acuerdo con lo planteado por el Banco Mundial en 1989, que orientó que este tipo de instituciones se convirtieran en “entidades chequeras”, forma en extremo vulgar de privatización que ya fracasó en los países donde se impuso y que apunta a limitarlas a subcontratar con los negociantes de la educación la enseñanza que ellas deben impartir. Con el Decreto 2149 de 1992 se le cumplió al Banco Mundial. Pero con la ley de iniciativa popular Nº 119 de 1994, promovida por los estudiantes y trabajadores del Sena con más de un millón de firmas, se rescató su naturaleza y la gratuidad de sus programas.

En este período también han sido notorias las decisiones que han reducido los ingresos del Sena y le han cargado funciones que no le corresponden. Por ejemplo, le recortaron el presupuesto, se exoneraron de los aportes a la institución las empresas que subcontratan trabajadores para reducirles sus salarios y se le impuso ceder sumas importantes para ciencia y tecnología, así como ofrecer programas propios de la educación superior y ejecutar decisiones de la Presidencia de la República, funciones que, así sean útiles, debilitan el cumplimiento de su importante misión.

En el gobierno de Álvaro Uribe el maltrato al Sena ha llegado hasta el absurdo, entre otras cosas porque cayó en manos de Darío Montoya Mejía, un director hiperactivo, autoritario y con delirios de grandeza que está haciendo las fiestas de la improvisación y el voluntarismo con un presupuesto nada despreciable: 1,3 billones de pesos, el cual se gasta confundiendo lo principal con lo secundario, las formas con los contenidos y hasta las características de la educación que le corresponde impartir al Sena, al igual que las de los colombianos que deben ingresar a dicha institución. Ojalá que la gente de la academia –incluidos los simpatizantes del gobierno que asumen con seriedad los problemas de la educación– investigara lo que pasa en el Sena y empezara por leer “Proyectos para acercar el sueño” (2007), texto que retrata la confusión de un director que es capaz de afirmar que “el valor principal que el Sena debe evidenciar ante los colombianos” es “la velocidad de sus actuaciones” (Ver “Proyectos para acercar el sueño”)

La mala orientación de una institución que se está gobernando mediante decretos que violan la ley 119 de 1994, tiene entre otras expresiones el empleo de 18 mil contratistas mal pagos y sobrecargados de trabajo, que no pueden ofrecer una educación de buena calidad, pero que sí son parte del clientelismo en la contratación. Y todos los colombianos han tenido que sufrir a Álvaro Uribe, en los consejos comunitarios, ufanándose de los muchos “formados” por el Sena y repartiendo su presupuesto como si fuera la caja menor del Presidente.

Para alcanzar el despropósito de pasar, con menos recursos, de 1,2 a cinco millones de “formados” en el Sena, cifras con las que no cesa de hacerse demagogia, se ha recurrido hasta al truco de fraccionar los cursos y de otorgarle un título diferente a cada una de sus partes, a reducir o eliminar las prácticas y a ofrecer programas virtuales en los que no se sabe qué es más mediocre, si lo que se dicta o su evaluación. Y para intentar silenciar a los patrones –de donde ya salen quejas por la mala formación–, se convirtió el contrato de aprendizaje en otra astucia que no educa a los “aprendices”, pero que sí los pone a trabajar por menos del salario mínimo legal.

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“Quizás estemos ’enseñando demasiado’, entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”. Marco Palacios.

La decisión del rector de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Palacios Rozo, de “reorganizar y reorientar nuestras instituciones en consonancia con los desafíos del presente”, para “adaptarnos a los cambios del mundo” de hoy , transformaciones que en el otro documento básico de su propuesta se dice que son las de la llamada “globalización”, debe interesarnos a todos los colombianos. Porque cada vez se entiende mejor la importancia del conocimiento en la prosperidad de las naciones, porque la Nacional es el principal centro de educación superior del país y porque sus decisiones suelen ejercer una gran influencia sobre las demás universidades públicas colombianas. Y en mi caso el derecho de opinar se convierte en un deber, en razón de que durante 26 años fui profesor de tiempo completo en su Sede de Manizales .

El siguiente análisis, que no agota el tema ni toca todos los aspectos en debate, se dividirá en cuatro partes: 1. Los aspectos de la reforma que pueden compartirse, aunque les quepan reparos o advertencias. 2. La posición de los reformadores sobre el tipo de país que debe generar el proyecto globalizador, al que, según ellos, debe adecuarse la Universidad. 3. El problema financiero de la Nacional. 4. Las propuestas que de ninguna manera pueden aceptarse, porque conspiran contra la esencia misma de una institución de educación superior de alto nivel, y más tratándose de la Universidad Nacional de Colombia.

1. Lo que puede aceptarse con ciertas condiciones

No debe generar resistencias que la Universidad le dé una mayor importancia a la investigación y las especializaciones y, en especial, a los doctorados. Pero desde ya hay que advertir que es inaceptable que se ofrezcan programas mediocres para echarse al bolsillo unos pesos o que, en este y en todos los casos, una idea correcta se use para impulsar otras que no lo son.

Puede ser plausible trabajar en el desarrollo de las llamadas “competencias básicas para la vida académica”, tales como “argumentación, escritura, lectura crítica, aprendizaje en equipo” . Mas aquí el pero es muy grande, porque el énfasis en ellas se propone para sustituir la formación básica que deben recibir los estudiantes.

Aunque con la concepción ya se ha trabajado en la Nacional por décadas, es positivo que se refine la idea de estructurarla por facultades que articulen “diversas disciplinas o profesiones que compartan regiones de la realidad”, en las que los profesores se organicen principalmente por departamentos (campos de conocimiento) y los estudiantes por programas curriculares o carreras. Tampoco debiera tener objeciones la existencia de institutos, proyectos y líneas de investigación.

La tesis de que debe controlarse el tamaño y complejidad de los trabajos de grado de las carreras, así como su tiempo de realización, no tiene por qué usarse para afectar negativamente la iniciación de los estudiantes en la investigación ni la calidad de los programas que se imparten.

El empleo del sistema de créditos puede servir para medir el peso de cada asignatura en el trabajo del estudiante, lo que resulta útil de varias maneras. Pero los créditos también pueden tener el propósito condenable planteado en el TLC de facilitar la conversión de la educación superior en una mercancía destinada a ser controlada por las transnacionales del sector, cuya mayor presencia en el país, según los documentos de la reforma, hace parte de “tendencias inevitables”.

Y puede compartirse la idea de diferenciar “entre gobierno académico y administración universitaria”, de manera que en el trabajo del rector y los decanos gane importancia su dedicación a los asuntos académicos. Pero al respecto hay que advertir que la administración debe quedar sometida a los intereses y al poder colegiado de la academia y no al revés, riesgo que es mayor donde las concepciones neoliberales predominan, pues puede conducir al empleo de criterios vulgarmente gerenciales y autoritarios que lesionen el derecho de agremiarse y las libertades de cátedra e investigación.

2. Silencio explicable

Mientras el documento firmado por Marco Palacios suaviza el origen de la reforma, el que redactó el asesor externo Leonardo Villa, “con base en los lineamientos” del rector, sí plantea con toda franqueza que de lo que se trata es de adecuar la Universidad Nacional de Colombia al mundo neoliberal , aunque, como es de esperarse, no emplea esta connotación, pues la palabra neoliberal es otra más en trance de ser proscrita por quienes controlan el país. Incluso, porque su texto tiene no poca retórica que suena a crítica al modelo de economía y de relaciones internacionales que se viene imponiendo, allí se afirma que “El proceso de globalización da un significado más dramático a esa misión (la de la Universidad), sobre todo en sociedades como las nuestras que ven comprometido el bienestar de la población, su identidad, autonomía y viabilidad con la ineludibles presiones de integración económica”.

Pero no obstante la frase anterior, la propuesta del rector tiene la imperdonable carencia de índole académica de omitir su criterio sobre lo que va a suceder en Colombia con la globalización neoliberal, de manera que pueda discutirse cómo y por qué, según él, debe adecuarse la Universidad a ella. Y obsérvese que al respecto ni siquiera se le exige que rechace el proyecto neoliberal, sino que explique qué espera de éste, para que pueda evaluarse si su reforma se corresponde o no con su objetivo.

De otra parte, dentro de lo que Palacios llama “los desafíos del presente”, nadie, y menos en la academia, debiera evadir preguntarse: ¿va a florecer la economía nacional? ¿Colombia va a participar de la actual globalización con productos de alta tecnología? Algún día, ¿la producción colombiana va alcanzar los altos niveles de complejidad de los países civilizados? ¿En qué campos del conocimiento complejo les da espacio el neoliberalismo a países como el nuestro? ¿Para procesos de qué nivel debe crear y transmitir ciencia y conocimientos la Nacional? ¿Requiere el modelo económico globalizador de universidades de alto nivel en países como Colombia? Incluso, ¿necesita a las universidades públicas? Y, específicamente, ¿a la Universidad Nacional de Colombia?

Teniendo en mente la vana ilusión de propiciar el debate sobre las anteriores preguntas con el doctor Palacios, discusión que, a mi juicio, es la principal, creo que hay elementos de juicio suficientes para una afirmación que no es gratuita y que debe afrontarse con seriedad tanto académica como política: las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos conducen a Colombia hacia el desmejoramiento de su sistema educativo.

Porque, en primer término, la política económica que le dictan al país impone, ahora más que nunca, especializarse en la exportación de materias primas agrícolas y mineras y, cuando mucho, de bienes manufacturados por industrias maquiladoras, las cuales son, por definición, intensivas en mano de obra barata y de bajo nivel tecnológico. Incluso, es evidente que el TLC con Estados Unidos no busca otro propósito que hacer inmodificables las medidas regresivas definidas en Colombia desde 1990, entre ellas las de privatización de la educación pública, así como lograr la radical profundización del neoliberalismo. ¿Propiciará el TLC producción de punta en el país si, al mismo tiempo, le impondrá aranceles de cero por ciento a lo importado y, mediante el endurecimiento del sistema de propiedad intelectual, fortalecerá el monopolio científico y tecnológico de las transnacionales? Son muchos los análisis, publicados en una literatura que crece sin cesar, que permiten asegurar que la globalización neoliberal condena a los colombianos y a los habitantes de países similares a sobrevivir con unos aparatos productivos de pacotilla.

De otra parte, no hay la menor duda acerca de que existe “tiene que existir” una relación entre el aparato productivo al que aspira una sociedad y el sistema educativo que dentro de ella crea y transmite conocimientos. Sería un absurdo dotar a los Nukak Makú, dicho sea con todo respeto por ellos, de un laboratorio de biotecnología. Entonces, cabe la pregunta: ¿qué aparato educativo debe tener una nación con una economía sumida en el atraso? Y la respuesta neoliberal es obvia: pues uno igual de mediocre, dado que puede hasta aparecer como un despropósito crear y transmitir ciencia y conocimientos del más alto nivel en un país condenado al estancamiento tecnológico, pues ello conduciría a quienes así se formaran a tener que emigrar o a emplearse por debajo de su nivel de conocimientos. ¿Será por esto que al rector le preocupa que la Nacional esté “entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”?

Y es sabido que en la globalización neoliberal las llamadas “ciencias sociales” no tienen cabida sino como simples instrumentos del pensamiento único que se impone, pensamiento que en Colombia no refleja otra cosa que la ideología de dominación del mayor imperio de la historia de la humanidad, el cual se impone con tanta agresividad y descaro que incluso condena al ostracismo a quien se atreva a usar la categoría imperialismo norteamericano. ¿Podrá haber algo más vergonzoso que los “análisis” sociales y políticos que los imperios les imponen a los nativos que laboran como sus intelectuales en sus colonias?

Por todo esto, e incluso desde antes de 1990, las mentalidades más reaccionarias del país han pugnado por la privatización de la educación, la cual es dañina porque, como tantas veces se ha explicado, se opone al derecho democrático de los más débiles de acceder a mejores condiciones de vida y de trabajo y porque, según se conoce menos, genera un aparato educativo mediocre en razón de que la educación de alto nivel es de altos costos y estos no pueden sufragarse mediante matrículas, pues aparece la contradicción insoluble de que ellas son muy costosas a la hora de pagarse, pero resultan ser muy baratas cuando se trata de financiar buenas instituciones.

Si de algo debe hacerse conciencia es del cambio de paradigmas que implica el neoliberalismo en un país como el nuestro. Antes de su imposición, por la demagogia de unos y la confusión de otros, quienes dirigían a Colombia hablaban de un proyecto de desarrollo que debía conducirla a parecerse, así fuera en un futuro remoto, a los países capitalistas desarrollados. Y algunos de los elementos positivos de la organización de la actual educación pública colombiana se explican por esas concepciones. Pero ahora más que nunca el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que con notoria desfachatez sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses estadounidenses, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios.

3. Más necesidades y menos recursos

Es conocida la decisión del gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez de llevar hasta el extremo la política de estrangulamiento financiero de las universidades públicas. A la vista están el énfasis en los créditos educativos mediante los cuales el Estado le sustrae recursos a la educación superior pública y se los traslada a la privada, la fórmula maquiavélica que pone a las universidades oficiales a pelearse entre sí por unas platas que son de todas maneras insuficientes y el Decreto 3545 que reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo e inicia un proceso de reducción sistemática de los recursos año tras año. A tanto llega lo que se pretende, que hasta se modificó la ley de quiebras de las empresas para que ella pueda aplicárseles a las universidades públicas del país.

En los documentos que explican la reforma de la Universidad se reconoce, así sea de paso, la escasez de los recursos y la tendencia a una cada vez mayor precariedad, pero no se dice nada sobre cómo solucionar dichos problemas, salvo por alguna frasecilla con la que se intenta cubrir las apariencias y las conocidas fórmulas de autofinanciación y reducción del gasto propias de la privatización. Por ejemplo, se dice que “la UN debe establecer una estrategia para que la financiación de la investigación aumente y sea sostenible”, de donde se concluye que deberá “encontrar la manera de constituir fondos internos por medio de subsidios cruzados sistemáticos provenientes, por ejemplo, de las actividades de extensión, de excedentes y rendimientos financieros y de la racionalización de la administración”. O, por ejemplo, podría pensarse, de las mayores matrículas que se cobran en los postgrados, que se asemejan a las de las universidades privadas, y del recorte que pueda hacerse en la nómina de profesores.

¿Habrá alguien que conociendo la Nacional no sepa que la falta de recursos ha entorpecido su desarrollo y que sus limitaciones económicas no se resuelven abriendo un hueco para tapar otro? Se cae de su peso que sin aumentar los aportes públicos, la Universidad no puede ofrecer lo que hoy ofrece y, además, agregarle lo que propone el rector, a no ser que se sacrifique la calidad de lo que hay o se suban las matrículas.

Para empeorar las cosas, el estrangulamiento presupuestal de la Universidad debe ir aparejado con la ampliación de la cobertura, de acuerdo con las indicaciones del Banco Mundial, según explica Leonardo Villa, quien agrega que la actual rectoría pretende cumplirle al gobierno de Uribe Vélez en este aspecto “elevando las tasas de promoción y graduación”. Y la ampliación de la cobertura sacrificando la calidad, tan cara a las prácticas politiqueras del uribismo, ya se impuso en el Sena y en los subsidios de vivienda.

4. El centro del debate

Como el propio Marco Palacios lo dice, “la propuesta más controvertida” es la de reducir el tiempo de duración de las carreras, propuesta que justifica con el argumento de que así es en Europa y Estados Unidos, de donde deduce la afirmación ya citada de que “quizás estemos…enseñando demasiado…”.

Es innegable la importancia de tener en cuenta la experiencia estadounidense y europea en este y otros aspectos, pero ella no basta para proponer un cambio de ese calibre, dadas las enormes diferencias entre las partes, y más si esa experiencia no se analiza y demuestra como correcta para Colombia sino que se expone como criterio “de autoridad”, que como tal se supone que no requiere demostración. Pero ¿son semejantes los niveles de formación con que los estudiantes llegan a la universidad? Más aún: ¿se parece en algo el aparato productivo al que se vinculan allá y aquí los recién graduados? Por ejemplo, ¿pueden los egresados en electrónica en Colombia vincularse a organizaciones de investigación como las de IBM y Ericson? Y, en especial, ¿tendrán todos los graduados del más corto pregrado que se les propone a los colombianos la posibilidad de continuar formándose en un posgrado como ocurre en Estados Unidos y Europa?

Si algo debiera caracterizar a los intelectuales colombianos es una actitud analítica frente a la experiencia extranjera, de manera que a partir de criterios de base científica se imite lo que efectivamente le sirva al país, pero lo que no cumpla tal propósito, pues no, por la simple razón de que podría ser dañino, como lo muestran los muchos ejemplos de cosas que se hacen aquí porque suceden allá, pero que lesionan a Colombia. Para la muestra, un botón: mientras los países desarrollados soportan sin mayores problemas una gran apertura a las importaciones, esa misma política, como se sabe de sobra, deja a Colombia en la barbarie científica y tecnológica.

Además, es una astucia que no debiera tener cabida en el debate académico que se proponga desmejorar la formación en el pregrado aduciendo que el resto de la formación se conseguirá en los posgrados, pero que se silencie que esas especializaciones se ofrecen y ofrecerán en la Nacional con costos similares a los de las universidades privadas, lo que le quita toda posibilidad de especializarse a un porcentaje enorme de sus estudiantes.

Entonces, lo que en realidad sucederá al reducirse el nivel de formación del pregrado de los estudiantes de la Universidad es que estos no podrán ser, según afirma el rector, profesionales formados por encima de “los requerimientos del mercado”, para dejarlos por debajo de dichos requerimientos, al menos frente a los competidores de otras universidades que no degeneren sus pregrados o que sí cursen posgrados. Si ello llega a ocurrir, los graduados en las carreras más cortas de la Nacional comprobarán que las famosas competencias en las que los adiestraron, y con las que les sustituyeron una formación con mayores fundamentos, no les permitirán competir con otros profesionales que serán tan diestros como ellos en algunas prácticas, pero que además tendrán una mayor formación en los conocimientos básicos de las carreras. Y es obvio que al final, en los promedios que resultarán, habrá caído el aporte de la Universidad Nacional a la sociedad colombiana

La otra propuesta inaceptable de la reforma consiste en sustituir profesores de tiempo completo por catedráticos, tras la carnada de aumentar el número de los de dedicación exclusiva, propuesta que, denle las vueltas que le den, tiene como fondo, en el mejor de los casos, reducir gastos en docentes de tiempo completo al reemplazarlos por los de cátedra, con el propósito de tener con qué gastar más en mantener o incrementar en algo los de dedicación exclusiva. Y digo que en el mejor de los casos, porque en el peor podrían aumentar los catedráticos sin que se incrementaran los de dedicación exclusiva, lo que no sería sorprendente si se recuerda lo que ya viene sucediendo en la Universidad con el aumento de los llamados profesores “ocasionales”, el incremento de sus problemas financieros y las concepciones neoliberales.

El argumento de que los catedráticos que sustituirán a los profesores de tiempo completo serán “muy especializado(s) y (de) alta reputación”, como los embellece el rector, incluso si fuera cierto, no significa que ese cambio no lesionaría lo que hoy es una de las grandes fortalezas de la Nacional: que un alto porcentaje de sus profesores sean de tiempo completo y dedicación exclusiva. Porque ningún grado de calidad de los catedráticos puede sustituir bien las funciones que cumplen los profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva como fundamento de las universidades de alto nivel, y más a la hora de investigar. Y si resulta, como es bien probable, que el incremento de los catedráticos se hace con compatriotas a quienes el régimen imperante ha convertido en “profesionales de la cátedra”, porque deben completar sus ingresos con cuarenta y más horas de clases mal pagas a la semana, pues mil veces peor. Que para la Nacional es positivo tener como profesores a unos cuantos catedráticos que por fuera de ella ejercen su profesión con excelencia, está claro por lo menos desde la reforma Patiño hace más de treinta años. Pero desde esas calendas también se sabe que la preponderancia de los catedráticos es una de las características de las universidades de garaje.

Tampoco puede aceptarse que la reforma se haya montado sin un análisis riguroso de la situación de la Nacional y negando sus importantes y reconocidos aportes a la creación y transmisión de ciencia y conocimientos en el país, sesgo que se ha utilizado para justificar el sacrificio de la estabilidad de los docentes y el empeoramiento de sus condiciones laborales, razón por la cual, como ha ocurrido con todas las reformas neoliberales que tienen que ver con los trabajadores, se definió que las nuevas normas no se le aplicarán en todo al personal antiguo, táctica que hace parte de los manuales de manipulación de las contradicciones y que tiene como propósito evitar la resistencia de los veteranos, en tanto el cambio se les impone a quienes no pueden opinar.

En este aspecto también llama la atención que los documentos de la reforma mencionen que están por pensionarse 700 de los 3.000 profesores, pero que esto no aparezca como un grave problema, y menos que no se proponga un plan serio para retenerlos, como si el profesorado no representara el conocimiento acumulado que representa. Pero claro que si se piensa, como dice el rector en público, “que los docentes se están sirviendo de la institución, y no al revés”, no debe extrañar el desdén ante esa enorme pérdida del patrimonio de la Universidad. Con infamias como esta, tan comunes entre los capataces del neoliberalismo, Palacios también sigue a estos en su lógica de echarles la culpa a los de abajo, a los que nunca han tenido el mando, de lo que ellos consideran que no funciona bien, mientras silencian las responsabilidades de los que tienen y han tenido en verdad la sartén por el mango en el país. Y pretende ocultar que su reforma es de la misma estirpe y es pensada por los mismos poderes que desde hace décadas han tomado las decisiones que han lastrado el progreso nacional, incluido el de las universidades públicas.

Los otros cambios en extremo negativos que preparan y contienen la reforma en marcha, y de los que poco o nada se sabe por fuera de la Universidad, tienen que ver con que desde la rectoría se ha creado un ambiente de amedrentamiento del profesorado, que busca silenciar a quienes no comulgan con sus propuestas. Además, se están desmantelando los espacios democráticos existentes en la Nacional, proceso que se inició desde el mismo momento en que el gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez impuso al actual rector en contravía con la opinión mayoritaria del profesorado y el estudiantado. Y como lo expresara el Comité Nacional de Representantes Profesorales, la reforma también incluye el fortalecimiento del poder del rector y el debilitamiento de las instancias colegiadas en la toma de decisiones, así como de la autonomía y de las posibilidades de participación de los estudiantes y los profesores, todo esto en evidente concordancia con el espíritu autoritario que se expresa o transluce en cada acción u opinión del uribismo en contra del progreso del país.

Conclusiones

Según la propia confesión de sus autores, y retóricas y cambios menores aparte, la reforma de la Universidad Nacional de Colombia “que constituye parte medular de las políticas de Álvaro Uribe Vélez y que por razones obvias ha sido respaldada por personajes como Rudolf Hommes” es otro paso más en la adecuación del país a las políticas de la globalización neoliberal y, en particular, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pacto que es parte del propósito estadounidense de recolonizar el continente. Y es un paso que se quiere imponer, como los otros, sin siquiera intentar demostrar que el país prosperará en ese proceso y que con él se crearán condiciones propicias para que avancen la ciencia y el conocimiento generados por los colombianos. En la decadencia del régimen, consideran que ya ni siquiera es necesario intentar demostrar que mandan correctamente, pues les basta con dejar sentado que mandan, estatus que se ganan por representar, en este caso sí, sin duda bien, los intereses foráneos de los que derivan su poderes.

Lo que se pone al orden del día, entonces, es la oposición, civilizada y democrática, por supuesto, a los aspectos medulares de la reforma, lucha que debe darse mediante la unidad y la movilización de los profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad, en el marco de la defensa de toda la educación pública y en comunidad con ella y procurando el respaldo del conjunto de la sociedad colombiana.

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1. La ciudad de la colonización Antioqueña: Manizales, 1996, EUN Editorial Universidad Nacional:
2. Jorge Enrique Robledo: por un proyecto de unidad y progreso nacional.
3. Reforma a la ley 100, al servicio de la politiquería, el clientelismo y la reelección.

Varios titulares de prensa se han ocupado de la “nueva” Ley de Ciencia y Tecnología. De un nombre tan pomposo se podría concluir que el país se apresta a entrar en una nueva senda y que por fin se aspirará a que Colombia se mueva en las fronteras del conocimiento. Lástima que ello no sea cierto. La publicitada Ley no tiene nada nuevo, si de lo que se trata es de hacer del atraso científico y tecnológico un asunto del pasado.

Que Colciencias pase de ser un instituto adscrito a Planeación Nacional a un departamento administrativo le da más nombre a quien ejerza como su director y le entrega el derecho a asistir con voz y voto a unas cuantas reuniones del alto gobierno, pero de allí no se concluye que las cosas vayan a cambiar. Si no se estuviera manipulando y tratando de conseguir unos votos con ella, no valdría la pena, como sucedió durante el trámite en el Congreso, ni rechazarla.

Con la Ley se crea el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se nutrirá de los mismos recursos con los que hoy cuenta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobre los promocionados 100 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Regalías de que habla el artículo 26, cabe aclarar que ya hoy los departamentos y municipios pueden hacer uso de parte de tales recursos para la promoción del conocimiento. Si ese no es su destino, es porque las carencias económicas y sociales de los entes territoriales son tantas, que entre sus prioridades pesan más el aumento y mantenimiento del cubrimiento de los servicios sociales básicos que el de la ciencia. Además, este artículo establece que se le dará cumplimiento a la segunda parte del artículo 361 de la Constitución, según el cual, los dineros del Fondo “se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.”

A la Ley le atribuyen sus promotores, sin demostrarlo, que será la palanca para que los recursos destinados al desarrollo científico lleguen al 1,6 por ciento del PIB en el 2016. ¿De qué sombrero sale la cifra? Desde el 2003 la inversión en investigación y desarrollo se mantiene invariable (0,18% del PIB). Manipular la información es un ataque a la inteligencia de la población informada. Es una verdad de a puño que este gobierno no ha cejado un instante en el estrangulamiento de la universidad pública. La calidad, por ejemplo, de toda la educación básica y superior se está yendo a pique y las transferencias por estudiante, en términos nominales y reales, son cada vez menores.

Se dice que con la Ley cambiará el modelo productivo. Es otro de los cantos de sirena de quienes han convertido a Colombia en un inmenso sanandresito. No es creíble hablar de desarrollo tecnológico y científico en el “libre comercio”, modelo que concentra aún más el conocimiento en las potencias, que arruina el aparato productivo nacional, que deja expósita la economía a los apetitos de los tiburones del capital financiero, que hace de los servicios sociales negocios de los especuladores, que mercantiliza la educación, etc. Colombia, salvo excepciones que vienen de los esfuerzos propios de la comunidad académica, es un país que no alcanza ni siquiera el rótulo de ‘copiador’ en el concierto mundial. La especialización en la producción de bienes agrícolas tropicales y de unas cuantas materias primas mineras y en la maquila industrial son hechos devenidos de las concepciones económicas con las que se dirige el país, y con las cuales, óigase bien, ¡jamás! se saldrá del atraso. La Ley refuerza este tipo de concepciones al basarse en la filosofía de que la educación debe ser como el aparato productivo: Para una economía mediocre, una educación inexistente o mediocre.

El gobierno tramita además tres leyes que atentan contra la autonomía y la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. Con la del Ecaes, al orientar el contenido de los pénsum de las carreras universitarias y fortalecer la llamada formación por competencias, viola la autonomía universitaria, principio constitucional fundamental para la vida de las instituciones de educación superior. La del Icfes traslada al Ministerio de Educación 39 mil millones de las instituciones que ellas emplean para invertir en programas de fomento, propuesta que el Sistema Universitario Estatal (32 universidades públicas) rechaza. Con la ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir en el pago de su pasivo pensional, se reencaucha la propuesta del artículo 38 del Plan de Desarrollo, declarado inconstitucional y que suscitó un abierto rechazo de la comunidad universitaria. En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, esta pondrá de los ingresos propios 39 mil millones de pesos (uno por ciento del pasivo), medida que causará aumentos en las matrículas. Valga recordar que entre las causas que llevaron a la quiebra a la Universidad del Atlántico estuvo obligarla a responder por parte de su deuda pensional, responsabilidad exclusiva del ejecutivo.

La problemática de la educación superior, por el eco que tiene, a veces erróneamente se le circunscribe solo a la esfera pública, pero a la privada también concierne. En la combinación de una política tendiente a reducir la calidad en la educación con la debilidad económica del país salen perdedoras las privadas, a donde ingresan casi la mitad de quienes entran a la educación superior. Las alzas en las matrículas y los leoninos créditos ofrecidos por la banca y el Icetex se vienen convirtiendo en una traba para ingresar y continuar en la universidad. Los estudiantes que cursan en estas instituciones no están exentos de los males propios de la educación, además, lo que para ellos es el presente, para quienes están en las públicas, por cuenta de la privatización, es un futuro cercano.

De una lectura juiciosa de la Ley, la Comunidad Académica concluirá que ella es una de esas tantas leyes que se tramitan cada año en el Congreso de Colombia y que solo se justifican porque las mayorías uribistas en sus haberes tienen tantos actos atentatorios contra el progreso nacional de todo cuño, que buscan resarcirse con cosas inanes, que ante la opinión suenan bien y sirven para hacer ese tipo de política que se basa en el ardid, pero que no modifica en un ápice al mal rumbo por el que va el país.

La Ley de Ciencia y Tecnología es otro acto de esos con lo que algunos uribistas pretenden conseguirse unos votos, presentando como gran cosa lo que es poco o nada. Una norma que profundiza el inicuo régimen colombiano puede recibir cualquier adjetivo menos el de progresista. En distintas instituciones y aulas se podrán promocionar las supuestas bondades de una legislación que carece de ellas. Quienes lean con cuidado la Ley encontrarán que en ella lo que hay es más de lo mismo o peor.

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La pérdida de la calidad es manifiesta, por culpa en buena parte de la Ley 30 de 1992, que privatizó la educación superior. Déficit de 650 mil millones de pesos. El gobierno amplió los cupos, pero no aumentó en la misma proporción los recursos. Agrava el problema que sea el Icetex el que los maneje.

Comienzo expresando mi coincidencia con los análisis hechos por la senadora Gloria Inés Ramírez, vocera del PDA. Y paso a enfatizar un par de aspectos. Lo primero, aprovechar para contarles a los colombianos, a quienes estén interesados, que el debate sobre el horror de Agro Ingreso Seguro, AIS, que se iba a hacer hoy, quedó para dentro de ocho días.

Y lo segundo, el tema de las universidades que hoy conmociona al país y con las que expreso mi solidaridad. La semana pasada se movilizaron por decenas de millares los estudiantes y los profesores. Los rectores de las universidades públicas han pagado además avisos en la prensa señalando la crisis que padecen. Y el contralor general de la Nación ha hecho lo propio. Empiezo por hacer énfasis en la gravedad de una crisis que vive toda la educación superior pública, crisis que ASPU, la Asociación de Profesores Universitarios, contabiliza en el orden de 650 mil millones de pesos, y esto a pesar de que las universidades públicas llevan ya mucho tiempo aumentando matrículas, deteriorando la calidad, reduciendo las buenas formas de contratación del profesorado con el propósito de disminuir costos y allegar nuevos ingresos, en buena medida en detrimento de la calidad de la educación.

Estamos hablando de un sector educativo que viene siendo estrangulado desde el año 1992, cuando en los inicios del neoliberalismo se aprobó la ley 30, que establece de una u otra manera la privatización de la educación pública. Quiero subrayar la gravedad de la pérdida de la calidad que se vive por cuenta de estas políticas privatizadoras.

Fui por casi treinta años, señor presidente, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, y conozco en detalle el drama que están viviendo los claustros de educación superior.

Y se moviliza el estudiantado, y se moviliza el profesorado, y hablan los rectores, y habla el contralor, y la respuesta que el gobierno nacional les está dando en el actual presupuesto es por completo insuficiente, así se trate de un problema gravísimo que no solo afecta a los pobres y a las capas medias de Colombia, sino que lastra el desarrollo nacional. La plata presupuestada, del orden de cien mil millones de pesos, si es de verdad la cifra a la que se llega, no resuelve el problema gravísimo que estamos viviendo.

Pero lo más grave es la decisión del gobierno de dirigir a través del Icetex una parte fundamental de estos recursos. El Icetex es una institución de crédito educativo que les presta lo mismo a quienes estudian en las universidades públicas que a las privadas. Luego fácilmente esos recursos se están aprobando hoy de manera engañosa, porque van a terminar el día de mañana, no respaldando el presupuesto que necesitan las universidades públicas, sino financiando de manera indirecta y con recursos públicos a las universidades privadas, que en muchos casos son negocios como cualquier otro y que funcionan con unos niveles de calidad bastante mediocres en la casi totalidad de los casos.

Se trata de un problema gravísimo que ha movilizado a Colombia y de un gobierno que en buena medida es responsable de la crisis, porque de manera irresponsable la actual ministra de Educación y el presidente Uribe impusieron en las universidades la ampliación de la cobertura, de los cupos, sin aumentar en la misma proporción los recursos, hasta el punto que ha terminado por colapsar el sistema.

Termino entonces diciéndoles a los profesores y a los estudiantes y en general a los colombianos que no se hagan ilusiones con este presupuesto. De aquí no va a salir hoy una solución a esta crisis. Cuando mucho se va a aprobar una suma que tiene bastante de demagógica para permitirles a los amigos del gobierno salir a sacar pecho y a conseguir votos entre las gentes confusas, metiéndoles el cuento de que el problema está resuelto. Lo que quiere decir, y preparémonos para ello, senadores y senadoras, que la crisis se seguirá profundizando y la movilización y la resistencia van a seguir aumentando, porque es apenas obvio que allí donde las cosas no funcionan los estudiantes, los profesores, los padres de familia y los colombianos sigan protestando.

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Refiriéndose a la ley de transferencias, el 23 de mayo pasado Álvaro Uribe Vélez afirmó: “Es mentira que el gobierno vaya a recortar los recursos de educación” (Servicio de Noticias de la Casa de Nariño). Grave cosa. Porque como Fecode, el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo hemos dicho que sí va a haber recorte, pues alguien falta a la verdad. Y puede demostrarse que el que falsifica los hechos es el Presidente de la República, quien seguramente calcula que hacerlo le resulta un buen negocio, pues sus afirmaciones les llegan a muchos más colombianos que las nuestras, dadas la enormes diferencias de acceso a los medios de comunicación. Y en su actitud también debe contar que él sabe que en Colombia a los gobernantes les toleran faltas que son imperdonables en otros países.

De acuerdo con los cálculos de los investigadores del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, los recortes por la ley de transferencias serán de 56,4 billones de pesos entre 2008 y 2019, de los cuales 33,89 billones se los quitarán a la educación y los restantes los perderán la salud y el saneamiento básico. Por su parte, los investigadores del Banco de la República Ignacio Lozano, Jorge Ramos y Hernán Rincón, en la revista Borradores de Economía, de abril de 2007, dicen que “es claro que con el cambio de régimen… el gobierno dejará de hacer giros anuales a las regiones que, en promedio, equivalen a 1,5% del PIB”, es decir, a unos seis billones de pesos al año. A su manera, el ministro de Hacienda también reconoció la reducción: “Volver al esquema que planteaba la Constitución de 1991 (que es el que van a modificar) significaría para el país cerca de 45 billones de recursos adicionales hasta el 2016”, suma que él señala que si no se reduce “habría que cubrirla con nuevos impuestos” (El Tiempo, 25 de mayo de 2007). Y dicho recorte fue establecido en acuerdo suscrito entre el gobierno de Colombia y el Fondo Monetario Internacional el 23 de mayo de 2006, como puede confirmarlo quienquiera.

De otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en días pasados por los partidarios de Álvaro Uribe Vélez en el Congreso, en su artículo 38, ordenan: “La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades”, determinación que les quita recursos a las labores de educación de las universidades para transferírselos a los pagos de pensiones que antes hacía exclusivamente el gobierno nacional. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, la suma a la que deberá concurrir va de tres a cuatro billones de pesos. Y es obvio que cada peso que las universidades deban gastar en pensiones tenderá a ser una suma que tendrán que conseguir mediante el aumento de las matrículas o la disminución de los costos, reducción que apunta contra la calidad de la educación.

Además, en el artículo 34 del Plan se les da a las universidades públicas un plazo de dos años para “efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos”, cláusula que de manera evidente apunta contra sus recursos, pero que tiene el agravante de su mañosa imprecisión. Y en el Plan también se abre la posibilidad de subirles a posteriori las matrículas a los egresados de los centros oficiales de educación superior, al señalar que su financiación “podrá contar con recursos provenientes de la contribución de los egresados”.

En los debates sobre el tema también se les ha oído decir a los amigos de estas reformas que “¿cuál privatización?”, insinuando que ella es un invento de los estudiantes y los profesores colombianos. Pues bien, además de lo visto, otros muchos hechos les desnudan su cinismo. Por ejemplo: en instituciones privadas están casi 2,5 millones de estudiantes de básica y media (el 23%) y más de la mitad (624 mil) de los universitarios. Y es obvio que un porcentaje enorme de quienes ingresan a la educación privada lo hacen porque no hay suficientes cupos en la oficial.

Coletilla: podrá alguien imaginar una cortina de humo mayor que la concebida por Álvaro Uribe con el objetivo de sacar de la cárcel a los parauribistas. Para quien lo dudara: he ahí al jefe del tapen-tapen.

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Hay descontento en las universidades. El reclamo se origina en la peor crisis de la historia de las finanzas de las universidades públicas y en los problemas cada vez mayores de la calidad de la educación. Y no es para menos. Hasta la Contraloría les dio la razón a los 32 rectores que expresaron, mediante avisos pagados en la prensa, que es insostenible la situación financiera de las universidades, dado que las trasferencias del gobierno nacional están congeladas desde 1992, en tanto que los gastos han crecido mucho y por inexorables razones, entre ellas la irresponsable imposición oficial de aumentar en 484 mil los cupos sin aportar los nuevos recursos necesarios.

Hasta las directivas partidarias de las políticas de privatización que han llevado a las universidades públicas a solventarse con regresivos incrementos de las matrículas, ventas indeseables de servicios y deterioro de la calidad de la educación, tuvieron que reconocer que las instituciones están abocadas a la quiebra.

También participaron en las movilizaciones sectores representativos de las universidades privadas –donde está el 45 por ciento del estudiantado universitario–, lacerados por las matrículas caras y por sus permanentes incrementos no obstante el empeoramiento del ingreso de los colombianos, de la dureza de los créditos del Icetex con los que muchos tienen que financiar su educación y que en ellas también gana importancia el debate sobre cómo la educación de alta calidad tiene costos mayores que los que pueden pagarse con las matrículas. Estos estudiantes también saben que el llamado “mercado laboral” castiga, en empleos y salarios, a los egresados de las universidades privadas de menor costo.

El momento es propicio para insistir en que la privatización de la educación mantiene en la ignorancia a legiones, tortura a otras tantas familias que tienen que dejar de comer para pagar la educación de sus hijos y daña la calidad de las instituciones. Además, la norma es que las universidades privadas viven presas de una contradicción insoluble: las matrículas son muy altas a la hora de pagarlas pero muy bajas a la hora de costear una educación de óptima calidad, y eso incluso cuando no funcionan como simples negocios. Estas realidades lesionan el progreso de la sociedad en su conjunto, porque lo que para estos efectos desarrolla a un país no es que muchos obtengan títulos universitarios sino que dichos títulos certifiquen que sí se alcanzaron los conocimientos de alto nivel capaces de aportarle de manera decisiva al desarrollo nacional.

La defensa de la educación pública y gratuita no es, entonces, dogmatismo estatista. Este punto de vista tiene como primera razón de ser que con ella algunos logran evadir las carencias económicas de sus padres, objetivo democrático que no refutan invocaciones tan mezquinas como que “no hay que auspiciar el paternalismo”, y más en el país de AIS (Amigotes Ingreso Seguro). También es de gran importancia asegurar que todos los jóvenes mejor dotados lleguen a la cúspide de la cadena educativa y no que se queden en el analfabetismo o en los niveles básicos y medios de la educación, un desperdicio intolerable para un país que quiera salir adelante. Y el otro gran argumento consiste en que solo el Estado, la fuerza económica más poderosa de cualquier sociedad, puede pagar la educación de todos los niveles y de la totalidad de los habitantes de un país y, en especial, hacerlo a los costos tan grandes exigidos por la alta calidad educativa que se requiere si se aspira a cumplir con una de las condiciones necesarias para superar el atraso y la pobreza.

Es casi increíble que estas ideas elementales, que están claras desde hace siglos en el mundo y que en parte explican la revolución que significó la aparición del capitalismo, tengan que repetirse y hasta conviertan en “radicales” a quienes las expresan, mote peyorativo con el que intentan lo que no pueden refutar. Claro que estas estigmatizaciones no sorprenden en un país en el que nunca ha gobernado la idea de un proyecto de unidad nacional de auténtico progreso y en el que a cada ciudadano le han inculcado un “sálvese el que pueda”, salvación que en la práctica consiste en lograr separar la suerte personal de la de la nación, en alcanzar niveles de vida de país desarrollado en uno subdesarrollado, incluso apelando a todas las formas de ventajismo y corrupción.

Coletilla: solo rechazo debe generar la censura de prensa de El Tiempo contra Claudia López, porque en su columna dijo lo que es vox pópuli entre los colombianos informados.

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Las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas. Pero ello no ha sido óbice para que se les haya impuesto aumentar los estudiantes, en particular entre 2002 y 2006, cuando crecieron en 58% y disminuyó el aporte del Ministerio de Educación por alumno en 39% en términos reales. ¿Cómo han compaginado una política calculada para presentarse como generosa a la hora de cobrar políticamente la ampliación de los cupos con lo cicatera que es a la hora de financiarla?

Primero, con mayores cobros a los estudiantes, incluso a costa de excluir a las mayorías que no pueden pagarlos. El ejemplo clásico es el de los posgrados de las universidades públicas, con matrículas bastante más caras que las de sus pregrados, similares a las de las instituciones privadas. También se ha impuesto la llamada “venta de servicios”, en muchos casos con vulgares negocios sin ningún valor académico y auspiciando entre los profesores el desdén por las verdaderas necesidades de la universidad y del país, a cambio de pagarles más como contratistas. Y en especial, atentando contra la calidad de la educación, como lo ilustra el caso de la Universidad de Caldas, el cual se repite en las demás. Allí los estudiantes aumentaron en 11.727 entre 2003 y 2007, un 35%, pero los docentes solo se incrementaron 12%, y para peor, sobre la base de cero por ciento de los de tiempo completo y 65% de los catedráticos, quienes, como se sabe, no pueden ser el pilar de una educación de buena calidad.

Aunque resulte obvio, para que la educación sea factor de progreso debe ser de alta calidad, pues lo que desarrolla no son los títulos que se obtienen sino los conocimientos que se alcanzan. En consecuencia, la defensa de la educación pública obedece a que el Estado es el único capaz de educar gratuitamente, con los millones de cupos suficientes en cada tipo y nivel –para que por falta de plata no se excluya a nadie que tenga capacidades– y, hay que remarcarlo, de alta calidad, la cual es muy costosa de lograr. El problema con la educación privada, además de que puede negar la libertad de cátedra, es que solo puede ofrecer buena calidad con matrículas muy altas, las mismas que apenas pueden pagar unos cuantos. Muy mediocres tienen que ser las políticas de calidad educativa, en un país lleno de pobres, donde la educación pública está cada vez peor financiada y las universidades y los colegios privados tienen el 50 y el 30 por ciento, respectivamente, del total de los estudiantes.

Que la mediocridad de la educación es la línea del gobierno de Álvaro Uribe lo confirmó Marco Palacio, su primer rector en la Universidad Nacional de Colombia, quien impulsó una reforma para adecuarla al “libre comercio” insistiendo en su privatización: no incremento de los aportes oficiales, costos prohibitivos para los pobres, venta de servicios, fines perversos para el sistema de créditos, aumento de los profesores de cátedra, nuevo reglamento estudiantil y menos años de los pregrados, propuesta que justificó con la siguiente barbaridad: “Quizás estemos ‘enseñando demasiado’, entregado un profesional que supera los requerimientos del mercado” (http://www.senadorrobledo.org/?q=no…).

La baja calidad de la educación se corresponde con el aparato productivo mediocre y el pensamiento único que el “libre comercio” le impone a Colombia. Porque si al país lo van a especializar en la producción de materias primas agrarias y mineras y en industrias maquiladoras de escaso nivel tecnológico, si las trasnacionales se van a quedar con las principales empresas y, como se sabe, estas no desarrollan sus necesidades científicas aquí y si hay que repetir como loros lo que digan en Washington, ¿para qué educación de alto nivel? A los pocos nativos encargados de administrar la dominación les bastarán las universidades norteamericanas.

Tiene toda la razón el científico Rodolfo Llinás cuando afirma: “El nivel de educación en Colombia es más bajo de lo que debiera ser (…) Oigo con frecuencia ‘estamos mejorando paulatinamente’ y eso no es verdad, nos estamos quedando atrás comparativamente” (Lecturas El Tiempo, junio de 2008)

Así intenten ocultarlo, es a este desastre al que con razón se oponen los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y del resto del país.

Coletilla: toda mi solidaridad con Alfredo Molano, cuya pluma democrática pretenden acallar algunos de los Araújo de Valledupar. Su silencio sería un triunfo de la tiranía.

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Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en la audiencia pública “Por la defensa de la calidad en la universidad pública”, Recinto del Senado, 3 de abril de 2008

Mis saludos a todos ustedes y a quienes nos escuchan. Empiezo contándoles que hay 17 universidades públicas donde profesores y estudiantes están atentos a esta audiencia. Mis saludos a todos ellos y mis mejores deseos.

Voy a hacer una intervención sobre el impacto de la globalización en la educación pública colombiana. Pero antes de entrar en materia, quiero dar una buena nueva. Ayer el ministro de Agricultura tuvo que anunciar que revocaba la decisión de entregarle a un magnate las tierras de los desplazados de Carimagua. (Se oyen aplausos). Si este no fuera el país que nos han impuesto debería haber renunciado, porque o no tuvo la razón hace tres semanas cuando dijo que entregar así esas tierras era una maravilla, o no la tiene ahora cuando decide cambiar la orientación. Pero como en Colombia estamos, es probable que le den la Cruz de Boyacá.

Con el solo conocimiento no basta

Mencionemos muy brevemente una serie de criterios. Primera idea, la importancia del conocimiento. Sin conocimiento no hay progreso social de ningún tipo, no de ahora sino desde siempre. Sin el conocimiento no avanzan las ciencias naturales, nada avanza. Hay una frase sobre la que me gusta insistir, según la cual la tecnología es en buena medida la madre de todos los avances y la expresión material del conocimiento, la forma que toma el conocimiento. Y si el conocimiento es fundamental en las ciencias que llamamos naturales, en las ciencias sociales ni se diga. Casi podría uno decir que las ciencias sociales son conocimiento puro, la antropología, la filosofía, la literatura, etc. Luego enfaticemos en la idea: sin conocimiento no hay nada.

Segunda idea, que es la otra cara de la moneda: Con solo conocimiento tampoco avanzan los pueblos. El conocimiento es una condición necesaria pero no suficiente del desarrollo. De ahí que faltan a la verdad los neoliberales cuando se dedican a hablar de conocimiento y educación solo para hacer demagogia. Ocultan que yo puedo, por ejemplo, saber demasiado de agricultura, pero si los gobiernos me importan productos subsidiados, me destruyen mi agricultura. Un país puede saber mucho de medicina, pero si los hospitales no están abiertos a los habitantes, la gente se muere de cualquier enfermedad. Y sabemos que en el país hay millones de profesionales, especialistas en los más diversos asuntos del conocimiento, trabajando en lo que no es. El caso clásico es el de los taxistas, y lo digo con todo el respeto por esa profesión, que son sicólogos, filósofos, agrónomos. Luego es claro que con el solo conocimiento no basta. El desarrollo exige un progreso de tipo integral cuyo pilar sea el conocimiento, pero sin dejar de lado otros muchos elementos, también parte constitutiva del impulso al conocimiento.

Paso a mencionar otro aspecto, tan elemental que suena como a bobería. La educación es una manera de desarrollar el conocimiento, pero solo si hablamos de educación de alta calidad. Porque si no, se trataría en cierto sentido de una estafa. Lo que desarrolla a un país es que tenga muchos ingenieros, pero si son buenos ingenieros, es decir, si los títulos no son una especie de falsificación en documento público en el que se certifica que la persona sabe lo que no sabe. Este se nos vuelve entonces un asunto crucial, porque nos lo han intentado escamotear. El doctor Uribe habla todo el día del número de estudiantes que hay en Colombia, pero oculta la discusión sobre cuál es la calidad de la educación que se les está impartiendo a los jóvenes.

Relación estrecha entre el aparato educativo y el aparato productivo

Entre el aparato educativo y el aparato productivo se da de manera inexorable una estrecha relación. No es posible separar una cosa de la otra, porque no opera. Pongo un ejemplo sencillo: en una sociedad de cazadores y recolectores, por ejemplo, la de los nukak-makú, y lo digo también con todo el respeto por esos compatriotas, es una necedad establecer un laboratorio de física cuántica o de energía nuclear o de altos niveles de medicina, porque esa sociedad no lo requiere. Entender la relación entre aparato productivo y aparato educativo se nos vuelve fundamental, porque el tipo de educación que una clase dirigente instituye en una determinada sociedad es la que, a juicio de esa clase, se corresponde con las necesidades de dicha sociedad. Y esto me va llevando al punto en que pregunto cuál es el tipo de educación que quienes mandan en Colombia quieren establecer en Colombia en la época de la globalización, no en otra distinta, y cuál fue el tipo de educación o las instituciones superiores públicas que se establecieron cuando en el país había un pensamiento distinto entre las clases dirigentes con respecto al país que se quería.

Miremos brevemente qué está dispuesto para Colombia en la división del trabajo de la globalización neoliberal, qué disponen los planes del FMI sobre qué debe hacer Colombia en este mundo. Es un papel que los imperios les imponen a los países, no de ahora sino desde siempre. España les reservó a sus colonias en América un determinado papel que era el que a ella le convenía. En la globalización neoliberal, a algunos países de Asia, subdesarrollados inicialmente, se les pudo haber dispuesto desarrollar las manufacturas, y ese fue su papel. Pero a Colombia, a estas alturas, después de 17 años de globalización, ya puede uno saber a ciencia cierta qué es lo que le depara la globalización, particularmente con el Tratado de Libre Comercio.

Lo que depara a Colombia la actual división de trabajo

Primero. Especializarse en producir materias primas agrícolas y mineras para la exportación. ¿Qué es una materia prima? Un bien que se exporta con muy poca o ninguna transformación, con poco valor agregado y cuya producción exige poco desarrollo científico local. Ustedes entran a una gran mina de carbón y allí toda la tecnología es importada. El carbón se exporta como materia prima y el conocimiento nacional contribuye a ese desarrollo con muy poco o con nada, bueno, distinto del esfuerzo de los trabajadores.

Segundo. Especialización en maquilas. Lo poco que se hace de industria es en maquiladoras, por definición una industria de baja tecnología y que exige niveles no muy avanzados de especialización del conocimiento y de la mano de obra. Luego estamos hablando de un aparato productivo atrasado por definición y al que le corresponde un aparato educativo igualmente atrasado, que no intenta competir en el mundo con el conocimiento de punta y la gran tecnología, sino que es subsidiario, tributario de las transformaciones que se hacen en otras latitudes. Y lo poco que se deje para producir aquí para el mercado interno se lo toman las trasnacionales que, como es sabido, desarrollan la ciencia y la tecnología donde tienen sus casas matrices. Esta es una característica de la producción trasnacional en la división del trabajo. Aquí de pronto hay una ensambladora de automóviles, pero las partes complejas de la producción nos vienen como CKD, importadas de otras latitudes donde se han establecido avanzados niveles de producción.

El pensamiento único del FMI

Y en lo que tiene que ver con las ciencias sociales, ni se diga. Lo que allí predomina es la idea del pensamiento único, un pensamiento que se define en las metrópolis para la economía, el derecho, la filosofía, y se manda encapsulado para que nuestros estudiantes y profesores lo reproduzcan con toda mansedumbre, un conocimiento al que se le arrebata el fundamento científico y queda convertido en ideología barata, en instrumento de dominación y en herramienta para justificar una globalización inicua como la que se está estableciendo.

Luego podemos afirmar que el tipo de desarrollo que nos impone la globalización es un desarrollo de pacotilla. Se trata de hacer de Colombia un país de pacotilla, un país de quinta categoría. ¿Y esto cómo ensambla con el aparato educativo? Pues debe ser también un aparato educativo de quinta categoría, porque si no vamos a construir un país que valga la pena, para qué introducir un desarrollo que valga la pena. Se trata de implantar una educación pobre para un país pobre, tomado en su conjunto. Y en el caso de los individuos, una educación pobre para los pobres. Recordemos que la globalización incluye profundizar la desigualdad entre los países y de los individuos dentro los países. El aparato educativo que se termina configurando es exactamente eso.

Lo que dijo un rector de la Universidad Nacional

No sorprende por eso que la reforma académica que se empezó a impulsar en la Universidad Nacional de Colombia desde el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez haya quedado resumida en una frase que he repetido mucho, una frase expresada por el rector de esos días, un académico sin duda de trayectoria: “Quizás estamos ‘enseñando demasiado’” Eso fue que lo dijo, no se le salió sin querer, lo escribió en un libro. “Quizás estamos ‘enseñando demasiado’ –y agregó–, entregando profesionales que superan los requerimientos del mercado”. Es la frase exacta. Esto, que parece absurdo y que cuando yo lo leí no logré comprenderlo, después descubrí que tenía toda la lógica. Hay que hacer una educación más mala, más recortada, con menos posibilidades, y lo he ilustrado muchas veces con este ejemplo: si no vamos a tener cultivos transitorios de trigo, maíz, cebada, porque se van a importar esos productos, para qué tantos años en una facultad de agronomía. Otra manera de ilustrarlo: si nuestros ingenieros electrónicos no van a trabajar en plantas de alta tecnología, sino que habrán de limitarse a vender tarjetas de celulares en los semáforos, para qué darles una educación de calidad. Y si nuestros economistas no van a desarrollar la ciencia económica, sino que van a ser simples repetidores del pensamiento único del FMI, pues tampoco se necesita una educación de alta calidad.

Se renunció expresamente a cualquier proyecto de modernidad

Lo que estamos presenciando es una renuncia expresa a cualquier pensamiento modernizante o a cualquier proyecto de modernidad. Y esa la contradicción de la universidad pública de hoy con la de antes y es por eso que la están deteriorando. La universidad pública se funda en la época en que hubo en Colombia un sueño modernizante, así fuera muy mediocre, pero lo hubo, al fin y al cabo. Colombia se debía parecer a los países desarrollados del mundo, decían las elites nacionales. La educación superior en Colombia debía parecerse a la de Alemania, a la de Estados Unidos. ¡El modelo neoliberal renuncia expresamente a ese sueño! Les parece que lo que se tiene es demasiado bueno, entre comillas, y que si se deteriora, no pasa absolutamente nada. Es tan expresa la renuncia del país a la modernidad que se ha abdicado de manera expresa a la soberanía nacional, el primer elemento de la modernidad. Hablar de modernidad sin soberanía nacional es un despropósito que no resiste el menor análisis. Y la globalización borra cualquier asomo de soberanía.

En concreto, globalización quiere decir privatización de la educación pública de todos los niveles y particularmente de la educación superior. Privatización significa que el Estado abandona en proporciones inmensas a los pobres y a las capas medias. Los abandona de distintas maneras: bajando la cobertura de la educación pública, pues hoy la mitad de la educación superior es privada y un 30% de la educación media, es decir, hay un abandono de la responsabilidad del Estado de educar a la gente. Se incrementan los costos de las matrículas, una manera de sacar de en medio a la gente y de financiar mal la universidad. Y se deteriora la calidad por todas las vías: mala financiación, deterioro de las condiciones laborales de los profesores, aumento de los catedráticos y disminución de los docentes de tiempo completo y toda una serie de prácticas que a lo que finalmente conducen es a menoscabar la calidad de la educación pública.

La educación como mercancía

¿Y qué sucede con la educación privada, a la que le están dando unas responsabilidades desproporcionadas? La educación privada funciona con la lógica de que es mercancía. Y de la misma manera que hay mercancías de alta calidad, las hay de muy mala calidad. Suelo poner el siguiente ejemplo: en el mundo se consiguen almuerzos superlativos de cien y ciento cincuenta dólares, pero también almuerzos de mil pesos, los dos, se supone, con la función de alimentar, pero de qué manera se marcan las diferencias. Lo mismo nos sucede con la universidad privada. Uno puede encontrar, dependiendo del precio que se pague, niveles relativamente altos o muy altos, pero también auténticos garajes para instalar muchachos y echarles el cuento de que los están educando bien. Esto como algo inevitable en este tipo de instituciones, porque la calidad depende del costo de la matrícula y la matrícula tiene que ser relativamente baja o muy baja porque los pobres y las capas medias no pueden pagar más. Entonces se vuelve consustancial el deterioro de la calidad.

Hay que defender a capa y espada la educación pública y particularmente la superior. No es posible resolver los problemas nacionales sin una educación de alta calidad. Y esa educación solo puede ser dada, en las condiciones de Colombia, por una educación pública, universal, que cubra a todos los habitantes sin excepción, y además gratuita, y cuando digo gratuita, es absolutamente gratuita. Estos no son inventos del Polo Democrático Alternativo, como tampoco el reclamo de que debe ser financiada adecuadamente por el Estado para que pueda ser de alta calidad. Así es en Francia, para poner un solo ejemplo. Esto no es ni siquiera socialismo. En Francia hay una educación universal de altísima calidad, gratuita, pagada por el Estado. Es un logro ya inventado, no nos pueden pedir que inventemos la bicicleta. Es el proyecto que hay que defender. Que es difícil de ganar, lo reconozco, como será también difícil sacar este país adelante.

Concluyo invitándolos a todos ustedes y en todos los sitios de Colombia, profesores, estudiantes y colombianos todos, a que entendamos que sin educación de alta calidad Colombia no podrá salir adelante, pero que se necesitan otras cosas. Y que esa educación de alta calidad debe ser una educación garantizada por el Estado a todos los habitantes del país. Pero que para conquistar este derecho, frente al proyecto retardatario de la globalización y de quienes lo agencian en Colombia, como el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, nos toca movilizarnos, civilizada y democráticamente, pero movilizarnos, en la lucha social para cambiar profundamente a Colombia.

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