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En Toca, Siachoque, Samacá y otros seis municipios boyacenses, colas de campesinos enruanados se apostaron desde las ocho ante las mesas de votación, instaladas en alcaldías y colegios. En la misa dominical, durante las semanas precedentes, los curas párrocos habían invitado en la homilía a dar el voto negativo y le habían cedido la palabra al dirigente de Salvación Agropecuaria para que promoviera la jornada. Tanto allí como en Nariño y Cundinamarca se hizo presente en los comicios la Registraduría Nacional para garantizar la transparencia. Los colegios agropecuarios colaboraron enviando a los alumnos a servir de testigos. A la tarea se sumaron también las juntas comunales y los gremios, los comités veredales, las asociaciones de padres de familia y, en varios casos, como en Gachantivá, los concejos en pleno y los alcaldes.

Desde el inicio mismo de la negociación venía requiriéndole Robledo al presidente Uribe citar a una consulta popular para verificar si la ciudadanía respaldaba el Tratado o lo impugnaba. Ni siquiera fue oído, como era de esperarse. A espaldas del país, entre tanto, los funcionarios colombianos seguían cocinando el embuchado con la cuerda de Washington. Se plegaron sumisos a todas las demandas y, como lo previera Robledo, “cedieron, cedieron y cedieron hasta llegar a la genuflexión final”. Se firmó así un TLC que convierte a Colombia en colonia de Estados Unidos.

Al no obtener respuesta del gobierno, Robledo, por su cuenta, se dio a impulsar la idea de adelantar consultas con los damnificados. Contó con el apoyo de Ángel María Caballero, presidente de Salvación Agropecuaria, de los líderes del Mandato Indígena Itinerante y Popular, de Eudoro Álvarez, director ejecutivo de Agameta, y de gremios como Asoprado, Asocombeima, Usosaldaña y Asorrecio, que agrupan los distritos de riego del Tolima.

El proyecto cristalizó. El 6 de marzo de 2005 se llevó a cabo la primera de las consultas en Toribío, Silvia, Páez, Inzá, Caldono y Jambaló, municipios caucanos. Llegaron a las urnas 51.330 indígenas, 98% por el no. Tres meses después votaron por el no siete mil empresarios arroceros del Tolima y el Huila, el Meta y Casanare, la abrumadora mayoría del sector, incluidos algunos de los grandes. Y el 4 de septiembre, en las altiplanicies de Nariño, Cundinamarca y Boyacá, votaron por el no 20.852 productores de clima frío, entre paperos, lecheros y trigueros. “Los campesinos y agricultores colombianos no están dispuestos a claudicar”, fue el comentario de Robledo al hacer el balance del exitoso plebiscito.

Tampoco están dispuestos a plegarse los indígenas nasas y guambianos, que votaron en masa contra el TLC, conscientes de que atenta contra la biodiversidad del país y los conocimientos ancestrales. El Tratado suscrito por Uribe y ya aprobado por el Congreso colombiano permite patentar los seres vivos y la riqueza biogenética.

Como lo esclareciera Robledo, abrirles las compuertas a las importaciones subsidiadas, tal como lo dispone el TLC, equivale a dictarles la sentencia de muerte al arroz colombiano y el maíz, para obligarlos a correr la misma suerte que padecieron hace décadas el trigo y cebada, como también a la industria avícola, los lácteos y cárnicos, la papa y los aceites. Salvaguardarlos es entonces un asunto de soberanía alimentaria y de seguridad nacional. Los imperios suelen cercar por hambre a las naciones que intentan rebelarse.

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