¡No, no estamos de acuerdo!

“¿Está usted de acuerdo con que el gobierno de Colombia firme un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el gobierno de Estados Unidos?” La sustanciosa pero escueta pregunta se les formuló a nasas y guambianos, en el Cauca, a paperos, lecheros y trigueros en Boyacá, Nariño y Cundinamarca y a los agroempresarios del arroz. La respuesta, un rotundo no.

En Toca, Siachoque, Samacá y otros seis municipios boyacenses, colas de campesinos enruanados se apostaron desde las ocho ante las mesas de votación, instaladas en alcaldías y colegios. En la misa dominical, durante las semanas precedentes, los curas párrocos habían invitado en la homilía a dar el voto negativo y le habían cedido la palabra al dirigente de Salvación Agropecuaria para que promoviera la jornada. Tanto allí como en Nariño y Cundinamarca se hizo presente en los comicios la Registraduría Nacional para garantizar la transparencia. Los colegios agropecuarios colaboraron enviando a los alumnos a servir de testigos. A la tarea se sumaron también las juntas comunales y los gremios, los comités veredales, las asociaciones de padres de familia y, en varios casos, como en Gachantivá, los concejos en pleno y los alcaldes.

Desde el inicio mismo de la negociación venía requiriéndole Robledo al presidente Uribe citar a una consulta popular para verificar si la ciudadanía respaldaba el Tratado o lo impugnaba. Ni siquiera fue oído, como era de esperarse. A espaldas del país, entre tanto, los funcionarios colombianos seguían cocinando el embuchado con la cuerda de Washington. Se plegaron sumisos a todas las demandas y, como lo previera Robledo, “cedieron, cedieron y cedieron hasta llegar a la genuflexión final”. Se firmó así un TLC que convierte a Colombia en colonia de Estados Unidos.

Al no obtener respuesta del gobierno, Robledo, por su cuenta, se dio a impulsar la idea de adelantar consultas con los damnificados. Contó con el apoyo de Ángel María Caballero, presidente de Salvación Agropecuaria, de los líderes del Mandato Indígena Itinerante y Popular, de Eudoro Álvarez, director ejecutivo de Agameta, y de gremios como Asoprado, Asocombeima, Usosaldaña y Asorrecio, que agrupan los distritos de riego del Tolima.

El proyecto cristalizó. El 6 de marzo de 2005 se llevó a cabo la primera de las consultas en Toribío, Silvia, Páez, Inzá, Caldono y Jambaló, municipios caucanos. Llegaron a las urnas 51.330 indígenas, 98% por el no. Tres meses después votaron por el no siete mil empresarios arroceros del Tolima y el Huila, el Meta y Casanare, la abrumadora mayoría del sector, incluidos algunos de los grandes. Y el 4 de septiembre, en las altiplanicies de Nariño, Cundinamarca y Boyacá, votaron por el no 20.852 productores de clima frío, entre paperos, lecheros y trigueros. “Los campesinos y agricultores colombianos no están dispuestos a claudicar”, fue el comentario de Robledo al hacer el balance del exitoso plebiscito.

Tampoco están dispuestos a plegarse los indígenas nasas y guambianos, que votaron en masa contra el TLC, conscientes de que atenta contra la biodiversidad del país y los conocimientos ancestrales. El Tratado suscrito por Uribe y ya aprobado por el Congreso colombiano permite patentar los seres vivos y la riqueza biogenética.

Como lo esclareciera Robledo, abrirles las compuertas a las importaciones subsidiadas, tal como lo dispone el TLC, equivale a dictarles la sentencia de muerte al arroz colombiano y el maíz, para obligarlos a correr la misma suerte que padecieron hace décadas el trigo y cebada, como también a la industria avícola, los lácteos y cárnicos, la papa y los aceites. Salvaguardarlos es entonces un asunto de soberanía alimentaria y de seguridad nacional. Los imperios suelen cercar por hambre a las naciones que intentan rebelarse.