¡Robledo Soy Yo!

Lo que impulsa superservicios es la privatización de la empresa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta.

Jorge Enrique Robledo

Intervención en la Plenaria del Senado

Quisiera expresar mi opinión ante las gravísimas y muy documentadas denuncias hechas por el senador Juan Manuel Corzo. Hay varias cosas, a mi juicio, que quedaron perfectamente claras. La primera, corroborada por la Contraloría General de la República, que la Superintendencia de Servicios Públicos está facultada para liquidar o administrar esa empresa en Cúcuta, pero no para sacarla en concesión. Lo ha dejado bien en claro aquí el Contralor General de la República.

Lo segundo es que la Presidencia de la República, a través de José Roberto Arango, interviene de manera indebida e intenta imponerles a la brava a los cucuteños una solución distinta de la que puede decidir la gente de Cúcuta, finalmente la dueña de la empresa. Cuando hablo de la gente de Cúcuta, estoy haciendo referencia a sus autoridades y voceros.

Lo tercero, el propósito de la Superintendencia a estas alturas es privatizar la empresa. Y privatizarla, en buen romance, significa montarle un buen negocio a alguien. Porque eso es lo que son en el fondo las privatizaciones. ¿O qué diablos son sino un negocio? Se trata de coger a un millón de usuarios cucuteños que hoy todavía pueden disfrutar de un servicio público y convertirlos en clientes.

Lo que está haciendo el gobierno nacional por encima de los intereses de los cucuteños no debe sorprendernos, senadores y colombianos. Porque la norma en el neoliberalismo es la ausencia de normas. Unos cuantos hacen lo que se les antoja, porque detentan el poder y, en este sentido, las leyes y normas de la República los tienen sin cuidado.

Digamos un par de cosas más sobre la Superintendencia de Servicios Públicos. Cuando arrancaron las privatizaciones y algunos alertamos en Colombia sobre lo terriblemente perniciosas que eran, los neoliberales nos tranquilizaron: no se preocupen, ciudadanos, que aquí va a haber una Superintendencia que proteja a los usuarios de los atropellos de los monopolios privados. Hoy, diez años después de la ley 142, ¿qué hace la Superintendencia de Servicios Públicos? Primero, interviene y administra mal las empresas. La experiencia nos muestra que las empresas tomadas por la Superservicios terminan peor de lo que estaban. Segundo, impulsa las privatizaciones. El trabajo que hace la Superintendencia se limita a crear las condiciones para que las privatización se dé. Y tercero, no defiende a los usuarios. Es lamentable asistir a una asamblea en algún barrio y oír a la ciudadanía con todo tipo de quejas que denuncian la frialdad, el despotismo, la negligencia con la que la Superintendencia atiende los reclamos de los usuarios, que todos sabemos están siendo brutalmente atropellados por los monopolios privados.

No pueden ustedes seguir engañando a la opinión, señora superintendente. Operador especializado o concesión, tal es la forma que asume hoy la privatización del agua. Los acueductos no se privatizan siguiendo el modelo impuesto en las hidroeléctricas, las termoeléctricas o las telecomunicaciones. Se explica lo anterior por la relación entre el capital variable y el capital constante, y por el hecho de que no se sabe muy bien qué es lo que hay enterrado. Ningún privado le compra un acueducto a nadie. ¿De qué se trata en últimas? De dejarle al Estado la responsabilidad de los riesgos y pérdidas y al operador privado o al concesionario, llámese como se llame, las utilidades, aun cuando no se dé formalmente la privatización. Usted lo debe saber bien, señora superintendente.

Le pido nuevamente que seamos serios y no manipulemos los hechos haciendo afirmaciones que no son ciertas. Porque en este caso lo que avanza es un proceso de privatización de las empresas de acueducto y alcantarillado. Privatización que en todo el mundo se hace de esta manera, en favor del concesionario o del operador especializado.

El senador Serrano tuvo la razón

Pasando a otro tema, que de todas maneras tiene que ver con el funcionamiento del gobierno, quiero abordar una última cuestión. Ayer el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol se vieron obligados a aceptar que lo que hay en el pozo de Gibraltar no es petróleo sino gas. Justo lo que el senador Hugo Serrano había advertido hace 20 meses, el tiempo que llevamos librando este debate en todas partes. Serrano diciendo: “En Gibraltar no hay petróleo sino gas” y el gobierno arguyendo que era un inmenso yacimiento de petróleo. Ayer por fin, el Ministerio de Minas y Ecopetrol aclararon que lo que hay es gas. Que haya gas por supuesto que es bueno. Pero si ustedes miran la prensa nacional de hoy encontrarán que la noticia la da el gobierno mañosamente, redactada para que los lectores que no sean cuidadosos sigan pensando que allí lo que hay es petróleo. Gas y petróleo son cosas muy distintas, porque los precios del petróleo son bastante mayores.

Quiero dejar expresa constancia de que en este debate de veinte meses, durante los cuales el senador Serrano Gómez ha sido maltratado por el gobierno nacional y por no pocos medios de comunicación, quien tuvo siempre la razón fue Serrano. Y que hoy, el gobierno no tiene el valor moral de concederle la razón, como tampoco algunos medios, que se siguen dejando manipular por esa información amañada salida del Ministerio y de la Empresa Colombiana de Petróleos.