¡Robledo Soy Yo!

La deforestación de los Parques no se explica, en lo fundamental, por los cultivos de coca y amapola

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre cultivos ilícitos en parques naturales, citado por el senador Juan Gómez Martínez en la Comisión Quinta del Senado, el 1° de junio de 2004

Señora ministra, senadores, voy a hacer una intervención muy corta, porque no quiero repetir el pasado debate al que la señora ministra no pudo asistir. Me propongo centrarme en los términos en los que lo planteó el senador Juan Gómez. En tal sentido, la presentación que hace el senador es sesgada. Porque si uno lo oye con atención, le queda la idea de que el principal problema de los parques naturales de Colombia son los cultivos de coca y amapola. Pero si uno estudia las propias cifras que dieron la señora ministra y la policía, resulta que eso no es cierto. En el número de hectáreas deforestadas en los parques nacionales de Colombia, el área de cultivos ilícitos juega un papel insignificante, si es de eso de lo que estamos hablando, senador Juan Gómez. Porque suena muy tremendista aseverar que los cultivos de coca y amapola están destruyendo toda la biodiversidad del país.

Quiero demostrar con cifras que mi anterior afirmación es irrebatible. Nos aporta el Ministerio los datos de parques nacionales, el área completa y el área intervenida por la gente. La policía nos muestra otras estadísticas, el doble de las del Simci, Sistema Integrado de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos, que es la entidad encargada de aportar, oficialmente, las cifras al respecto. Entonces las cifras dicen: Catatumbo-Barí, área intervenida por los colonos, 34.635 hectáreas, y en cultivos ilícitos, según la policía, mil, o sea, una relación de 34 a 1; El Cocuy, 13.385 hectáreas intervenidas, y 19 con cultivos ilícitos, no sé cuantas a uno; La Paya, 57.623 contra 640; Las Hermosas, 11.909 contra cero; Los Farallones de Cali, 30.655 contra 62; Nukak, 27.131 contra 1.464; Paramillo, 96.878 contra 150; La Macarena, sobre el que se hizo bastante ruido, 124.221 contra 3.797; Sierra Nevada de Santa Marta, que también sonó, 124.479 contra 1.200; Tatamá, 12.329 contra 87; Tinigua, 39.574 contra 1.200.

Lo primero que quiero dejar establecido es que el problema principal de los parques es anterior a los cultivos ilícitos. Es más, en los parques donde no se ven cultivos ilícitos es porque no hay presencia de colonos previa al cultivo de coca o amapola, que es un desarrollo del trabajo de la colonización. Es importante que lo dejemos claro, porque no se trata de ganar debates con astucias, sino de saber exactamente lo que está pasando. Antes de los cultivos ilícitos, surge un problema gravísimo en los parques nacionales y es que se llenan de colonización. La de la Macarena comienza hacia 1950, derivada de la violencia liberal-conservador y de todos los problemas históricos. El Ministerio señala que el problema no es sólo el narcotráfico sino también la pobreza, la marginalidad, las migraciones, la economía de mercado, el ordenamiento agrario. Aun si desaparecieran los cultivos ilícitos, subsistiría el problema que enfrentamos por el uso indebido de los parques naturales. Pues como lo observa también la ministra, en los parques naturales es tan ilegal sembrar papa o yuca como sembrar coca.

Aquí empieza a aparecer una deformación, la de achacarle todo el problema ambiental del país a los cultivos ilícitos. Por supuesto que estos impactan, pero no son el único factor. Se habla de tres millones de hectáreas deforestadas por culpa de los cultivos ilícitos. No me da la cifra, porque el pico de los cultivos ilícitos fue de 150 mil hectáreas. Se calcula que se tumban tres hectáreas de bosque por cada una de coca, y si eso es cierto, estaríamos hablando de 450 mil hectáreas, que dista bastante de la cifra registrada por la policía de dos millones doscientas mil, que me parece una exageración. Es probable que una parte muy grande de la deforestación ocurrida dentro de los parques tenga la misma explicación que la de sucedida por fuera de ellos, producida por grandes poblaciones que buscan donde establecerse. Con respecto a la cifra sobre cultivos ilícitos, la policía admite francamente que se trata de una inferencia. No abriga certeza sobre ella, y propone esperar las cifras del Centro de Investigaciones de Cultivos Ilícitos. Pero el Simci habla es de una importante disminución de los cultivos sin necesidad de fumigaciones. El ministerio ratifica, senador Juan Gómez, que sin necesidad de fumigaciones en los parques ha habido una gran caída, pero usted ignora el hecho por completo como si no existiera. Habrá que esperar, ojalá salgan las estadísticas del Simci ahora en junio, porque las estamos esperando desde marzo. Dice además el Ministerio que si se hace lo que ellos están planteando, es posible la erradicación manual en las áreas del sistema de parques naturales. De momento aceptémosle al gobierno ––yo no soy uribista, pero usted sí, senador Juan Gómez–– que es posible adelantar la erradicación manual. Sobre eso es sobre lo que todos debemos trabajar. ¿Y por qué afirmo que todos debemos trabajar en la erradicación manual? Porque, denle las vueltas que le den, la fumigación aérea sobre cualquier zona, pero en particular sobre los parques, le provoca un gran daño al ecosistema.

Vamos por partes. En las fumigaciones, lo primero es que la altura importa mucho, porque mientras más grande sea, mayor será el efecto deriva. A la altura a la que se está fumigando, el glifosato no sólo cae sobre el cultivo ilícito sino también sobre las vecindades. No hablemos todavía de si la gente se envenena o no. Por ahora dejemos establecido que se da un proceso de deforestación que algunos estudios calculan en el doble del área asperjada. Este hecho no se halla en discusión ni tiene nada que ver con lo que dijo el doctor Camilo Uribe. El glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro, que mata las plantas, y espero que sobre esto no haya controversia. Acepto que discutamos si uno lo puede echar a la ensalada, pero si usted llega a aseverar, senador Gómez, que el glifosato no mata las plantas, le ponen una demanda los de Roundup, la Monsanto, porque usted los está acusando de que su principal defoliante no actúa. De modo que nadie puede poner en duda aquí que cuando se tira el glifosato sobre la coca y cae también sobre otras plantas, estas se mueren. Y que se muera la vegetación en los parques naturales es un asunto supremamente grave.

Queda en pie la discusión de cuál es el efecto sobre los seres humanos. El doctor Uribe sostiene un concepto. No soy médico, pero he leído muchísimos conceptos que lo contradicen. El doctor Uribe señaló que él no opinaba ni sobre plantas ni sobre animales. Yo sí estoy opinando sobre las plantas, basándome en lo que dice Monsanto, y también sobre los animales, porque hay muchos que opinan que acaba con los pájaros, las lombrices y otros animales. Y sobre las secuelas en los seres humanos, repito, continúa el debate. Tengo en mi poder estudios en los cuales se prueba que hace más daño de lo que admite el doctor Uribe. La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Superior de Cundinamarca sostienen que el glifosato daña de manera aguda y denuncian además un problema de toxicidad a largo plazo que nadie tiene claro, como lo reconoció el doctor Uribe, recordándonos como el DDT lo usó el país durante décadas convencido de que era inocuo. Y concluyó el doctor Uribe advirtiéndonos que no resulte que mañana cambie el concepto sobre la toxicidad del glifosato. Apoyados en esa duda razonable, científica, tanto Contraloría, como Defensoría, como Tribunal Superior aplican el principio de precaución, que hace parte de las normas jurídicas de Colombia y está establecido por acuerdos internacionales. Lo dejo sentado, porque parece como si fuéramos a aceptar que el glifosato no hace daño. No. Sí hace daño de una u otra manera.

El senador Juan Gómez, y en cierto sentido también la policía, presentan como máximo argumento que los narcotraficantes causan muchos daños en las zonas de parques. Y eso es cierto, nadie lo discute. El narcotráfico está generando un problema ambiental en los parques nacionales. Pero lo que aquí se cuestiona es diferente. Pregunto: el hecho de qué los narcotraficantes destruyan nuestros parques nacionales ¿autoriza al Estado colombiano a destruirlos? Es el problema de fondo y guarda estrecha relación con la ética pública. Lo expliqué en el debate pasado. ¿Puede el Estado secuestrar al secuestrador, asesinar al asesino o robar al ladrón? Presumo que nadie defendería eso. Entonces, si el narcotraficante acaba con la flora de un parque nacional, ¿puede el Estado, para perseguir al narcotraficante, destruir también la flora arguyendo que como ellos la destruyeron primero, yo la destruyo después? No es posible.

Quisiera, de paso, que alguien me mostrara una norma que estipule que porque yo soy cultivador de coca, tiene el Estado el derecho a destruirme la yuca que estoy cultivando. Es un abuso de autoridad, una arbitrariedad suprema. Existe la extinción de dominio. Pero una cosa es la extinción de dominio y otra que me estén quitando la comida de mis hijos que tengo sembrada al lado. Estamos cayendo en una especie de ley del talión si cuando yo siembro una hectárea de coca, me destruyen también la yuca con la que doy el sustento a mi familia. Me parece una monstruosidad, regresar al salvajismo. ¿No están haciendo ahí en Irak, con el mismo argumento, toda clase barbaridades?

Hasta ahora he sido muy cuidadoso en mis planteamientos y, con el mismo cuidado, paso a referirme a la manera como trata el problema el senador Juan Gómez. Quiero señalar que usted se equivoca, senador, porque los cultivadores de coca son campesinos que llevados por el hambre de un sistema como el que vivimos, absolutamente detestable, tuvieron que llegar hasta ese extremo. Es lo mismo que ocurre con los vendedores ambulantes, que tampoco son hampones, sino gente que así esté violando alguna norma, ha sido empujada a trabajar en las aceras por las condiciones sociales del país. El sano criterio de la democracia jurídica señala que a esas multitudes hay que darles un trato especial diferente al que da el Estado al hampa y la delincuencia.

Se nos acusa de ser cómplices del narcotráfico. Y créame, senador Juan Gómez, que si se trata de hacer frases ofensivas e hirientes, a mí no me iría mal. Pero yo brego a no volver estos debates un pleito personal ni a hacer afirmaciones que vayan más allá de los hechos. Le aseguro, senador, que de quienes aquí estamos, nadie está defendiendo el narcotráfico. Es una infamia que alguien se atreva a hacer esa afirmación, por lo menos en mi caso. Tengo algo que me ayuda a que esas infamias me reboten, senador Juan Gómez, porque hace mucho rato renuncié al dinero como razón de ser de mi vida. Soy invulnerable a cualquier acto de corrupción o cosa que se parezca. Se han dicho cosas, senador, y soy una persona calmada, pero no de los que ponen la otra mejilla.

Senador Juan Gómez, en un boletín de prensa salido hoy de su oficina, se afirma que usted “le pidió al gobierno iniciar las aspersiones en estas zonas de reserva y a los parlamentarios miembros de comunidades indígenas, vigilar sus resguardos o de lo contrario tendrán que desaparecer por complicidad”. No soy parlamentario indígena, pero me siento involucrado. La redacción es floja y a uno no le queda claro si los que tienen que desaparecer por complicidad son los senadores o los resguardos. Pero en ninguno de los dos casos cabe la afirmación, porque la polémica se centra en cómo se erradica, y hay dos posiciones enfrentadas, la de quienes sostienen que se debe hacer desde aviones y la de quienes aseveramos que no se debe erradicar así y menos en los parques nacionales, que es lo que sostenemos muchos en Colombia y en el mundo sin tener el menor nexo con el narcotráfico. Estas son posiciones de principios. Nadie tiene derecho desde el lado de la ley y de la morar a destruir un parque nacional. Así como nadie tiene derecho a secuestrar o asesinar. Asegura también su boletín de prensa, senador: “Frente a está situación el senador Gómez Martínez no dudó en exigir a los mismos líderes indígenas que vigilen el cumplimiento de las leyes en el caso del tráfico de drogas, o de ser necesario se pensaría en acabar con estas zonas de protección”. Esto si ya me parece una desproporción inaudita. Los líderes indígenas no son las autoridades de policía ni del ejército, no la DEA, ni el F-2, ni el DAS. Sucede allí como en el resto de Colombia. Senador Juan Gómez, usted fue alcalde de Medellín y no era responsable de cada bandido que hubiera en la ciudad. También en las comunidades indígenas hay gente que está por fuera de la ley. Siendo alcalde de Medellín, usted no respondía por las actividades de cada uno los individuos y eso que usted sí era autoridad de policía, que no las autoridades indígenas.

Este es un debate serio y hay que intentar manejar un poco de prudencia y de calma en las afirmaciones. No se trata de soltar exabruptos. Hay dos debates de fondo, el uno, para refutar a quienes sostienen que el problema principal de los parques nacionales son los cultivos de coca. La estadística demuestra que eso no es cierto. El problema principal son los procesos de colonización, que obedecen a mil razones. Y el segundo debate se centra en los métodos de erradicación, si en los parques naturales se puede resolver el problema con la erradicación manual y hasta hoy el gobierno dice que puede hacerse.

Aquí surge una pregunta: de no utilizarse la erradicación aérea, ¿sería suficiente con la erradicación manual? El Ministerio explica que si se avanza en el desarrollo de la estrategia, en la que se plantea una serie de requisitos, entre ellos el de viabilizar los procesos sociales con la participación de todas las entidades estatales competentes, será posible la erradicación manual en la áreas del sistema de parque nacionales. Espero que el gobierno nacional logre viabilizarlos, porque sería el colmo que la idea de hacer erradicación manual fuera simplemente para presentársela a Colombia y el mundo y por debajo de cuerda se hiciera lo contrario.

Creo que algunos medios oficiales están manejando otro criterio equivocado cuando afirman que, no importa que sea malo lo que hagamos, porque se trata de acabar con el narcotráfico. No, con esta estrategia no se va a acabar con el narcotráfico ni tampoco con el consumo. Lo único que se logra, como ya la experiencia lo ha probado, es mantener las cosas más o menos en el nivel en que están. Las propias estadísticas oficiales lo que revelan es que ni siquiera están desapareciendo los cultivos. Entre el 2001 y el 2002 había 246 mil hectáreas, sumado lo que dio el Simci para los dos últimos años, y asperjaron en el 2001, 2002 y 2003 la no despreciable cifra de 356 mil hectáreas, o sea, bastante más de lo que había en cultivos ilícitos y sin embargo el problema persiste. Estados Unidos lo admite con franqueza: no sube el precio de las drogas en las calles norteamericanas, lo que prueba que la estrategia no está funcionando, ni siquiera aplicando el criterio de que como se trata de acabar con el narcotráfico, no importa que los propios métodos sean de por sí un desastre. Pero lo de acabar con el narcotráfico no va a suceder, porque es obvio que sigue habiendo compradores, hay tierra, hay gente muriéndose de hambre para cultivarla y además están metidos en el negocio los narcotraficantes. No cabe entonces la desproporción de afirmar que este precio absolutamente gravoso lo tenemos que pagar los colombianos a cambio de acabar con el flagelo.

Quiero ratificar finalmente que el problema de los parques naturales en Colombia es más grave todavía que el problema de la coca y eso lo sabe el Ministerio. Para que algo sea cierto no hay necesidad de hacer una afirmación falsa. Para probar que los cultivos ilícitos dañan los parque naturales no hay necesidad de hacer la afirmación falsa de que el problema principal de los parques nacionales es el de los cultivos ilícitos. Ojalá hiciera la sección de parques naturales un estudio para establecer si lo que se siembra de coca y de amapola en los parques naturales son nuevas áreas o son áreas ya deforestadas por el proceso de colonización. Es probable que en buena parte no sea la coca la que esté causando en los parques naturales la tumbada de un solo árbol, porque es probable que los campesinos la estén sembrando en zonas donde ya la derriba de la selva primigenia se hizo hace muchos años para ganadería u otras destinaciones. Con esta consideración, el impacto de los cultivos de coca en los parque naturales podría ser cero.