Caldas – Chinchiná, Auditorio de Sintrafec.
| Febrero 20, 2010 | ||
| 7:00 pm | a | 8:00 pm |
Intervención de Jorge Enrique Robledo en el debate sobre el Hospital San Juan de Dios, plenaria del Senado, 6 de septiembre de 2005
Debo hablar en este debate de salud por dos razones. La primera, porque es obvia la gravedad del problema que padecen el San Juan de Dios y el resto de los hospitales, pero además para denunciar un hecho que parece mentira pero es verdad. El Hospital de Caldas lleva catorce meses cerrado, no liquidado y reabierto, señor ministro, sino cerrado con candado.
Es muy grave el problema del Hospital San Juan de Dios, e igual de serio el del Lorencita Villegas de Santos, y gravísimo el cierre del Hospital de Cartagena y no menos complicado lo que pueda suceder con el Materno Infantil. Es la condición más o menos generalizada de la red pública hospitalaria. Hay decenas de instituciones hospitalarias en gravísimos problemas, al borde del cierre o convertidas en una especie de caricatura de lo que debieran ser, porque no cuentan con los recursos suficientes para atender debidamente las necesidades de salud de los colombianos. La situación de las clínicas del ISS es también lamentable, hecho perfectamente conocido. Hay una crisis profunda cuya expresión más dolorosa, mas no la única, es el San Juan de Dios. Es lo primero que quiero destacar. Y recabar en una denuncia cada vez esta más evidente para un mayor número de compatriotas: no es posible que haya buena salud en Colombia con Ley 100. En Colombia la gente ya no se muere ni de cáncer ni de infarto. La gente en Colombia se muere de Ley 100. Tanto que yo propuse en estos días que lo agregáramos como una causal de muerte en los certificados de defunción. Muerte ¿por qué? Por Ley 100. ¿De qué se murió su mamá? De Ley 100. ¿Su tío? También de Ley 100, y así sucesivamente. Esto es una ironía, por supuesto, pero contiene un fondo muy doloroso, porque estamos hablando de la vida y la muerte de la gente.
Lo que enseguida voy a denunciar es sorprendente. Investigando sobre estos temas, descubrí que toda esta operación de liquidación y en últimas de cierre de hospitales está financiada con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, un empréstito por 72 millones de dólares que tiene una contrapartida de 20 millones de dólares del gobierno nacional. Un crédito del BID, repito, un banco del gobierno de Estados Unidos. Y el análisis que se hace para sustentar ese crédito que apunta a liquidar la red pública hospitalaria es que la crisis de salud en Colombia se explica porque la red está sobredimensionada y porque los trabajadores del sector ganan mucho. Con un diagnóstico como ese, ¿qué puede uno decir? Un crédito que se da al Estado colombiano, no para fomentar la salud sino para clavarle el puntillazo, no para estimular que los colombianos tengan más acceso a la salud sino para complicarles el acceso, no para que contemos con un personal respaldado como debiera ser, sino por el contrario debilitado. Es el mundo al revés. Una política impuesta desde Washington. Ahora, a uno ya nada lo debe sorprender cuando hay un gobierno como el de Estados Unidos que con su propio pueblo está haciendo horrores, como lo que hemos visto en la tragedia de Nueva Orleans, que por supuesto lamentamos. Pero que la liquidación de la red pública hospitalaria nos la impongan desde allá a los colombianos es una realidad que debemos repudiar.
Quiero hacer hincapié en un asunto. En Colombia, toda la solución, entre comillas, a los problemas de la salud se viene haciendo por una vía que no podemos respaldar los demócratas, que es la de crear unas condiciones infames de trabajo, unas relaciones laborales fundamentadas en las labores a destajo, en las cooperativas de intermediarios que se aprovechan de las necesidades de la gente, en bajar los salarios y eliminar las prestaciones, en sobrecargar a médicos, enfermeras y demás trabajadores. Todo lo cual redunda en una disminución de la calidad de la salud. Luego estamos en la peor de las situaciones.
Con respecto al Hospital de Caldas, debo decir que fue cerrado después de varias reestructuraciones de esas que tanto le gustan al gobierno nacional. ¡El hospital sigue cerrado después de más de catorce meses! Un hospital que tenía el deber de atender las necesidades de salud de medio millón de caldenses, más habitantes de los departamentos vecinos, tolimenses, antioqueños, vallecaucanos, que contaban con él como su único hospital de cuarto nivel en la región. Catorce meses lleva cerrado el hospital sin que hasta el momento se plantee ninguna solución, un cierre que conduce a la muerte y al sufrimiento a muchos compatriotas sin otro recurso, porque la mitad de los habitantes de estas tierras, señor ministro, no están en ningún plan de aseguramiento. Son de esos que ustedes llaman “vinculados” y que disponen del hospital como su única posibilidad.
Cuando se anunció el cierre, abrimos el debate en Manizales con el uribismo de todas las vertientes. Advertimos que si el Hospital se cerraba le iba a hacer falta a la región, porque en Manizales las demás clínicas no están en capacidad de reemplazarlo de manera eficiente y correcta. En esos días se nos dijo que no iba a pasar nada. Y tan creyeron que no iba a pasar nada que las dos grandes coaliciones que en Caldas detentan el poder, los unos el departamental y los otros el municipal, los dos del uribismo, en acuerdo con el Ministerio de la “desprotección social”, cerraron el Hospital de Caldas. Nos opusimos hasta donde pudimos.
¿Qué es lo nuevo? Que el propio Comité Intergremial de Caldas, que afilia allí a todos los poderes económicos del establecimiento, la Andi, Fenalco, la Federación de Cafeteros, acaba de sacar una declaración protestando por la realidad que se padece y exigiendo que se reabra cuanto el Hospital de Caldas. Al punto que un editorial del periódico La Patria hace una afirmación a mi juicio muy clave, porque explica lo que está pasando. Dice La Patria: “Está demostrado, contrario a lo que se dijo en el momento del cierre, que no existe el supuesto exceso de oferta hospitalaria, sino un enorme déficit para atender conforme a sus derechos una considerable parte de la población necesitada de la atención de la salud afectada”. La prueba reina, si se quiere, de que en Caldas hay gente muriéndose porque está cerrado el Hospital de Caldas. Ya en eso parece haber un consenso y sin embargo el Hospital no se reabre.
Reabrirlo tiene que ser una decisión del uribismo, nadie más puede hacerlo. Los opuestos al uribismo fuimos derrotados y nadie nos puso cuidado ni surtieron los efectos que queríamos las luchas que libramos para que el Hospital no se cerrara o se reabriera. En el caso de la salud en Caldas y en Manizales estamos en manos, primero, del gobierno nacional, que a mi juicio tiene la primer responsabilidad con respecto a lo que ha ocurrido, y, segundo, en manos del gobernador, vocero de uno de los sectores del uribismo, y en manos del alcalde de Manizales, vocero de otro de los sectores.
Les formulo un llamado público a las fuerzas que están sosteniendo al jefe del Estado para que tomen cuanto antes las decisiones que haya que tomar. Para que con recursos a mi juicio principalmente del gobierno nacional, pero con la voluntad política de quienes cerraron el Hospital de Caldas, es decir, de la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales, se den los pasos necesarios para que el Hospital sea reabierto lo más pronto posible. Con toda cordialidad pero con toda firmeza les digo a los responsables de ese asunto: ¡es una física vergüenza, una vergüenza para los caldenses y los manizaleños, tener que pasearnos por el país explicando que el único hospital de cuarto nivel de la ciudad, el hospital insustituible, está cerrado de hace catorce meses y no se toman las medidas para reabrirlo!
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Jorge Enrique Robledo, Periódico Polo, Bogotá, agosto 1 a 14 de 2008
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