¡Robledo Soy Yo!

Desplazamiento por cuenta del estado.

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 3 de noviembre de 2006

Qué se diría en un país civilizado de un negocio que puede desalojar a unas 15 mil personas que habitan en 2.705 viviendas, distribuidas en 30 veredas y en un centro poblado y que poseen vías de acceso y redes domiciliarias de electricidad, agua y gas. De un proyecto que también amenaza destruir dos colegios de bachillerato y 23 escuelas con 2.690 estudiantes, un hospital y un puesto de salud, dos cementerios, dos templos católicos, 14 iglesias de diversas congregaciones, 30 guarderías del ICBF y 10 hogares Fami. De unas obras que asimismo arriesgan eliminar una zona comercial con 120 locales, más de 200 tiendas veredales y dos conjuntos cerrados con 42 casas, en donde se desenvuelve una comunidad llena de vida, con múltiples relaciones sociales creadas durante más de 80 años, que posee tres clubes sociales y 32 asociaciones y en la que el 20 por ciento tiene títulos de propiedad y los restantes ocuparon los predios con la aquiescencia del Estado, que es su propietario. Y qué se diría si esto sucediera sin que los grandes poderes capaces de generar tal destrucción les aceptaran a los que pueden terminar desplazados organizarse para proteger sus derechos como grupo, porque los quieren obligar a defenderse familia por familia; y si, como si fuera poco, la policía hubiera golpeado al cura párroco de ese grupo social durante una de las movilizaciones que tuvieron que hacer para que les oyeran sus reclamos, peticiones que cuentan con el respaldo del alcalde y el concejo del municipio donde ocurre la agresión.

Es bien probable que en un país civilizado concluyeran que están ante un caso que debe denunciarse con el peor de los calificativos.

Pues bien, lo descrito está ocurriendo en Colombia, en el corregimiento de El Centro, municipio de Barrancabermeja; el territorio donde hace cien años empezó la producción de petróleo en el país, a partir de explotar unos manantiales a donde brotaba, solo, el hidrocarburo, y los que, violando las leyes, el General Rafael Reyes le cedió graciosamente a Roberto de Mares y este le vendió a la Tropical Oil Company (subsidiaria de la Standar de Rockefeller), de donde proviene la Exxon Mobil, tan conocida por el actual ministro de Minas. Y los que amenazan a la comunidad de El Centro son nada menos que Ecopetrol y la Oxy, la misma petrolera estadounidense a la que el gobierno que preside Álvaro Uribe le otorgó, contra el interés nacional, el supernegocio de la no reversión de los pozos de Caño Limón. ¿El pretexto para tamaño atropello? Que es probable que en ese territorio haya más petróleo y como para extraerlo sus habitantes y sus propiedades estorban, entonces tienen que someterse a lo que se les antoje al gobierno y a la trasnacional, empresa a la que nuevamente se le hizo la amabilidad de entregarle un negocio pulpo que bien habría podido desarrollar Ecopetrol, y aquella exige “que se cumpla el contrato”, ¡contrato leonino que se definió sin haberle pedido siquiera una opinión a la comunidad que puede ser desplazada!

¿Qué piden los habitantes de El Centro desde hace dos años, cuando se vinieron contra ellos? ¿Alguna desproporción? No. Simplemente, que el proyecto se desarrolle teniendo en cuenta que no se localiza en un baldío, que ellos tienen derechos allí y que no les pretendan imponer negociar a la brava y, familia por familia, nada menos que con el Estado colombiano y seguramente hasta con la Casa Blanca, sino que los reconozcan como una comunidad, con el derecho constitucional a organizarse y a defender sus puntos de vista e intereses en forma colectiva. Y que Ecopetrol y la Oxy cesen en sus presiones indebidas sobre las gentes sencillas que están siendo amenazadas y lesionadas por las obras propias de un negocio en marcha, cuyo impacto puede ser enorme porque podría requerir de la perforación de seiscientos a mil pozos.

He aquí otra de las razones por la cuales seguramente serán pocos los colombianos que lamenten la renuncia de Isaac Yanovich a la gerencia de Ecopetrol, dado que en él se encarnó de manera ejemplar la máxima neoliberal que reza que debe gobernarse siendo duro con los débiles y débil con los poderosos, práctica que además adelantó en función de privatizar el patrimonio público y en beneficio de los intereses extranjeros, a los que tuvo la desproporción de presentar como iguales a los nacionales. Y porque persiguió a los trabajadores de Ecopetrol con saña, como nadie lo había hecho, persecución que hizo con el objetivo inconfesable de preparar la privatización de la empresa, negocio que en el Senado, durante cuatro años, negó que el gobierno fuera a adelantar.